AC2921-2021 (2016-00418-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC2921-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-31-03-002-2016-00418-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala decide si acepta el impedimento manifestado por uno de sus integrantes para intervenir en el recurso de casaci\u00f3n que se sigue dentro del proceso verbal de imposici\u00f3n de servidumbre promovido por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica -ISA- S.A. E.S.P. contra Noris Visbal Simanca y Compa\u00f1\u00eda S. en C. <\/p>\n
1.ANTECEDENTES <\/p>\n
El Magistrado Luis Alonso Rico Puerta expuso que est\u00e1 impedido para seguir participando en este asunto, por encontrarse inmerso en la causal se\u00f1alada en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso (fl. 169). <\/p>\n
Espec\u00edficamente, refiri\u00f3 que el 18 de diciembre de 2020 la parte demandante constituy\u00f3 como apoderado sustituto al abogado Juan Felipe Rend\u00f3n \u00c1lvarez, con quien \u00abmant[iene] una relaci\u00f3n de cercan\u00eda y amistad \u00edntima, forjada a trav\u00e9s de los a\u00f1os\u00bb que podr\u00eda poner en entredicho su imparcialidad. <\/p>\n
2.CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como una manifestaci\u00f3n de los principios de imparcialidad e independencia que caracterizan la labor judicial, el estatuto adjetivo permite que el funcionario encargado de resolver un pleito, ya se trate de juez singular o plural, sea retirado de su conocimiento en caso de que existan circunstancias que los afecten. <\/p>\n
La Corte Constitucional en T319A-2012, al abordar esta tem\u00e1tica, expuso: <\/p>\n
A la luz de esas normas constitucionales y de la jurisprudencia del sistema interamericano que reconoce en las disposiciones sobre independencia judicial un mandato imperativo orientado a la protecci\u00f3n del debido proceso, la Corte ha destacado el papel que cumple el r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones como una de las herramientas jur\u00eddicas id\u00f3neas para asegurar que el juez, al dirigir y resolver el proceso sometido a su consideraci\u00f3n, haga efectivo el principio de igualdad de trato jur\u00eddico que el art\u00edculo 13 consagra a favor de todos los ciudadanos. Todo esto, sobre el supuesto de que \u201cla honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad conf\u00ede en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos\u201d1. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Otro punto destacable de la jurisprudencia sobre la materia es el que vincula los impedimentos y las recusaciones con la efectividad de la imparcialidad judicial en sus dimensiones objetiva y subjetiva, distinci\u00f3n que ha sido estructurada en la perspectiva planteada, de nuevo, por los precedentes del sistema interamericano. <\/p>\n
El aspecto objetivo de la imparcialidad judicial busca que los asuntos conocidos por el juez le sean ajenos, al punto de que no tenga inter\u00e9s alguno en el proceso, ni directo ni indirecto. De lo que se trata es de evitar que el juez haya tenido un contacto anterior con el asunto para que, desde el punto de vista funcional y org\u00e1nico, se excluya cualquier duda razonable sobre su imparcialidad. <\/p>\n
El aspecto subjetivo de la imparcialidad judicial es distinto, pues tiene que ver con la convicci\u00f3n personal que puede tener el juez frente a un caso concreto. La Corte ha definido tal dimensi\u00f3n de la imparcialidad judicial haciendo referencia a \u201cla probidad y la independencia del juez, de manera que \u00e9ste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto\u201d2 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Otro tema abordado por la Corte es el que concierne a las situaciones que configuran las causales de impedimentos y recusaciones aplicables en las diferentes jurisdicciones. La corporaci\u00f3n ha explicado que las mismas pueden darse por cuestiones de inter\u00e9s directo o indirecto, material, intelectual o moral, razones econ\u00f3micas, de afecto, de animadversi\u00f3n o amor propio3. <\/p>\n
Pero eso no implica que puedan alegarse ante cualquier circunstancia que, subjetivamente, conduzca a sospechar de la parcialidad del juez. La jurisprudencia ha reiterado que las mismas no operan en un \u00e1mbito indefinido, sino, por el contrario, en uno estrictamente delimitado por las causales que consagra el r\u00e9gimen procesal vigente para cada disciplina jur\u00eddica de forma taxativa. <\/p>\n
En ese sentido, la sentencia C-881 de 2011 insisti\u00f3, recientemente, en el car\u00e1cter excepcional de los impedimentos, y sobre c\u00f3mo, para evitar que se conviertan en una v\u00eda para limitar de forma excesiva el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u201cla jurisprudencia coincidente y consolidada de los \u00f3rganos de cierre de cada jurisdicci\u00f3n ha determinado que los impedimentos tienen un car\u00e1cter taxativo y que su interpretaci\u00f3n debe efectuarse de forma restringida\u201d. <\/p>\n
Lo anterior supone que, al verificar si est\u00e1 incurso en una causal de impedimento, el juez deber\u00e1 atenerse a lo previsto, sobre el particular, en las normas procesales aplicables para el caso sometido a su consideraci\u00f3n, pues, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, se entiende que en cuesti\u00f3n de impedimentos y recusaciones, no hay espacio para las remisiones normativas ni para las interpretaciones anal\u00f3gicas (Subraya intencional). <\/p>\n
2.- Entre las causales de recusaci\u00f3n y, por extensi\u00f3n de impedimento, el numeral 9 del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso contempla la de \u00ab[e]xistir enemistad grave o amistad \u00edntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado\u00bb, en lo que no vari\u00f3 sustancialmente lo previsto con anterioridad en el mismo numeral del art\u00edculo 150 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En el auto por el cual expone el motivo de impedimento, el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta afirma que entre \u00e9l y el togado Juan Felipe Rend\u00f3n \u00c1lvarez, quien fue constituido como apoderado sustituto de la parte demandante, existe una \u00abamistad \u00edntima\u00bb, situaci\u00f3n f\u00e1ctica que se enmarca en la abstracta contemplada por el legislador en la norma transcrita. <\/p>\n
En casos semejantes, la Sala ha dicho que <\/p>\n
La situaci\u00f3n expuesta claramente coincide con la formulaci\u00f3n legal del motivo de separaci\u00f3n que invoca, lo que le impide participar en la discusi\u00f3n y decisi\u00f3n del asunto sometido al conocimiento de la Corporaci\u00f3n, pues no puede desconocerse que la cercan\u00eda, afecto y trato fraternal que se\u00f1ala tener el Magistrado con el apoderado de la parte recurrente, quien present\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, pueda llegar a afectar la imparcialidad de aqu\u00e9l y por ende, es sana su declaraci\u00f3n de impedimento (AC5368-2019). <\/p>\n
En tal virtud, se aceptar\u00e1 el impedimento planteado, sin que haya lugar a designar conjuez para remplazar al funcionario separado, por cuanto subsiste el qu\u00f3rum requerido, de conformidad con el art\u00edculo 54 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
3.DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Aceptar el impedimento expresado por el Magistrado Luis Alonso Rico Puerta en este proceso y declararlo apartado de su conocimiento. <\/p>\n
Segundo: Continuar con el tr\u00e1mite pertinente. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Sentencia C-365 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Sentencia T-515 de 1992, M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez y Auto 069 de 2003, M.P. \u00c1lvaro Tafur Galvis. <\/p>\n
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