AC2850-2021 (2021-02191-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2850-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02191-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo del Circuito de La Virginia y Quince Civil del Circuito de Oralidad de Cali, para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra el Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la citada acci\u00f3n p\u00fablica, el gestor pretende la protecci\u00f3n de los intereses colectivos presuntamente conculcados por la compa\u00f1\u00eda financiera demandada, quien \u201cno cuenta en el inmueble donde presta sus servicios p\u00fablicos, con un int\u00e9rprete profesional, ni con un gu\u00eda interprete profesional, que describa el inmueble a la poblaci\u00f3n\u201d que as\u00ed lo requiera. Pese a que en el escrito introductor narr\u00f3 preliminarmente que el \u201cagravio ocurre a lo largo y ancho del territorio patrio\u201d, luego puntualiz\u00f3 que sucede en \u201cCALI VALLE\/CALLE 24 NORTE # N 44\u201d, y por \u00faltimo, que el domicilio de la enjuiciada es la \u201cVirginia, Rda\u201d, lugar donde radic\u00f3 la demanda1. <\/p>\n
2. A pesar de que el Despacho Promiscuo del Circuito de la precitada municipalidad admiti\u00f3 el asunto constitucional2, posteriormente lo rechaz\u00f3, declarando de oficio la nulidad de lo actuado, y remiti\u00e9ndolo por competencia a sus hom\u00f3logos de Cali, mediante auto de 15 de abril de 2021, fundado en que \u201cno es acertado entonces bajo la reiterada perspectiva de la Alta Corporaci\u00f3n y de lo que ya en otras ocasiones ha considerado este mismo despacho, que aqu\u00ed se asuma la competencia para conocer de la presente acci\u00f3n popular, pues La Virginia \u2013 Risaralda, no es el sitio donde est\u00e1 ubicado el domicilio principal de la demandada y tampoco es el territorio donde se est\u00e1 produciendo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos invocados\u201d3. <\/p>\n
3. El actor formul\u00f3 recurso horizontal frente a la anterior determinaci\u00f3n alegando que desconoce \u201cla jurisdicci\u00f3n perpetua\u201d, as\u00ed como la \u201cinmutabilidad de la acci\u00f3n entre otras normas legales y procesales de orden p\u00fablico\u201d 4; no obstante, la misma fue mantenida en prove\u00eddo del 29 de abril de esta anualidad5. <\/p>\n
4. Por su parte, el estrado Quince Civil del Circuito de la circunscripci\u00f3n de destino, tampoco asumi\u00f3 la asignaci\u00f3n, y en consecuencia provoc\u00f3 la colisi\u00f3n negativa que ahora se resuelve, al considerar que \u201clos \u00fanicos factores que son improrrogables son los atinentes al factor subjetivo y funcional\u201d, por lo que una vez proferida la admisi\u00f3n del tr\u00e1mite, \u201cla alteraci\u00f3n de la competencia\u201d en virtud de un fuero distinto, \u201cconstituye una vulneraci\u00f3n al debido proceso\u201d6. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la discusi\u00f3n planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
3. De conformidad con lo dispuesto en el canon 16 de la Ley 472 de 1998, trat\u00e1ndose de acciones populares \u201cser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor (\u2026)\u201d, estableciendo as\u00ed un fuero concurrente a prevenci\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, como lo ha se\u00f1alado esta Sala, <\/p>\n
\u201cEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u201d7. <\/p>\n
Sin embargo, cuando el funcionario pasa por alto la ausencia de los factores de asignaci\u00f3n expuestos, y aun as\u00ed decide rituar la litis, le corresponde de forma congruente mantener inc\u00f3lume su valoraci\u00f3n, convirti\u00e9ndose as\u00ed en exclusiva la facultad del enjuiciado para controvertirlo mediante los mecanismos legales, lo que se traduce en que si esta \u00faltima eventualidad no acontece, la competencia adoptada resultar\u00e1 inalterable en virtud del principio de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb, impidi\u00e9ndole al funcionario desprenderse posteriormente del legajo, pues esa renuncia transgredir\u00eda, entre otros, los principios de eventualidad y econom\u00eda procesal. Conclusi\u00f3n a la que se arriba por conducto de la remisi\u00f3n normativa contemplada en el art\u00edculo 44 Ib\u00eddem8. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es menester sincronizar lo dicho con la norma atinente a la prorrogabilidad, dispuesta en el inciso segundo del precepto 16 del estatuto adjetivo civil vigente, el cual establece que la \u00abfalta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservar\u00e1 validez\u00bb. Previsi\u00f3n que exhibe palmaria e inequ\u00edvocamente una autorizaci\u00f3n respecto a esos dos foros, y en l\u00ednea l\u00f3gica, la desestimaci\u00f3n en los dem\u00e1s casos. <\/p>\n
4. Conforme al contorno expuesto en precedencia, se advierte en el particular, que la judicatura de la Virginia despu\u00e9s de avocar conocimiento de la acci\u00f3n popular mediante auto de 12 de enero de 2021, resolvi\u00f3 de forma oficiosa nulitar lo actuado, y desprenderse de la atribuci\u00f3n, por desestimar que en dicha localidad coincidan el lugar de la presunta vulneraci\u00f3n, o el domicilio de la sociedad convocada. No obstante, omiti\u00f3 tener en cuenta que la aceptaci\u00f3n inicial de la competencia la vincul\u00f3 indefectiblemente a la causa, impidi\u00e9ndole ahora motu proprio repudiarla, comoquiera que no est\u00e1n en discusi\u00f3n los fueros subjetivo y funcional, y que dicha decisi\u00f3n ni siquiera fue objeto de opugnaci\u00f3n por la enjuiciada. <\/p>\n
Dicho de otra manera, lo dilucidado se traduce en que la aptitud legal adoptada por la sede judicial donde fue presentada la queja constitucional, es inalterable por cuanto esa misma autoridad fue quien valor\u00f3 positivamente el libelo inaugural, y porque brillan por ausentes las excepciones al mandato de inmutabilidad. <\/p>\n
Respecto a la inmodificabilidad de la competencia ha destacado la Sala, <\/p>\n
\u201c(\u2026) el juez no podr\u00e1 variar o modificar la competencia a su libre arbitrio \u2018cuando la pas\u00f3 por alto en la oportunidad que le confiere la ley procesal, esto es, al calificar la idoneidad del escrito introductor\u2026\u2019 de suerte que \u2018si por alguna circunstancia la manifestaci\u00f3n del demandante resultare inconsistente, es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para tal efecto\u2019\u201d9. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, habi\u00e9ndose provisto la admisi\u00f3n de la demanda y dispuesto la notificaci\u00f3n de los interesados en el pleito, no cab\u00eda desprenderse de su conocimiento, pues, se reitera, bien afianzado lo tiene la Corte, que <\/p>\n
\u201cUna vez el asunto es asignado a un operador judicial, a \u00e9l le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunci\u00f3n de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los dem\u00e1s de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente\u201d10. <\/p>\n
5. En definitiva, asumido el conocimiento de la aludida acci\u00f3n p\u00fablica, lo atinado era que en su impulso oficioso continuara en la juzgadora de La Virginia, dado que la falta de competencia ni siquiera fue discutida por la compa\u00f1\u00eda atacada, pues se itera, la aceptaci\u00f3n de la atribuci\u00f3n la lig\u00f3 al proceso, de ah\u00ed que repudiarlo, como lo hizo, desatienda el principio de la perpetuatio jurisdictionis; de manera que se le remitir\u00e1 el expediente a fin de que prosiga el tr\u00e1mite que legalmente corresponda, y de ello se pondr\u00e1 al tanto a la otra autoridad judicial concernida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que al Promiscuo del Circuito de La Virginia le corresponde conocer la acci\u00f3n popular promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra el Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra autoridad involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1Cdno. 01. CENTRO NORTE. Exp. digital.C <\/p>\n
2\u0002 Auto 12 de enero de 2021. Cdno 02.2020-00355 ADMITE AP CALI. Radicado Expediente No. 66400-31-89-001-2020-00355-00. <\/p>\n
3\u0002 Cdno 04. 2020-00355 DECLARA NULIDAD, RECHAZA POR COMPETENCIA <\/p>\n
4\u0002 Cdno 07. RECURSO SEBASTI\u00c1N COLORADO. <\/p>\n
5\u0002 Cdno. 08. RESUELVE RECURSO AP. <\/p>\n
6\u0002 Auto 8 de junio del 2021. Cdno. 12. Rechaza por competencia Acc. Popular. <\/p>\n
7\u0002 CSJ AC3261-2018. <\/p>\n
8\u0002 Art\u00edculo 44 de la Ley 472 de 1998. En los procesos por acciones populares se aplicar\u00e1n las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicci\u00f3n que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones. <\/p>\n
9\u0002 CSJ AC 8 Nov. 2011. Rad. 2010-01617-00. Reiterada en CSJ AC 31 enero 2013 Rad. 2012-02927-00. <\/p>\n
10\u0002 CSJ AC1836-2019. <\/p>\n
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