ATC1005-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1005-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2019-00243-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 22 de abril de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Torres Herrera y Jorge Hernando Torres Herrera frente al Juzgado Promiscuo de Familia de Villeta, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso de sucesi\u00f3n de radicado No. 2018-00077, si no fuera porque en el devenir de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores demandaron la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y patrimonio, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada en el proceso previamente referido. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 10 de abril de 2019, el Juzgado convocado profiri\u00f3 sentencia en el proceso de \u00absucesi\u00f3n intestada del se\u00f1or causante ENRIQUE TORRES (\u2026) demandante Jorge torres herrera y otro (\u2026), pero el se\u00f1or juez al parecer NO hizo el control de legalidad indispensable en todo proceso ya que la se\u00f1ora partidora (\u2026) NO ERA LA PERSONA MAS IDONEA PARA ESTA LABOR ya que en la partici\u00f3n a pesar de que los apoderados judiciales le hicimos caer en cuenta que estaba cometiendo un error ARITMETICO. Ya que la partidora solo incluyo (sic) en la partida primera el % del inmueble (\u2026) matr\u00edcula inmobiliaria 40201564 (\u2026) que pertenece en su totalidad al haber de la sociedad conyugal por disolverse por el fallecimiento del se\u00f1or ENRIQUE TORRES la c\u00f3nyuge sobreviviente CECILIA HERRERA DE TORRES le corresponder\u00eda el 50% del inmueble y el 50% restante para los dem\u00e1s herederos\u00bb. <\/p>\n
2.2. En ese aspecto, alegaron los tutelantes que, en este momento, \u00abel cincuenta por ciento del inmueble No pertenece a nadie seg\u00fan el se\u00f1or juez y la se\u00f1ora partidora\u00bb. <\/p>\n
2.3. Relataron que \u00abnos acercamos los apoderados judiciales al despacho del se\u00f1or juez y de manera verbal inicialmente le hicimos caer en cuenta del error cometido en la partici\u00f3n (\u2026) El se\u00f1or juez nos manifest\u00f3 que efectivamente exist\u00eda un error pero que era ARITM\u00c9TICO como en verdad lo es\u00bb. <\/p>\n
2.4. Sobre el particular, precisaron que \u00abNos da el c\u00f3digo general del proceso una herramienta muy \u00fatil en estos casos en el art\u00edculo 285-286 y nos dice que la sentencia podr\u00e1 ser aclarada de oficio o aun a petici\u00f3n de parte, pero de manera nuevamente equivocada el se\u00f1or juez NO aplica estos art\u00edculos por el contrario le da \u00f3rdenes a la se\u00f1ora partidora de corregir el trabajo presentado por ella pero de manera inesperada saca un auto declarando sin valor ni efecto EL AUTO de fecha 06 y 27 de mayo donde ordenaba la correcci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n presentado por la se\u00f1ora partidora\u00bb. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, reprocharon que el operador judicial cognoscente \u00abNO aplic\u00f3 los art\u00edculos 285-286 a sabiendas que son aplicables en este momento, obligando a los herederos y a sus apoderados a desarrollar nuevos procesos, adiciones, tutelas y a congestionar m\u00e1s los despachos judiciales, por algo que se puede corregir sin tanto problema para las partes y para los operadores judiciales\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidieron que se ordene \u00abal funcionario judicial para que enmienda y aplique los citados art\u00edculos 285-286 del C.G.P. ya que la sentencia NO ata al operador judicial a corregir errores como el cometido en el proceso referenciado\u00bb. <\/p>\n
4.- El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo el 10 de septiembre de 2019, sin embargo, el 8 de abril de 2021 declar\u00f3 la nulidad de \u00abde todo lo actuado en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite\u00bb, pues no se realiz\u00f3 en debida forma la notificaci\u00f3n de todos los interesados. En consecuencia, orden\u00f3 \u00abvincular a todas las partes y dem\u00e1s intervinientes en el proceso que genera la presente acci\u00f3n en debida forma, por lo que deber\u00e1 enter\u00e1rseles del tr\u00e1mite de la tutela por el medio m\u00e1s expedito\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el 22 de abril de la presente anualidad, volvi\u00f3 a conceder el resguardo, toda vez que, \u00absi en el tr\u00e1mite del proceso decidi\u00f3 ordenar la correcci\u00f3n del trabajo partitivo [ello en aras de \u2018evitar posteriores aclaraciones y devoluciones por parte de la oficina de instrumentos p\u00fablicos\u2019], no parece razonable que, habi\u00e9ndose realizado la sobredicha correcci\u00f3n por la partidora y corrido el traslado que orden\u00f3 el juzgado, \u00e9ste se desentienda de ello so pretexto de unas omisiones propias y ajenas, sin hacer cuenta de que al haber dispuesto sobre ellas, sembr\u00f3 en los accionantes una expectativa que, cotejada en el \u00e1mbito constitucional, se antoja suficiente para la intervenci\u00f3n de esta especial justicia en el caso\u00bb <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, \u00absi constitucionalmente el principio de la confianza leg\u00edtima es un norte que debe seguir el juzgador al proveer dentro del proceso, no puede perderse de vista que aqu\u00ed, habi\u00e9ndose adoptado las medidas para conjurar la omisi\u00f3n de la partidora, no advertida ni por el accionado ni por los asignatarios, el juzgado termin\u00f3 dando trazas para pensar que ese silencio no tendr\u00eda mayor incidencia en las actuaciones, tanto que adem\u00e1s de ordenar la correcci\u00f3n, puso en conocimiento de los interesados el nuevo trabajo ya enmendado, naturalmente que un giro tan abrupto como el que dio, a sabiendas de que, seg\u00fan lo observ\u00f3, los errores autorizaban esa correcci\u00f3n desde que eran puramente \u2018aritm\u00e9ticos\u2019 y que deb\u00edan modificarse para \u2018dejar los valores acordes con el activo partible de la masa herencial\u2019, resulta en contrav\u00eda del sobredicho principio\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, declar\u00f3 \u00absin valor ni efecto el auto proferido por el juzgado accionado el 13 de junio de 2019, mediante el cual dej\u00f3 sin efecto la orden de correcci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n presentado dentro del proceso y el traslado que de esa correcci\u00f3n se surti\u00f3, para que, en el t\u00e9rmino de los tres (3) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, provea nuevamente sobre el asunto puesto a su consideraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales, entre las que se destaca la posibilidad de enfrentar en igualdad de condiciones los cargos, cuestionamientos o condenas reclamadas en sede judicial. Para ello, resulta indispensable concurrir al proceso y contar con la posibilidad de aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. La acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido \u00abderecho fundamental\u00bb, dentro de las cuales se contempla la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o intervinientes las providencias que se dicten, por as\u00ed ordenarlo el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.4 del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
3. En el presente asunto, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en la omisi\u00f3n de notificar debidamente a los intervinientes e interesados en el tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, revisado el expediente documental, se evidencia que, mediante auto del 8 de abril de 2021, se declar\u00f3 la nulidad de la presente acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 \u00abvincular a todas las partes y dem\u00e1s intervinientes en el proceso que genera la presente acci\u00f3n en debida forma, por lo que deber\u00e1 enter\u00e1rseles del tr\u00e1mite de la tutela por el medio m\u00e1s expedito\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
Sin embargo, aunque el citado auto dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes de la sucesi\u00f3n objeto de cuestionamiento, de las comunicaciones remitidas se aprecia que las mismas no se realizaron a aquellas personas. En ese sentido, debe precisarse que estas notificaciones no se suplen con las efectuadas a sus apoderados judiciales en el proceso que da origen a la queja constitucional, como ocurri\u00f3 en este caso. <\/p>\n
4. Lo anterior, desemboca en la causal de nulidad reglada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 C.G. del P., preceptiva que resulta aplicable a la presente acci\u00f3n constitucional en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, que dispone que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. <\/p>\n
5. En ese orden de ideas, lo rese\u00f1ado impone declarar la invalidez de todo lo actuado, con posterioridad al auto del 8 de abril de 2021, que declar\u00f3 la nulidad por primera vez, para que el a-quo constitucional cumpla con la formalidad de notificar adecuadamente en la acci\u00f3n de tutela a todas las partes e intervinientes de la sucesi\u00f3n ya referenciada, a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con posterioridad al auto del 8 de abril de 2021. <\/p>\n
SEGUNDO: DISPONER que, por Secretar\u00eda, se devuelva el expediente al a-quo constitucional, para que reponga la actuaci\u00f3n anulada. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR notificar esta decisi\u00f3n a los interesados, en la forma prescrita en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1005-2021 ATC1005-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2019-00243-01 Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 22 de abril de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55261","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55261","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55261"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55261\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55261"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55261"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55261"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}