AC2827-2021 (2021-02213-00)<\/p>\n
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AC2827-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02213-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Procede la Corte a decidir lo pertinente dentro del conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo del Circuito de La Virginia y Segundo Civil del Circuito de Envigado, para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra el Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
1. El demandante aduce como fundamento de su acci\u00f3n constitucional, que la referida entidad \u201cpresta sus servicios p\u00fablicos en un inmueble o establecimiento p\u00fablico y abierto al p\u00fablico, pero en la actualidad no cuenta en el Inmueble donde presta sus servicios p\u00fablicos, con un int\u00e9rprete profesional ni con un gu\u00eda interprete profesional, que describa el inmueble a la poblaci\u00f3n objeto ley 982 de 2005, tal como lo ordena ley 982 de 2005, art 8. vulneraci\u00f3n o agravio ocurre a lo largo y ancho del territorio patrio(\u2026)\u201d. Puntualiza en su libelo, que el domicilio de la entidad financiera accionada es la \u201ccalle 7 N\u00ba 7\u201316 La Virginia Risaralda\u201d, y que el sitio donde se presenta la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos colectivos es Sabaneta Antioquia, en la \u201ccalle 51 sur No. 48-57 local 4225\u201d1. <\/p>\n
2. El Juzgado al que se radic\u00f3 inicialmente la acci\u00f3n p\u00fablica, Promiscuo del Circuito de La Virginia, admiti\u00f3 la demanda y luego, mediante auto de 19 de abril de 2021, la rechaz\u00f3 y la remiti\u00f3 a los juzgados civiles del circuito de Envigado, resaltando que \u201cNo es acertado entonces bajo la reiterada perspectiva de la Alta Corporaci\u00f3n y de lo que ya en otras ocasiones ha considerado este mismo despacho, que aqu\u00ed se asuma la competencia para conocer de la presente acci\u00f3n popular, pues La Virginia \u2013 Risaralda, no es el sitio donde est\u00e1 ubicado el domicilio principal de la demandada y tampoco es el territorio donde se est\u00e1 produciendo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos invocados\u201d. <\/p>\n
3. Recibido el asunto por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, este rehus\u00f3 igualmente asumir su conocimiento y provoc\u00f3 la colisi\u00f3n que se resuelve, tras considerar que <\/p>\n
\u201cEn este caso, el actor escogi\u00f3 el fuero territorial del Municipio de La Virginia (Risaralda) para el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular que instaur\u00f3, y aunque el accionante no indic\u00f3 expresamente por qu\u00e9 raz\u00f3n hizo tal elecci\u00f3n, s\u00ed manifest\u00f3 que los hechos que le dieron origen a la Acci\u00f3n Constitucional, se est\u00e1n presentando en todo el territorio nacional, resultando v\u00e1lida entonces la elecci\u00f3n que hizo a la luz de la disposici\u00f3n arriba transcrita (\u2026) Pero adem\u00e1s, en materia Constitucional tambi\u00e9n rige el principio de la \u2018perpetuatio jurisdictionis\u2019, seg\u00fan el cual, el \u00fanico revestido de inter\u00e9s para pedir que se adopten las medidas tendientes a corregir la irregularidad cometida es el demandado (\u2026)una vez la competencia se ha consolidado en cabeza del juez de la causa, no puede variarse, al menos hasta tanto se estructure alguno de los supuestos contemplados para su alteraci\u00f3n; como podr\u00eda ser la acumulaci\u00f3n a otra acci\u00f3n popular que se siga por la misma causa y contra el mismo demandado\u201d2. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la discusi\u00f3n planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de un litigio en particular, raz\u00f3n por la cual, a quien se le radica el libelo con que se promueve tiene la carga de valorar la legislaci\u00f3n vigente al momento de radicaci\u00f3n, a fin de adoptar la determinaci\u00f3n de rigor en torno a su facultad o la de otra autoridad para conocerlo. <\/p>\n
3. De conformidad con lo dispuesto en el canon 16 de la Ley 472 de 1998, trat\u00e1ndose de acciones populares \u201cser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor (\u2026)\u201d, estableciendo as\u00ed un fuero concurrente a prevenci\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, como lo ha se\u00f1alado esta Sala, <\/p>\n
\u201cEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u201d3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con ese recorrido del libelo, indiscutiblemente que viene al caso la aplicaci\u00f3n del principio de la perpetuatio jurisdictionis, seg\u00fan el cual, <\/p>\n
\u201c(\u2026) el juez no podr\u00e1 variar o modificar la competencia a su libre arbitrio \u201ccuando la pas\u00f3 por alto en la oportunidad que le confiere la ley procesal, esto es, al calificar la idoneidad del escrito introductor\u2026\u201d de suerte que \u201csi por alguna circunstancia la manifestaci\u00f3n del demandante resultare inconsistente, es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para tal efecto\u201d4. <\/p>\n
Por lo mismo, del libelo examinado se deduce que, en atenci\u00f3n a este especial principio, una vez asumida la competencia por el juzgador de La Virginia, le estaba vedado desprenderse de ella, pues la contraparte no se ha pronunciado al respecto, lo que eventualmente permitir\u00eda su alteraci\u00f3n. <\/p>\n
En un asunto que guarda semejanza con el presente, la Sala expuso: <\/p>\n
\u201cUna vez el asunto es asignado a un operador judicial, a \u00e9l le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunci\u00f3n de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los dem\u00e1s de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente\u201d5. <\/p>\n
6. En definitiva, una vez el pleito en ciernes fue admitido por el prenombrado estrado judicial de La Virginia, \u00e9ste se equivoc\u00f3 al repelerlo, desconociendo el principio de la perpetuatio jurisdictionis, de manera que se le remitir\u00e1 para contin\u00fae el tr\u00e1mite que legalmente corresponda y se pondr\u00e1 al tanto de ello a la otra autoridad judicial involucrada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que al Promiscuo del Circuito de La Virginia le corresponde conocer la acci\u00f3n popular promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra el Banco Davivienda S.A. Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra autoridad involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 1, c.01 \u201cMayorca\u201d. Exp. digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 a , c. 12 auto declara incompetencia propone conflicto. Exp. digital. <\/p>\n
3\u0002 CSJ AC3261-2018. <\/p>\n
4\u0002 CSJ AC 8 Nov. 2011. Rad. 2010-01617-00. Reiterada en CSJ AC 31 enero 2013 Rad. 2012-02927-00. <\/p>\n
5\u0002 CSJ AC1836-2019. <\/p>\n
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