AC2834-2021 (2013-00007-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2834-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-31-03-005-2013-00007-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
La Corte decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que MANUEL ENRIQUE CALDER\u00d3N ORTIZ1 interpuso frente a la sentencia de 2 de julio de 2020, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario que \u00e9l promovi\u00f3 contra EL BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., hoy SCOTIABANK COLPATRIA S.A. <\/p>\n
1. En el libelo inicial se solicit\u00f3 declarar que la entidad financiera convocada caus\u00f3 da\u00f1os al demandante \u201cprovenientes de responsabilidad civil contractual y extracontractual\u201d, que el mismo se deriv\u00f3 directamente de \u201cla acci\u00f3n culpable de Banco Colpatria Multibanca S.A.\u201d, y que debe conden\u00e1rsele al pago de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios: Por da\u00f1o emergente, quinientos millones de pesos ($500.000.000.oo); por lucro cesante, mil millones de pesos ($1.000.000.000.oo); y por detrimento moral, cien salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV). <\/p>\n
2. En sustento de esas pretensiones, el gestor relat\u00f3 los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. Prest\u00f3 sus servicios profesionales de abogado para el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. desde el 18 de febrero de 1997 hasta el 18 de julio de 2005, fecha en la que mediante un contrato de transacci\u00f3n se dio por terminada la \u201crelaci\u00f3n entre [ellos]\u201d. <\/p>\n
2.2. En vista de que no se le cancelaban en forma regular sus honorarios, ejerci\u00f3 los derechos de retenci\u00f3n y de compensaci\u00f3n sobre \u201clos t\u00edtulos judiciales obtenidos como producto de [su] desempe\u00f1o profesional como apoderado del Banco Colpatria\u201d. <\/p>\n
2.3. Como consecuencia de lo anterior, el Banco le \u201cinici\u00f3 una persecuci\u00f3n jur\u00eddica de car\u00e1cter disciplinaria y penal, que ha causado un grave da\u00f1o reflejado en [su] n\u00facleo familiar, comoquiera que se ha perjudicado gravemente la honra, la idoneidad profesional, sus posibilidades de ingresos y el buen nombre, teniendo que cerrar [su] oficina de abogado y dedicar[se] a defender [sus] intereses\u201d. <\/p>\n
2.4. Con sus pol\u00edticas de \u201ccausar da\u00f1o mediante el uso de la posici\u00f3n dominante\u201d, la entidad demandada le irrog\u00f3 \u201cgrave perjuicio a la honra, dignidad personal y patrimonial, el buen nombre, la reputaci\u00f3n social y profesional, especialmente en la parte econ\u00f3mica\u2026\u201d. <\/p>\n
2.5. Durante todo este per\u00edodo dej\u00f3 de atender \u201cnegocios personales y la actividad profesional de abogado, toda vez que era la \u00fanica forma de atender las necesidades de [su] familia y de [sus] padres quienes aquejan graves problemas de salud\u201d. <\/p>\n
3. Se reparti\u00f3 la demanda al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, y este la admiti\u00f3 con auto de 11 de enero de 2013, en el cual, adem\u00e1s de otorgar amparo de pobreza al accionante, orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda2. Posteriormente, con prove\u00eddo de 5 de abril de 2013, acept\u00f3 la reforma del libelo inicial3. <\/p>\n
4. Enterada del pliego introductor, la persona jur\u00eddica demandada, por intermedio de apoderada, lo contest\u00f3, y en desarrollo de ello, se opuso a que se acogieran sus pretensiones, se pronunci\u00f3 de distinta manera sobre los hechos alegados y plante\u00f3, con el car\u00e1cter de meritorias, las excepciones que denomin\u00f3: \u201cPRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N\u201d, \u201cTRANSACCI\u00d3N\u201d, \u201cINEXISTENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL RECLAMADO POR EL DEMANDANTE\u201d, \u201cFALTA DE RELACI\u00d3N DE CAUSALIDAD ENTRE LA LEG\u00cdTIMA ACTUACI\u00d3N DEL BANCO COLPATRIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTOR COMO SU CONTRATISTA Y EL PRESUNTO DA\u00d1O POR ESTE ALEGADO\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL\u201d, \u201cLA ACTUACI\u00d3N VIOLATORIA DEL CONTRATO DE PRESTACI\u00d3N DE SERVICIOS Y DESLEALTAD PROFESIONAL DEL DEMANDANTE, FUE LA \u00daNICA CAUSA CIERTA Y NECESARIA DE LOS SUPUESTOS DA\u00d1OS ALEGADOS\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL\u201d, \u201cCOBRO DE LOS NO DEBIDO\u201d, \u201cENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA\u201d y \u201cLA GEN\u00c9RICA\u201d4. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n al acuerdo PSAA15-10300, se remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n al Juzgado Tercero Civil de Circuito para continuar con su tr\u00e1mite5, y una vez agotadas las etapas previstas para la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 20 de agosto de 2019, en la que declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u201d; declar\u00f3 prosperas las dem\u00e1s propuestas por la parte accionada; neg\u00f3 las pretensiones de la demanda; no conden\u00f3 en costas al reclamante; y orden\u00f3 levantar las medidas cautelares decretadas6. <\/p>\n
6. Al desatar la apelaci\u00f3n que contra esa providencia interpuso la parte demandante, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dict\u00f3 sentencia el 2 de julio de 2020, en la que confirm\u00f3 en su integridad la del a-quo, sin condena en costas7. <\/p>\n
EL FALLO DEL AD-QUEM <\/p>\n
Los razonamientos esenciales para adoptar la mencionada determinaci\u00f3n, se condensan as\u00ed: <\/p>\n
1. Est\u00e1n cumplidos los presupuestos procesales, y no hay motivos que puedan invalidar lo actuado. Adicionalmente, existe legitimaci\u00f3n en la causa tanto por activa como por pasiva. <\/p>\n
2. No se evidencia da\u00f1o antijur\u00eddico en las denuncias disciplinarias y penales que promovi\u00f3 el banco demandado contra el abogado demandante, como tampoco que se haya configurado ninguno de los elementos de la responsabilidad civil contractual o extracontractual. <\/p>\n
3. Se tienen como hechos probados: <\/p>\n
3.1. La celebraci\u00f3n de diferentes contratos para la representaci\u00f3n de algunos procesos judiciales anteriores al 5 de marzo de 2005. <\/p>\n
3.3. El 18 de mayo de 2001, el accionante retir\u00f3 dentro del proceso que se llevaba contra Diagnosticentro Uniroyal Los Laderos Ltda. y otros, \u201ct\u00edtulos judiciales por la suma de $59.303.000., que a la postre fueron consignados ese mismo d\u00eda en la cuenta corriente No. 291-414175-95 del Banco de Colombia a nombre del demandante\u201d. <\/p>\n
3.4. El 18 de julio de 2005 entre el demandante y el Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. se celebr\u00f3 contrato de transacci\u00f3n, cuyo objeto fue \u201ctransigir la totalidad de las obligaciones derivadas de la representaci\u00f3n judicial que le fue conferida al abogado para el recaudo de la cartera de El Banco y cuyo mandato a t\u00edtulo de honorarios profesionales se viene debatiendo judicialmente conforme la relaci\u00f3n de procesos\u2026\u201d, y en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima se dispuso \u201cel abogado se (sic) manifiesta expresamente a no adelantar ning\u00fan tipo de reclamaci\u00f3n derivada de los hechos que motivan el acuerdo suscrito, bien sea de manera privada o judicial, ante cualquier autoridad o jurisdicci\u00f3n\u2026\u201d. <\/p>\n
3.5. El banco demandado instaur\u00f3 dos quejas disciplinarias frente al abogado demandante, y \u201cla Resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n proferida el 11 de abril de 2003 por parte de la Fiscal\u00eda Delegada 23 ante los Jueces Penales Municipales de Bucaramanga en el sumario 128.232, fue revocada en prove\u00eddo del 13 de marzo de 2004 por la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, por considerar en esa oportunidad el ente fiscal que no se pod\u00eda adelantar la acci\u00f3n penal al haber operado el fen\u00f3meno de la caducidad de la querella\u201d. <\/p>\n
4. En el caso concreto es acertada la decisi\u00f3n del juez de primera instancia, pues el demandante no prob\u00f3 ninguna conducta culposa o dolosa de la parte demandada que hubiese derivado en da\u00f1os: <\/p>\n
\u201c[L]as acciones penales e inclusive disciplinarias adelantadas por el Banco Colpatria en contra del abogado demandante no solamente se encuentran razonables, sino que inclusive dieron lugar a que la Fiscal\u00eda en su oportunidad hallar\u00e1 suficientes elementos de prueba para proferir una Resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra del togado demandante, independientemente que el superior del ente acusador encontrara una talanquera para iniciar la persecuci\u00f3n penal, pues en su concepto oper\u00f3 la caducidad de la querella, precluyendo la investigaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
5. Adem\u00e1s, no se advierte ninguna temeridad en la denuncia penal o inclusive, en las dos actuaciones disciplinarias que tuvo que enfrentar el abogado demandante, habida cuenta que los fundamentos de ellas se encontraban respaldadas con suficientes elementos de prueba, y el banco ejerci\u00f3 su derecho de denuncia \u201cconforme lo pregona el art\u00edculo 95 de nuestra constituci\u00f3n nacional\u201d, y si bien el abogado demandante se\u00f1al\u00f3 en su defensa que el proceso en el que retir\u00f3 los dineros fue anterior a la suscripci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, \u201colvida que para el momento en que retir\u00f3 esos dineros, 18 de mayo de 2001, ya hab\u00eda celebrado el contrato con la entidad bancar\u00eda y deb\u00eda someterse al cumplimiento del reglamento contractual\u201d. <\/p>\n
6. La excepci\u00f3n de transacci\u00f3n, en cuanto a la responsabilidad civil contractual alegada, merec\u00eda prosperar como en efecto ocurri\u00f3, y en cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, fundada por el demandante en que \u201cel banco inici\u00f3 una persecuci\u00f3n en su contra bloque\u00e1ndolo en el mundo laboral\u201d, no se prob\u00f3 en el expediente, pues la simple declaraci\u00f3n de su dependiente en el proceso disciplinario, no \u201ces suficiente\u201d, porque all\u00ed \u201ctan s\u00f3lo indic\u00f3 que el abogado V\u00cdCTOR MANUEL ZULUAGA HOYOS lo hab\u00eda amenazado en ese sentido en una reuni\u00f3n sostenida en su oficina de abogado\u201d, y por cuanto la persona que testific\u00f3 era dependiente del abogado y por lo tanto \u201ctotalmente parcializada\u201d. Adem\u00e1s, si bien el demandante alleg\u00f3 junto con la demanda una copia de esta declaraci\u00f3n, \u201csu prueba trasladada fue negada por el a-quo, en la medida que Banco Colpatria no tuvo la oportunidad de controvertir esta declaraci\u00f3n\u201d, pues fue rendida en el marco de un proceso disciplinario en el que conforme al art\u00edculo 85 del Decreto 196 de 1971, \u201cno tiene la condici\u00f3n de sujeto procesal y por ende, sus derechos se encuentran limitados a denunciar, a ampliar la denuncia y aportar pruebas, pero no controvertirlas\u201d. <\/p>\n
7. En conclusi\u00f3n, el demandante no prob\u00f3 el principal presupuesto de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, el hecho da\u00f1oso a t\u00edtulo de culpa o dolo, como tampoco la disminuci\u00f3n patrimonial, y la relaci\u00f3n de causalidad entre estos, y aunque el abogado pretendi\u00f3 acreditar el perjuicio mediante declaraciones bimestrales del IVA presentadas en cero ante la DIAN, ello por s\u00ed solo no lo demuestra, ya que este \u201cdebe ser cierto, no hipot\u00e9tico o eventual\u201d, lo que se desprende \u201cal no haber acreditado por ejemplo que en a\u00f1os anteriores al 2006 s\u00ed declarara ese rubro\u201d. <\/p>\n
Tampoco se acredit\u00f3 que el demandante quedara bloqueado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, ya que no se alleg\u00f3 prueba alguna en este sentido y antes por el contrario la parte demandada al rebatir el dictamen pericial para estimar los perjuicios esgrimidos por el demandante, \u201cprob\u00f3 que el actor tuvo por lo menos, actividades como agente especial liquidador de Comfamiliar entre el a\u00f1o 2009 a 2011, solicitudes de cr\u00e9ditos bancarios, para lo que tuvo que acreditar ingresos econ\u00f3micos, as\u00ed como que tambi\u00e9n adelant\u00f3 negocios judiciales en los a\u00f1os postreros al 2006, aunado a que el testigo abogado ZULUAGA HOYOS tambi\u00e9n aport\u00f3 junto con su declaraci\u00f3n recibida en el Despacho comisorio evacuado por el Juzgado 20 civil del circuito de Bogot\u00e1 D.C. el 28 de enero de 2014, una relaci\u00f3n de aportes del demandante a la seguridad social entre los a\u00f1os 2006 y 2013 como cotizante, los que dijo haber obtenido en las consultas de bases de datos p\u00fablicas RUAF, cuyo traslado en audiencia venci\u00f3 en silencio\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene un cargo sustentado en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Se acusa el fallo impugnado por \u201c[v]iolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por error de hecho, manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba art. 176 del C.G.P.\u201d. <\/p>\n
En el desarrollo de la censura, el recurrente expone: <\/p>\n
1. El Tribunal no dio por demostrado, est\u00e1ndolo, el da\u00f1o causado al demandante, pues hizo <\/p>\n
[R]eferencia en su mayor parte a un contrato de prestaci\u00f3n de servicios, celebrado el d\u00eda 05 de Marzo de 1999, y al contrato de transacci\u00f3n suscrito con posterioridad el d\u00eda 18 de Julio de 2005, y que no constitu\u00eda fundamento para las pretensiones de la demanda en el caso subexamine, y ello porque la transacci\u00f3n como medio de extinguir obligaciones, enlistada el art. 1625 del C.C., es un contrato que tiene una regulaci\u00f3n espec\u00edfica dentro de la codificaci\u00f3n Civil, pero que indudablemente sigue la estructura establecida en nuestra Ley Civil, para todo tipo de contrataci\u00f3n; aspectos tales como: partes, objeto, alcance jur\u00eddico y efectos, los cuales obedecen a la arquitectura general contractual y que permite que dicho contrato se incruste en la generalidad de los negocios jur\u00eddicos que obedece a la autonom\u00eda de la voluntad, con cuya expresi\u00f3n los intervinientes quieren que produzca un efecto jur\u00eddico y a la cual, si cumple los requisitos de forma y de fondo, a la cual la Ley le concede generalmente los efectos buscados. Uno de los efectos que se generan en el contrato de transacci\u00f3n es el efecto de la cosa Juzgada, lo cual significa que los asuntos que se determinen en su objeto contractual material, adquieren la categor\u00eda de intangibles y por consiguiente no es dado volverlos a debatir en un proceso de car\u00e1cter judicial, como lo hizo el ad quem, por cuanto el efecto de la cosa juzgada de la transacci\u00f3n fue aducido por la parte demandada en el presente caso a t\u00edtulo de excepci\u00f3n; excepci\u00f3n que no ven\u00eda al caso y por consiguiente no ten\u00eda la potencialidad de aniquilar las pretensiones de la demanda, como lo reconoce el Tribunal, por cuanto que se refiere el libelo genitor de este proceso, se origina en hechos diferentes a los que se trataron en el contrato de transacci\u00f3n; la demanda se refiere a hechos posteriores al contrato de transacci\u00f3n, lo que por l\u00f3gica deducci\u00f3n no pudieron quedar incluidos en dicho contrato transaccional y que por consiguiente no es posible extender a ellos el efecto de la cosa juzgada, luego la prosperidad o no de dichas pretensiones no puede ser atacada, pretendiendo que el contrato de transacci\u00f3n produzca efectos en el tiempo y por hechos diferentes a los referidos en el contrato extintor de la obligaci\u00f3n, llamando la atenci\u00f3n que la sentencia parezca apoyarse en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios inicial 1999, y posteriormente en el contrato de transacci\u00f3n 2005, cuando el Tribunal no analiz\u00f3 en la sentencia, que dentro del contrato de transacci\u00f3n estaba el proceso de los laredos, que fue absorbido dentro del contrato de transacci\u00f3n, no considerando el objeto de dicho contrato que estaba circunscrito a una lista de contratos sobre los cuales la transacci\u00f3n producir\u00eda efectos jur\u00eddicos, dejando fuera de su alcance los dem\u00e1s, que no hubieren sido incluidos en la mencionada lista\u201d. <\/p>\n
2. El juzgador de segunda instancia analiz\u00f3 el contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito entre las partes, y <\/p>\n
\u201c[D]a por probado que produc\u00eda efectos jur\u00eddicos a partir de la fecha de su suscripci\u00f3n, 05 de Marzo de 1999, excluyendo por consiguiente las actuaciones respaldadas en poderes espaciales, otorgadas en fechas anteriores al 05 de Marzo de 1999, como en el caso de los laredos, que dio pie a denuncios penales y disciplinarios, sin analizar la Ley Civil en el art. 1714 de la compensaci\u00f3n, como uno de los modos de extinguir las obligaciones y el derecho de retenci\u00f3n, consagrados en el C\u00f3digo Civil, ensa\u00f1\u00e1ndose contra el demandante en el sentido del incumplimiento de los contratos antes mencionados, sin analizar c\u00f3mo lo manifest\u00e9 en el punto segundo del contrato transaccional se\u00f1ala: \u201cEste contrato tiene por objeto transigir la totalidad de las obligaciones derivadas de la representaci\u00f3n judicial, que le fue conferida al Abogado para el recaudo de cartera del Banco, y cuyo monto a t\u00edtulo de honorarios profesionales, se viene debatiendo judicialmente conforme a la relaci\u00f3n de procesos a continuaci\u00f3n se enuncian, y vienen enlistado la lista de procesos dentro de los cuales est\u00e1 absolvido el proceso, que tanto mencionan en la sentencia, y que fue analizada dicha prueba en contra del suscrito demandante para proferir el fallo, que con esta Casaci\u00f3n se ataca\u201d. <\/p>\n
3. El Tribunal centr\u00f3 su estudio en los dos contratos mencionados, <\/p>\n
\u201c[S]in observar las dem\u00e1s pruebas documentales allegada y decretadas dentro del proceso en el auto de decreto de pruebas 26 de Julio de 2013 ( Folio 554 cuaderno principal) por parte del Juzgado Quinto Civil de Circuito en donde a la parte demandada se le reconocen los documentos allegados en la contestaci\u00f3n y reforma de la demanda, y las pruebas testimoniales, y a la parte demandante se le reconocen las pruebas documentales allegadas al proceso en su momento, la prueba trasladada y la prueba pericial, pruebas documentales entre otras: Las cuarenta copias aut\u00e9nticas que corresponden a las declaraciones bimestrales de impuestos sobre las ventas ante la DIAN, desde el a\u00f1o 2006 al a\u00f1o 2012, donde se prueba la ausencia de ingresos provenientes de mi actividad profesional y la desestima manifestando que no se allegaron contabilidades e ingresos anteriores en declaraciones de renta de los cuales no estaba obligado a presentarlos, primero por no tener esa carga Tributaria ni existir como requisito para demostrar la ausencia de ingresos durante el periodo que conllev\u00f3 los litigios de diversa \u00edndole como disciplinarios y penales con el Banco demandado, pero s\u00ed tiene en cuenta pruebas allegadas por el apoderado del Banco irregularmente, por cuanto no fueron aportadas en la contestaci\u00f3n de la demanda ni en la reforma de la misma, tenidas en cuenta por el Tribunal, cuales son: El certificado de contador para adquirir un pr\u00e9stamo con una entidad financiera Banco de Colombia, el cual fue utilizado en mi contra, a pesar de haber sido aportado por el apoderado del Banco viol\u00e1ndose la reserva Bancaria y el habeas Data cuando presenta mi resumen de cotizaci\u00f3n pensional, como tambi\u00e9n alleg\u00f3 manifestaciones sobre procesos llevados por el suscrito para adelantar cobros de honorarios, sin demostrar que dichos cobros hubiesen salido efectivos como no lo fueron, y s\u00ed El Tribunal da por probado sin estarlo, que durante ese lapso de tiempo 2006 a 2012, tuve ingresos por parte de mi profesi\u00f3n de Abogado\u201d. <\/p>\n
4. As\u00ed mismo, en la providencia reprochada, <\/p>\n
\u201c[E]l Tribunal Superior de Bucaramanga, no da por demostrado est\u00e1ndolo las pruebas periciales allegadas por dos profesionales del Derecho designado de la lista de los auxiliares de la justicia, Dres. Octavio Cadena (folio 989) y Luz Janeth Rojas los cuales de una manera detallada y juiciosa se\u00f1alan el da\u00f1o emergente y lucro cesante, a pesar de ser objetados ambos en su af\u00e1n dilatorio por parte del apoderado del Banco, desestimando dichos peritazgos por parte de los Magistrados del Tribunal Administrativo de Santander (sic), apeg\u00e1ndose a la sentencia de primera instancia donde desconocen todos los elementos de la responsabilidad Civil consagrados en el art. 2341 del C\u00f3digo Civil extracontractual\u201d. <\/p>\n
5. En cuanto a la prueba trasladada, el ad-quem no \u201chace su reconocimiento\u201d, pese a que <\/p>\n
\u201c[L]a declaraci\u00f3n rendida dentro de la investigaci\u00f3n disciplinaria, radicada bajo el n\u00famero 2002-59 del Consejo Seccional de la Judicatura, prueba que reun\u00eda todos los requisitos del C\u00f3digo General del Proceso art. 174 [\u2026] desestim\u00e1ndola por ser esta una dependiente judicial del suscrito, sin tener en cuenta que el perseguidor o apoderado del Banco era la persona que denunci\u00f3 penalmente al suscrito en diferentes etapas y en diferentes jurisdicciones, con la finalidad de evitar el cobro de los honorarios profesionales que se adeudaban\u201d. <\/p>\n
6. Con referencia al error de hecho en la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas contractuales, el recurrente termina pidiendo casar la sentencia del Tribunal, y en sede de instancia, se condene al Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., al pago de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios a favor del demandante Manuel Enrique Calder\u00f3n Ortiz, conforme a las declaraciones y condenas de la demanda originaria por la responsabilidad civil contractual y extracontractual. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el marco del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n sigue siendo, en l\u00edneas generales, una impugnaci\u00f3n de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentaci\u00f3n el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su art\u00edculo 336, y mediante la introducci\u00f3n de una demanda que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el respectivo libelo so pena de inadmisi\u00f3n, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos. <\/p>\n
Ahora bien, cuando se acude a la causal segunda de casaci\u00f3n y se aduce la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho manifiesto, el legislador, en el mismo precepto, previene al impugnante para que singularice con precisi\u00f3n y claridad en qu\u00e9 consiste el desatino, y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae, destac\u00e1ndose que, en todo caso, se \u201cdeber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u201d. <\/p>\n
Es m\u00e1s, como el motivo segundo de casaci\u00f3n tambi\u00e9n conlleva el desconocimiento de la ley sustancial (indirectamente), al impugnante cumple, de acuerdo con el par\u00e1grafo del aludido art\u00edculo 344, \u201cse\u00f1alar cualquier disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo (\u2026) haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u201d. <\/p>\n
2. Revisado el libelo presentado por la parte recurrente, se advierte que este incumple las esas exigencias formales m\u00ednimas, conforme pasa a explicarse a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. En el \u00fanico cargo planteado, como se extrae del pertinente compendio realizado l\u00edneas atr\u00e1s, el accionante denunci\u00f3 \u201cla violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial\u201d por error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas, y sin embargo de la consabida carga legal prevista en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, omiti\u00f3 relacionar por lo menos un precepto de esas caracter\u00edsticas, que estimara como quebrantado por la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, se recuerda que siendo norma sustancial aquella que \u201ccontiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d8, no lo es la que el legislador establece para la \u201cdisciplina probatoria\u201d9 de los procesos, como ocurre con el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, citado al comienzo del embate que ahora se analiza, y que versa sobre el deber de apreciar las pruebas en conjunto, y el de exponer razonadamente el m\u00e9rito que se le asigna a cada una. <\/p>\n
Sobre lo anterior, hay jurisprudencia reiterada de la Sala, pudi\u00e9ndose citar, a manera de ejemplo, lo dicho en el auto AC2514-2017: <\/p>\n
\u201cPues bien, aplicadas las anteriores directrices al caso, pronto se advierte, el cargo no re\u00fane los requisitos formales para recibirlo a tr\u00e1mite. (\u2026) porque el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00fanica norma que expl\u00edcitamente se denuncia como violada, es de estirpe probatoria y no material, en cuanto ordena apreciar las pruebas en conjunto, en l\u00ednea de principio, siguiendo las reglas de la l\u00f3gica, de la ciencia o de la experiencia, como paso previo para fijar hechos y ah\u00ed s\u00ed atribuirles las consecuencias previstas en los preceptos sustantivos\u201d. <\/p>\n
Ese olvido, en consecuencia, impide que el cargo pueda ser llevado al siguiente estadio del recurso de casaci\u00f3n, porque el deber de indicar un precepto sustantivo se erige como insoslayable, trat\u00e1ndose del planteamiento de las dos primeras causales de casaci\u00f3n relacionadas en el canon 336 ib\u00eddem. <\/p>\n
Tal exigencia legal, por lo dem\u00e1s, no se erige como injustificada o caprichosa, porque es a partir del conocimiento claro del derecho sustancial que esgrime el recurrente, como se puede entrar a analizar s\u00ed, en verdad, el Tribunal lo infringi\u00f3 en el escenario de su aplicaci\u00f3n recta, o si lo vulner\u00f3 indirectamente al valorar los hechos o el material probatorio. <\/p>\n
En vigencia del nuevo estatuto procesal, la Sala ha destacado sobre la importancia del referido requisito, que <\/p>\n
\u201cEn raz\u00f3n de que el recurso de casaci\u00f3n dentro de sus fines, conforme al art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, incluye el de \u2018controlar la legalidad de los fallos\u2019, la formalidad preterida tiene gran importancia trat\u00e1ndose de acusaciones apoyadas en la infracci\u00f3n de las normas de derecho sustancial, porque son las que demarcan las condiciones o requisitos necesarios para el reconocimiento del derecho reclamado, o de la pretensi\u00f3n planteada, o en su caso, de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito formulada, y por consiguiente, no se podr\u00eda cumplir aquella funci\u00f3n de control de legalidad, porque al no haberse identificado dichos preceptos legales, resulta imposible establecer la violaci\u00f3n directa o indirecta de los mismos, lo cual en su momento obstaculizar\u00eda el estudio de fondo de la respectiva acusaci\u00f3n\u201d10. <\/p>\n
2.2. Adicional a lo anterior, que es suficiente para inadmitir el libelo de casaci\u00f3n, se encuentra que el embate carece de la exigencia relativa a ser completo, por cuanto, mientras que en la sentencia de segunda instancia se consider\u00f3 como uno de los argumentos centrales para desestimar la declaratoria de responsabilidad solicitada, que <\/p>\n
(i) El demandante no prob\u00f3 ninguna conducta culposa o dolosa de la parte demandada que hubiese derivado en da\u00f1os, ya que \u201c[L]as acciones penales e inclusive disciplinarias adelantadas por el Banco Colpatria en contra del abogado demandante no solamente se encuentran razonables, sino que inclusive dieron lugar a que la Fiscal\u00eda en su oportunidad hallar\u00e1 suficientes elementos de prueba para proferir una Resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra del togado demandante, independientemente que el superior del ente acusador encontrara una talanquera para iniciar la persecuci\u00f3n penal, pues en su concepto oper\u00f3 la caducidad de la querella, precluyendo la investigaci\u00f3n\u201d; y que <\/p>\n
(ii) No se advierte ninguna temeridad en la denuncia penal o inclusive, en las dos actuaciones disciplinarias que tuvo que enfrentar el abogado demandante, habida cuenta que los fundamentos de ellas se encontraban respaldadas con suficientes elementos de prueba, y el banco ejerci\u00f3 su derecho de denuncia \u201cconforme lo pregona el art\u00edculo 95 de nuestra constituci\u00f3n nacional\u201d. <\/p>\n
En la censura planteada, por su parte, se pas\u00f3 por alto confrontar ese fundamento toral, en la medida en la que la censura se dirigi\u00f3 a desaprobar la valoraci\u00f3n que el Tribunal hizo de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales, una transacci\u00f3n ajustada entre las partes, la prueba trasladada de un proceso disciplinario (testimonio), dos dict\u00e1menes periciales, declaraciones ante la DIAN, la certificaci\u00f3n de un contador p\u00fablico y unos poderes especiales, para a partir de ellos deducir, que el obrar del abogado accionante, consistente en haber recibido, retenido y compensado unos dineros producto de un proceso judicial que adelant\u00f3 a nombre de la demandada, estaba justificado. <\/p>\n
Respecto de lo mencionad, la Sala ha expresado que <\/p>\n
\u201c\u2026 un juicio jurisdiccional solamente podr\u00e1 ser infirmado dentro del \u00e1mbito de los errores de apreciaci\u00f3n probatoria, cuando el ataque contra el mismo fulmine totalmente sus bases \u201cmas no as\u00ed cuando algunas de \u00e9stas que sea por s\u00ed sola suficiente para mantener en su integridad el fallo, quede en pie, bien sea porque la impugnaci\u00f3n no la cobije, o bien porque la misma resulte inane para destruirla\u2026\u201d (G.J. T. CXXIV, p\u00e1g. 95). Es decir, cuando el fallo impugnado en casaci\u00f3n se basa en varios motivos, como en el caso de autos, es menester que la acusaci\u00f3n resulte completa y pr\u00f3spera; si ella no comprende la totalidad de los soportes que le sirven de fundamento a la sentencia, o si atac\u00e1ndolos, queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldarla, \u00e9sta, incuestionablemente, no podr\u00e1 ser quebrada\u2026\u201d11 <\/p>\n
En este caso, en suma, de las varias razones en que se sustent\u00f3 el ad-quem para confirmar la sentencia del a-quo, no se confrontaron todas por el casacionista, quedando en pie la referida, que es suficiente para dejar inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2.3. Para abundar en razones de inadmisi\u00f3n del \u00fanico cargo formulado, ha de se\u00f1alarse que al denunciar el error de hecho en la ponderaci\u00f3n de las pruebas, al censor le compete singularizarlo e identificar los medios de convicci\u00f3n sobre los cuales recay\u00f3, y demostrar de qu\u00e9 manera se gener\u00f3 la supuesta preterici\u00f3n o cercenamiento, lo que se advierta de manera manifiesta, de tal suerte que la valoraci\u00f3n realizada se muestre absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, la Sala ha expuesto que la carga de demostrar el desatino f\u00e1ctico recae exclusivamente en el impugnante, y que \u201cesa labor no puede reducirse a una simple exposici\u00f3n de puntos de vista antag\u00f3nicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejar\u00eda de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley\u201d12. <\/p>\n
Pues bien, el embate en comento no expuso, con el rigor propio que la precisi\u00f3n y la claridad exige, en d\u00f3nde estuvo el error del Tribunal al momento de apreciar las pruebas, esto es, que ac\u00e1, adem\u00e1s de no trasuntarse el contenido objetivo de cada una de ellas, se pas\u00f3 por alto el deber de relacionar lo que el juzgador de segundo grado ignor\u00f3, cercen\u00f3 o tergivers\u00f3 de las mismas, para as\u00ed, de un labor\u00edo de cotejo o contraste, extractar el evidente desatino f\u00e1ctico denunciado. <\/p>\n
Lo que a cambio hizo el demandante inicial y en casaci\u00f3n, Manuel Enrique Calder\u00f3n Ortiz, fue promover su propio an\u00e1lisis de las evidencias a la manera de un alegato de instancia, que en sede extraordinaria no es de recibo para informar la providencia confutada, por las particularidades de cada causal, y las formalidades que han de satisfacerse para avanzar al siguiente estadio del recurso. <\/p>\n
Ejemplifica que el ataque es un mero intento por mostrar una perspectiva jur\u00eddica diferente de las pruebas, y no la evidencia de su desfiguraci\u00f3n material, el siguiente pasaje del cargo que envuelve reproches frente al contrato de transacci\u00f3n y al de prestaci\u00f3n de servicios: <\/p>\n
Uno de los efectos que se generan en el contrato de transacci\u00f3n es el efecto de la cosa Juzgada, lo cual significa que los asuntos que se determinen en su objeto contractual material, adquieren la categor\u00eda de intangibles y por consiguiente no es dado volverlos a debatir en un proceso de car\u00e1cter judicial, como lo hizo el ad quem, por cuanto el efecto de la cosa juzgada de la transacci\u00f3n fue aducido por la parte demandada en el presente caso a t\u00edtulo de excepci\u00f3n; excepci\u00f3n que no ven\u00eda al caso y por consiguiente no ten\u00eda la potencialidad de aniquilar las pretensiones de la demanda, como lo reconoce el Tribunal, por cuanto que se refiere el libelo genitor de este proceso, se origina en hechos diferentes a los que se trataron en el contrato de transacci\u00f3n; la demanda se refiere a hechos posteriores al contrato de transacci\u00f3n, lo que por l\u00f3gica deducci\u00f3n no pudieron quedar incluidos en dicho contrato transaccional y que por consiguiente no es posible extender a ellos el efecto de la cosa juzgada, luego la prosperidad o no de dichas pretensiones no puede ser atacada, pretendiendo que el contrato de transacci\u00f3n produzca efectos en el tiempo y por hechos diferentes a los referidos en el contrato extintor de la obligaci\u00f3n, llamando la atenci\u00f3n que la sentencia parezca apoyarse en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios inicial 1999, y posteriormente en el contrato de transacci\u00f3n 2005, cuando el Tribunal no analiz\u00f3 en la sentencia, que dentro del contrato de transacci\u00f3n estaba el proceso de los laredos, que fue absorbido dentro del contrato de transacci\u00f3n, no considerando el objeto de dicho contrato que estaba circunscrito a una lista de contratos sobre los cuales la transacci\u00f3n producir\u00eda efectos jur\u00eddicos, dejando fuera de su alcance los dem\u00e1s, que no hubieren sido incluidos en la mencionada lista\u201d. <\/p>\n
En torno al error de hecho, la Sala ha dicho que es preciso que <\/p>\n
\u201c\u2026 el recurrente lo demuestre, actividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visi\u00f3n del recurrente, a la manera de un alegato de instancia, sino se confronta en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada\u201d13. <\/p>\n
En consecuencia, si en la impugnaci\u00f3n se presenta un ejercicio de ponderaci\u00f3n probatoria diferente, como sucede en este caso, la Corte no tiene alternativa distinta a la de atender la valoraci\u00f3n del juzgador, en virtud de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto de que est\u00e1 revestida su sentencia. <\/p>\n
3. Las falencias observadas, en suma, imponen la inadmisi\u00f3n de la demanda, en su \u00fanico embate, y la consecuente devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal, para lo de su cargo. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, cumple se\u00f1alar que desde otra perspectiva no resulta viable desconocer las deficiencias formales y t\u00e9cnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso declarativo de responsabilidad civil \u201ccontractual y extracontractual\u201d de que aqu\u00ed se trata, no se observa la ostensible vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresi\u00f3n del principio de legalidad; o una significativa afectaci\u00f3n de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO.- INADMITIR la demanda presentada por MANUEL ENRIQUE CALDER\u00d3N ORTIZ, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 2 de julio de 2020, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario que \u00e9l promovi\u00f3 contra EL BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., hoy SCOTIABANK COLPATRIA S.A. <\/p>\n
SEGUNDO.- ADVERTIR que contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
TERCERO.- DEVOLVER por las Secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Litiga en causa propia. <\/p>\n
2\u0002 Folio 59 ib. <\/p>\n
3\u0002 Folio 89 Ib. <\/p>\n
4\u0002 Folios 93 a 135, C. Principal, tomo 2. Exp. Digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 919 a 921 Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1 a 13 del c. audiencia segunda instancia. Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 CSJ AC G.J. CLI, p\u00e1g.254. <\/p>\n
9\u0002 CSJ AC AC4591-2018. <\/p>\n
10\u0002 CSJ AC6243-2016. <\/p>\n
11\u0002 CSJ. SC. Feb. 27 de 1998, reiterado en AC5503-2019. <\/p>\n
12\u0002 CSJ SC, 15 jul. 2008, Rad. 2000-00257-01; CSJ SC, 20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-01. <\/p>\n
13\u0002 CSJ SC de 14 de mayo de 2001, reiterada en CSJ SC de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2006-00164-01. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC2834-2021 (2013-00007-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente AC2834-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-31-03-005-2013-00007-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- La Corte decide el recurso extraordinario de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55139","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55139"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55139\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}