ATC1021-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1021-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00211-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 16 de junio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rodulfo Numael Le\u00f3n Rodr\u00edguez contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Guatavita, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a desarrollarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, al tramitar y resolver el litigio antes referido, pese a que, en su sentir, no fue debidamente vinculado al juicio. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en su contra, el 25 de abril de 2019 el Juzgado Promiscuo Municipal de Guatavita libr\u00f3 mandamiento ejecutivo a favor de Manuel Arturo Garavito Mart\u00ednez, \u00abpor obligaci\u00f3n de suscribir documento\u00bb, habida cuenta la suscripci\u00f3n de promesa de compraventa (sobre el 25% de los derechos de posesi\u00f3n del predio rural denominado Puente de Tierra), y surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 23 de octubre del mismo a\u00f1o, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Que en virtud al recurso de apelaci\u00f3n que interpuso su apoderado judicial, el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1, mediante providencia del 3 de diciembre de 2019 declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, al establecer que si bien \u00abel embargo se encuentra inscrito (\u2026), lo cierto es que en la actualidad a\u00fan no se ha definido si realmente el demandante se allan\u00f3 a cumplir o no, m\u00e1s a\u00fan cuando no se acredita consignaci\u00f3n a \u00f3rdenes del Despacho a quo del saldo pendiente de pago\u00bb. <\/p>\n
Que el 3 de marzo de 2020 el Juzgado Promiscuo Municipal de Guatavita se neg\u00f3 a librar orden de apremio, pero como esa determinaci\u00f3n la revoc\u00f3 su superior funcional el 13 de agosto de la misma anualidad, con autos del 4 de septiembre y 15 de octubre de 2020 se dispuso notificar con sujeci\u00f3n \u00aba lo previsto en los arts. 291, 292 y 301 [del CGP]\u00bb. No obstante, a petici\u00f3n del ejecutante, con auto del 26 de enero de 2021 se reconsider\u00f3 la postura anterior y se declar\u00f3 notificado al demandado \u00abpor conducta concluyente\u00bb, aduciendo que su mandatario judicial hab\u00eda solicitado copia de la actuaci\u00f3n; tras ello, el 26 de febrero de 2021 \u00abresolvi\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n para dar cumplimiento del mandamiento ejecutivo de 4 de septiembre de 2020 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que ejecutoriado el anterior prove\u00eddo, el 25 de marzo de 2021 el titular del juzgado municipal otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica conforme a la orden por \u00e9l emitida, y \u00abpara probar m\u00e1s a\u00fan como se continua violando mis derechos constitucionales (\u2026), el 30 de abril de 2021 [solicit\u00f3] me expidiera copias de todo el proceso [y] al no obtener respuesta me vi obligado a ir personalmente a dicho juzgado (\u2026), pero hasta el d\u00eda de hoy el juzgado no ha escuchado mi petici\u00f3n dejando entre ver que no me encuentro amparado como parte interesada dentro del proceso y no me han respetado mis derechos en el juzgado\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Guatavita, declarar \u00abla nulidad a partir del auto de fecha 4 de septiembre de 2020 hasta el auto de fecha 12 de marzo de 2021 (\u2026) que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb; tambi\u00e9n, \u00abla nulidad de la escritura p\u00fablica n\u00famero 394 del d\u00eda 25 de marzo de 2021, elevada en la Notar\u00eda \u00danica de Guatavita [y] poner en conocimiento de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (\u2026), la investigaci\u00f3n en forma inmediata de los hechos que hoy tiene conocimiento (\u2026), contra el Juez Promiscuo Municipal de Guatavita, por el presunto delito de prevaricato por omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a-quo deneg\u00f3 el resguardo al observar que la pretendida nulidad derivada de \u00abla aparente intimaci\u00f3n del segundo mandamiento de pago (\u2026), a\u00fan no ha sido advertida a la autoridad competente con base en las herramientas consagradas en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, y al no haber provocado que la autoridad judicial convocada reconsidere su postura, el demandante a\u00fan est\u00e1 \u00abhabilitado para proponer la defensa que considere pertinente\u00bb. Acot\u00f3 que el querellante \u00abno puede dispensar la pretensi\u00f3n esgrimida, de donde se sigue que le corresponde buscar la nulidad pretendida en esta instancia ante la oficina implicada y esperar, dentro del juicio que lo involucra, la soluci\u00f3n de su reclamo, donde eventualmente, como es natural, podr\u00e1 interponer los recursos necesarios para lograr su cometido\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia y de la vinculaci\u00f3n aparente. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, la Corte encuentra que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca carece de competencia para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo no compromete actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1, para que con soporte en ello se habilitara conocer del auxilio habida cuenta las reglas de reparto, en particular la contenida en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 y a su vez del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan la cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, aunque en este caso se vincul\u00f3 al mencionado juzgado civil del circuito, porque este resolvi\u00f3 en dos oportunidades recursos de apelaci\u00f3n interpuestos dentro del ejecutivo singular n\u00b0 2019-00006, es claro que ni los hechos ni la pretensi\u00f3n de la salvaguarda muestran inconformidad con tales determinaciones. En efecto, la actual queja no se encamina a quebrantar los pronunciamientos realizados por el juez ad quem el 3 de diciembre de 2019 y el 13 de agosto de 2020, sino \u00fanicamente la actuaci\u00f3n mediante la cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Guatavita tuvo por notificado al demandado bajo la modalidad de conducta concluyente, cuando -en sentir del tutelante- debi\u00f3 ser personal, lo cual tuvo lugar con auto del 26 de enero de 2021, y tambi\u00e9n, por no responder petici\u00f3n sobre expedici\u00f3n de copias elevada el 30 de abril de 2021. <\/p>\n
En las condiciones descritas, al tenor de lo previsto en las reglas de reparto contenidas en el precitado numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, la acci\u00f3n dirigida contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Guatavita, debi\u00f3 asumirla, en primera instancia, el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 por ser \u00abel respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De conformidad con lo antes se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca para conocer en primera instancia la presente acci\u00f3n, en tanto desconoce las reglas de reparto y, en consecuencia, como se ha dictado fallo bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando, para lo pertinente, el env\u00edo del expediente al Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1, quien para el proceso criticado funge como superior funcional del Juzgado Promiscuo Municipal de Guatavita. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al invalidarse el fallo proferido por la colegiatura a-quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar como practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas. <\/p>\n
4. De la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
Al respecto una vez m\u00e1s se advierte que: <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ ATC, 16 jul. 2010, rad. 00022-01, citado en ATC, 21 may. 2020, rad. 00091-01, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida en el asunto de la referencia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 16 de junio de 2021, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente al Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1, para que asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. Of\u00edciese. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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