STC8009-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8009-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2021-00303-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo Arroyo Sierra contra el Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso verbal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con las decisiones proferidas en el marco del proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria que promovi\u00f3 en contra de Luis Eduardo Arroyo Tinoco, con radicado No. 2016-00503-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, i) \u00abenviar el expediente digital a [su] correo electr\u00f3nico\u00bb; ii) \u00abse revoque el auto que RECHAZO LA DEMANDA y se contin\u00fae el tr\u00e1mite de la misma\u00bb; y, iii) \u00absi requier[e] el desglose de los documentos, por alguna decisi\u00f3n posterior, sean entregado[s] de inmediato\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar sus quejas expone en compendio, que pese a que subsan\u00f3 la demanda presentando los documentos requeridos f\u00edsicamente, el 13 de enero del a\u00f1o en curso el Despacho convocado profiri\u00f3 decisi\u00f3n que no \u00abcolg[\u00f3]\u00bb en el respectivo estado, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 una copia de \u00e9sta; sin embargo, se le requiri\u00f3 el pago de arancel judicial para acceder a tal reproducci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque pidi\u00f3 acceso al link correspondiente al expediente digital y el desglose de los documentos que conformaron la demanda, la autoridad convocada no solo le inform\u00f3 que la demanda se rechaz\u00f3 de plano, sino que para acceder a las memoradas peticiones le exigi\u00f3 nuevamente la cancelaci\u00f3n del mentado arancel judicial, circunstancias \u00e9stas que, dice, lesionan las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF \u2013Regional Bol\u00edvar precis\u00f3, que la protecci\u00f3n rogada est\u00e1 llamada al fracaso, pues el Juzgado \u00abtiene la potestad de realizar adecuaci\u00f3n del tr\u00e1mite siempre que se garantice la obligaci\u00f3n alimentaria con la NNA y frente a las obligaciones que se tienen para con la c\u00f3nyuge, se debe adelantar en un proceso diferente\u00bb. <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo en lo que respecta al auto que rechaz\u00f3 de plano la demanda de disminuci\u00f3n de alimentos por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues se dejaron de proponer los recursos procesales que eras procedente; pero concedi\u00f3 la protecci\u00f3n al debido proceso del actora en relaci\u00f3n a las copias y el acceso al expediente digital, luego de considerar que el Despacho incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, pues \u00absiendo evidente que el expediente requerido por el accionante actualmente se encuentra digitalizado, mal har\u00eda esta judicatura en considerar que se exija el pago de un arancel para la expedici\u00f3n de copias del infolio, siendo que basta con permitir el acceso al expediente digital a trav\u00e9s de un link de ingreso, de manera que dicho requerimiento es excesivo, m\u00e1xime que la petici\u00f3n de copias no se refer\u00eda a reproducciones aut\u00e9nticas, respecto de las cuales proceder\u00eda el cobro del arancel, dada la certificaci\u00f3n que tal actuaci\u00f3n demanda. En este orden, de cara a la providencia que demand\u00f3 el pago de arancel para la expedici\u00f3n de copias, se estima que se incurri\u00f3 en un defecto procedimental, lo que tornar\u00eda procedente el amparo en lo tocante a este punto, esto es, se amparar\u00e1 el derecho fundamental invocado por el accionante y se ordenar\u00e1 al Juzgado Sexto de Familia de esta ciudad que permita el acceso al expediente digital del proceso requerido, sin cobro de ninguna prestaci\u00f3n, como el arancel judicial\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n al desglose de los documentos del actor, se\u00f1al\u00f3 que a m\u00e1s que el rechaz\u00f3 de la demanda se dio de conformidad con el art\u00edculo 90 del C. G. del P., y \u00e9ste precisa el desglose de los documentos sin mediar orden alguna, \u00abuna vez revisado el expediente digital cuyo link se adjunt\u00f3 con el informe rendido por el Juzgado accionado, se advierte que del mismo no se logra determinar si ciertamente los que se solicitan fueron documentos aportados en f\u00edsico y posteriormente digitalizados por el Juzgado o en su defecto fue una demanda que se present\u00f3 de manera electr\u00f3nica, tal circunstancia no se puede determinar en raz\u00f3n a que el expediente digital no est\u00e1 enumerado, no guarda orden cronol\u00f3gico y el documento denominado \u201canexos demanda Luis Eduardo Arroyo correcto\u201d no da certeza si son documentos originales digitalizados o si fueron presentados ya en ese formato, adem\u00e1s, el expediente digital aportado por el accionado no contiene \u00edndice electr\u00f3nico en el cual se pueda establecer el origen de los documentos, ya sean electr\u00f3nicos o digitalizados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, orden\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, que en el t\u00e9rmino de 48 horas contado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, i) \u00abpermita a LUIS EDUARDO ARROYO SIERRA el acceso al expediente digital del proceso radicado 13-001-31-10-006-2016-00503-00, de conformidad con lo expuesto\u00bb, y, ii) \u00abprograme cita para entrega de los anexos de la demanda de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria presentada por LUIS EDUARDO ARROYO SIERRA, si los mismos fueron presentados en f\u00edsico. Lo anterior, con respeto de las normas de bioseguridad y con apego a las medidas implementadas con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria por Covid-19.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Juzgado Sexto de Familia de Cartagena recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando, por una parte, en punto del desglose y entrega f\u00edsica de los documentos requeridos por el actor, que \u00abla cita ordenada NO cumple con los requisitos exigidos por los Acuerdos del CSJ PCSJA20-11567 ni PCSJA20-11632, ni los del Consejo Seccional de la Judicatura PCSJBOA20-084 Y PCSJBOA20-135, todos ellos que PRIORIZAN la atenci\u00f3n virtual de los procesos como medida de prevenci\u00f3n del Covid-19. La alternativa que se estima es dar el acceso al expediente, que ya est\u00e1 digitalizado en el enlace\u00bb; y por la otra, que se desconoci\u00f3 un precedente del mismo Tribunal relativo a las copias y el pago del arancel judicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
2. De igual manera es necesario destacar, que en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por el titular del Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, en relaci\u00f3n a las \u00f3rdenes que le fueron impartidas por el a quo constitucional, desde ya se anticipa la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n de primer grado, habida cuenta que en ella de manera alguna se est\u00e1n desconociendo los acuerdos PCSJA20-11567 y PCSJA20-11632 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Si bien los citados actos administrativos propenden y privilegian el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones, buscando optimizar los canales de acceso, consulta y publicidad de la informaci\u00f3n, en cuanto prev\u00e9n que \u00ab[p]ara la atenci\u00f3n y consultas de usuarios y apoderados se privilegiar\u00e1 el uso de medios t\u00e9cnicos y\/o electr\u00f3nicos, como atenci\u00f3n telef\u00f3nica, correo electr\u00f3nico institucional u otros (\u2026)\u00bb, limitando la atenci\u00f3n en ventanilla o de manera presencial \u00aba lo estrictamente necesario, atendiendo los protocolos y disposiciones del nivel central y seccional sobre condiciones de acceso y permanencia en sedes\u00bb1, lo cierto es que, trat\u00e1ndose del desglose de documentos que seg\u00fan el actor, fueron entregados f\u00edsicamente al Despacho, nos encontramos dentro de los escenarios, en los que, contrario a lo pretendido por la autoridad judicial impugnante, se hace necesaria la entrega material de los mismos, pues no solo el actor no est\u00e1 llamado a resistir la carga de perder documentos que pudieron entregarse en original, teniendo que imprimir nuevamente los legajos que reposan en el expediente digital, es decir, quedando con una simple copia de \u00e9stos, sino que el art\u00edculo 90 del C. G. del P. estipula que al rechazar la demanda, deber\u00e1n devolverse los anexos sin necesidad de desglose; adem\u00e1s, el art\u00edculo 3\u00ba del mentado Acuerdo administrativo admite que \u00ab[p]ara prestar los servicios que requieren presencialidad en las sedes podr\u00e1n asistir como m\u00e1ximo el 40 % de los servidores judiciales por cada despacho, secretar\u00eda, oficina, centro o dependencia en general\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, resulta inexcusable para esta Sala, que el funcionario convocado interprete err\u00f3neamente y bajo su particular conveniencia, los distintos acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los que as\u00ed como en el marco de la pandemia por el virus Covid-19 establecen lineamientos para la protecci\u00f3n y cuidado de los usuarios, funcionarios y empleados de los distintos despachos judiciales, tambi\u00e9n propende por el f\u00e1cil acceso a la justicia de los ciudadanos, no siendo aceptable utilizar la citada normatividad como patente de corso para poner trabas e impedir el servicio de la justicia. <\/p>\n
3.3. Ahora, cabe recordar, frente al reproche del inconforme concerniente a que en su caso no se dio igual soluci\u00f3n a la adoptada por otros Magistrados de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena en asuntos similares al objeto de cr\u00edtica, que \u00ab[e]n relaci\u00f3n con la presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad, porque \u201cotros despachos judiciales\u201d les han concedido dicho beneficio a sentenciados que se encuentran en las mismas circunstancias que la suya, debe tenerse en cuenta que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, los jueces \u201cest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico, mas no como aqu\u00ed acontece con otros funcionarios situados en el mismo v\u00e9rtice o en grado inferior de la estructura de la administraci\u00f3n de justicia, evento en el cual lo \u00fanico exigible es que la providencia se encuentre debidamente motivada\u201d (sents. del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T No. 01892-01 y 2279-01)\u00bb (CSJ STC4136-2021). <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, se impone mantener el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 15 del ACUERDO PCSJA20-11632 del 30\/09\/2020. <\/p>\n
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