STC8015-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8015-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00185-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 25 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda del Carmen Moreno de P\u00e9rez contra el Juzgado Civil del Circuito de Funza y la Alcald\u00eda Municipal de Madrid, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la \u00abvivienda digna\u00bb, al m\u00ednimo vital y a la \u00abprotecci\u00f3n especial de la que gozan las personas de tercera edad\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, al haber ordenado la entrega del inmueble objeto del proceso divisorio que Cristian Alejandro Ovalle Vargas promovi\u00f3 en contra de Jes\u00fas An\u00edbal G\u00f3mez Ram\u00edrez. <\/p>\n
Solicita entonces, en suma, que se ordene al Juzgado Civil del Circuito de Funza, \u00ababsten[erse] de llevar a cabo la diligencia de entrega programada para el 13 de mayo de 2021 (\u2026) hasta que no se determine el derecho de posesi\u00f3n que tiene la se\u00f1ora ANA VILMA VARGAS GARC\u00cdA\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que pese a que \u00abhace m\u00e1s de 20 a\u00f1os\u00bb reside en el predio ubicado en \u00abla calle 21 No. 1-05 de Madrid \u2013 Cundinamarca\u00bb, inmueble que Ana Vilma Vargas Garc\u00eda \u00abcompr\u00f3\u00bb sin \u00abelev[ar] a escritura p\u00fablica\u00bb al se\u00f1or Juan Carlos P\u00e9rez Moreno, quien as\u00ed mismo sin instrumentalizar el negocio, tambi\u00e9n adquiri\u00f3 los derechos que ten\u00eda Jes\u00fas An\u00edbal G\u00f3mez Ram\u00edrez (demandado), el Juzgado Civil del Circuito de Funza no solo orden\u00f3 el secuestro del predio, sino que lo remat\u00f3 y orden\u00f3 la entrega al adjudicatario, diligencia que se program\u00f3 para el 13 de mayo de 2021. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en la actualidad tiene 79 a\u00f1os de edad y fue diagnosticada con diabetes, que la se\u00f1ora Vargas Garc\u00eda se encuentra desempleada y \u00abes quien ya hace varios a\u00f1os, se hace cargo de suplir [sus] necesidades b\u00e1sicas y quien vela por [su] salud y bienestar\u00bb, raz\u00f3n por la cual, la aludida actuaci\u00f3n judicial, hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Civil del Circuito de Funza precis\u00f3, que a m\u00e1s que la actora no se opuso a la diligencia de secuestro del inmueble subastado, \u00abtampoco obra al paginario solicitud alguna por parte de la tutelante, como nulidad u otra actuaci\u00f3n que por intermedio de apoderado judicial haya presentado al proceso con el fin de ventilar los derechos que hoy formula mediante este mecanismo residual, o alguna solicitud de oposici\u00f3n dentro del t\u00e9rmino que establece la ley para efectos de alegar derechos de posesi\u00f3n sobre el inmueble secuestrado y el que actualmente le fuera adjudicado al se\u00f1or Jos\u00e9 Asdr\u00fabal Moreno Carre\u00f1o, por lo que considera este Despacho que los derechos alegados como vulnerados y el perjuicio irremediable invocado, no se encuentran demostrados\u00bb. <\/p>\n
b. El Alcalde del Municipio de Madrid, Cundinamarca, se\u00f1al\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna de la inconforme, pues sus actuaciones se han limitado al cumplimiento de la diligencia que le fue comisionada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues la promotora \u00abno certific\u00f3 que hubiese concurrido primero ante las autoridades accionadas advirtiendo su apremiante situaci\u00f3n y la afectaci\u00f3n de su vivienda digna, derivada de la orden de entrega enrostrada en esta especial justicia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; adem\u00e1s de agregar, que s\u00ed se cumpli\u00f3 con el requisito echado de menos por el juez constitucional a quo, pues la se\u00f1ora Ana Vilma Vargas Garc\u00eda expuso ante el Despacho convocado sobre su apremiante situaci\u00f3n y la posesi\u00f3n que detenta respecto del predio objeto de entrega. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto, se advierte que lo pretendido por la se\u00f1ora Moreno de P\u00e9rez, en lo fundamental, es que se ordene al Juzgado Civil del Circuito de Funza suspender la diligencia de entrega ordenada en el marco del proceso divisorio que Cristian Alejandro Ovalle Vargas promovi\u00f3 frente a Jes\u00fas An\u00edbal G\u00f3mez Ram\u00edrez, pues seg\u00fan su dicho, se desconoci\u00f3 no solo que cursa un juicio de usucapi\u00f3n respecto del bien objeto de la diligencia, sino que adem\u00e1s, es una persona de la tercera edad. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al expediente digital, y los informes allegados a las presentes diligencias por las autoridades criticadas, advierte la Sala la improcedencia de la protecci\u00f3n reclamada, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s. <\/p>\n
En el caso concreto, se advierte de entrada que la se\u00f1ora Mar\u00eda del Carmen Moreno de P\u00e9rez no es parte ni tercera con inter\u00e9s reconocido en el proceso que concita la atenci\u00f3n de esta Corte, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir que se impartan \u00f3rdenes tendientes a la suspensi\u00f3n de actuaciones procesales, pues tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC831-2021). <\/p>\n
Lo anterior, bajo el entendido que \u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (cit.). <\/p>\n
4. Por otra parte, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela atacar una diligencia, so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irreparable: \u00abtampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
5. Ahora, no es posible entrar a abordar el fondo de la tem\u00e1tica propuesta por la actora, esto es, la supuesta calidad de poseedora del inmueble a entregar dentro del proceso declarativo especial objeto de revisi\u00f3n constitucional, por la sola condici\u00f3n de persona de la tercera edad de aqu\u00e9lla, dado que dicha circunstancia per se, no implica la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o irreparable, tal y como lo ha indicado la Sala: \u00abel hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (CSJ STC4541-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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