STC8046-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8046-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00263-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Paola Andrea Lotero Campo contra el Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, y, la Arquidi\u00f3cesis de esa urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes del juicio liquidatario a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos supralegales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00ablas trabas administrativas y judiciales injustificables\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, en el marco del juicio sucesorio del causante Jorge Enrique Campo, radicado bajo el n\u00ba. 2017-00118-00, que se adelanta ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
Entonces, pide puntualmente, que para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales se ordene (i) al Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga, que de acuerdo con sus facultades y poderes discrecionales, ordene \u00abREGISTRAR EL MATRIMONIO CIVIL\u00bb; a la (ii) Registradur\u00eda Nacional del estado Civil, \u00abremitir al presente proceso la carta dactilosc\u00f3pica, nombres y datos completos de mi abuela Lilian Araque de Campo (q.e.p.d.)\u00bb; (iii) a la Arquidi\u00f3cesis de esa localidad, \u00abCORREGIR EL NOMBRE DE MI ABUELA A LILIAN ARAQUE DE CAMPO (Q.E.P.D.); y, en consecuencia, (ii) \u00abEXPEDIR LA NUEVA PARTIDA DE MATRIMONIO\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas y del confuso escrito tutelar presentado se extracta, que al interior del asunto en comento se han exteriorizado una serie de situaciones que han \u00abcontribuido con la mora del proceso\u00bb, como es el caso de la negativa del Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga de \u00abDAR LA ORDEN A LAS NOTAR\u00cdAS\u00bb con miras a realizar \u00abel registro del matrimonio\u00bb de sus abuelos fallecidos, los se\u00f1ores Jorge Enrique Campo y Lilian Araque de Campo. <\/p>\n
Asegura que, tras encontrar una inconsistencia en el nombre de uno de los fallecidos, formul\u00f3 ante la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y la Arquidi\u00f3cesis de esa ciudad, sendos derechos de petici\u00f3n con miras a que (i) \u00abSE SUMINISTRARAN COPIA DE CARTA DACTILOSC\u00d3PICA DE LA SRA. LILIAN ARAQUE DE CAMPO\u00bb y \u00abLA CORRECCI\u00d3N DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO obrante en la PARROQU\u00cdA MAR\u00cdA AUXILIADORA (\u2026) DEL NOMBRE DE LILIA A LILIAN, para as\u00ed poder registrar el matrimonio de manera civil\u00bb; explic\u00f3 que por m\u00e1s de dos a\u00f1os ha realizado todas las diligencias tendientes a registrar dicho matrimonio, pero no ha sido posible ante la falta de direcci\u00f3n del Juez del asunto, quien por el contrario, le ha interpuesto cargas excesivas para la continuaci\u00f3n del proceso, situaci\u00f3n que, en su particular criterio, hace viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga asegur\u00f3, que all\u00ed se adelanta la sucesi\u00f3n del causante Jorge Enrique Campo, bajo el radicado 2017-00118, al interior del cual \u00abse intent[\u00f3] acumular la sucesi\u00f3n de quien fuera su c\u00f3nyuge LILIAN ARAQUE DE CAMPO, acumulaci\u00f3n que no se ha podido realizar por cuanto no se ha aportado el registro de matrimonio de los causantes\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dijo que la apoderada judicial de la aqu\u00ed accionante ha indicado que en m\u00faltiples oportunidades ha intentado registrar sin \u00e9xito el matrimonio de los causantes; sin embargo, asegur\u00f3 que dicha carga corresponde a las partes, por no estar dentro sus competencias pedir la correcci\u00f3n del nombre de uno de los causantes pues \u00abno puede emitir ese tipo de ordenes dentro un proceso liquidatorio\u00bb, raz\u00f3n por la cual, consider\u00f3 que con su actuaci\u00f3n no ha quebrantado ninguna de las prerrogativas denunciadas por la quejosa, y por lo tanto, pidi\u00f3 denegar las pretensiones del l\u00edbelo. <\/p>\n
b. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil inform\u00f3, que el 25 de mayo de los corrientes emiti\u00f3 respuesta a la petici\u00f3n elevada por la petente, la cual adem\u00e1s notific\u00f3 en los correos electr\u00f3nicos \u00abconcepptoslegalesbucaramanga@gmail.com y carlosa-100@hotmail.com, las cuales fueron aportadas en el escrito de tutela para notificaciones\u00bb, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
c. Olga Cecilia Campo Araque y Jos\u00e9 Wilmori Villa L\u00f3pez, vinculados, se opusieron al \u00e9xito de las pretensiones de la demanda tutelar, tras considerar que la correcci\u00f3n del \u00aberror en el registro se debe realizar a trav\u00e9s de un proceso ante la autoridad competente\u00bb. <\/p>\n
d. La Arquidi\u00f3cesis de Bucaramanga afirm\u00f3, que la solicitud elevada por la gestora del amparo fue respondida \u00abdentro de los nueve d\u00edas\u00bb siguientes a su radiaci\u00f3n, siendo el objetivo de \u00e9sta pasar \u00abpor alto el debido proceso administrativo establecido para la correcci\u00f3n de las partidas de matrimonio ante estas instancias eclesi\u00e1sticas\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga neg\u00f3 el resguardo reclamado, tras advertir, en suma, que las decisiones adoptadas por el Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga mediante autos del 28 de enero y 22 de abril de los corrientes, \u00abse fundaron en premisas jur\u00eddicas respetables que distan de ser caprichosas o antojadizas\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, consider\u00f3 que de los informes rendidos tanto por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, como la Arquidi\u00f3cesis de Bucaramanga, es viable concluir que la correcci\u00f3n de la \u00abpartida eclesi\u00e1stica de matrimonio\u00bb debe ser realizado a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite administrativo establecido ante las instancias eclesi\u00e1sticas, el cual a la fecha no ha sido adelantado por la parte interesada, sin que sea dable que por esta v\u00eda excepcional se de desplacen dichos medios ordinarios con que cuenta la peticionaria para lograr lo aqu\u00ed pretendido\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo que respecta a las peticiones elevadas por la quejosa, advirti\u00f3 que se configur\u00f3 un hecho superado, en la medida en que las respuestas echadas de menos por \u00e9sta, fueron debidamente atendidas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora del amparo, se\u00f1alando que la c\u00e9lula encartada ha \u00abpropiciado CARGAS INJUSTIFICADAS a la suscrita en calidad de demandante\u00bb, pues la requiri\u00f3 en m\u00e1s de seis oportunidades para que aportara copia del registro de matrimonio de los causantes, obviando las facultades con las que cuenta para oficiar a las entidades encargadas de esa particular labor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que la se\u00f1ora Lotero Campo se duele a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, en lo esencial, a. de las decisiones del 28 de enero y 22 de abril de los corrientes, a trav\u00e9s de las cuales el Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga, ha requerido a la accionante e interesados en la sucesi\u00f3n radicada bajo el consecutivo n.\u00ba 2017-00118, para que aporten el registro civil de matrimonio de los se\u00f1ores Lilian Araque de Campo y Jorge Enrique Campo; b. la presunta demora en la que ha incurrido esa sede judicial en oficiar a las autoridades competentes con miras a corregir \u00abpartida eclesi\u00e1stica de matrimonio\u00bb de sus abuelos fallecidos\u00ab; y, c. la desatenci\u00f3n tanto de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil como de la arquidi\u00f3cesis de Bucaramanga, frente a la correcci\u00f3n del aludido documento y la expedici\u00f3n del registro de matrimonio, respectivamente. <\/p>\n
3. Sin embargo, se anticipa con vista en los elementos de juicio obrantes en el expediente, y las manifestaciones efectuadas por las autoridades encartadas, que la negativa del resguardo deber\u00e1 ser mantenida, conforme las razones que seguidamente pasan a exponerse: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, porque las decisiones proferidas por el Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga, mediante providencias del 28 de enero y 22 de abril actual, no son el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, no tienen aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la impulsora de la queja constitucional, sino que aqu\u00e9llas se soportaron en las previsiones contenidas en el numeral 10 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor literal dispone que las partes se abstendr\u00e1n de \u00absolicitarle al juez la consecuci\u00f3n que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, contrario a lo entendido por la quejosa del amparo referente a que es deber del juez del asunto oficiar a \u00ablas notar\u00edas\u00bb y dem\u00e1s entes encargados de la correcci\u00f3n de algunos documentos que determinan el estado civil de su abuela \u00abLilian Araque de Campo (q.e.p.d.)\u00bb, lo cierto es que dicho pedimento desborda la naturaleza del tr\u00e1mite liquidatorio que all\u00ed se adelanta y, por tanto, no luce razonable insistir en esa particular petici\u00f3n ante la sede querellada y, menos, intentar que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite excepcional se acceda a tales aspiraciones. <\/p>\n
De ese modo, no cabe duda de que, a diferencia de lo considerado por la accionante, la decisi\u00f3n proferida por el Despacho criticado se soport\u00f3 en una debida interpretaci\u00f3n y el razonable entendimiento de la normatividad aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa realizada por la autoridad del asunto no permite, per se, la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
Por lo tanto, la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC5912-2021). <\/p>\n
3.2. En segundo lugar, porque si bien la gestora del amparo se duele de la falta de impulso procesal por parte del juez de la causa para que la sucesi\u00f3n siga su tr\u00e1mite, lo cierto es que ese Despacho judicial al interior del asunto ha requerido insistentemente a los interesados en el mismo para que aporten el registro civil de matrimonio de los causantes; no obstante, esa carga procesal no ha sido atendida por los all\u00ed intervinientes, por lo que no se encuentra acreditado que esa autoridad haya quebrantado derecho fundamental alguno, resultando abiertamente improcedente el resguardo. <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado que \u00ab[e]l objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u2018cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026)\u2019. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u2018partiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u2019, ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u2019\u00bb (STC4551-2021). <\/p>\n
3.3. Finalmente, lo que pretende la quejosa es que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente se ordene a la Arquidi\u00f3cesis de Bucaramanga y a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, la correcci\u00f3n de la \u00abpartida eclesi\u00e1stica de matrimonio\u00bb, y el consecuente registro del matrimonio de sus ascendientes en segundo grado, respectivamente, lo cierto es que aunque la actora dijo que a trav\u00e9s de su apoderada judicial adelant\u00f3 todos los tr\u00e1mites tendientes a materializar \u00abel registro de matrimonio\u00bb, lo cierto es que, \u00fanicamente se aportaron copia de los derechos de petici\u00f3n elevados en tal sentido, y dentro de las respuestas otorgadas por las querelladas le fue informado a la interesada el tr\u00e1mite que debe adelantar para culminar la correcci\u00f3n aqu\u00ed solicitada y el registro de ese particular acto, la cual se encuentra a su cargo, sin que la tutela puede considerarse como una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos, de conformidad con los postulados del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8046-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC8046-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00263-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55104","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55104","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55104"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55104\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55104"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}