ATC1035-2021<\/p>\n
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ATC1035-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02342-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno <\/p>\n
Revisado el material allegado al expediente, despu\u00e9s de proferido el auto admisorio del 14 de julio de 2021, advierte el Despacho que la Sala de Casaci\u00f3n Civil no tiene competencia para conocer del asunto, por lo que se impone declarar la nulidad de lo actuado, en raz\u00f3n a los antecedentes y consideraciones que pasan a exponerse. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- William Alberto Reynoso Mantilla present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, argumentando la vulneraci\u00f3n de \u00ablos presupuestos de la ley de vivienda y las jurisprudencias decantadas sobre el tema, (pues) se han negado a dar por terminado el proceso en desobediencia a la Ley 546 de 1.999; en especial el \u00faltimo de los operadores, en franca rebeld\u00eda y desobediencia a la jurisprudencia obligatoria de la H. Corte Suprema de Justicia y de la H. Corte Constitucional [\u2026] sin que se les hubiere dado la oportunidad de reliquidar y REESTRUCTURAR su obligaci\u00f3n primigenia EN LEGAL FORMA\u00bb. <\/p>\n
Adujo que \u00abTanto el a-quem, como el a-quo habr\u00edan sentenciado sin tener en cuenta los preceptos de la Ley 546 de 1999, en sus art\u00edculos 17, 20, 21 y 42; las sentencias vinculantes de la Corte constitucional C-955-00, SU-846-00, C-1140-00, ni tuvo en cuenta que se trataba de un cr\u00e9dito concedido bajo el SISTEMA DE VALOR CONSTANTE (UPAC), concedido antes del 31 de diciembre de 1999 y que estaba vigente\u00bb. <\/p>\n
Como pretensiones propuso que \u00abse declare la ilegalidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago, inclusive, proferido en el proceso ejecutivo hipotecario No. 0800131030052006008700 (C5-0044-13), que se sigue en el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, instaurado por el Banco Av Villas S.A. contra William Alberto Reynoso Mantilla y Mary Luz Ar\u00e9valo Navarro; y como consecuencia de dicha orden se conmine al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla; donde actualmente se tramita el proceso; que ha negado la solicitud de terminar el proceso en obediencia a lo ordenado por la jurisprudencia de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia; en especial en los \u00faltimos pronunciamientos, as\u00ed tambi\u00e9n al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla; que se declare la FALTA DE EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION HIPOTECARIA, Y EN CONSECUENCIA DECRETAR EL LEVANTRAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ORDENADAS DENTRO DEL PROCESO, condenar en costas a la parte demandante, acatando la Ley de vivienda 546 de 1999, art\u00edculos 20 y SS, art\u00edculo 38 y S.S. y 42, as\u00ed como la sentencia SU-813 de 2007, 881 de 2013 y el CGP\u00bb. <\/p>\n
2.- Al contestar la tutela, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla advirti\u00f3 que fue el Juzgado Primero Civil de Ejecuci\u00f3n del Circuito de Barranquilla y no el Colegiado, quien, mediante prove\u00eddo del 11 de marzo del a\u00f1o en curso, deneg\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso alegada por el ahora tutelante, al cual se dirige el alcance de la acci\u00f3n constitucional, argumento que fue reiterado por el banco vinculado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El debido proceso, consagrado expresamente en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es un conjunto de garant\u00edas fundamentales, seg\u00fan las cuales, nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, previstas en la ley. <\/p>\n
2.- De manera que la acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas fundamentales, no puede sustraerse de su aplicaci\u00f3n. Por tanto, es necesario satisfacer algunos elementos propios de cada juicio, como lo son la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n del contradictorio, garant\u00edas m\u00ednimas contempladas en los art\u00edculos 10, 13 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1\u00ba del Decreto 333 de 20211. <\/p>\n
3.- En este asunto, revisada la documentaci\u00f3n allegada, es palpable que la queja se enfila contra el auto dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, que resolvi\u00f3 una petici\u00f3n de control de legalidad, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 132 del C.G. del P., negando la terminaci\u00f3n del proceso deprecada por falta de reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, decisi\u00f3n que fue confirmada el 28 de mayo del a\u00f1o en curso, en prove\u00eddo que, adicionalmente, no concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, el accionante manifest\u00f3 que, en el proceso de marras, no se ha realizado una reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito \u00ab(\u2026) bajo el prurito de haber signado el nuevo pagar\u00e9 en UVR, lo que el juzgado ha aceptado como verdad\u00bb y pidi\u00f3 que se \u00abconmine al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla; donde actualmente se tramita el proceso; que ha negado la solicitud de terminar\u00bb el juicio y que se le ordene a dicho Despacho \u00ab(\u2026) la suspensi\u00f3n inmediata de la actuaci\u00f3n tendiente a ejecutar la sentencia contra la cual instauro la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como por haberse negado a dar aplicaci\u00f3n a la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien la tutela se formula tambi\u00e9n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, lo cierto es que la determinaci\u00f3n que resolvi\u00f3 en concreto las quejas aludidas en la acci\u00f3n constitucional, relativas a la falta de reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, fue la proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla y, por tanto, la pretensi\u00f3n cardinal se formul\u00f3 en su contra, dado que es el Despacho que tiene a su cargo el tr\u00e1mite del proceso y que, por ende, puede resolver lo pertinente, si a ello hubiere lugar, por tanto ninguna orden se podr\u00eda impartir a diferente autoridad judicial. <\/p>\n
4.- Conforme con lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial accionada\u00bb, en principio debi\u00f3 conocer del presente asunto, en primera instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, superior jer\u00e1rquico del Despacho cuestionado. <\/p>\n
Sobre la falta de competencia funcional en materia de tutelas, la Sala ha sostenido, en asuntos similares, que: <\/p>\n
\u00ab El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016, ATC2521-2016 y ATC675-2021). <\/p>\n
5.- En consecuencia, se impone anular la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1\u0301 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, para su conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado, a partir del auto admisorio de la acci\u00f3n de tutela, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas practicadas (art\u00edculo 138 C.G.P.). <\/p>\n
SEGUNDO: Por Secretar\u00eda, rem\u00edtase la presente queja constitucional a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con el fin de que asuma su tr\u00e1mite en primera instancia, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a los interesados, en la forma prescrita en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, \u00danico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
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