AC2971-2021 (2021-00587-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2971-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2021-00587-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre los Juzgados Segundo Civil Municipal de Bucaramanga y el Tercero Promiscuo Municipal de San Gil, atinente al conocimiento de la demanda de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica interpuesta por la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. contra Santiago V\u00e1squez y otros. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Asimismo, se indic\u00f3 en cuanto a la competencia que le concern\u00eda a dicha autoridad judicial \u00abteniendo en cuenta la ubicaci\u00f3n del bien, la naturaleza y cuant\u00eda del asunto (\u2026)\u00bb.2 <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Despacho Segundo Civil Municipal de Bucaramanga, el cual, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 28 de septiembre de 2020, declar\u00f3 su falta de competencia para adelantar las diligencias y las remiti\u00f3 al Juzgado Civil Municipal de San Gil (reparto). Al respecto, fundament\u00f3 su postura en que: <\/p>\n
\u00ab [\u2026] teniendo en cuenta que el inmueble motivo de la servidumbre queda ubicado en el predio denominado \u201cLAS BRISAS\u201d, ubicado en el municipio de San Gil Santander, por lo que este Despacho, carece de competencia por factor territorial, para conocer del presente proceso\u00bb3. <\/p>\n
2.1. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue repartido y entregado al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de San Gil. Dicha autoridad, mediante resoluci\u00f3n de fecha 22 de enero de 2021, rehus\u00f3 tambi\u00e9n de la competencia y opt\u00f3 por promover el conflicto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab [\u2026] teniendo en cuenta que el domicilio principal de la entidad demandante es la ciudad de Bucaramanga, lugar donde se deben llevar a cabo dichas actuaciones\u2026 pues revisado el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado en la demanda, se observa que la parte demandante ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.P.S., es una entidad descentraliza por servicios y\/o entidad p\u00fablica y que su naturaleza jur\u00eddica corresponde a una empresa de servicios p\u00fablicos mixta constituida como sociedad por acciones del tipo de las an\u00f3nimas sometida al r\u00e9gimen general de los servicios p\u00fablicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del \u00e1mbito del derecho privado como empresario mercantil; adem\u00e1s la sociedad por acciones llamada ESSA S.A. E.S.P., hacen parte, de los entes territoriales como la Gobernaci\u00f3n de Santander y la Alcald\u00eda de Bucaramanga (\u2026) resulta plenamente aplicable el inciso segundo del numeral 10 del mencionado art\u00edculo 28 del C. G. del P\u00bb4. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial, San Gil y Bucaramanga, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo establece el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia, reformado como qued\u00f3 por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del Juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. <\/p>\n
Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2012-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 5 jul. 2012, rad. n\u00b0 2012-00974, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para el caso espec\u00edfico de las servidumbres, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, fij\u00f3 una competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la litis. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
De manera tal que, en principio, habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de imposici\u00f3n de servidumbres en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implicaba una encrucijada que deb\u00eda ser superada a trav\u00e9s de la actividad interpretativa de esta Alta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. En un principio, esta Corte hab\u00eda superado tal dilema al entender que el nuevo Estatuto Procesal no hab\u00eda variado la tradici\u00f3n legislativa en torno a tener en cuenta como elemento material para asignar la competencia en estos tipos de procesos al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes. Bajo esa l\u00ednea de pensamiento, ser\u00eda la disposici\u00f3n especial correspondiente al fuero real dentro del factor territorial la llamada a gobernar los asuntos all\u00ed dispuestos, por ser privativa, es decir, excluyente de otros fueros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, estim\u00f3 que si bien el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del CGP prescribe que \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, la articulaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0, por corresponder ambos a fueros dentro del mismo factor territorial, real y general, impon\u00eda no tener por recibo la aplicaci\u00f3n del canon 29 del CGP, ya que este regula lo atinente a la prevalencia del factor subjetivo frente a los otros factores, y el 28 establece reglas de competencia atendiendo a un solo factor: el territorial. <\/p>\n
5. Sin embargo, tal postura fue variada el 24 de enero del 2020 en el prove\u00eddo AC140-2020, en el cual, en un caso de contornos similares, la Corte se decant\u00f3 por la aplicaci\u00f3n del inciso primero del citado art\u00edculo 29, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites en donde participe un organismo de linaje \u00abp\u00fablico\u00bb habr\u00e1 de preferirse su \u00abfuero personal\u00bb. <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. Siendo as\u00ed las cosas, la posible contradicci\u00f3n entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, es m\u00e1s aparente que real, ya que la misma se salva con una adecuada hermen\u00e9utica del ordenamiento jur\u00eddico, consolidada y unificada en el aludido auto AC140-2020. <\/p>\n
As\u00ed lo estableci\u00f3 la citada providencia, en la cual se se\u00f1al\u00f3 con meridiana claridad que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?5 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320). <\/p>\n
6. Ahora bien, el asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte concierne a la imposici\u00f3n de una servidumbre de conducci\u00f3n el\u00e9ctrica sobre un inmueble situado en San Gil que promovi\u00f3 la sociedad Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. contra los se\u00f1ores Santiago V\u00e1squez y otros. A su turno, el conflicto de competencia se origin\u00f3 dado que, a juicio del Juez Segundo Civil Municipal de Bucaramanga, el inmueble se encuentra ubicado en el municipio citado. <\/p>\n
Disiente esta Corporaci\u00f3n del argumento esgrimido por la autoridad judicial primigenia, por lo que habr\u00e1 de asign\u00e1rsele a este la competencia de conformidad con la regla establecida por la Sala en el auto tantas veces mencionado. Ello, por las razones que pasan a exponerse: <\/p>\n
6.1. De conformidad con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., la naturaleza jur\u00eddica de tal sociedad corresponde a una: <\/p>\n
\u00abLA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. ES UNA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MIXTA, DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD POR ACCIONES, DEL TIPO DE LAS ANONIMAS, SOMETIDA AL REGIMEN GENERAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y QUE EJERCE SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL AMBITO DEL DERECHO PRIVADO COMO EMPRESARIO MERCANTIL\u00bb6 (se subraya). <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, el r\u00e9gimen aplicable es la Ley 142 de 1994, \u00abPor la cual se establece el r\u00e9gimen de los servicios p\u00fablicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones\u00bb, seg\u00fan el cual, en su art\u00edculo 14-6, una empresa de servicios p\u00fablicos mixta es \u00abaquella en cuyo capital la Naci\u00f3n, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o \u00e9stas tienen aportes iguales o superiores al 50%\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, a la luz del canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, una entidad p\u00fablica comprende todo aqu\u00e9l \u00ab\u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
6.2. En tal sentido, si bien la demandante es una sociedad an\u00f3nima, contrario a lo afirmado por el despacho genitor, tal ente s\u00ed ostenta la caracter\u00edstica de p\u00fablica, cuyo objeto es la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos. Esto pues la participaci\u00f3n estatal supera el 50% del capital total de la Electrificadora de Santander. <\/p>\n
En efecto, al observar su composici\u00f3n accionaria, se advierte que, sumados los aportes de EPM Inversiones S.A.7, del Departamento de Santander y del Municipio de Bucaramanga, el aporte del estado ser\u00eda igual al 98,99%8. <\/p>\n
6.3. De tal suerte que opera en el caso en concreto el privilegio reconocido por el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 citado a favor de la entidad p\u00fablica, para que en su sede se adelante el litigio. <\/p>\n
7. Por las razones antedichas, procede remitir la presente demanda al Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de San Gil, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes dej\u00e1ndose las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-16. Archivo No.3. Expediente Digital del Pdf. <\/p>\n
2\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Fls. 1-2 del archivo 06 2020-301remite competencia. Pdf. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1- 4. Archivo No. 8. Expediente Digital. Pdf. <\/p>\n
5\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
6\u0002 Folios 71- al 89. Archivo N\u00b03 Expediente Digital. Pdf. <\/p>\n
7\u0002 Empresa que tambi\u00e9n es de propiedad estatal. Al observar la composici\u00f3n accionaria de tal sociedad, se tiene que el 99.99% de sus acciones son de las Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn (https:\/\/www.grupo-epm.com\/site\/epm-inversiones#Accionista-4142), la cual, a su turno, es de \u00abde propiedad del Municipio de Medell\u00edn\u00bb (https:\/\/www.epm.com.co\/site\/home\/nuestra-empresa). <\/p>\n