AC2924-2021 (2019-03127-00)<\/p>\n
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AC2924-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-03127-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se estudia la subsanaci\u00f3n de la demanda de revisi\u00f3n presentada por Juan de la Cruz Uribe Echeverri frente al fallo proferido el 24 de abril de 2017 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, complementado el 21 de septiembre de esa anualidad, en el proceso especial de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras que adelant\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Cesar Guajira, en nombre de Ana Oliva Neira Ascanio, juicio en el que el impugnante actu\u00f3 como opositor. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En prove\u00eddo de 22 de febrero de 2021, este Despacho inadmiti\u00f3 el libelo para que el inconforme lo enmendara en los puntos que all\u00ed le se\u00f1al\u00f3 (fl. 207). <\/p>\n
2. Con el prop\u00f3sito de cumplir con lo ordenado, en tiempo, el opugnador alleg\u00f3 el escrito respectivo y copias electr\u00f3nicas de algunos documentos para subsanar su demanda inicial (fs. 227 a 244). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 357 del C\u00f3digo General del Proceso indica los requisitos que debe reunir el escrito de revisi\u00f3n, que se complementan con aquellos que en general debe contener toda demanda, especificados en los c\u00e1nones 82 a 85, 87 y 88 de la misma codificaci\u00f3n, cuyo incumplimiento impone al recurrente la carga de efectuar oportunamente las correcciones necesarias para un nuevo examen de suficiencia, que en caso de resultar insatisfactorio conlleva su rechazo, al tenor de los preceptos 358 y 90 ejusdem, normas todas estas aplicables al caso particular por expresa remisi\u00f3n del canon 92 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Entre las exigencias del referido art\u00edculo 357, en concreto resulta relevante la del numeral 4\u00b0, seg\u00fan el cual es imprescindible \u00abla expresi\u00f3n de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento\u00bb, lo que tiene su raz\u00f3n de ser en que los motivos de inconformidad est\u00e1n consagrados expresamente y tienen unas caracter\u00edsticas que los particularizan, por lo que los supuestos f\u00e1cticos deben estar acordes con ellos y ser determinantes en su configuraci\u00f3n, quedando por fuera conjeturas o especulaciones intrascendentes a manera de alegatos, as\u00ed como el esbozo de inconformidades con lo resuelto, en la medida que el prop\u00f3sito de la v\u00eda extraordinaria no es reabrir el debate sino sanear irregularidades insalvables anteriores de origen externo o, a lo sumo, coet\u00e1neas, al pronunciamiento reprochado. Al respecto en providencia AC3952-2017 se expres\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) la \u201cconcreci\u00f3n\u201d de los supuestos f\u00e1cticos que nutren la \u201ccausal\u201d de revisi\u00f3n se\u00f1alada, exige que los hechos que se exponen se ajusten de manera precisa a los contornos de la causal esgrimida, en los t\u00e9rminos definidos por la ley y explicados por la jurisprudencia. Igualmente, es necesario que pueda entreverse razonablemente que la demostraci\u00f3n de tales eventos har\u00eda fruct\u00edfera la tramitaci\u00f3n propuesta, toda vez que, encontr\u00e1ndose en juego el valor de la seguridad jur\u00eddica derivada de la cosa juzgada con que la ley blinda la sentencia atacada, no se justifica adelantar el recurso sin una apariencia de \u00e9xito surgida de una adecuada formulaci\u00f3n, m\u00e1xime que dado el car\u00e1cter dispositivo y extraordinario del mismo la Corte no podr\u00eda salirse de los l\u00edmites delineados por el opugnante para examinar oficiosamente aspectos que \u00e9ste no propuso claramente (Subrayas ajenas al original). <\/p>\n
Tal postura es reiterada en la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, como consta en el prove\u00eddo AC1206-2014, que si bien se profiri\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a\u00fan conserva vigencia, dado que los principios de este medio de contradicci\u00f3n permanecen inalterables en el C\u00f3digo General del Proceso. En esa oportunidad, se advirti\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) dos de los requisitos b\u00e1sicos de toda pieza promotora de un recurso (\u2026) es (i) la indicaci\u00f3n de la causal de revisi\u00f3n y (i) la exposici\u00f3n de los hechos en los que se basa. Cuando el precepto reclama la expresi\u00f3n de \u00e9stos, no abre la posibilidad para que el interesado suministre los de su conveniencia o los que mejor considere; exige, claro est\u00e1, los precisos fundamentos f\u00e1cticos que converjan en la hip\u00f3tesis factual prevista en la disposici\u00f3n (\u2026) Por ello el legislador de modo perentorio impone que en el escrito inicial se expongan los hechos concretos por cuyo conducto se explique c\u00f3mo, cu\u00e1ndo o de qu\u00e9 manera tuvo suceso el motivo invocado; al fin de cuentas son esas circunstancias las que deber\u00e1 probar el accionante y en las que el juez habr\u00e1 de apoyarse para determinar si el supuesto inmerso en la causal se realiz\u00f3 o no. (Se destaca). <\/p>\n
Y con antelaci\u00f3n, en el auto AC 27 ago. 2012, rad. 2012-01285-00, ya se anunciaba que, <\/p>\n
Dada su naturaleza extraordinaria y la taxatividad de motivos que son su fuente, la revisi\u00f3n no constituye una nueva instancia para debatir la manera como en la sentencia censurada se apreciaron las pruebas o se interpretaron y aplicaron las normas, de tal forma que desde un comienzo el escrito de formulaci\u00f3n y los que lo complementen deben perfilar adecuadamente el ataque con claro sustento en las causales establecidas en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y expresi\u00f3n \u201c\u2026de los hechos concretos que le sirven de fundamento\u201d (numeral 4, art\u00edculo 382 \u00eddem). (Subrayas ajenas al original). <\/p>\n
2. Ahora bien, en lo que ata\u00f1e a la primera de las causales de revisi\u00f3n aqu\u00ed incoadas, esto es, la prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 355 procesal, consistente en \u00abhaberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en raz\u00f3n de ellas\u00bb, ya ha dicho la Corte que la misma se consolida justamente cuando el sustento determinante del fallo objeto del recurso radica en una \u00abdeclaraci\u00f3n de \u00edndole testimonial, sea esta \u00fanica o m\u00faltiple\u00bb, cuyo autor o autores con posterioridad resultan condenados por la justicia penal por haber faltado a la verdad en ese proceso, en otras palabras, \u00abpor la fals\u00eda de lo declarado por los agentes de la conducta punible en el proceso civil donde esas versiones prestaron base a la sentencia atacada en revisi\u00f3n\u00bb (CSJ S147-2003, rad. 11001-02-03-000-2002-00039-01). <\/p>\n
Con esa perspectiva, esta Sede le exigi\u00f3 al recurrente, como requisito formal de su demanda, la exposici\u00f3n de la causa f\u00e1ctica que serv\u00eda de fundamento a su reclamo, en especial, la concreci\u00f3n y acreditaci\u00f3n de la \u00abiniciaci\u00f3n del proceso penal por el il\u00edcito que aqu\u00ed importa\u00bb (fl. 207); no obstante, revisado el escrito de subsanaci\u00f3n, se observa que el interesado no acat\u00f3 tales exigencias, pues se limit\u00f3 a indicar que el 4 de diciembre de 2017 present\u00f3 denuncia penal en contra de Ana Oliva Neira Ascanio, por los punibles de \u00abfalso testimonio y fraude procesal\u00bb, con radicado SPOA n\u00b0 110016099046201800009 y que \u00abse encuentra actualmente en la etapa de indagaci\u00f3n\u00bb, seg\u00fan la constancia expedida el 26 de febrero de 2021 por la Fiscal\u00eda Cuarta Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de esta ciudad (fs. 231 C. Revisi\u00f3n y 2 a 15 Archivo Digital). <\/p>\n
En este punto, vale la pena destacar que el legislador tuvo a bien no supeditar la oportunidad para formular este recurso extraordinario a la existencia de una sentencia definitiva en el proceso punitivo y por ello dispuso en el inciso final del art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso que si aquel no hubiere terminado se suspender\u00eda la sentencia de revisi\u00f3n hasta cuando se produjera la ejecutoria del fallo penal y se presentara la copia respectiva, suspensi\u00f3n que en cualquier caso no podr\u00eda exceder de dos (2) a\u00f1os. <\/p>\n
Y aunque es evidente que esa prerrogativa propende por no hacer nugatoria la posibilidad de acudir a este mecanismo de contradicci\u00f3n por el advenimiento de un t\u00e9rmino de caducidad mientras se est\u00e1 a la espera del fallo penal, ello no significa que sea suficiente la simple presentaci\u00f3n de una denuncia por \u00abfalso testimonio\u00bb para dar v\u00eda libre a los supuestos de esta causal, pues dada la seriedad del fundamento en que \u00e9sta se erige y estando de por medio la fuerza de la cosa juzgada que se pretende socavar a trav\u00e9s de esta senda, existe una carga m\u00ednima que debe asumir el recurrente cuando la alega, concerniente en acreditar que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ya formul\u00f3 la respectiva \u00abimputaci\u00f3n f\u00e1ctica\u00bb al investigado, en los t\u00e9rminos del canon 287 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, es decir, \u00abcuando de los elementos materiales probatorios, evidencia f\u00edsica o de la informaci\u00f3n legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o part\u00edcipe del delito que se investiga\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, en auto AC5113-2017, reiterado en AC5499-2018, entre otros, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que esa prerrogativa se explica, <\/p>\n
(\u2026) porque atendiendo que el plazo para incoar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, cuando se invoque dicha causal ser\u00e1 de dos (2) a\u00f1os, contados desde la ejecutoria de la sentencia impugnada, previendo que, eventualmente, dentro del mentado t\u00e9rmino no se hubiera proferido el fallo penal condenatorio correspondiente o que por causa de los recursos que contra el mismo pueden proceder \u00e9ste no hubiera cobrado ejecutoria, para evitar que por tal raz\u00f3n se pueda hacer nugatorio el derecho a formular el recurso extraordinario, el legislador permite que se radique la demanda y autoriza para que \u201cse suspenda la sentencia de revisi\u00f3n hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal y se presente la copia respectiva\u00bb, suspensi\u00f3n que en todo caso no podr\u00e1 exceder de dos (2) a\u00f1os. <\/p>\n
Empero, del contenido de la misma normativa emerge, que para evitar que dicha causal se convierta en una causa que atente contra la cosa juzgada de manera injustificada, convirti\u00e9ndose en una maniobra dilatoria de los interesados, es enf\u00e1tica al referir a la existencia de un PROCESO penal, de suerte que no basta la mera presentaci\u00f3n de una denuncia penal para abrir paso al mentado tr\u00e1mite. <\/p>\n
Y, resulta irrefutable que, no existe PROCESO penal por el s\u00f3lo hecho de la presentaci\u00f3n de una denuncia de ese tipo, puesto que para ello se hace necesario que el sujeto imputado haya sido vinculado formalmente a la investigaci\u00f3n mediante la correspondiente \u00abformulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n\u00bb, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 el art\u00edculo 126 de la Ley 906 de 2004, pues entre tanto, \u00fanicamente se puede pregonar la existencia de indagaciones preliminares sin repercusi\u00f3n jur\u00eddica concreta. (Subrayas ajenas al original). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es dable afirmar que no se colman los supuestos normativos que le abren paso al recurso extraordinario de revisi\u00f3n con fundamento en la causal analizada, por la ausencia de pruebas que den cuenta de la condena penal o, en su defecto, de la imputaci\u00f3n por falso testimonio que se le atribuye a la promotora del proceso especial de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En suma, al no quedar debidamente esbozados los \u00abhechos concretos que le sirven de fundamento\u00bb al motivo de revisi\u00f3n analizado, resulta insatisfactoria la correcci\u00f3n y as\u00ed se declarar\u00e1, con sus condignas secuelas. <\/p>\n
3. De otra parte, el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso fija en su numeral sexto, como una de las razones de revisi\u00f3n la consistente en \u00abhaber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente\u00bb, que, conforme a su esencia, propende por enmendar acciones malintencionadas de los litigantes contrarias a los principios de lealtad y buena fe, encaminadas a desviar la averiguaci\u00f3n de la verdad material que debe orientar la definici\u00f3n del caso o a inducir a error al sentenciador, en detrimento del derecho, de la justicia y de los intereses del oponente procesal o de terceros. <\/p>\n
Respecto a la interpretaci\u00f3n de ese precepto, en sentencia SC4584-2014, la Corte expuso, <\/p>\n
Sobre las \u2018maniobras fraudulentas\u2019 cumple memorar que la Corporaci\u00f3n, de anta\u00f1o, ha dicho que deben involucrar un comportamiento o \u2018una actividad enga\u00f1osa que conduzca al fraude, una actuaci\u00f3n torticera, una maquinaci\u00f3n capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformaci\u00f3n artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultaci\u00f3n de los mismos por medios il\u00edcitos; es en s\u00edntesis, un artificio ingeniado y llevado a la pr\u00e1ctica con el prop\u00f3sito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia\u2019 (Providencias de 30 de junio de 1988 y 11 de septiembre de 1990, entre otras, G. J., T. CCIV, p\u00e1gina 45). <\/p>\n
Por consiguiente, con miras a establecer, ciertamente, un proceder caracterizado por tales vicios, implica evidenciar \u2018(\u2026) una conducta fraudulenta, unilateral o colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho, que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fen\u00f3meno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intenci\u00f3n de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin\u2019 (Sentencia 243 de 7 de diciembre de 2000. Expediente 007643). <\/p>\n
As\u00ed, seg\u00fan se indic\u00f3 en la providencia SC 30 oct. 2007, rad. 2005-00791-00, reiterada en las decisiones SC 20 feb. 2012, rad. 2007-00190 y SC4012-2019, la procedencia de la dicha causal est\u00e1 supeditada al concurso simult\u00e1neo de los siguientes factores: a) que exista colusi\u00f3n de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con entidad suficiente para determinar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales circunstancias no hayan podido alegarse en el proceso. <\/p>\n
De esta forma, por v\u00eda de inadmisi\u00f3n de la demanda, se le pidi\u00f3 al recurrente, respecto de la invocada causal sexta del art\u00edculo 355 ib\u00eddem, precisar cu\u00e1les eran estrictamente las conductas constitutivas de colusi\u00f3n o maniobras fraudulentas atribuidas al demandante en el proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras, as\u00ed como las razones serias y fundadas de tales aseveraciones. <\/p>\n
Frente a ese imperativo, el gestor aduj\u00f3 que pese a la enajenaci\u00f3n \u00ablibre y voluntaria\u00bb del predio \u201cLa Florida\u201d a los se\u00f1ores Edinael de Jes\u00fas P\u00e1ez Amaya y Edilberto Gamboa \u00absin que mediara ning\u00fan tipo de presi\u00f3n indebida para la realizaci\u00f3n del negocio\u00bb, catorce a\u00f1os despu\u00e9s, la vendedora Ana Oliva Neira Ascanio acudi\u00f3 ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y \u00abfalt\u00f3 a la verdad al aducir tener la condici\u00f3n de desplazada del predio La Florida, induciendo a error a la autoridad administrativa y judicial\u00bb sobre \u00ablas razones que motivaron [esa] venta\u00bb; \u00abfalsa declaraci\u00f3n (\u2026) en el tr\u00e1mite del proceso de restituci\u00f3n de tierras [que] constituye una maniobra fraudulenta desplegada con el fin de obtener una sentencia favorable a trav\u00e9s de la cual se ordenara la restituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la reclamante no s\u00f3lo aleg\u00f3 esa \u00abcalidad de v\u00edctima despojada\u00bb en relaci\u00f3n con ese predio, adem\u00e1s habr\u00eda \u00abinvocado la calidad de opositora en otro proceso de restituci\u00f3n de tierras identificado con radicado No. 2015-00048 sobre el inmueble denominado \u201cLa Esperanza\u201d\u00bb, como lo reflejaban los informes obrantes en el proceso, rendidos por el \u00abJuzgado Instructor\u00bb, en los que llamaba la atenci\u00f3n sobre la \u00abposesi\u00f3n y propiedad concomitante\u00bb de la solicitante respecto de \u00abambos bienes\u00bb, circunstancia esta que sumada a las determinaciones \u00abpos fallo\u00bb adoptadas en esa actuaci\u00f3n el 4 de diciembre de 2018, en palabras del recurrente, dan cuenta de \u00abla vinculaci\u00f3n de la Solicitante con al menos cinco predios diferentes objeto de procesos de restituci\u00f3n de tierras; dos respecto de los cuales ha aducido tener dos calidades diferentes, la de v\u00edctima y la de opositora\u00bb, de suerte que si llega a \u00abexistir coincidencia cronol\u00f3gica en la posesi\u00f3n de los cinco inmuebles, es claro que la Solicitante indujo a error a la autoridad administrativa y judicial con el fin de obtener un pronunciamiento favorable, lo que constituye una clara maniobra fraudulenta que legitima el ejercicio del presente recurso de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, el memorialista destac\u00f3 las aparentes imprecisiones de la \u00abdeclaraci\u00f3n rendida por la solicitante en el proceso de restituci\u00f3n de tierras\u00bb, en la que \u00abdeliberadamente dio a entender al Tribunal que la venta de la Florida y su consecuente despojo del predio fue resultado de la muerte del se\u00f1or Celiar Torrado y de las amenazas que al parecer sufri\u00f3 con posterioridad a dicho acontecimiento por intermedio del mayordomo de la finca\u00bb, versi\u00f3n que tild\u00f3 de \u00abincompleta y contraria a la verdad\u00bb, pues \u00abaun cuando hubiese podido ser v\u00edctima de amenazas, los fen\u00f3menos de violencia que se pudieron presentar en el municipio de Curuman\u00ed no tienen relaci\u00f3n directa con el negocio jur\u00eddico celebrado, por lo que no puede predicarse la ausencia de consentimiento de la Solicitante\u00bb. <\/p>\n
Al respecto recalc\u00f3 que \u00abel testimonio rendido por la Solicitante se contradice abiertamente con las declaraciones de los dem\u00e1s testigos\u00bb, en particular, la versi\u00f3n del comprador Edinael de Jes\u00fas P\u00e1ez Amaya que narr\u00f3 su relaci\u00f3n de \u00abamistad\u00bb con la vendedora, los pormenores de dicha negociaci\u00f3n y de la entrega del fundo, que en apariencia \u00abse realiz\u00f3 a instancias de la Solicitante\u00bb con el fin de \u00abpagar una deuda que ten\u00eda con el Banco Ganadero\u00bb; hechos tambi\u00e9n reiterados por los testigos Luis Antonio Garc\u00eda Garc\u00eda y Alfer Manzano Garc\u00eda, quienes aseguraron que en la regi\u00f3n donde se encontraba ubicado el predio \u00abno hubo desplazamientos\u00bb ni \u00abamenazas por parte de grupos al margen de la ley\u00bb, como aparentemente lo reconoci\u00f3 la misma reclamante, quien, -seg\u00fan refiere el recurrente-, tambi\u00e9n minti\u00f3 sobre su relaci\u00f3n sentimental con el fallecido Celiar Torrado, acorde con las declaraciones de Llomar Manzano Garc\u00eda y Elvia Mar\u00eda Torrado. <\/p>\n
Finalmente, subray\u00f3 el contenido de los informes rendidos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar en el tr\u00e1mite de la tutela que decidi\u00f3 esta Corporaci\u00f3n (Exp. n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00394-00), donde se precis\u00f3 que \u00abde acuerdo a las pruebas practicadas como instructor, [Ana Oliva Ascanio Neira] confes\u00f3 en su interrogatorio rendido el 15 de septiembre de 2015 (\u2026) que el motivo de la venta no obedeci\u00f3 a amenazas o violencia a manos de grupos al margen de la ley, sino (\u2026) a una deuda que ten\u00eda con el Banco Ganadero\u00bb, que con posterioridad a la cuestionada venta adquiri\u00f3 un \u00abpr\u00e9stamo\u00bb y constituy\u00f3 una nueva \u00abhipoteca abierta\u00bb y que \u00abla se\u00f1ora Ana Oliva, al momento de la muerte del se\u00f1or Celiar Torrado, no era su compa\u00f1ero permanente, incluso (\u2026) ten\u00eda otra (sic) al momento de las venta\u00bb, lo que desvirtuaba \u00abla causa del desplazamiento y (sic) hecho de violencia espec\u00edfico (sic) la muerte del se\u00f1or Torrado\u00bb consignado en la demanda de restituci\u00f3n y generaba \u00abserias dudas por no decir certeza de la no calidad de v\u00edctima de la se\u00f1ora Ana Oliva\u00bb, a\u00fan m\u00e1s si se ten\u00eda en cuenta que en \u00abotro proceso identificado con radicado 2016-00048 (\u2026) la solicitante fung\u00eda como opositora (\u2026) habiendo coincidencia cronol\u00f3gica, esto es, para el momento de los hechos en que se dice que fue v\u00edctima (\u2026) tambi\u00e9n era al mismo tiempo o fecha (\u2026) opositora, lo cual desdibuja su calidad de v\u00edctima\u00bb (fs. 232 a 236 C. Revisi\u00f3n). <\/p>\n
Revisado ese sustrato f\u00e1ctico que soporta el segundo motivo de revisi\u00f3n incoado, emerge con nitidez que las conductas endilgadas a la reclamante de tierras, en t\u00e9rminos generales, reflejan cuestionamientos frente a la probidad de sus declaraciones ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales que conocieron ese litigio, as\u00ed como la aparente discordancia con la versi\u00f3n de los testigos all\u00ed convocados y algunas documentales recaudadas, circunstancias todos estas propias del proceso de restituci\u00f3n en comento que, por lo mismo, estaban llamadas a ser planteadas, controvertidas y demostradas en las fases ordinarias de ese juicio que vincul\u00f3 como \u00abopositor\u00bb a Juan de la Cruz Uribe Echeverri y donde se debat\u00eda precisamente la pertinencia o no de los pedimentos que por conducto de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Tierras Despojadas formul\u00f3 la se\u00f1ora Ana Oliva Neira Ascanio. <\/p>\n
En ese contexto, no resulta admisible habilitar esta senda extraordinaria con la excusa de hipot\u00e9ticas maniobras \u00abfraudulentas\u00bb o \u00abcolusivas\u00bb, para solventar discrepancias frente a temas de interpretaci\u00f3n legal o apreciaci\u00f3n probatoria originadas al interior de la actuaci\u00f3n que el hoy recurrente no comparte, pues como lo destac\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en la providencia SC 20 feb. 2012, rad. 2007-00190-00, <\/p>\n
En relaci\u00f3n con este motivo de impugnaci\u00f3n, la jurisprudencia de la Sala ha precisado \u201cque las maniobras fraudulentas a que se refiere la norma deben corresponder a situaciones o hechos externos al proceso, no conocidos por el juez y producidos por fuera de aqu\u00e9l, \u2018toda vez que si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas all\u00ed, la revisi\u00f3n no es procedente por la sencilla raz\u00f3n de que aceptar lo contrario ser\u00eda tanto como permitir, con grave da\u00f1o para la seguridad jur\u00eddica, la reiteraci\u00f3n del litigio por una v\u00eda lateral inadmisible\u2019. Por eso, la jurisprudencia se ha manifestado expresando de manera terminante que \u2018\u2026la existencia de maniobras fraudulentas como causal de revisi\u00f3n (…) si con ellas se caus\u00f3 perjuicio al recurrente, no autoriza en manera alguna a replantear el debate probatorio propio de las instancias, sino que tiene por finalidad reprimir la conducta de las partes cuando resulte atentatoria de los principios de lealtad, probidad y buena fe que han de presidir su actuaci\u00f3n en el proceso. (Subrayas fuera del texto \u2013 Reiterada en CSJ SC 5208-2017, SC22055-2017, entre otras). <\/p>\n
En suma, atendiendo la naturaleza de la causal alegada, se extra\u00f1a el requisito se\u00f1alado por la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan el cual es necesario que las conductas constitutivas de colusi\u00f3n o calificadas como fraudulentas sobre las que se apuntala no hubieran podido alegarse en el proceso, exigencia cuya omisi\u00f3n pone en evidencia el incumplimiento en este caso del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 357 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los argumentos que esgrime el censor no satisfacen a cabalidad los requerimientos que le abren paso al estudio de su pedimento. <\/p>\n
4. Asimismo, el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 355 procesal fija como motivo de revisi\u00f3n la existencia de \u00abnulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb, de donde surgen dos aspectos a tener en cuenta para su procedencia: que el juzgador haya incurrido en un vicio de nulidad al momento mismo de pronunciar la sentencia, aunado a que no existan medios de contradicci\u00f3n que permitan discutirlo dentro del proceso. <\/p>\n
Asimismo, la raz\u00f3n espec\u00edfica de nulidad que puede alegarse por esta v\u00eda, exige que no tenga su g\u00e9nesis en el devenir litigioso sino que emerja del mismo fallo, con la salvedad que, a tono con en el numeral 7\u00ba del citado canon 355, la indebida representaci\u00f3n, la falta de notificaci\u00f3n o el emplazamiento inadecuado constituyen causal aut\u00f3noma. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte en providencia SC 8 abr. 2011, rad. 2009-00125-00, reiterada, entre otras, en SC12559-2014 y SC12377-2014, respecto de las caracter\u00edsticas de la causal en comento, antes prevista en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se\u00f1al\u00f3 que \u00e9sta, <\/p>\n
(\u2026) gravita en torno de la protecci\u00f3n del debido proceso y del derecho a ser o\u00eddo y vencido en juicio con la plenitud de las formas procesales (art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), sobre la base, en primer t\u00e9rmino, de que se incurra en una irregularidad estructurante de nulidad al proferirse la sentencia que puso fin al proceso; y en segundo lugar, de que dicha decisi\u00f3n no sea susceptible de recurso alguno. <\/p>\n
En cuanto al primero de los presupuestos se\u00f1alados, por ser el que puede generar alg\u00fan debate, debe recordarse que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -adem\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades- se hayan configurado precisamente en la sentencia acusada y no antes, es decir, \u201cno se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta suspendido el proceso. Lo cual es apenas l\u00f3gico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando \u00e9stas conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisi\u00f3n\u201d (CLVIII, 134). <\/p>\n
En concordancia con lo anterior, en fecha reciente la Sala explicit\u00f3 los motivos que, en l\u00ednea de principio, pueden dar lugar a la nulidad originada en la sentencia, mencionando los siguientes: \u201ca.-) cuando se dicta en un proceso terminado por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n, hoy parcialmente sustituida por el llamado \u2018desistimiento t\u00e1cito\u2019, regulado por la Ley 1194 de 2008; b.-) se adelanta estando el litigio suspendido; c.-) se condena a una persona que no tiene la calidad de parte; d.-) si por la v\u00eda de la aclaraci\u00f3n se reforma la misma; e.) se dicta por un n\u00famero de magistrados menor al establecido por el ordenamiento jur\u00eddico; f.-) se resuelve sin haber abierto a pruebas el pleito; g.-) se desata sin correr traslado para que los litigantes aleguen en los eventos que as\u00ed lo dispongan las normas procesales y h.-) la que tiene \u2018deficiencias graves de motivaci\u00f3n\u2019\u2026\u201d (Sentencia de 1\u00ba de junio de 2010, Exp. 2008-00825-00). -Subraya intencional-. <\/p>\n
En esta oportunidad, entre los requisitos consignados en el auto inadmisorio, se le pidi\u00f3 al recurrente que precisara, en relaci\u00f3n con esta espec\u00edfica causal, cu\u00e1les eran los motivos concretos de invalidaci\u00f3n de la sentencia, en orden a lo cual se le exhort\u00f3 que tomara en consideraci\u00f3n el principio de taxatividad que rige en materia de nulidades procesales y, de estimarlo pertinente, la doctrina jurisprudencial aplicable al caso. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a ese requerimiento, el promotor concret\u00f3 su reclamo e indic\u00f3 que la invalidez de la sentencia obedec\u00eda a la \u00abvulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso (\u2026) en atenci\u00f3n a que el Tribunal err\u00f3 de modo ostensible en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio, reconociendo a la Solicitante como v\u00edctima de despojo, sin serlo, y negando la calidad de tercero con buena fe exenta de culpa al se\u00f1or Juan de la Cruz Uribe Echeverri\u00bb (fl. 236 C. Revisi\u00f3n). <\/p>\n
Al respecto insisti\u00f3 que el juez colegiado expidi\u00f3 \u00abuna sentencia carente de sustento probatorio, inclusive, contraria a las pruebas recaudadas a lo largo del proceso\u00bb, en la que \u00abotorg\u00f3 m\u00e9rito probatorio \u00fanicamente a aquellos testimonios que favorec\u00edan la reclamaci\u00f3n de la Solicitante, negando considerar aquellos que daban cuenta de las inconsistencias y contradicciones en su relato\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, asegur\u00f3 que el juzgador violent\u00f3 la referida prerrogativa, entre otras razones, \u00abpor considerar que la Solicitante hab\u00eda sido despojada del predio La Florida, cuando las pruebas se\u00f1alan con claridad que no hubo tal despojo\u00bb; desconocer que \u00abde las pruebas practicadas se desprende que la venta de la finca La Florida fue realizada por la Solicitante en forma voluntaria y libre, no habiendo nexo de causalidad entre el conflicto armado existente en la zona (\u2026) y la compraventa que (\u2026) celebr\u00f3 (\u2026) en el a\u00f1o 1999, as\u00ed como las ventas subsiguientes\u00bb; que fue ella misma quien \u00abentabl\u00f3 conversaciones con el se\u00f1or Edinael de Jes\u00fas P\u00e1ez Amaya con el fin de ofrecerle en venta el predio\u00bb; que la verdadera raz\u00f3n de esa negociaci\u00f3n \u00abno fue la muerte del se\u00f1or Celiar Torrado ni la existencia de amenazas en su contra, sino la existencia de una deuda con el Banco Ganadero que se encontraba garantizada con una hipoteca abierta\u00bb; en suma, que \u00abel negocio jur\u00eddico celebrado (\u2026) se trat\u00f3 de una compraventa l\u00edcita, a precio justo, pactada en libertad, sin vicios del consentimiento y que el contexto del conflicto armado que ciertamente afectaba la zona no fue determinante de la negociaci\u00f3n\u00bb, menos a\u00fan, que \u00ablos compradores se hubieren aprovechado de la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico existente en el municipio de Curuman\u00ed para obtener una ventaja indebida de la Solicitante en el contrato de compraventa celebrado\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, luego de citar algunos apartes de un pronunciamiento de esta Corte (SC1681-2019), -posterior al fallo recurrido-, discrep\u00f3 del resultado de la litis, pues estim\u00f3 que \u00abaun cuando pudiere considerarse a la Solicitante como v\u00edctima de desplazamiento forzado (\u2026) esta circunstancia no se [traduc\u00eda] en que la compraventa [estuviera] viciada de nulidad por ausencia de consentimiento\u00bb, ya que \u00abno fue despojada del predio (\u2026), la negociaci\u00f3n y enajenaci\u00f3n del mismo se realizaron de forma libre y voluntaria\u00bb y \u00ablos compradores no ejercieron ning\u00fan tipo de presi\u00f3n (\u2026) ni obtuvieron una ventaja indebida en detrimento de esta\u00bb, todo lo cual le restaba a su contradictora \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para solicitar la \u00abrestituci\u00f3n\u00bb del aludido bien y, en cualquier caso, eran motivos suficientes para que el Tribunal reconociera \u00abla buena fe exenta de culpa de todos los adquirentes que [intervinieron] en la cadena de tradici\u00f3n de La Florida\u00bb y \u00abordenar la consecuente compensaci\u00f3n [a su favor] seg\u00fan lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011\u00bb, m\u00e1xime si se ten\u00eda en cuenta que \u00e9l, como opositor, fue el \u00abquinto comprador\u00bb en esa cadena y \u00abdesconoc\u00eda los hechos de violencia que pudieren haber estado relacionados con la enajenaci\u00f3n de la finca por parte de la Solicitante\u00bb (cfr. fs. 236 a 241 C. Revisi\u00f3n). <\/p>\n
Como puede apreciarse, el memorialista no hizo menci\u00f3n expl\u00edcita a la configuraci\u00f3n de alguna de las causales de nulidad consagradas en el ordenamiento adjetivo que se hubieran presentado espec\u00edficamente en la sentencia que puso fin al proceso especial de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras. Por el contrario, su disertaci\u00f3n ata\u00f1e a aspectos propios del desarrollo de la controversia que enfrent\u00f3 a las partes en ese juicio y, en estricto sentido, a la manera en que se resolvi\u00f3 jur\u00eddicamente el caso, cuestionando, veladamente, el an\u00e1lisis que condujo al fallador colegiado a conceder la restituci\u00f3n instada por la reclamante y desestimar la oposici\u00f3n que all\u00ed promovi\u00f3 el hoy recurrente al amparo de una aparente buena fe como propietario del inmueble \u00abLa Florida\u00bb, que aleg\u00f3 y que se debati\u00f3 en el curso del proceso, seg\u00fan lo evidencia su escrito impugnaticio. <\/p>\n
En tal sentido, no debe perderse de vista que para soportar el motivo de revisi\u00f3n del numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 355 ejusdem, s\u00f3lo resultan id\u00f3neas las espec\u00edficas circunstancias que, -conforme a la regla de taxatividad imperante en materia de nulidades procesales y la jurisprudencia que sobre esta materia ha elaborado la Corte-, son constitutivas de vicios de esa connotaci\u00f3n, pues tal y como lo rese\u00f1\u00f3 la Sala en el prove\u00eddo AC2490-2018, <\/p>\n
La causal 8\u00aa de revisi\u00f3n (nulidad originada en la sentencia), apunta en esencia a la constataci\u00f3n de un vicio in procedendo, en donde no tienen cabida cr\u00edticas probatorias o jur\u00eddico-sustanciales (vicios in judicando), por lo cual la ausencia de motivaci\u00f3n de la sentencia no puede servir de pretexto para ventilar defectos o vicios de juzgamiento, esto es, atinentes al entendimiento y aplicaci\u00f3n de preceptos sustanciales o a la apreciaci\u00f3n del caudal probatorio y su m\u00e9rito persuasivo o legal. <\/p>\n
Dicho de otro modo, arg\u00fcir equivocada apreciaci\u00f3n o falta de valoraci\u00f3n de unas pruebas no son propiamente hechos concretos que sirven de fundamento y apunten a la estructuraci\u00f3n de la invocada nulidad a que se refiere la causal octava de revisi\u00f3n, dado que, como se ha dicho en multitud de oportunidades (\u2026) los defectos o irregularidades constitutivos de estas nulidades son de car\u00e1cter estrictamente procesal. <\/p>\n
Lo mismo acontece cuando, ampar\u00e1ndose en vac\u00edos de argumentaci\u00f3n, lo que en el fondo aduce el impugnante, es en esencia, una discrepancia argumentativa frente a las razones ofrecidas por el Tribunal. <\/p>\n
Ya en pret\u00e9rita oportunidad dijo esta Sala: <\/p>\n
\u201cEl numeral 4\u00ba del art\u00edculo 382 del C. de P. C., establece de manera expresa que el recurso de revisi\u00f3n se interpondr\u00e1 por medio de demanda que, entre otras cosas, deber\u00e1 contener \u201cla expresi\u00f3n de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso concreto, es dable afirmar que la situaci\u00f3n planteada por esta v\u00eda extraordinaria de impugnaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de cuestionar aspectos procedimentales acaecidos en el acto mismo de la sentencia objeto de censura con entidad suficiente para procurar con alg\u00fan grado de \u00e9xito su invalidaci\u00f3n, en realidad da cuenta de reparos de \u00edndole sustancial que atacan la valoraci\u00f3n probatoria y la definici\u00f3n en s\u00ed del litigio. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que soporta el reproche resulta ajena al debate en esta sede, puesto que el recurso por ser de naturaleza extraordinaria est\u00e1 sometido al principio de taxatividad de los motivos que pueden socavar la firmeza de las sentencias y no constituye una nueva instancia para debatir temas de apreciaci\u00f3n probatoria o hermen\u00e9utica jur\u00eddica, lo que le impone al inconforme un riguroso deber de formular su demanda perfilando el ataque elegido con un puntual sustento en alguna de las causales establecidas en el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, que la determinen como viable. <\/p>\n
5. En consecuencia, por resultar insatisfactoria la correcci\u00f3n del libelo, se rechazar\u00e1 de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Rechazar la demanda de revisi\u00f3n formulada por Juan de la Cruz Uribe Echeverri contra la sentencia proferida el 24 de abril de 2017, complementada el 21 de septiembre de esa anualidad, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devolver los anexos, sin necesidad de desglose. <\/p>\n
Tercero: Archivar las actuaciones. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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AC2924-2021 (2019-03127-00) AC2924-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-03127-00 Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se estudia la subsanaci\u00f3n de la demanda de revisi\u00f3n presentada por Juan de la Cruz Uribe Echeverri frente al fallo proferido el 24 de abril de 2017 por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55173","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55173","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55173"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55173\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55173"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}