AC2698-2021 (2020-00072-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2698-2021 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se estudia la subsanaci\u00f3n de la demanda de revisi\u00f3n presentada por Inversiones Rodr\u00edguez Fuentes Ltda. frente al fallo proferido el 25 de octubre de 2017 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena en el proceso especial de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras que adelant\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Cesar Guajira, en nombre de Alberto Villareal Amazan y Gloria Bernal Gonz\u00e1lez, juicio en el que la impugnante actu\u00f3 como opositora. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En prove\u00eddo de 5 de marzo de 2020, este Despacho inadmiti\u00f3 el libelo para que la inconforme lo enmendara en los puntos que all\u00ed le se\u00f1al\u00f3 (fs. 5 y 6 C. Revisi\u00f3n). <\/p>\n
2. Con el prop\u00f3sito de cumplir con lo ordenado, en tiempo, la opugnadora alleg\u00f3 el escrito respectivo y copias de algunos documentos para subsanar su demanda inicial (fs. 7 a 22 C. Revisi\u00f3n). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 357 del C\u00f3digo General del Proceso indica los requisitos que debe reunir el escrito de revisi\u00f3n, que se complementan con aquellos que en general debe contener toda demanda, especificados en los c\u00e1nones 82 a 85, 87 y 88 de la misma codificaci\u00f3n, cuyo incumplimiento impone al recurrente la carga de efectuar oportunamente las correcciones necesarias para un nuevo examen de suficiencia, que en caso de resultar insatisfactorio conlleva su rechazo, al tenor de los preceptos 358 y 90 ejusdem, normas todas estas aplicables al caso particular por expresa remisi\u00f3n del canon 92 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Entre las exigencias del referido art\u00edculo 357, en concreto resulta relevante la del numeral 4\u00b0, seg\u00fan el cual es imprescindible \u00abla expresi\u00f3n de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento\u00bb, lo que tiene su raz\u00f3n de ser en que los motivos de inconformidad est\u00e1n consagrados expresamente y tienen unas caracter\u00edsticas que los particularizan, por lo que los supuestos f\u00e1cticos deben estar acordes con ellos y ser determinantes en su configuraci\u00f3n, quedando por fuera conjeturas o especulaciones intrascendentes a manera de alegatos, as\u00ed como el esbozo de inconformidades con lo resuelto, en la medida que el prop\u00f3sito de la v\u00eda extraordinaria no es reabrir el debate sino sanear irregularidades insalvables anteriores de origen externo o, a lo sumo, coet\u00e1neas, al pronunciamiento reprochado. Al respecto en providencia AC3952-2017 se expres\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) la \u201cconcreci\u00f3n\u201d de los supuestos f\u00e1cticos que nutren la \u201ccausal\u201d de revisi\u00f3n se\u00f1alada, exige que los hechos que se exponen se ajusten de manera precisa a los contornos de la causal esgrimida, en los t\u00e9rminos definidos por la ley y explicados por la jurisprudencia. Igualmente, es necesario que pueda entreverse razonablemente que la demostraci\u00f3n de tales eventos har\u00eda fruct\u00edfera la tramitaci\u00f3n propuesta, toda vez que, encontr\u00e1ndose en juego el valor de la seguridad jur\u00eddica derivada de la cosa juzgada con que la ley blinda la sentencia atacada, no se justifica adelantar el recurso sin una apariencia de \u00e9xito surgida de una adecuada formulaci\u00f3n, m\u00e1xime que dado el car\u00e1cter dispositivo y extraordinario del mismo la Corte no podr\u00eda salirse de los l\u00edmites delineados por el opugnante para examinar oficiosamente aspectos que \u00e9ste no propuso claramente (Subrayas ajenas al original). <\/p>\n
Tal postura es reiterada en la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, como consta en el prove\u00eddo AC1206-2014, que si bien se profiri\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a\u00fan conserva vigencia, dado que los principios de este medio de contradicci\u00f3n permanecen inalterables en el C\u00f3digo General del Proceso. En esa oportunidad, se advirti\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) dos de los requisitos b\u00e1sicos de toda pieza promotora de un recurso (\u2026) es (i) la indicaci\u00f3n de la causal de revisi\u00f3n y (i) la exposici\u00f3n de los hechos en los que se basa. Cuando el precepto reclama la expresi\u00f3n de \u00e9stos, no abre la posibilidad para que el interesado suministre los de su conveniencia o los que mejor considere; exige, claro est\u00e1, los precisos fundamentos f\u00e1cticos que converjan en la hip\u00f3tesis factual prevista en la disposici\u00f3n (\u2026) Por ello el legislador de modo perentorio impone que en el escrito inicial se expongan los hechos concretos por cuyo conducto se explique c\u00f3mo, cu\u00e1ndo o de qu\u00e9 manera tuvo suceso el motivo invocado; al fin de cuentas son esas circunstancias las que deber\u00e1 probar el accionante y en las que el juez habr\u00e1 de apoyarse para determinar si el supuesto inmerso en la causal se realiz\u00f3 o no. (Se destaca). <\/p>\n
Y con antelaci\u00f3n, en el auto AC 27 ago. 2012, rad. 2012-01285-00, ya se anunciaba que, <\/p>\n
Dada su naturaleza extraordinaria y la taxatividad de motivos que son su fuente, la revisi\u00f3n no constituye una nueva instancia para debatir la manera como en la sentencia censurada se apreciaron las pruebas o se interpretaron y aplicaron las normas, de tal forma que desde un comienzo el escrito de formulaci\u00f3n y los que lo complementen deben perfilar adecuadamente el ataque con claro sustento en las causales establecidas en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y expresi\u00f3n \u201c\u2026de los hechos concretos que le sirven de fundamento\u201d (numeral 4, art\u00edculo 382 \u00eddem). (Subrayas ajenas al original). <\/p>\n
2. Ahora bien, en lo que ata\u00f1e a la primera de las causales de revisi\u00f3n aqu\u00ed incoadas, esto es, la prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 355 procesal, consistente en \u00abhaberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en raz\u00f3n de ellas\u00bb, ya ha dicho la Corte que la misma se consolida justamente cuando el sustento determinante del fallo objeto del recurso radica en una \u00abdeclaraci\u00f3n de \u00edndole testimonial, sea esta \u00fanica o m\u00faltiple\u00bb, cuyo autor o autores con posterioridad resultan condenados por la justicia penal por haber faltado a la verdad en ese proceso, en otras palabras, \u00abpor la fals\u00eda de lo declarado por los agentes de la conducta punible en el proceso civil donde esas versiones prestaron base a la sentencia atacada en revisi\u00f3n\u00bb (CSJ S147-2003, rad. 11001-02-03-000-2002-00039-01). <\/p>\n
Con esa perspectiva, esta Sede le exigi\u00f3 a la empresa recurrente, como requisito formal de su demanda, la exposici\u00f3n de la causa f\u00e1ctica que serv\u00eda de fundamento a su reclamo, en especial, la concreci\u00f3n y acreditaci\u00f3n de la \u00abiniciaci\u00f3n del proceso penal por el il\u00edcito que aqu\u00ed importa\u00bb, es decir, el que \u00abse adelanta contra Alberto Villareal Amazan, en el que se le acusa de falso testimonio\u00bb, dado que las investigaciones penales mencionadas en su libelo estaban relacionadas con \u00ablos delitos de \u2018falsa denuncia\u2019 (2015-000998) y \u2018fraude procesal\u2019 (2015-00013)\u00bb (Cfr. 5 mar. 2020 – fs. 5 a 6 C. Revisi\u00f3n). <\/p>\n
No obstante, revisado el escrito de subsanaci\u00f3n, se observa que la interesada no acat\u00f3 tales exigencias, no s\u00f3lo porque incumpli\u00f3 la carga de \u00abprecisi\u00f3n y claridad\u00bb que requer\u00eda su pretensi\u00f3n de revisi\u00f3n (cfr. art. 82, n\u00fam. 4, CGP), tambi\u00e9n porque los hechos que esgrimi\u00f3 no resultan id\u00f3neos para configurar la causal propuesta, pues aunque en forma categ\u00f3rica acus\u00f3 a su contradictor del punible de \u00abfalso testimonio (\u2026) en el curso del proceso de restituci\u00f3n de tierras\u00bb, lo cierto es que no acredit\u00f3 en debida forma la existencia de un fallo penal condenatorio en contra de Villareal Amazan por esa espec\u00edfica conducta o la \u00abformulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb por parte de la autoridad competente que permitiera inferir el inicio formal del \u00abproceso penal\u00bb (cfr. arts. 126, 286 y ss. CPP) y, por ende, la viabilidad de la suspensi\u00f3n que inst\u00f3 al tenor del inciso final del art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por el contrario, la recurrente reconoci\u00f3 que en la \u00abFiscal\u00eda Decima (sic) Seccional de la Unidad de Patrimonio Econ\u00f3mico de Valledupar (\u2026) se adelanta indagaci\u00f3n con el radicado 20 001 60 01231 2015 00013, contra Alberto Villareal Amazan, por el delito de Fraude Procesal\u00bb, tipo penal que, muy a pesar de su criterio, resulta distinto al \u00abfalso testimonio\u00bb que con tanto \u00e9nfasis pregona (cfr. arts. 442 y 453 CP), cuyo \u00abconcurso de conductas punibles\u00bb tampoco se encuentra demostrado en este asunto, ni aun con la copia de la \u00abdenuncia penal\u00bb que origin\u00f3 esa actuaci\u00f3n, instaurada por el representante legal de Inversiones Rodr\u00edguez Fuentes Ltda. para que se investigara la \u00abcomisi\u00f3n del punible de alteraci\u00f3n o simulaci\u00f3n en registro de tierras despojadas\u00bb de que trata el \u00abart\u00edculo 120 de la Ley 1448 de 2011\u00bb (cfr. fs. 225 a 234 C. Anexos). <\/p>\n
Y aunque no se desconoce que el denunciante reclam\u00f3 en esa misma noticia criminal, radicada el 8 de enero de 2015, que las pesquisas se extendieran a \u00abotras conductas punibles que en desarrollo de la investigaci\u00f3n encuadren t\u00edpicamente\u00bb (cfr. fl. 225 ibid.), es relevante el hecho que en la actualidad dicha indagaci\u00f3n se adelante, exclusivamente, por el \u00abpresunto delito de fraude procesal\u00bb, como lo refleja la certificaci\u00f3n anexa a la subsanaci\u00f3n (cfr. fl. 13 C. Revisi\u00f3n), sin que se avizore en el plenario ning\u00fan indicio serio sobre la hipot\u00e9tica modificaci\u00f3n de esa \u00abcalificaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb, que sin soporte defiende la memorialista, luego de cinco a\u00f1os de labores de instrucci\u00f3n. <\/p>\n
En este punto es preciso se\u00f1alar que id\u00e9ntica falencia se predica de la \u00abindagaci\u00f3n\u00bb que cursa en la Fiscal\u00eda Veintisiete Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar (Exp. n\u00b0 20001-60-01-231-2015-00998-00), pues si bien la constancia expedida por esa autoridad indica que dicha actuaci\u00f3n \u00abse encuentra en etapa de juicio\u00bb, n\u00f3tese que en la audiencia celebrada ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Agust\u00edn Codazzi, el ente investigador restringi\u00f3 la \u00abimputaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica\u00bb contra Alberto Villareal Amazan a la \u00abconducta punible de falsa denuncia\u00bb, consagrada en el canon 435 del Estatuto Penal (cfr. fls. 14 ibid. y 40 a 158, 974, 1182 y 1183 C. Anexos), que diverge del delito de \u00abfalso testimonio\u00bb sobre el que se edifica la causal tercera de revisi\u00f3n alegada (art. 355 CGP) y, por lo mismo, torna inane la medida de suspensi\u00f3n de este excepcional medio de impugnaci\u00f3n a la espera del fallo penal que all\u00ed se profiera, cuyo resultado de ninguna manera lograr\u00e1 quebrar los efectos de cosa juzgada de la providencia censurada. <\/p>\n
En las descritas condiciones, es dable afirmar que no se colman los supuestos normativos que le abren paso al recurso extraordinario de revisi\u00f3n al amparo de la causal analizada, se insiste, por la ausencia de pruebas que den cuenta de la condena penal o, en su defecto, de la imputaci\u00f3n por falso testimonio que se le atribuye al promotor del proceso especial de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3. De otra parte, el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso fija en su numeral sexto, como una de las razones de revisi\u00f3n la consistente en \u00abhaber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente\u00bb, que, conforme a su esencia, propende por enmendar acciones malintencionadas de los litigantes contrarias a los principios de lealtad y buena fe, encaminadas a desviar la averiguaci\u00f3n de la verdad material que debe orientar la definici\u00f3n del caso o a inducir a error al sentenciador, en detrimento del derecho, de la justicia y de los intereses del oponente procesal o de terceros. <\/p>\n
Respecto a la interpretaci\u00f3n de ese precepto, en sentencia SC4584-2014, la Corte expuso, <\/p>\n
Sobre las \u2018maniobras fraudulentas\u2019 cumple memorar que la Corporaci\u00f3n, de anta\u00f1o, ha dicho que deben involucrar un comportamiento o \u2018una actividad enga\u00f1osa que conduzca al fraude, una actuaci\u00f3n torticera, una maquinaci\u00f3n capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformaci\u00f3n artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultaci\u00f3n de los mismos por medios il\u00edcitos; es en s\u00edntesis, un artificio ingeniado y llevado a la pr\u00e1ctica con el prop\u00f3sito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia\u2019 (Providencias de 30 de junio de 1988 y 11 de septiembre de 1990, entre otras, G. J., T. CCIV, p\u00e1gina 45). <\/p>\n
Por consiguiente, con miras a establecer, ciertamente, un proceder caracterizado por tales vicios, implica evidenciar \u2018(\u2026) una conducta fraudulenta, unilateral o colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho, que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fen\u00f3meno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intenci\u00f3n de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin\u2019 (Sentencia 243 de 7 de diciembre de 2000. Expediente 007643). <\/p>\n
As\u00ed, seg\u00fan se indic\u00f3 en la providencia SC 30 oct. 2007, rad. 2005-00791-00, reiterada en SC 20 feb. 2012, rad. 2007-00190 y SC4012-2019, la procedencia de la dicha causal est\u00e1 supeditada al concurso simult\u00e1neo de los siguientes factores: a) que exista colusi\u00f3n de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con entidad suficiente para determinar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales circunstancias no hayan podido alegarse en el proceso. <\/p>\n
De esta forma, por v\u00eda de inadmisi\u00f3n de la demanda, se le pidi\u00f3 a la recurrente, respecto de la invocada causal sexta del art\u00edculo 355 ib\u00eddem, precisar cu\u00e1les eran estrictamente las conductas constitutivas de colusi\u00f3n o maniobras fraudulentas atribuidas al demandante en el proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras, as\u00ed como las razones serias y fundadas de tales aseveraciones. <\/p>\n
En tal sentido, destac\u00f3 que el reclamante \u00aben su deponencia (sic) ante el juez de tierras expres\u00f3 que la causa de enajenaci\u00f3n del inmueble conocido como los Alpes fueron las amenazas que recibi\u00f3, cuando en realidad la motivaci\u00f3n de realizar el negocio jur\u00eddico se debi\u00f3 a la necesidad de cancelar un cr\u00e9dito que ten\u00eda con una entidad bancaria y que, adem\u00e1s, en realidad la crisis algodonera fue el detonante de su bancarrota\u00bb, circunstancias que en criterio de la sociedad recurrente se desvirtuaban con la decisi\u00f3n de \u00abpreclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n\u00bb que adopt\u00f3 la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas Grupo Eje Tem\u00e1tico de Desaparici\u00f3n y Desplazamiento Forzados el 2 de marzo de 2015 en el proceso de \u00abdesplazamiento forzado\u00bb con radicado n\u00b0 205542 y la consecuente determinaci\u00f3n de \u00abcompulsar copias ante las Fiscal\u00edas Seccionales de Valledupar\u00bb contra el denunciante Alberto Villareal Amazan. <\/p>\n
De igual forma, luego de resaltar algunos yerros y omisiones en la labor de valoraci\u00f3n probatoria de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal de Cartagena, la memorialista hizo un recuento de las \u00abdeclaraciones mendaces de el (sic) solicitante\u00bb extra\u00eddas del \u00abinterrogatorio\u00bb que rindi\u00f3 en ese proceso, para concluir que con todo ello \u00abqueda[ba] claro que el se\u00f1or Alberto Villareal Amazan utiliz\u00f3 maniobras fraudulentas, como lo fue el falso testimonio, tanto en la etapa administrativa, como en la judicial, en estrado, frente al juez, para entrar de forma simulada en (sic) Registro de Tierras Despojadas\u00bb (fs. 18 vto. a 20 C. Revisi\u00f3n). <\/p>\n
L\u00edneas atr\u00e1s tambi\u00e9n acot\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) fueron varias las conductas desleales y fraudulentas en las que incurri\u00f3 el se\u00f1or Alberto Villareal Amazan, como fue la de mentir para hacerse pasar como v\u00edctima de la violencia en raz\u00f3n y con ocasi\u00f3n del conflicto armado, primero acudiendo a la URT, en la (sic) se inici\u00f3 etapa administrativa, regulada por la ley 1448\/11 y se recepcion\u00f3 (sic) una primera declaraci\u00f3n, que termin\u00f3 con su inscripci\u00f3n en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, aprovech\u00e1ndose que dicha normatividad establece prerrogativas a favor del dicho de la v\u00edctima, como lo son los principios de favorabilidad, de buena fe y el derecho de confianza leg\u00edtima, que se materializan en el art\u00edculo 5\u00ba de la misma, con la posibilidad de acreditar el da\u00f1o sufrido con cualquier medio legalmente aceptado, relevarla de la carga de la prueba y presumir como veraces los documentos que aporte al proceso, as\u00ed como su dicho, desbalance legal que aprovech\u00f3 el se\u00f1or Villareal Amazan para hacerse pasar como v\u00edctima, como falso reclamante, para aseverar que vendi\u00f3 la Finca los Alpes presionado por la violencia y haber sido se\u00f1alado como objetivo militar por un grupo violento al margen de la ley, cuando realmente vendi\u00f3 su predio por la crisis algodonera de ese entonces, que lo dej\u00f3 en estado de quiebra; sin escr\u00fapulos minti\u00f3 acerca del pago que recibi\u00f3 por la venta, aduciendo un valor menor, sin que se hubiese desplazado de la zona donde estaba arraigado, habiendo tenido el tiempo para ofrecer la finca a varias personas y de manera p\u00fablica, lo que desacredita la urgencia o peligro inminente por las amenazas, llegando, incluso, a acudir a la denuncia penal para hacerle ver a la URT que fue declarado objetivo militar, lo que qued\u00f3 sin piso con la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n a favor de quienes denunci\u00f3 penalmente, denuncia penal que tiene como punto coincidente con lo narrado en la jurisdicci\u00f3n de tierras, pues tanto en la Fiscal\u00eda, como ante la URT y el Juzgado Civil del Circuito Segundo Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, atestigu\u00f3 bajo la gravedad del juramento que fue amenazado de muerte, entre otros, por el se\u00f1or Hugues Rodr\u00edguez Fuentes y Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, versi\u00f3n que en el proceso penal se le rest\u00f3 credibilidad por el ente acusador, precluy\u00e9ndose (sic) la investigaci\u00f3n a favor de aquellos y se le orden\u00f3 investigar por falsa denuncia. Es decir, el se\u00f1or Villareal Amazan para reforzar su treta denunci\u00f3 falsamente a quienes consider\u00f3 como los autores de sus amenazas y desplazamiento forzado, pero la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n encontr\u00f3 que su denuncia no tuvo asidero probatorio, pero su versi\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras si fue acogida, por los principios rectores y normatividad que obligan a aceptar como cierto su dicho y (sic) pruebas sumariales presentadas, pero a la postre constitutivas de fraude. El perjuicio causado con esa mise en scene fue la de contaminar la compra-venta que hiciere mi representada, de toda la legalidad con la que actu\u00f3 y desdibujar la buena fe de ese negocio, colocando al se\u00f1or Hugues Rodr\u00edguez Fuentes como un despojador de tierras, perteneciente a un grupo al margen de la ley, lo que fue desvirtuado por la Fiscal\u00eda en el (sic) n\u00famero de radicado 205542 y que se le quitara a Inversiones Rodr\u00edguez Fuentes la propiedad del predio Los Alpes, caus\u00e1ndole un detrimento econ\u00f3mico en sus finanzas y actividad agropecuaria, vali\u00e9ndose el se\u00f1or Alberto de la burla a la Ley 1448\/11 y a los operadores de justicia (\u2026) se vali\u00f3 de medios fraudulentos, contrarios a la lealtad procesal y a su deber de decir la verdad\u00bb (fs. 16 vto. y 17 C. Revisi\u00f3n). <\/p>\n
Revisado ese sustrato f\u00e1ctico que soporta el segundo motivo de revisi\u00f3n incoado, emerge con nitidez que las conductas endilgadas al reclamante de tierras, en t\u00e9rminos generales, se relacionan con presuntas irregularidades en su inscripci\u00f3n en el registro \u00fanico de v\u00edctimas, cuestionamientos frente a la probidad de sus declaraciones ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales, as\u00ed como la aparente violaci\u00f3n de los principios de buena fe y lealtad procesal, circunstancias todos estas propias del proceso de restituci\u00f3n en comento que, por lo mismo, estaban llamadas a ser planteadas, controvertidas y demostradas en las fases ordinarias de ese juicio que vincul\u00f3 como \u00abopositora\u00bb a Inversiones Rodr\u00edguez Fuentes Ltda. y donde se debat\u00eda precisamente la pertinencia o no de los pedimentos que por conducto de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Tierras Despojadas formul\u00f3 el se\u00f1or Alberto Villareal Amazan. <\/p>\n
En ese contexto, no resulta admisible habilitar esta senda extraordinaria con la excusa de hipot\u00e9ticas maniobras \u00abfraudulentas\u00bb o \u00abcolusivas\u00bb, para solventar, en realidad, discrepancias frente a temas de interpretaci\u00f3n legal o apreciaci\u00f3n probatoria originadas al interior de la actuaci\u00f3n que la inconforme no comparte, pues como lo destac\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en la providencia SC 20 feb. 2012, rad. 2007-00190-00, <\/p>\n
En relaci\u00f3n con este motivo de impugnaci\u00f3n, la jurisprudencia de la Sala ha precisado \u201cque las maniobras fraudulentas a que se refiere la norma deben corresponder a situaciones o hechos externos al proceso, no conocidos por el juez y producidos por fuera de aqu\u00e9l, \u2018toda vez que si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas all\u00ed, la revisi\u00f3n no es procedente por la sencilla raz\u00f3n de que aceptar lo contrario ser\u00eda tanto como permitir, con grave da\u00f1o para la seguridad jur\u00eddica, la reiteraci\u00f3n del litigio por una v\u00eda lateral inadmisible\u2019. Por eso, la jurisprudencia se ha manifestado expresando de manera terminante que \u2018\u2026la existencia de maniobras fraudulentas como causal de revisi\u00f3n (…) si con ellas se caus\u00f3 perjuicio al recurrente, no autoriza en manera alguna a replantear el debate probatorio propio de las instancias, sino que tiene por finalidad reprimir la conducta de las partes cuando resulte atentatoria de los principios de lealtad, probidad y buena fe que han de presidir su actuaci\u00f3n en el proceso. (Subrayas fuera del texto \u2013 Reiterada en CSJ SC 5208-2017, SC22055-2017, entre otras). <\/p>\n
En suma, atendiendo la naturaleza de la causal alegada, se extra\u00f1a el requisito se\u00f1alado por la jurisprudencia de la Sala, referido a que no hubieran podido alegarse en el proceso las conductas constitutivas de colusi\u00f3n o calificadas como fraudulentas en las cuales se apuntala, de suerte que en este caso tampoco se cumple la exigencia prevista en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 357 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los argumentos que la sustentan no satisfacen a cabalidad los requerimientos que abren v\u00eda a su estudio. <\/p>\n
4. Finalmente, el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 355 procesal fija como motivo de revisi\u00f3n la consistente en \u00abexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb, de donde surgen dos aspectos a tener en cuenta para su procedencia: que el juzgador haya incurrido en un vicio de nulidad al momento mismo de pronunciar la sentencia, aunado a que no existan medios de contradicci\u00f3n que permitan discutirlo dentro del proceso. <\/p>\n
Asimismo, la raz\u00f3n espec\u00edfica de nulidad que puede alegarse por esta v\u00eda, exige que no tenga su g\u00e9nesis en el devenir litigioso sino que emerja del mismo fallo, con la salvedad que, a tono con en el numeral 7\u00ba del citado canon 355, la indebida representaci\u00f3n, la falta de notificaci\u00f3n o el emplazamiento inadecuado constituyen causal aut\u00f3noma. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte en providencia SC 8 abr. 2011, rad. 2009-00125-00, reiterada, entre otras, en SC12559-2014 y SC12377-2014, respecto de las caracter\u00edsticas de la causal en comento, antes prevista en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se\u00f1al\u00f3 que \u00e9sta, <\/p>\n
(\u2026) gravita en torno de la protecci\u00f3n del debido proceso y del derecho a ser o\u00eddo y vencido en juicio con la plenitud de las formas procesales (art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), sobre la base, en primer t\u00e9rmino, de que se incurra en una irregularidad estructurante de nulidad al proferirse la sentencia que puso fin al proceso; y en segundo lugar, de que dicha decisi\u00f3n no sea susceptible de recurso alguno. <\/p>\n
En cuanto al primero de los presupuestos se\u00f1alados, por ser el que puede generar alg\u00fan debate, debe recordarse que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -adem\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades- se hayan configurado precisamente en la sentencia acusada y no antes, es decir, \u201cno se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta suspendido el proceso. Lo cual es apenas l\u00f3gico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando \u00e9stas conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisi\u00f3n\u201d (CLVIII, 134). <\/p>\n
En concordancia con lo anterior, en fecha reciente la Sala explicit\u00f3 los motivos que, en l\u00ednea de principio, pueden dar lugar a la nulidad originada en la sentencia, mencionando los siguientes: \u201ca.-) cuando se dicta en un proceso terminado por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n, hoy parcialmente sustituida por el llamado \u2018desistimiento t\u00e1cito\u2019, regulado por la Ley 1194 de 2008; b.-) se adelanta estando el litigio suspendido; c.-) se condena a una persona que no tiene la calidad de parte; d.-) si por la v\u00eda de la aclaraci\u00f3n se reforma la misma; e.) se dicta por un n\u00famero de magistrados menor al establecido por el ordenamiento jur\u00eddico; f.-) se resuelve sin haber abierto a pruebas el pleito; g.-) se desata sin correr traslado para que los litigantes aleguen en los eventos que as\u00ed lo dispongan las normas procesales y h.-) la que tiene \u2018deficiencias graves de motivaci\u00f3n\u2019\u201d (Sentencia de 1\u00ba de junio de 2010, Exp. 2008-00825-00). -Subraya intencional-. <\/p>\n
En esta oportunidad, entre los requisitos consignados en el auto inadmisorio, se le pidi\u00f3 a la recurrente que precisara, en relaci\u00f3n con la causal invocada, cu\u00e1les eran los motivos concretos de invalidaci\u00f3n de la sentencia, en orden a lo cual se le exhort\u00f3 que tomara en consideraci\u00f3n el principio de taxatividad que rige en materia de nulidades procesales y, de estimarlo pertinente, la doctrina jurisprudencial aplicable al caso. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a ese requerimiento, la promotora concret\u00f3 su reclamo e indic\u00f3 que el motivo puntual que amerita la \u00abinvalidaci\u00f3n\u00bb de la sentencia censurada se encuentra en la \u00abviolaci\u00f3n flagrante del derecho fundamental al debido proceso y a la defensa, al desconocerse la calidad de v\u00edctima del se\u00f1or Hugues Rodr\u00edguez Fuentes y su familia, consider\u00e1ndoseles llanamente opositores, sin tener derecho a las prerrogativas de las v\u00edctimas en la ley 1448\/11, como es la presunci\u00f3n de buena fe (art. 5\u00ba ib.), y la no inversi\u00f3n de la carga de la prueba y la sola exigencia de una buena fe simple mas no cualificada\u00bb (fs. 20 vto. a 21 vto. C. Revisi\u00f3n). <\/p>\n
Al respecto insisti\u00f3 que el juzgador de la causa, <\/p>\n
(\u2026) desconoci\u00f3 la calidad de v\u00edctima del se\u00f1or Hugues Rodr\u00edguez Fuentes y su familia, previamente inscritos en el RUV, desarrop\u00e1ndolos de las prerrogativas propias de las v\u00edctimas del conflicto armado, como las consignadas en el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 1448\/11, coloc\u00e1ndolo como un opositor m\u00e1s, aplic\u00e1ndole las presunciones nefastas del art\u00edculo 77 de esa ley y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba, que al final caus\u00f3 que no hubiese sido reconocido como poseedor o propietario de buena fe, viol\u00e1ndosele de esa forma su derecho al debido proceso y de defensa (\u2026) el fallador no tuvo en cuenta, ni siquiera lo mencion\u00f3, el homicidio de su hermana (\u2026) y que tal suceso motivo (sic) que el se\u00f1or Rodr\u00edguez Fuentes y su familia hubiesen sido incluidos en el RUV, como v\u00edctimas, es decir, el mismo Estado, a trav\u00e9s de un instrumento p\u00fablico, los reconoci\u00f3 como tal, pero el Tribunal fue omisivo en derivar las consecuencias legales de tal reconocimiento y que como lo se\u00f1ala la sentencia C-330\/16, tal calidad reconoce solamente la exigencia de una buena fe simple, cuando el opositor tambi\u00e9n es v\u00edctima, y no cualificada, siendo esta la que finalmente y desafortunadamente, se le derivo (sic) en la sentencia, siendo as\u00ed una evidente vulneraci\u00f3n (sic) las garant\u00edas y derechos al debido proceso y a la defensa\u00bb. (fl. 17 vto. C. Revisi\u00f3n). <\/p>\n
Como puede apreciarse, la memorialista no hizo menci\u00f3n expl\u00edcita a la configuraci\u00f3n de alguna de las causales de nulidad consagradas en el ordenamiento adjetivo que se hubieran presentado espec\u00edficamente en la sentencia que puso fin al proceso especial de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras. Por el contrario, su disertaci\u00f3n ata\u00f1e a aspectos propios del desarrollo de la controversia que enfrent\u00f3 a las partes en ese juicio y, en estricto sentido, a la manera en que se resolvi\u00f3 jur\u00eddicamente el caso, cuestionando, veladamente, el an\u00e1lisis que condujo al fallador a desestimar la oposici\u00f3n de esa sociedad y su aparente buena fe como propietarios y poseedores, consecuencia, seg\u00fan afirman, de la negativa a reconocer la \u00abcalidad de v\u00edctima\u00bb de Hugues Rodr\u00edguez Fuentes, otrora representante legal de dicha empresa, y concederles los beneficios probatorios que esa condici\u00f3n generaba. <\/p>\n
En tal sentido, no debe perderse de vista que para soportar el motivo de revisi\u00f3n del numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 355 ejusdem, s\u00f3lo resultan id\u00f3neas las espec\u00edficas circunstancias que, -conforme a la regla de taxatividad imperante en materia de nulidades procesales y la jurisprudencia que sobre esta materia ha elaborado la Corte-, son constitutivas de vicios de esa connotaci\u00f3n, pues tal y como lo rese\u00f1\u00f3 la Sala en el prove\u00eddo AC2490-2018, <\/p>\n
La causal 8\u00aa de revisi\u00f3n (nulidad originada en la sentencia), apunta en esencia a la constataci\u00f3n de un vicio in procedendo, en donde no tienen cabida cr\u00edticas probatorias o jur\u00eddico-sustanciales (vicios in judicando), por lo cual la ausencia de motivaci\u00f3n de la sentencia no puede servir de pretexto para ventilar defectos o vicios de juzgamiento, esto es, atinentes al entendimiento y aplicaci\u00f3n de preceptos sustanciales o a la apreciaci\u00f3n del caudal probatorio y su m\u00e9rito persuasivo o legal. <\/p>\n
Dicho de otro modo, arg\u00fcir equivocada apreciaci\u00f3n o falta de valoraci\u00f3n de unas pruebas no son propiamente hechos concretos que sirven de fundamento y apunten a la estructuraci\u00f3n de la invocada nulidad a que se refiere la causal octava de revisi\u00f3n, dado que, como se ha dicho en multitud de oportunidades (\u2026) los defectos o irregularidades constitutivos de estas nulidades son de car\u00e1cter estrictamente procesal. <\/p>\n
Lo mismo acontece cuando, ampar\u00e1ndose en vac\u00edos de argumentaci\u00f3n, lo que en el fondo aduce el impugnante, es en esencia, una discrepancia argumentativa frente a las razones ofrecidas por el Tribunal. <\/p>\n
Ya en pret\u00e9rita oportunidad dijo esta Sala: <\/p>\n
\u201cEl numeral 4\u00ba del art\u00edculo 382 del C. de P. C., establece de manera expresa que el recurso de revisi\u00f3n se interpondr\u00e1 por medio de demanda que, entre otras cosas, deber\u00e1 contener \u201cla expresi\u00f3n de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento\u201d. <\/p>\n
Esa exigencia, que se deriva de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso, supone para el demandante una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusaci\u00f3n precisa con base en enunciados f\u00e1cticos que guarden completa simetr\u00eda con la causal de revisi\u00f3n que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostraci\u00f3n de esos supuestos, en principio, har\u00eda venturoso el ataque\u201d (AC de 2 de diciembre de 2009, rad. 11001-02-03-000-2009-01923-00). (Subrayas ajenas al texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso concreto, la situaci\u00f3n planteada por esta v\u00eda extraordinaria de impugnaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de cuestionar aspectos procedimentales acontecidos al emitirse la sentencia objeto de censura con entidad suficiente para procurar con alg\u00fan grado de \u00e9xito su invalidaci\u00f3n, en realidad da cuenta de reparos de \u00edndole sustancial que atacan la valoraci\u00f3n probatoria y la definici\u00f3n en s\u00ed del litigio. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que soporta el reproche resulta ajena al debate en esta sede, puesto que el recurso por ser de naturaleza extraordinaria est\u00e1 sometido al principio de taxatividad de los motivos que pueden socavar la firmeza de las sentencias y no constituye una nueva instancia para debatir temas de apreciaci\u00f3n probatoria o hermen\u00e9utica jur\u00eddica, lo que le impone al inconforme un riguroso deber de formular su demanda perfilando el ataque elegido con un puntual sustento en alguna de las causales establecidas en el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, que la determinen como viable. <\/p>\n
5. En consecuencia, por resultar insatisfactoria la correcci\u00f3n del libelo, se rechazar\u00e1 de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Rechazar la demanda de revisi\u00f3n formulada por Inversiones Rodr\u00edguez Fuentes Ltda, contra la sentencia proferida el 25 de octubre de 2017 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devolver los anexos, sin necesidad de desglose. <\/p>\n
Tercero: Archivar las actuaciones. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC2698-2021 (2020-00072-00) AC2698-2021 Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) Se estudia la subsanaci\u00f3n de la demanda de revisi\u00f3n presentada por Inversiones Rodr\u00edguez Fuentes Ltda. frente al fallo proferido el 25 de octubre de 2017 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55110","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55110","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55110"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55110\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55110"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55110"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}