AC3056-2021 (2021-02197-00)<\/p>\n
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AC3056-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02197-00 <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo de Familia de San Gil y Cuarto de Familia de Bucaramanga, para conocer de la acci\u00f3n de designaci\u00f3n de apoyo transitorio a favor de Beatriz Castillo Mart\u00ednez promovida por su sobrina Johanna Estupi\u00f1\u00e1n Castillo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n la promotora, en condici\u00f3n de sobrina de Beatriz Castillo Mart\u00ednez, manifest\u00f3 que esta fue diagnosticada de \u00abdemencia de alzh\u00e9imer\u00bb, ha sido sometida a medicaci\u00f3n y que, de acuerdo con el criterio de los m\u00e9dicos tratantes, \u00abno est\u00e1 en condiciones de tomar ninguna decisi\u00f3n en forma independiente y requiere supervisi\u00f3n en todas sus actividades b\u00e1sicas y de autocuidado\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 se declare que la se\u00f1ora Castillo Mart\u00ednez se encuentra imposibilitada de manifestar su voluntad, tomar decisiones y se designe a Johanna Estupi\u00f1\u00e1n Castillo para que act\u00fae en su nombre y administre sus bienes. <\/p>\n
En el libelo invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente, por \u00abla vecindad de los interesados\u2026\u00bb en tanto Beatriz Castillo Mart\u00ednez reside en el municipio de San Gil. <\/p>\n
2. Tal despacho admiti\u00f3 la demanda, orden\u00f3 notificar personalmente a Beatriz Castillo Mart\u00ednez y al Ministerio P\u00fablico (art\u00edculo 40 de la ley 1996 de 2019), y seguidamente, con ocasi\u00f3n del informe rendido por la asistente social de ese estrado judicial de 4 de junio de 2021 -seg\u00fan el cual se traslad\u00f3 hasta la calle 14 n.\u00ba 9-40 del municipio de San Gil donde funciona la \u00abSalsamentaria la 14\u00bb y fue atendida por Lizeth Su\u00e1rez, quien le inform\u00f3 que la se\u00f1ora Beatriz \u00abefectivamente vivi\u00f3 en la casa que hace parte del local donde funciona la salsamentaria [\u2026y] alrededor de un a\u00f1o, que est\u00e1 residiendo en la ciudad de Bucaramanga con una pariente y que la casa est\u00e1 en arriendo\u00bb, informaci\u00f3n corroborada por una vecina del inmueble y propietaria de un almac\u00e9n de revistas-; rechaz\u00f3 el escrito genitor porque resulta aplicable el precepto 32 de ley 1996 de 2019, a cuyo tenor es competente \u00abel juez de familia del domicilio de la persona titular del acto\u00bb, y en el sub lite es la ciudad de Bucaramanga. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de esta especie, tras estimar que el funcionario de origen no debi\u00f3 apartarse del asunto, en raz\u00f3n a que oper\u00f3 la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb, seg\u00fan la cual, salvo casos excepcionales, una vez radicada la competencia no es posible ninguna alteraci\u00f3n motu proprio por el juez que conoce del asunto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Reglas generales en materia de apoyos. <\/p>\n
2.1. La ley 1996 de 2019 opt\u00f3 por el modelo social de regulaci\u00f3n de los aspectos atinentes a las personas mayores de edad con discapacidad, pues ya no concibe este tipo de sujetos como improductivos o ajenos al funcionamiento de la sociedad (modelo de prescindencia), ni mucho menos enfermos o demandantes de curaci\u00f3n m\u00e9dica (rehabilitador), sino como personas que pueden servir a la colectividad, al igual que las dem\u00e1s, respet\u00e1ndoseles su diferencia y garantiz\u00e1ndoles sus derechos fundamentales, entre otros, a la dignidad humana, autonom\u00eda, igualdad y libertad. <\/p>\n
Se les concibe como sujetos con derechos, dotados de plenas garant\u00edas, que tienen un rol dentro de la sociedad que debe ser desarrollado en condiciones de no discriminaci\u00f3n, inclusi\u00f3n y participaci\u00f3n1. <\/p>\n
Esta ley fij\u00f3 como su objeto \u00abestablecer medidas espec\u00edficas para la garant\u00eda del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba); bajo el entendido que \u00abtodas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos\u00bb; resaltando que \u00aben ning\u00fan caso la existencia de una discapacidad podr\u00e1 ser motivo para la restricci\u00f3n de la capacidad de ejercicio de una persona\u00bb (se destac\u00f3 – canon 6\u00ba). <\/p>\n
Para lograr ese prop\u00f3sito derog\u00f3 y modific\u00f3 las normas del r\u00e9gimen anterior que restring\u00edan la referida capacidad plena de ejercicio de las personas mayores con discapacidad (preceptos 57 a 61), para ajustarlas al nuevo paradigma ahora acogido por el legislador. <\/p>\n
Bajo esta novedosa ruta en el \u00e1mbito patrio, atendiendo a la reforma introducida, especialmente la variaci\u00f3n hecha al art\u00edculo 1504 del C\u00f3digo Civil2, la presunci\u00f3n de capacidad fijada en el precepto 1503 ib\u00eddem actualmente incluye a los individuos mayores de edad con discapacidad, \u00faltimo canon que ense\u00f1a que \u00ab[t]oda persona es legalmente capaz, excepto aqu\u00e9llas que la ley declara incapaces\u00bb; con ocasi\u00f3n de ello surge pertinente recordar que desde anta\u00f1o se ha entendido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, que \u00ab[l]a capacidad es la regla general y la incapacidad su excepci\u00f3n\u00bb, de donde la nueva reglamentaci\u00f3n no impone cosa diferente a que, en pro de la autodeterminaci\u00f3n de dichos sujetos, debe presumirse su capacidad de goce y de ejercicio. <\/p>\n
Por ese rumbo, de manera categ\u00f3rica, se elimin\u00f3 la posibilidad de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n de las personas mayores con discapacidad -figuras con las cuales a \u00e9stas se les restring\u00eda, en mayor o menor grado, el ejercicio de su capacidad legal-, prohibiendo ahora no s\u00f3lo la iniciaci\u00f3n de procesos para obtener tales declaraciones sino la exigencia de sentencia que las disponga \u00abpara dar inicio a cualquier tr\u00e1mite p\u00fablico o privado\u00bb (regla 53); sustituyendo aqu\u00e9llas por los que se denominaron \u00abajustes razonables\u00bb y medidas de \u00abapoy[o]\u00bb, resaltando que los referidos sujetos no s\u00f3lo \u00abtienen derecho a realizar actos jur\u00eddicos de manera independiente\u00bb, sino a contar \u00abcon las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar[los]\u00bb (precepto 8\u00ba), as\u00ed como \u00abcon apoyos para la realizaci\u00f3n de los mismos\u00bb (canon 9\u00ba). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, desde la entrada en vigor de la ley 1996 de 2019 no puede adelantarse procesos judiciales dirigidos a inhabilitar legalmente a una persona con discapacidad, pues respecto de ellas se consagra la presunci\u00f3n de capacidad a la que se ha hecho referencia. <\/p>\n
2.2. De otro lado, con el prop\u00f3sito de que los sujetos mayores de edad con discapacidad puedan ejercer su libertad de autodeterminaci\u00f3n, la ley ha establecido un sistema de apoyos que pueden ser adjudicados de conformidad con las reglas procesales que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
El primero de los procesos mencionados, caracterizado porque las medidas respectivas son temporales, se encuentra regulado en el art\u00edculo 54 de la ley, del que se desprende que es, en principio, un tr\u00e1mite excepcional previsto para sujetos \u00ababsolutamente imposibilitad[os] para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio\u00bb, que sigue las reglas del juicio verbal sumario y que busca proveer una o varias personas de apoyo, siempre que medie solicitud ante la autoridad judicial competente por parte de \u00abuna persona con inter\u00e9s leg\u00edtimo\u2026 que acredite una relaci\u00f3n de confianza con la persona titular del acto\u00bb. Obviamente, en aras de satisfacer la garant\u00eda del debido proceso y el libre desarrollo de la personalidad, la persona con discapacidad mayor de edad o, en palabras de la ley, el \u00abtitular del acto jur\u00eddico\u00bb, puede oponerse a la solicitud de apoyos transitorios. <\/p>\n
Por disposici\u00f3n expresa del canon 52 de la ley 1996 de 2019, el proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos transitorios est\u00e1 vigente desde la entrada en vigencia de este cuerpo normativo (2019) y seguir\u00e1 en vigor hasta el a\u00f1o 2021. Lo anterior significa que el \u00abproceso [verbal sumario] de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorio\u00bb previsto en el art\u00edculo 54 de la mencionada ley, para quienes se encuentren en la actualidad, s\u00ed goza de vigor normativo. <\/p>\n
De otra parte, en lo que se refiere al segundo de los juicios enunciados, es decir, el de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos con vocaci\u00f3n de permanencia, debe seguirse la cuerda procesal de la denominada jurisdicci\u00f3n voluntaria (o, excepcionalmente, la del verbal sumario cuando se promueva por sujeto distinto al titular del acto jur\u00eddico o persona con discapacidad que sea mayor de edad), con la anotaci\u00f3n de que requiere una \u00abvaloraci\u00f3n de apoyos\u00bb que acredite su \u00abnivel y grado\u00bb para decisiones y \u00e1mbitos espec\u00edficos, as\u00ed como para los sujetos que integran la red de apoyo. Es importante anotar que este tr\u00e1mite a\u00fan no se encuentra vigente, pues ello ocurrir\u00e1 a partir del mes de agosto del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
2.3. Ahora, en cuanto a las reglas procesales la nueva ley diversific\u00f3 su aplicaci\u00f3n entre juicios (I) nuevos, (II) concluidos y (III) en curso, seg\u00fan las siguientes directrices: <\/p>\n
2.3.1. En cuanto a los primeros, de forma tajante, dej\u00f3 por sentada la prohibici\u00f3n de la iniciaci\u00f3n de nuevos tr\u00e1mites de interdicci\u00f3n (art\u00edculo 53), con lo cual se hace realidad la supresi\u00f3n de la discapacidad legal por razones f\u00edsicas, cognitivas o de comunicaci\u00f3n. Claro est\u00e1, esta regla no se extiende a las causas que deban promoverse para ejecutar o modificar las decisiones de interdicci\u00f3n que se hubieran proferido con anterioridad al 26 de agosto de 2019, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3.2. Para los juicios finalizados existen dos posibilidades: <\/p>\n
(a) la declaraci\u00f3n de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, salvo que se inicie un tr\u00e1mite de rehabilitaci\u00f3n, el cual se conserva en vigor hasta el a\u00f1o 2021; sin embargo, en el per\u00edodo de los a\u00f1os 2021 a 2024 deber\u00e1 procederse a la revisi\u00f3n oficiosa, o a solicitud de parte, para que, de considerarse que \u00ablas personas bajo interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n… requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, se sustituyan aqu\u00e9llas por medidas de apoyo o, simplemente, se entienda habilitado el referido \u00abreconocimiento de la capacidad legal plena\u00bb (art\u00edculo 56); y <\/p>\n
(b) los actos de ejecuci\u00f3n de las determinaciones judiciales previas, bajo el efecto ultractivo de la ley 1306 de 2009, por lo cual ha de entenderse que el juzgador ordinario conserva sus facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos que se promuevan contra las decisiones de la ejecuci\u00f3n, incluyendo, sin limitarse a ellos, la administraci\u00f3n de bienes, designaci\u00f3n de curador, etc., posibilidad que encuentra apoyadura en los c\u00e1nones 306 y 586 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00faltimo en su texto original, con antelaci\u00f3n a la reforma introducida por la regla 37 de la ley 1996 de 2019, los cuales permiten a los jueces adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci\u00f3n de sus determinaciones y, trat\u00e1ndose de guardadores, extiende su competencia a todos los actos tendientes a su designaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3.3. Finalmente, para los procesos en curso con decreto provisorio de interdicci\u00f3n, la nueva ley previ\u00f3 su suspensi\u00f3n inmediata hasta el 26 de agosto de 2021, con la precisi\u00f3n de que, en cualquier momento, esta podr\u00e1 levantarse por el juez, en casos de urgencia, para decretar \u00abmedidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u00bb (precepto 55). <\/p>\n
La \u00faltima precisi\u00f3n conlleva a que deba aclararse que, as\u00ed reanudado el juicio, los juzgadores naturales tendr\u00e1n que adoptar sus decisiones bajo los lineamientos de la nueva regulaci\u00f3n, dada su consabida vigencia general inmediata, lo que se ratifica con la prohibici\u00f3n de regresi\u00f3n en materia de derechos humanos, derivada doctrinariamente del principio de progresividad, cuyo fundamento normativo tiene g\u00e9nesis en los art\u00edculos 2\u00ba del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales -adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966- y 26 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos -suscrita el 22 de noviembre de 1969-.3 <\/p>\n
De all\u00ed que en esos asuntos en tr\u00e1mite, a pesar de la suspensi\u00f3n de que fueron objeto por imperativo legal, le competa a los falladores naturales pronunciarse respecto de las situaciones directamente relacionadas con las medidas provisorias de interdicci\u00f3n, inhabilitaci\u00f3n o designaci\u00f3n de curador, sin que puedan excusar en tal suspensi\u00f3n, por mandato de la entrada en vigor de la ley 1996 de 2019 y la prohibici\u00f3n de regresividad de los derechos humanos, pues el primero otorga una protecci\u00f3n mejorada en cuanto al ejercicio de la capacidad legal plena para las personas mayores de edad con discapacidad, sin que so pretexto de una regla procesal pueda vaciarse de contenido esta m\u00e1xima, so pena de desconocer la barrera infranqueable de la prohibici\u00f3n de regreso en la protecci\u00f3n de los derechos humanos. <\/p>\n
Por tanto, aunque en el par\u00e1grafo del referido canon 6\u00ba de la ley 1996 se especific\u00f3 que \u00abel reconocimiento de la capacidad legal plena [all\u00ed] previsto… aplicar\u00e1, para las personas bajo medidas de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anteriores a la promulgaci\u00f3n de [esa]… ley, una vez se hayan surtido los tr\u00e1mites se\u00f1alados en el art\u00edculo 56 de la misma\u00bb4 (se subray\u00f3), un an\u00e1lisis sistem\u00e1tico y teleol\u00f3gico de dicha normativa, resaltando el contenido de este \u00faltimo precepto y el fin concreto de la ley misma, el cual no es otro que garantizar la capacidad plena que le asiste a las personas en comento, permite dejar por sentando que la aludida remisi\u00f3n legal gobierna, exclusivamente, aquellos casos en que las medidas \u00abde interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n\u00bb fueron adoptadas a trav\u00e9s de sentencia definitiva, no as\u00ed en los procesos en curso en que se hubiera emitido una decisi\u00f3n interlocutoria, pues aqu\u00ed deber\u00e1 privilegiarse la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable a las personas que hist\u00f3ricamente se han visto discriminadas y, en algunos casos, segregadas. <\/p>\n
En adici\u00f3n, las presentes disquisiciones no desconocen la suspensi\u00f3n que de tales procesos se produjo por imperio de la ley, pues los pronunciamientos que deber\u00e1n adecuar los juzgadores ordinarios no resultan contrarios a la nueva legislaci\u00f3n, si en cuenta se tiene la connotaci\u00f3n de derecho fundamental de aquella protecci\u00f3n mejorada que impone su aplicaci\u00f3n inmediata, en tanto que la materia a resolver se ajusta plenamente a su art\u00edculo 55, conforme al cual, de manera excepcional podr\u00e1 levantarse tal suspensi\u00f3n y disponerse \u00abla aplicaci\u00f3n de medidas cautelares, nominadas o innominadas\u00bb, como resulta ser la referente a ocuparse, con base en la nov\u00edsima norma, de lo relativo a las temporales interdicci\u00f3n, inhabilitaci\u00f3n y\/o curadur\u00eda dispuestas en los juicios en tr\u00e1mite, con miras a \u00abgarantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u00bb. <\/p>\n
2.4. Igualmente resulta oportuno mencionar, en materia procesal, las nuevas reglas atinentes a la competencia, punto sobre el que la ley 1996 de 2019 introdujo novedades relevantes. <\/p>\n
El art\u00edculo 35 de la ley modific\u00f3 el numeral 7 de la regla 22 del C\u00f3digo General del Proceso para establecer que le compete a los Jueces de Familia, en primera instancia, los procesos de \u00abadjudicaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y terminaci\u00f3n de apoyos adjudicados judicialmente\u00bb; sin embargo, como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 52 de la ley, esa regla de competencia a\u00fan no se encuentra vigente, por lo que, por el momento, debe aplicarse el numeral 14 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual es competencia de los Jueces de Familia, en \u00fanica instancia, de aquellos \u00abasuntos de familia en que por disposici\u00f3n legal sea necesaria la intervenci\u00f3n del juez\u2026 <\/p>\n
1\u00bb. Cualquier duda sobre la aplicabilidad de esta norma de competencia a los procesos de adjudicaci\u00f3n de apoyos se supera con el razonamiento f\u00e1cil pero poderoso de que el art\u00edculo 54 de la ley 1996 exige el pronunciamiento del juez para la adjudicaci\u00f3n de apoyos transitorios, de ah\u00ed que dicho supuesto de hecho se configure perfectamente en la norma de competencia judicial citada, hasta tanto no entre en vigencia el proceso definitivo del cual podr\u00e1n hacerse uso para obtener apoyos y las normas que gobiernan su competencia. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la hermen\u00e9utica arm\u00f3nica con el art\u00edculo 54 de la ley 1996 de 2019 lleva concluir que el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto jur\u00eddico conserva sus facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos que se promuevan contra las decisiones de la ejecuci\u00f3n, incluyendo, sin limitarse a ellos, la administraci\u00f3n de bienes, designaci\u00f3n de curadora, etc., los cuales permiten a los jueces adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci\u00f3n de sus determinaciones y, trat\u00e1ndose de guardadores, extiende su competencia a todos los actos tendientes a su designaci\u00f3n, hasta tanto entren en vigencia las disposiciones contenidas en el Cap\u00edtulo V de la presente ley. <\/p>\n
3. El conflicto de competencia en el caso concreto. <\/p>\n
3.1. Conforme al art\u00edculo 27 del C\u00f3digo de General del Proceso, en principio, el juez que le d\u00e9 comienzo a la actuaci\u00f3n debe conservar su competencia, salvo en los casos de excepci\u00f3n que la ley prev\u00e9, pues admitida la demanda, seg\u00fan el procedimiento pertinente, s\u00f3lo la parte opositora puede objetar dicho aspecto, una vez vinculada al rito. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
(\u2026) Al juzgador, \u2018en l\u00ednea de principio, le est\u00e1 vedado sustraerse por su propia iniciativa de la competencia que inicialmente asumi\u00f3, pues una vez admitida la demanda, s\u00f3lo el demandado puede controvertir ese aspecto cuando se le notifica de la existencia del proceso. Dicho de otro modo, \u2018en virtud del principio de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb, una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendi\u00f3 el conocimiento del asunto. \u201cSi el demandado (\u2026) no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le est\u00e1 vedado modificarla, inclusive en el evento de que hubiere existido cambio de domicilio o residencia de las partes. Las circunstancias de hecho respecto de la cuant\u00eda del asunto, del factor territorial, del domicilio de las partes y de su calidad, existentes en el momento de proponerse y de admitirse una demanda civil, son las determinantes de la competencia pr\u00e1cticamente para todo el curso del negocio. -Negrillas ajenas al texto- (CSJ SC AC051-2016, 15 ene. 2016, rad. 2015-02913-00). <\/p>\n
Acorde con estas proposiciones, si atendiendo a los factores se\u00f1alados por la demandante en su petici\u00f3n el juzgador admite la demanda de designaci\u00f3n de apoyo transitorio, la competencia queda establecida de acuerdo con el principio de perpetuaci\u00f3n (perpetuatio jurisdictionis) y s\u00f3lo podr\u00e1 el funcionario repudiarla en caso de prosperar el cuestionamiento que, por medio de los instrumentos legales, propusieren los dem\u00e1s intervinientes, cuyo silencio al respecto implicar\u00e1 el saneamiento de alguna nulidad que, eventualmente, hubiese podido estructurarse e impide al juez declararse incompetente por tal factor. <\/p>\n
3.2. Con base en tales premisas y descendiendo al caso en concreto, advierte la Corte que el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil admiti\u00f3 la demanda y, desde ese momento, asumi\u00f3 la competencia del asunto, lo que impide a ese funcionario variarla a su talante (motu proprio). <\/p>\n
Adem\u00e1s, como se denota, las excepciones a la perpetuatio jurisdictionis se limitan a la concurrencia del factor subjetivo y el funcional en la competencia del funcionario cognoscente de la acci\u00f3n, y precisamente en el sub lite no ocurri\u00f3 una de dichas salvedades, por lo cual fue prorrogada, conforme al inciso 2\u00b0 del canon 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.3. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil (Santander), al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Agustina Palacios, \u00bfModelo rehabilitador o modelo social? La Persona con Discapacidad en el Derecho Espa\u00f1ol. En Eduardo Jim\u00e9nez, Igualdad, No Discriminaci\u00f3n y Discapacidad, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2006, pp. 207 a 218. <\/p>\n
2\u0002 El texto de la norma, antes de la modificaci\u00f3n introducida con el precepto 57 de la Ley 1996 de 2019, se\u00f1alaba: <\/p>\n
\u00abARTICULO 1504. Son absolutamente incapaces las personas con discapacidad mental, los imp\u00faberes y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito. <\/p>\n
Sus actos no producen ni a\u00fan obligaciones naturales, y no admiten cauci\u00f3n. <\/p>\n
Son tambi\u00e9n incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitaci\u00f3n de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicci\u00f3n. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. <\/p>\n
Adem\u00e1s de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibici\u00f3n que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
El nuevo texto, seg\u00fan el referido canon 57 de la Ley 1996 de 2019, es el siguiente: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 1504. Incapacidad absoluta y relativa. Son absolutamente incapaces los imp\u00faberes. Sus actos no producen ni a\u00fan obligaciones naturales, y no admiten cauci\u00f3n. Son tambi\u00e9n incapaces los menores p\u00faberes. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Adem\u00e1s de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibici\u00f3n que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Se destaca que el aludido Pacto se refiere al reconocimiento de \u00abderechos econ\u00f3micos, sociales y culturales\u00bb, as\u00ed como la mencionada convenci\u00f3n contempl\u00f3 el anunciado principio de progresividad en el ac\u00e1pite destinado a aquellas garant\u00edas, las que hacen parte de las de segunda generaci\u00f3n que no de las fundamentales, enfatizando el compromiso de los estados parte respecto, en su orden, el primero -esto es, el Pacto-, \u00aba adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperaci\u00f3n internacionales, especialmente econ\u00f3micas y t\u00e9cnicas, hasta el m\u00e1ximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopci\u00f3n de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aqu\u00ed reconocidos…[;] [y] a garantizar el ejercicio de los derechos que en \u00e9l se enuncian, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o de otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u00bb; mientras que la segunda -es decir, la convenci\u00f3n-, \u00aba adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperaci\u00f3n internacional, especialmente econ\u00f3mica y t\u00e9cnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas econ\u00f3micas, sociales y sobre educaci\u00f3n, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por v\u00eda legislativa u otros medios apropiados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Por ese sendero, en el \u00e1mbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha decantado tal principio, en mayor medida, en torno a aquellos derechos de segunda generaci\u00f3n (ver, entre otras, CC C-228\/11, 629\/11, T-687\/12, T-524\/14 y C-486\/16), sin embargo, paulatinamente ha venido sosteniendo que \u00ab[a]unque inicialmente el principio de progresividad comprend\u00eda especialmente los DESC [sigla en referencia a los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales], su aplicaci\u00f3n hoy abarca a todos los derechos fundamentales\u00bb (se destac\u00f3 – CC C-294\/19), como evidentemente no podr\u00eda ser de otra manera, dada la condigna condici\u00f3n prevalente de los \u00faltimos. <\/p>\n
4\u0002 El citado art\u00edculo 56 dispone que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abEn un plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Cap\u00edtulo V de la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n deber\u00e1n citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anterior a la promulgaci\u00f3n de la presente ley, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos. <\/p>\n
<\/p>\n
En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n podr\u00e1n solicitar la revisi\u00f3n de su situaci\u00f3n jur\u00eddica directamente ante el juez de familia que adelant\u00f3 el proceso de Interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n. Recibida la solicitud, el juez citar\u00e1 a la persona bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos…\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
<\/p>\n
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