ATC1027-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-00503-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve lo concerniente a los impedimentos manifestados por los Magistrados Francisco Ternera Barrios, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Luis Armando Tolosa Villabona, para conocer de la tutela instaurada por Sandra Judith Castillo Pati\u00f1o, Zoraida, Ram\u00f3n y Esther Castillo D\u00edaz contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil y el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Socorro \u2013 Santander. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Con el prop\u00f3sito de garantizar a las partes e intervinientes la imparcialidad y transparencia de los funcionarios encargados de decidir litigios, el legislador ha previsto que el respectivo juez o magistrado se aparte del conocimiento de la controversia en caso de estructurarse las precisas circunstancias que configuren las causales taxativas de recusaci\u00f3n e impedimento. <\/p>\n
En ese orden, esta Corporaci\u00f3n en auto de 8 de abril de 2005, rad. 00142-00, reiterado el 18 de agosto de 2011, rad. 2011-01687, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
\u201c[L]os impedimentos fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administraci\u00f3n de justicia, uno de cuyos m\u00e1s acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consider\u00f3 bastante para afectar su buen juicio, bien sea por inter\u00e9s, animadversi\u00f3n o amor propio del juzgador\u201d. <\/p>\n
Destacando que <\/p>\n
\u201c(\u2026) seg\u00fan las normas que actualmente gobiernan la materia, s\u00f3lo pueden admitirse aquellos impedimentos que, am\u00e9n de encontrarse motivados, estructuren una de las causales espec\u00edficamente previstas en la ley -en el caso de la acci\u00f3n de tutela, del C\u00f3digo de Procedimiento Penal-, toda vez que, en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo m\u00e1s acompasado con la seguridad jur\u00eddica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. En el sub lite los citados Dignatarios expresaron que en ellos concurre la causal de impedimento consagrada en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por haber conocido de un resguardo anterior, cuyo veredicto (STC6474-2020) fue aprobado en sesi\u00f3n de 26 de agosto de 2020, al que, en su opini\u00f3n, se extiende la queja superlativa. <\/p>\n
3. Confrontada tal providencia con la demanda superlativa de ahora, emerge que \u00e9sta s\u00ed se relaciona directamente con lo resuelto en pasada ocasi\u00f3n por esta Sala, ya que en la sentencia (STC6474-2020) concedi\u00f3 el amparo invocado por Martha Isabel Moreno Carre\u00f1o y Mar\u00eda Eugenia Castillo Moreno, tras estimar, que <\/p>\n
\u00abLas promotoras acuden a esta senda con el fin de que, en \u00faltimas, se deje sin efecto el prove\u00eddo de 24 de abril de 2019 por medio del cual el a quo recriminado se \u2018abstuv[o] en realizar proferimiento alguno respecto\u2019 de la petici\u00f3n de \u2018devoluci\u00f3n y entrega del bien inmueble\u2019 a su favor, con ocasi\u00f3n de la privaci\u00f3n de efectos declarada por parte del superior respecto del prove\u00eddo de 1\u00ba de febrero de 2018. En consecuencia, piden que se ordene la restituci\u00f3n de las cosas al estado en que se encontraban (\u2026). <\/p>\n
De las piezas procesales y probanzas allegadas a este Despacho, se desprende que, a la fecha, no se han devuelto f\u00e1cticamente las cosas al estado en que se hallaban con antelaci\u00f3n al acto que fue privado de efectos lo que implica el entredicho de la orden emitida por el superior jer\u00e1rquico de la juez accionada mediante auto del 22 de mayo de 2019. <\/p>\n
Al respecto, la Corte observa que el Tribunal, en ejercicio del control de legalidad, dej\u00f3 \u2018sin efecto todo lo actuado a partir del auto de 1\u00ba de febrero de 2018, inclusive\u2019 al encontrar que \u2018la juez de conocimiento por medio de auto interlocutorio impl\u00edcitamente adicion\u00f3 la sentencia de 25 de agosto de 2015 que puso fin a la litis, determinando imprimirle a la solicitud deprecada por la actora Castillo de Neira el tr\u00e1mite reglado en el canon 308 del C.G.P.\u2019. De manera que es apenas natural que dicho discernimiento apareje como consecuencia ineludible el decaimiento de las determinaciones relacionadas con la entrega efectuada, m\u00e1xime si se tiene de presente que la orden del colegiado se hizo extensiva a todo el decurso a partir de la fecha antelada. <\/p>\n
Por tanto, no se puede dejar a los sujetos procesales y a los dem\u00e1s intervinientes en una situaci\u00f3n f\u00e1ctica que no corresponde a lo acontecido en el devenir procesal. Pues inicialmente, se reitera, la entrega material estuvo sustentada en una orden judicial que qued\u00f3 desprovista de consecuencias porque as\u00ed lo consider\u00f3 con (sic) el superior funcional. <\/p>\n
En consecuencia, se otorgar\u00e1 el auxilio implorado dejando sin efectos el auto de 24 de abril de 2019, as\u00ed como todas las determinaciones derivadas de \u00e9ste, y se ordenar\u00e1 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Socorro que dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, proceda en la forma aqu\u00ed se\u00f1alada a resolver la petici\u00f3n impetrada por las solicitantes el 12 de abril de 2019\u00bb. <\/p>\n
Dicha resoluci\u00f3n fue ratificada en segunda instancia, por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral (STL10387-2020, 18 nov.). <\/p>\n
Ahora bien, en la salvaguarda actual, los promotores pretenden, entre otras cosas, \u00abse ordene entregar el inmueble a los herederos [accionantes] de la se\u00f1ora Mar\u00eda del Rosario D\u00edaz de Castillo, pues, la orden de entregar un predio que el juzgado de instancia dijo que era de Mar\u00eda del Rosario D\u00edaz de Castillo a terceras personas, diferentes a sus herederos, y de no tener en cuenta la existencia de una medida cautelar por parte del Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del Socorro, para ordenar la entrega por medio de autoridad policiva, es lo que nos viola los derechos constitucionales reclamados y a interponer la presente tutela para que no se sigan vulnerando por parte de las se\u00f1oras Martha Isabel Moreno Carre\u00f1o y Mar\u00eda Eugenia Castillo Moreno, pues mediante decisiones contrarias al sentido com\u00fan o al buen juicio, promulgados por el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Socorro, el Tribunal Superior de San Gil y la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil, los cuales pese a existir fallo de segunda instancia en el proceso de simulaci\u00f3n, quieren entregar el inmueble a quienes no ostentan ning\u00fan derecho, ya que Martha Isabel Moreno Carre\u00f1o y Mar\u00eda Eugenia Castillo Moreno no son herederas de Mar\u00eda del Rosario D\u00edaz de Castillo\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa tesitura, el argumento basilar en que se funda el auxilio supone una participaci\u00f3n trascendente, activa y previa de los H. Magistrados en el juicio, de tal forma que haber proferido la STC6474-2020 les impide conocer de futuros ruegos que ataquen dicho prove\u00eddo, por lo que la circunstancia avistada encuadra en la causal 6\u00ba del canon 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
Conviene memorar que <\/p>\n
La causal prevista en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, aqu\u00ed invocada, refiere que el funcionario haya dictado la providencia cuya revisi\u00f3n se trata o hubiere participado dentro del proceso, caso \u00e9ste \u00faltimo en que ha de entenderse que no es cualquier participaci\u00f3n en el mismo, sino una que haya reca\u00eddo sobre aspectos esenciales del caso debatido, pues lo que se pretende es impedir que quien ha actuado con efectos vinculantes en el respectivo tr\u00e1mite procesal pueda posteriormente participar en su revisi\u00f3n. (auto de 25 de marzo de 2004, rad. 2004-00006-01, citado el 25 de julio de 2011, rad., 2011-01388-00) (Subraya el despacho). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se acoger\u00e1n los \u00abimpedimentos\u00bb prenotados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala ACEPTA los impedimentos manifestados por los Magistrados Francisco Ternera Barrios, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Luis Armando Tolosa Villabona para conocer de la presente acci\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
En consecuencia, comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y oportunamente devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n a este Despacho para resolver lo pertinente en torno al amparo de la referencia. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
\u00c1LVARO BARRERO BUITRAGO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
BERENICE CRUZ RODR\u00cdGUEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE FORERO SILVA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE ERNESTO OVIEDO ALBAN <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL JAIME VIVAS DIEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
<\/p>\n
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