STC8064-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC8064-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01992-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jaime Figueroa contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Doce Civil del Circuito de la misma localidad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, el accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional de segundo grado convocada, al declarar desierta la alzada que propuso contra la sentencia de conocimiento pronunciada en el marco del proceso verbal que adelant\u00f3 contra Ana Beatriz Rodas Madrid, con radicado No. 2016-00346-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Tribunal Superior de Cali \u2013Sala Civil, dar tr\u00e1mite a la alzada interpuesta, y proferir sentencia de segunda instancia, la cual no se dict\u00f3 por la supuesta falta de sustentaci\u00f3n en el t\u00e9rmino otorgado cuando se admiti\u00f3 el recurso, aun cuando, asegura, la misma hab\u00eda sido sustentada en primera instancia. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo se limit\u00f3 a indicar, que en tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra la sentencia de primer grado, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali orden\u00f3 que de conformidad a lo normado en el canon 14 del Decreto 806 de 2020, se sustentara por escrito dentro del t\u00e9rmino de 5 d\u00edas, y a paso seguido, declar\u00f3 desierto el ataque vertical por falta del cumplimiento de dicha carga, decisi\u00f3n que, dice, es violatoria de su debido proceso, en tanto que al momento de interponer el recurso su apoderado expuso las razones de la inconformidad o reparos, circunstancia que lo habilita para acudir a este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 22 de junio de los corrientes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, quienes fueron notificados en debida forma de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, el se\u00f1or Jaime Figueroa cuestiona, concretamente, el auto proferido el 23 de julio de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, mediante el cual se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n de primera instancia proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de la misma urbe, y que le fue desfavorable, al interior del proceso declarativo que junto con otros, promovi\u00f3 frente a Ana Beatriz Rodas Madrid. <\/p>\n
3. No obstante, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada est\u00e1 llamada al fracaso, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan la protecci\u00f3n tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurri\u00f3 casi un a\u00f1o desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que se cuestiona, sin que el aqu\u00ed inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que la determinaci\u00f3n emitida el 26 de junio de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, por medio de la cual se corri\u00f3 traslado a la parte recurrente, aqu\u00ed interesada, para sustentar por escrito el anotado remedio vertical, no fue atacada a trav\u00e9s del recurso pertinente, esto es, el de reposici\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que era ese el momento procesal oportuno con el que contaba el aqu\u00ed interesado para alegar la inconformidad que ahora plantea a trav\u00e9s del presente tr\u00e1mite excepcional, esta es, la aplicaci\u00f3n de lo normado en el canon 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, pese a que, seg\u00fan sus dichos, el recurso vertical s\u00ed habido sido sustentado en el momento en que, en la primera instancia, se presentaron los reparos concretos frente a lo resuelto. <\/p>\n
De este modo, como lo que ocurri\u00f3 fue que el gestor del amparo dej\u00f3 de allegar el respectivo escrito de sustentaci\u00f3n ante el ad quem, lo procedente era declarar la deserci\u00f3n de la alzada, tal y como ocurri\u00f3 por auto del 23 de julio siguiente; entonces, como el inconforme guard\u00f3 silencio contra tal prove\u00eddo que aplic\u00f3 lo dispuesto por el legislador en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, cerrada le qued\u00f3 toda oportunidad de acudir a la presente senda, por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, pues tal y como lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en reciente pronunciamiento dentro de un caso de similares matices al que ahora se analiza, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de la r\u00e9plica horizontal, se ha indicado que, \u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, se impone negar la salvaguarda rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnada, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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