STC8012-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8012-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00144-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por John Jairo Serna Guisao contra los Juzgados Veinticinco Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00aboportuno y justo acceso a la justicia\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, en el marco de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra la Unidad Residencial Mixta El Dorado, con radicado No. 2021-00262-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene \u00abdeclarar la nulidad de la sentencia de tutela de segunda instancia (\u2026) por encontrarse inmersa en la causa espec\u00edfica denominada cosa juzgada \u201cfraudulenta\u201d, resuelta en segunda instancia por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que present\u00f3 la referida salvaguarda porque la propiedad horizontal all\u00ed convocada no le resolvi\u00f3 una petici\u00f3n que le elev\u00f3 el 29 de marzo de 2021, para que se le informara cual norma establece que s\u00f3lo los propietarios inscritos pueden conferir poder para asistencia a la asamblea de copropietarios del 11 de abril siguiente, y que la reuni\u00f3n, por ser virtual, no iba a permitir tratar el punto de \u00abproposiciones y varios\u00bb. <\/p>\n
Narra que la protecci\u00f3n fue negada en fallo del 20 de abril de los corrientes por el Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Cali, porque supuestamente no hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino legal para emitir la respectiva respuesta, decisi\u00f3n que impugnada, fue confirmada el 19 de mayo siguiente por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma localidad, y por el mismo motivo; no obstante, dice, en el curso de dicho tr\u00e1mite recibi\u00f3 la respuesta reclamada a la accionada, pasando por alto la prenombrada autoridad, que la respuesta fue proferida el 20 de abril de la presente anualidad, esto es, despu\u00e9s de la asamblea general de copropietarios que se realiz\u00f3 el d\u00eda 11 de ese mismo mes, raz\u00f3n por la cual, asegura, lo resuelto por ambas instancias constituye una actuaci\u00f3n desleal atribuida al \u00abcartel de tutelas\u00bb que existe en la ciudad de Cali, lo que, en suma, implica la existencia de \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb y justifica la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela en el asunto. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) El titular del Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Cali inform\u00f3, que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela que el aqu\u00ed accionante present\u00f3 contra la Unidad Residencial el Dorado y otros para la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, la cual desestim\u00f3 porque \u00abentre la fecha de presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la tutela no se hab\u00edan vencido los t\u00e9rminos con que los accionados contaban para responder la petici\u00f3n presentada, t\u00e9rmino que tampoco estaba vencido para el momento que se profiri\u00f3 esa sentencia \u2013de primera instancia-\u00bb, decisi\u00f3n que se mantuvo en segunda instancia, sin que se tenga noticia del resultado de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n ahora reclamada, por no estar configurado ninguno de los eventos excepcionales de procedencia de la tutela contra decisiones de la misma naturaleza, bajo el entendido que no se prob\u00f3 la cosa juzgada fraudulenta para ese puntual asunto. <\/p>\n
b.) El Juez Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad corrobor\u00f3, que tramit\u00f3 la segunda instancia del referido decurso donde dict\u00f3 sentencia el 19 de mayo pasado confirmando la decisi\u00f3n de primer grado, de no amparar el derecho de petici\u00f3n, lo que deja en evidencia que lo incoado es una improcedente tutela contra tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras colegir que \u00abesta acci\u00f3n de tutela es improcedente porque se dirige a cuestionar la decisi\u00f3n de otra tutela y por falta de subsidiariedad, siendo que no se ve que esas providencias hayan sido proferidas contrariando normas constitucionales o la jurisprudencia constitucional, adem\u00e1s porque el tr\u00e1mite completo de las decisiones cuestionadas no ha terminado dado que el accionante puede procurar ante la Corte Constitucional la revisi\u00f3n de la tutela exponiendo las irregularidades que a su juicio considere que se han presentado en la sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali; ciertamente, John Jairo Serna Guisao puede procurar la revisi\u00f3n de la sentencia de tutela o gestionar la misma a trav\u00e9s de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n o de la Defensor\u00eda del Pueblo la cual est\u00e1 pendiente (Art. 33 del Decreto 2591 de 1991, Dcto. 262 de 2000, Acuerdo 2 de 2016 Corte Constitucional), en esas condiciones, el amparo que aqu\u00ed se pide no se ve procedente, aceptar la posibilidad de revisar en tutela las disconformidades planteadas contra otra decisi\u00f3n de tutela, conllevar\u00eda un tr\u00e1mite indefinido de tutelas que desdibuja la eficacia de esta acci\u00f3n constitucional subsidiaria la cual culmina con la revisi\u00f3n eventual de los fallos por la Corte Constitucional (art.33 Dec.2591\/91)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor de la protecci\u00f3n, insistiendo en motivos similares a los que expuso en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Serna Guisao recae, concretamente, en la sentencia proferida el 19 de mayo del a\u00f1o que avanza por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, que mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n tomada el 20 de abril anterior por el Juzgado Veinticinco Civil Municipal de la misma ciudad, de denegar la protecci\u00f3n constitucional que \u00e9ste reclam\u00f3 frente a la Unidad Residencial El Dorado y otros, por no haber resuelto un derecho de petici\u00f3n, pues seg\u00fan criterio de aqu\u00e9l, lo fallado all\u00ed desconoci\u00f3 que la respuesta fue emitida hasta el 20 de abril hoga\u00f1o, esto es, luego de realizarse la asamblea de copropietarios sobre la cual necesitaba informaci\u00f3n, lo que en su sentir, dice, obedeci\u00f3 al fen\u00f3meno de la \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Sin embargo, se aprecia sin asomo de duda, que el presente resguardo constitucional es improcedente, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar la sentencia dictada por los Juzgados accionados dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, cuesti\u00f3n que desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha insistido, en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de id\u00e9ntica condici\u00f3n el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, lo anterior, bajo el entendido que la \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb que el gestor dice se present\u00f3 en el comentado tr\u00e1mite, carece por completo de prueba, sin que pueda derivarse de la simple discrepancia con lo decidido, que es lo que en \u00faltimas expone \u00e9ste en su solicitud de amparo. <\/p>\n
5. Ahora, seg\u00fan lo inform\u00f3 la autoridad municipal accionada, se advierte que el expediente contentivo de la acci\u00f3n constitucional est\u00e1 en la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual la parte aqu\u00ed interesada est\u00e1 en la posibilidad de acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del memorado compendio1, para pedir a la referida Colegiatura su escogencia para dicho tr\u00e1mite, \u00fanico mecanismo procesal que puede interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC3841-2021). <\/p>\n
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la v\u00eda id\u00f3nea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisi\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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