AC2849-2021 (2021-02180-00)<\/p>\n
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AC2849-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02180-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuos del Circuito, de La Virginia y de Manzanares, para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra el Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor fund\u00f3 la citada acci\u00f3n p\u00fablica en que la compa\u00f1\u00eda financiera accionada transgredi\u00f3 garant\u00edas e intereses de naturaleza colectiva, en la medida en que \u201cno cuenta en el inmueble donde presta sus servicios p\u00fablicos, con un int\u00e9rprete profesional, ni con un gu\u00eda interprete profesional, que describa el inmueble a la poblaci\u00f3n\u201d que as\u00ed lo requiera. Y aun cuando inicialmente narr\u00f3 en el escrito introductor que el \u201cagravio ocurre a lo largo y ancho del territorio patrio\u201d, posteriormente precis\u00f3 que acontece en \u201cMANZANARES CALDAS\/CRA 5 N\u00ba 3-37\u201d, y que el domicilio de la enjuiciada es la \u201cVirginia, Rda\u201d, lugar donde radic\u00f3 la demanda1. <\/p>\n
3. Pese a que el actor recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la anterior determinaci\u00f3n alegando que desconoce \u201cla jurisdicci\u00f3n perpetua4\u201d, as\u00ed como la \u201cinmutabilidad de la acci\u00f3n entre otras normas legales y procesales de orden p\u00fablico\u201d, la misma fue mantenida en prove\u00eddo del 29 de abril de esta anualidad5. <\/p>\n
4. Finalmente, el juzgador de Manzanares tambi\u00e9n se rehus\u00f3 a conocer el tr\u00e1mite, y en consecuencia provoc\u00f3 la controversia que ahora se resuelve, manifestando que \u201cel acto de admisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular impid[e] asumir la tesis\u201d de la judicatura remitente, pues \u00e9sta solo ser\u00eda procedente si estuviera en entredicho la \u201ccompetencia o jurisdicci\u00f3n por los factores subjetivo y funcional\u201d, ahora ausentes6. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la discusi\u00f3n planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de un litigio en particular, raz\u00f3n por la cual, a quien se le radica el libelo con que se promueve tiene la carga de valorar la legislaci\u00f3n vigente al momento de radicaci\u00f3n, a fin de adoptar la determinaci\u00f3n de rigor en torno a su facultad o la de otra autoridad para conocerlo. <\/p>\n
3. De conformidad con lo dispuesto en el canon 16 de la Ley 472 de 1998, trat\u00e1ndose de acciones populares \u201cser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor (\u2026)\u201d, estableciendo as\u00ed un fuero concurrente a prevenci\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, como lo ha se\u00f1alado esta Sala, <\/p>\n
\u201cEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u201d7. <\/p>\n
Sin embargo, cuando el funcionario pasa por alto la ausencia de los factores de asignaci\u00f3n expuestos, y aun as\u00ed decide rituar la litis, le corresponde de forma congruente mantener inc\u00f3lume su valoraci\u00f3n, convirti\u00e9ndose as\u00ed en exclusiva la facultad del enjuiciado para controvertirlo mediante los mecanismos legales, lo que se traduce en que si esta \u00faltima eventualidad no acontece, la competencia adoptada resultar\u00e1 inalterable en virtud del principio de la \u201cperpetuatio jurisdictionis\u201d, impidi\u00e9ndole al funcionario desprenderse posteriormente del legajo, pues esa renuncia transgredir\u00eda, entre otros, los principios de eventualidad y econom\u00eda procesal. Conclusi\u00f3n a la que se arriba por conducto de la remisi\u00f3n normativa contemplada en el art\u00edculo 44 Ib\u00eddem8. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es menester sincronizar lo dicho con la norma atinente a la prorrogabilidad, dispuesta en el inciso segundo del precepto 16 del estatuto adjetivo civil vigente, el cual establece que la \u201cfalta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservar\u00e1 validez\u201d. Previsi\u00f3n que exhibe palmaria e inequ\u00edvocamente una autorizaci\u00f3n respecto a esos dos foros, y en l\u00ednea l\u00f3gica, la desestimaci\u00f3n en los dem\u00e1s casos. <\/p>\n
4. Verificado el contexto expuesto en precedencia, la Corte observa en el particular, que aunque en la Virginia no concurre el sitio de la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos colectivos ni el domicilio de Davivienda, como erradamente lo afirm\u00f3 el promotor en el escrito introductor, la autoridad judicial de dicha circunscripci\u00f3n, admiti\u00f3 la acci\u00f3n p\u00fablica mediante auto de 15 de enero hoga\u00f1o, y en consecuencia adopt\u00f3 la atribuci\u00f3n, calificaci\u00f3n que inexorablemente la liga al asunto, impidi\u00e9ndole rehusarse motu proprio a permanecer como juez cognoscente, por cuanto su decisi\u00f3n ni siquiera fue objeto de opugnaci\u00f3n por la legitimada para ello, esto es, por la entidad convocada. <\/p>\n
Expresado de otra manera, lo dilucidado significa que aun cuando la aptitud legal acogida por la sede judicial donde fue presentada la queja constitucional, sea incongruente con la dupla de posibilidades ante los que la ley le permite acudir al demandante, lo cierto es que fue esa misma autoridad quien valor\u00f3 positivamente el libelo inaugural, y que la sociedad llamada a juicio no elev\u00f3 cuestionamiento alguno al respecto, lo que hace inalterable esa decisi\u00f3n, ya que tal y como lo ha destacado la Sala en lo relativo a la inmodificabilidad de la competencia, <\/p>\n
\u201c(\u2026) el juez no podr\u00e1 variar o modificar la competencia a su libre arbitrio \u2018cuando la pas\u00f3 por alto en la oportunidad que le confiere la ley procesal, esto es, al calificar la idoneidad del escrito introductor\u2026\u2019 de suerte que \u2018si por alguna circunstancia la manifestaci\u00f3n del demandante resultare inconsistente, es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para tal efecto\u2019\u201d9. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, habi\u00e9ndose provisto la admisi\u00f3n de la demanda y dispuesto la notificaci\u00f3n de los interesados en el pleito, no cab\u00eda desprenderse de su conocimiento, pues, se reitera, bien afianzado lo tiene la Corte, que <\/p>\n
\u201cUna vez el asunto es asignado a un operador judicial, a \u00e9l le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunci\u00f3n de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los dem\u00e1s de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente\u201d10. <\/p>\n
5. En definitiva, avocado el conocimiento de la acci\u00f3n popular, lo atinado era que en su impulso oficioso lo continuara la juzgadora de La Virginia, dado que la falta de competencia ni siquiera fue discutida por la compa\u00f1\u00eda atacada, pues se itera, la aceptaci\u00f3n inaugural de la atribuci\u00f3n vincul\u00f3 esa funcionaria al proceso, de ah\u00ed que repudiarlo, como lo hizo, desatienda el principio de la perpetuatio jurisdictionis; de manera que se le remitir\u00e1 el expediente a fin de que prosiga el tr\u00e1mite que legalmente corresponda, y de ello se pondr\u00e1 al tanto a la otra autoridad judicial concernida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que al Promiscuo del Circuito de La Virginia le corresponde conocer de la acci\u00f3n popular promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra Davivienda S.A. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra autoridad involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
2\u0002 Auto del 15 de enero de 2021. Folio 3 ib. Radicado Exp. No. 66400-31-89-001-2020-00474-00. <\/p>\n
3\u0002 Auto del 16 de abril de 2021. Folios 5 a 7, ejusdem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 9, ib. <\/p>\n
5\u0002 Folios 15 y 16, \u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Auto del 21 de junio de 2021. Cdno. 05AutoCivil19ProponeConflictoCompetencia. Radicado Exp.No. 17433-31-89-001-2021-00082-00. <\/p>\n
7\u0002 CSJ AC3261-2018. <\/p>\n
8\u0002 Art\u00edculo 44 de la Ley 472 de 1998. En los procesos por acciones populares se aplicar\u00e1n las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicci\u00f3n que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones. <\/p>\n
9\u0002 CSJ AC 8 Nov. 2011. Rad. 2010-01617-00. Reiterada en CSJ AC 31 enero 2013 Rad. 2012-02927-00. <\/p>\n
10\u0002 CSJ AC1836-2019. <\/p>\n
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