AC2961-2021 (2021-02306-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2961-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02306-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por RAFAEL ANTONIO GARC\u00cdA ZARATE, para obtener el exequ\u00e1tur de la sentencia proferida el 23 de agosto de 2006, por la Divisi\u00f3n de Familia del Circuito de la D\u00e9cimo Tercera Corte Judicial de Tampa, Condado de Hillsborough, Florida, Estados Unidos de Am\u00e9rica, que decret\u00f3 el divorcio entre aquel y ALBA DUFAY RIVERA CASTILLO. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El numeral segundo del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso indica que deber\u00e1 rechazarse la petici\u00f3n de homologaci\u00f3n \u201csi faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del art\u00edculo precedente\u201d y, a su turno, los numerales segundo y tercero del canon 606 ib\u00eddem, establecen como condici\u00f3n para que la providencia surta efectos en este territorio, que \u201c\u2026no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u201d; y, \u201cse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u201d. <\/p>\n
2. En el presente asunto, no se acreditaron esas exigencias, toda vez que: <\/p>\n
2.1 Revisada la referida resoluci\u00f3n judicial, se encuentra que el fundamento de la decisi\u00f3n extranjera expuso que \u201cel matrimonio est\u00e1 irreparablemente disuelto (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
De ah\u00ed se desprende que, en la providencia cuya extensi\u00f3n de efectos se persigue, el juez for\u00e1neo decidi\u00f3 sobre una causal de divorcio no contemplada en el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil; lo que hace improcedente darle curso a la solicitud, debido a que, al homologarse dicha sentencia, se estar\u00eda transgrediendo el orden p\u00fablico colombiano como bien lo ha dicho la Sala en casos similares2, <\/p>\n
En virtud de los pronunciamientos de los juristas for\u00e1neos referenciados, de entrada, permite pensar que la reciprocidad legislativa se encuentra acreditada, sin embargo, la causal de divorcio expresada, que se refiere al \u00abmatrimonio [\u2026] irremediablemente roto\u00bb, vista tanto en la sentencia del Tribunal for\u00e1neo, como en la demanda presentada por la se\u00f1ora Mar\u00eda del Pilar Lozano contra el aqu\u00ed accionante, no permite bajo la legislaci\u00f3n colombiana que dicha providencia pueda ser objeto de exequatur, toda vez que, de homologarse, se estar\u00eda vulnerando el orden p\u00fablico colombiano, pues la raz\u00f3n sustentada no encuentra asidero en ninguna medida con las causales de divorcio del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil patrio. (CSJ. AC 6872 de 19 de octubre de 2017). <\/p>\n
2.2. Aunado a lo anterior, se advierte que el solicitante no alleg\u00f3 prueba de la ejecutoria de la sentencia extranjera, en consideraci\u00f3n a que ning\u00fan documento de los aportados con el libelo genitor da cuenta de su firmeza; raz\u00f3n por la cual, no se puede corroborar que ella a\u00fan pueda o no ser susceptible de recurrirse judicialmente. <\/p>\n
En efecto, en la parte final del veredicto se aduce que el mismo fue \u201cEXPEDIDO Y ORDENADO en la Corte de Tampa, Condado de Hillsborough, Florida, el 23 de Agosto de 2006\u201d 3; sin embargo, en ninguna parte se da cuenta de que el presente proceso se encuentra debidamente ejecutoriado, y que, por lo tanto, no le cabe ning\u00fan recurso que pueda modificar la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, necesario es concluir que el legajo que se alleg\u00f3 no demuestra el requisito comentado, por no dar cuenta de la firmeza de la providencia de la que se pretende su homologaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, se hace necesario recordar que la exigencia de la ejecutoria se satisface con la presencia en el expediente de constancia expedida por autoridad competente que d\u00e9 cuenta, con plena certeza, que la providencia a homologar est\u00e1 en firme, lo cual es indispensable para establecer que lo all\u00ed decidido ya no cambiar\u00e1, bien porque no se interpuso o no se puede formular alg\u00fan mecanismo de impugnaci\u00f3n, o porque precluy\u00f3 la oportunidad para presentar los procedentes, o cualquier otro instrumento legal para controvertir lo decidido. <\/p>\n
Al respecto, cabe mencionar que la Sala tiene por sentado en los casos en los que no se aporta dicha prueba, que la decisi\u00f3n subsiguiente es el rechazo de plano de la solicitud, <\/p>\n
\u201c(\u2026) No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la reclamante no aport\u00f3 la decisi\u00f3n judicial objeto del exequ\u00e1tur (\u2026) con la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen. (\u2026) Como tampoco se anex\u00f3 la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme. (\u2026) Por las razones precedentes, y ante la falta del primer requisito para que se pueda homologar un fallo extranjero en este pa\u00eds, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d4. <\/p>\n
Al margen de la anotada deficiencia, suficiente para rechazar el libelo de homologaci\u00f3n, si en gracia de discusi\u00f3n alg\u00fan m\u00e9rito demostrativo pudiera darse a la anotaci\u00f3n enunciada, esta tampoco servir\u00eda para establecer o deducir la firmeza del pronunciamiento extranjero, toda vez que en ella no se indica que la decisi\u00f3n ya no es susceptible de impugnaci\u00f3n, como lo impone la firmeza para tener certeza de que la decisi\u00f3n es definitiva. <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, el documento de traducci\u00f3n de la sentencia de la que se pretende el exequ\u00e1tur y sus anexos, no se aportaron seg\u00fan el requisito de ley, puesto que la traducci\u00f3n de los mismos, la debe efectuar, bien sea el Ministerio de Relaciones Exteriores o un experto designado por el juez, y a falta de estos, la ley faculta a la solicitante para que acuda a un int\u00e9rprete oficial, entendi\u00e9ndose por este, no cualquier profesional entrenado o capacitado en la lengua for\u00e1nea, sino aqu\u00e9l que en Colombia est\u00e9 licenciado por el Ministerio de Justicia o haya aprobado los ex\u00e1menes previstos por una universidad con facultad de idiomas autorizada por el ICFES; por lo tanto, quien no cumpla con dichos requisitos, no puede ser tenido en cuenta como traductor o int\u00e9rprete oficial, y de contera, la traducci\u00f3n que se aporte, por \u00e9l confeccionada, tampoco alcanzar\u00e1 ning\u00fan m\u00e9rito probatorio, a tenor de lo consagrado en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De ah\u00ed que, la traducci\u00f3n de la sentencia extranjera fue realizada por Jos\u00e9 Eduardo Barreto, quien ostenta tal condici\u00f3n en los Estados Unidos de Am\u00e9rica y no en este pa\u00eds, por lo que el documento aportado no puede ser tenido en cuenta como prueba, al no cumplir con los requisitos exigidos por el legislador5. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, en el libelo genitor se omitieron algunos de los requisitos formales, que por lo menos dar\u00edan lugar a la inadmisi\u00f3n del escrito inicial. Ellos son, a saber: <\/p>\n
4.1 No se indic\u00f3 en el escrito incial el n\u00famero de identificaci\u00f3n de la convocada, as\u00ed como su domiclio. <\/p>\n
4.2 La totalidad documentos p\u00fablicos obrantes en el expediente digital no fueron apostillados, ni debidamente autenticados por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica de Colombia en dicho pa\u00eds6, esto es, no se presentaron en \u201ccopia debidamente legalizada\u201d, tal y como lo exige el art\u00edculo 605 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con lo establecido en el canon 251 ejusdem. <\/p>\n
Asimismo, si bien se adjunta una apostilla7, su contenido no se encuentra debidamente traducido al idioma castella\u00f1o, raz\u00f3n por la cual no es posible establecer si la misam corresponde a la providencia de la que se pretende su homologaci\u00f3n o a otro legado. <\/p>\n
4.3. El objeto, tanto del poder como de la pretesi\u00f3n, carece de precisi\u00f3n y claridad. <\/p>\n
4.4 En el libelo no se especific\u00f3 cu\u00e1l fue la causal por la cual se decret\u00f3 el divorcio, siendo presupuesto necesario para proceder a confrontarla con el ordenamiento jur\u00eddico interno. <\/p>\n
4.5 No se aportaron los registros civiles de matrimonio y nacimiento de ambos contrayentes, en raz\u00f3n a que la oportunidad probatoria para adjuntar documentos de parte del accionante, en virtud de lo contemplado en los art\u00edculos 78-10 y 173, inciso segundo del C\u00f3digo General del Proceso, es con la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
4.6 No se alleg\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, record\u00e1ndose que seg\u00fan los art\u00edculos 78-10 y 173-2 de la nueva codificaci\u00f3n procesal, no es posible decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado mediante el derecho de petici\u00f3n. Puesto que, como la reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequ\u00e1tur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado8, por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso. Puesto que, no se cumple el requisito aportando una impresi\u00f3n con los enlaces en idioma extranjero de los art\u00edculos de la legislaci\u00f3n for\u00e1nea, sino que a la solicitante le corresponde atender propiamente lo establecido en el canon citado del estatuto procesal vigente. <\/p>\n
5. Una consideraci\u00f3n final cumple hacer, las reiteradas inadmisiones y rechazos de las sucesivas demandas de exequ\u00e1tur, que desde a\u00f1os atr\u00e1s insiste en formular Rafael Antonio Garc\u00eda Zarate, no son producto de actuaciones arbitrarias por parte de los diferentes Despachos de la Corte, sino que obedecen a la falta de cumplimiento de los requisitos que para dar tr\u00e1mite a la homologaci\u00f3n impone el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En ese sentido, se insta al apoderado del mencionado solicitante, que con mayor diligencia y cuidado atienda las directrices de la norma procesal, as\u00ed como las gu\u00edas que se le han dado en los varios autos emanados de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
6. En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 606 y 607 ib\u00eddem, el Despacho, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO.- RECHAZAR la demanda mediante la cual se pretende el exequ\u00e1tur de la mencionada sentencia. <\/p>\n
SEGUNDO.- Devolver, por Secretar\u00eda, los anexos al demandante, sin necesidad de desglose. <\/p>\n
TERCERO.- Reconocer personer\u00eda al abogado Jaime Zabala Yara, en los t\u00e9rminos y para los efectos del poder a \u00e9l conferido. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 7, anexo Doc_2021_07_09-17_33_13_c32a, expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. SC 8398 de 15 de junio de 2017 y CSJ. AC 2536 de 25 de junio de 2018, reiteado en CSJ AC072 de 25 de enero de 2021.. <\/p>\n
3\u0002 Folio 8, anexo Doc_2021_07_09-17_33_13_c32a, expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 CSJ AC5566 de 19 de diciembre de 2018, reiterado en CSJ AC1439 de 24 de abril de 2019, en CSJ AC 4035 de 23 de septiembre de 2019, en CSJ AC215 de 29 de enero de 2020, en CSJ AC 834 de 10 de marzo de 2020, en CSJ AC1523 de 21 de julio de 2020 y en CSJ AC868 de 15 de marzo de 2021, entre otros. <\/p>\n
5\u0002 Folio 10, anexo Doc_2021_07_09-17_33_13_c32a, expediente digital <\/p>\n
6\u0002 Anexo Doc_2021_07_09-17_33_13_c32a, expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. SC 15495 de 11 de noviembre de 2015. <\/p>\n
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