AC3055-2021 (2021-01523-00)<\/p>\n
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AC3055-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01523-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Jes\u00fas Mar\u00eda y Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. solicit\u00f3 imponer servidumbre legal de gasoducto y tr\u00e1nsito sobre el inmueble denominado \u00abEl Coraz\u00f3n\u00bb del municipio de Jes\u00fas Mar\u00eda, Santander. Justific\u00f3 la escogencia de esa sede, en lo pertinente, por la \u00abubicaci\u00f3n del bien inmueble en que se ejercita el derecho real de servidumbre de acuerdo con el (\u2026) numeral 7 del art. 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2. Admitido el libelo (1\u00ba mar. 2019) y adelantadas varias actuaciones tendientes a definir el litigio, ese estrado judicial rehus\u00f3 su competencia en raz\u00f3n al \u00abfactor subjetivo\u00bb derivado de la \u00abcalidad\u00bb de la actora y su \u00abdomicilio en la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb. As\u00ed, con estribo en los c\u00e1nones 28, numeral 10\u00b0, y 29 del C\u00f3digo General del Proceso y con respaldo en la postura de esta Corte en un caso similar, remiti\u00f3 el proceso a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1 (1\u00ba jul. 2020). <\/p>\n
3. El despacho receptor tambi\u00e9n lo repeli\u00f3, con fundamento en el postulado de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirla (3 nov. 2020). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En atenci\u00f3n a que el conflicto de competencia se plantea entre juzgados pertenecientes a diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corporaci\u00f3n en Sala Unitaria resolverlo como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, el \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos se acude al \u00abpersonal\u00bb que radica la competencia en el del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el fallador del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico, entre otros. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
Al respecto, en providencia AC3744-2018, la Corte destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, atinente a los juicios sobre servidumbres, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb que le asigna, en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente, al estrado del lugar donde est\u00e9 el bien envuelto en la litis el deber de conocerla, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de servidumbre\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, claro ejemplo de un fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba de la misma norma, previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo, de car\u00e1cter general o personal, que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira obtener el gravamen, deviene palmario que en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Empero, no se puede desconocer que la situaci\u00f3n descrita la abord\u00f3 la Sala y resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en providencia AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, se busc\u00f3 superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes despachos al dirimir las colisiones originadas en asuntos en que interven\u00edan entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n se concluy\u00f3 que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb, incluso sin atender el principio de la perpetutatio jurisdictionis, pues al no prorrogarse la competencia por estar involucrado el fuero subjetivo, \u00ablos jueces pueden declarar su falta de competencia por esos factores incluso despu\u00e9s de haber impartido tr\u00e1mite al proceso, con independencia que esta haya sido o no alegada por las partes y de que la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal haya sido trabada, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservar\u00e1 validez, incluidas las medidas cautelares que hayan sido practicadas\u00bb. <\/p>\n
Aqu\u00ed es preciso destacar que si bien el suscrito Magistrado discrep\u00f3 de tales conclusiones con cimiento en las razones expuestas en el salvamento de voto de esa decisi\u00f3n, lo cierto es que en esta oportunidad se torna indispensable aplicar el criterio prevaleciente de la Sala como fiel reflejo del ejercicio democr\u00e1tico y, en especial, para salvaguardar la igualdad y la seguridad jur\u00eddica de los usuarios del sistema de justicia. <\/p>\n
3. Con ese panorama, se observa que el juzgado de Bogot\u00e1 se equivoc\u00f3 al rehusar el conocimiento de este asunto, comoquiera que no tuvo en cuenta la doctrina que consolid\u00f3 la Sala en el prove\u00eddo AC140-2020 que, aplicada a este evento, respalda la postura del estrado de Jes\u00fas Mar\u00eda, Santander. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que aunque la controversia se inici\u00f3 y tramit\u00f3 ante esa \u00faltima autoridad, en todo caso el fuero previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso ata\u00f1e a un \u00abfactor subjetivo\u00bb con prelaci\u00f3n (art. 29 ibidem.), que impide la prorrogabilidad de la competencia (art. 16 ib.) y descarta la aplicaci\u00f3n del principio de la perpetutatio jurisdictionis, muy a pesar del criterio que esgrimi\u00f3 el segundo receptor. <\/p>\n
Es pertinente recordar que, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u00ab[l]as sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u00bb, dentro de las que se encuentra la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., en la medida que es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, acorde con la Ley 142 de 1994, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la que el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 tiene el 99,995568% de las acciones que la integran1, lo que indica que se trata de una entidad p\u00fablica. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el Grupo Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. ESP es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la ley 142 de 1992 (art. 17), con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado posee el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, acorde con el Acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1 y con el art\u00edculo 2\u00ba de los Estatutos Sociales, elementos que revelan su naturaleza p\u00fablica porque el art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb; adem\u00e1s, su domicilio es Bogot\u00e1, seg\u00fan se extrae del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta evidente que la aqu\u00ed demandante es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral 10\u00ba del canon 28 referido, el que resulta, entonces, aplicable, y al ser la capital del pa\u00eds su domicilio, es ese el lugar donde debe ser adelantado este ritual, dado que la competencia del juzgado de Jes\u00fas Mar\u00eda, Santander, no se prorrog\u00f3 como qued\u00f3 explicado. <\/p>\n
4. En suma, se resolver\u00e1 la disputa en el sentido de asignar el asunto al juez que gener\u00f3 el conflicto, a quien se le remitir\u00e1 la actuaci\u00f3n para que la asuma y se comunicar\u00e1 lo definido al otro estrado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 D.C. es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho e informar lo decidido al otro estrado judicial. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n