ATC1049-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1049-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 52001-22-13-000-2021-00048-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de junio de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la tutela que Johanna Shirley Zarama Guerrero le instaur\u00f3 a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o y al Juzgado Sexto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad, sino fuera porque se advierte una irregularidad que afecta el tr\u00e1mite. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora exigi\u00f3 la custodia de los derechos al \u00abdebido proceso, vida, salud, igualdad y trabajo digno\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara al juzgado convocado: (i) \u00abDejar sin efectos la \u201cResoluci\u00f3n n\u00ba 0007\u201d [para que, en su lugar,] proceda a nombrar[la, al] haber acreditado la necesidad, urgencia de su traslado y los requisitos objetivos de m\u00e9rito\u00bb; (ii) \u00abEfectu[ar] el traslado laboral inmediato de [ella,] (\u2026) en aras de salvaguardar sus [prerrogativas,] (\u2026) frente a la imposibilidad de seguir laborando en el actual despacho judicial al que se encuentra vinculada en carrera\u00bb; y, subsidiariamente, (iii) \u00abRealizar su reubicaci\u00f3n temporal (\u2026) en un cargo que se encuentre vacante, acorde con sus capacidades profesionales, sin desmejorar su situaci\u00f3n laboral, hasta tanto se pueda vincular en forma definitiva\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pasto concedi\u00f3 la salvaguarda, tras cavilar que el Juzgado Sexto Penal Municipal \u201cno atendi\u00f3 la regulaci\u00f3n y jurisprudencia (\u2026) pues ni las autoridades que emiten el concepto de traslado ni el nominador tienen la potestad para debatir los dict\u00e1menes m\u00e9dicos y hacerlo atenta en contra de los derechos\u201d. <\/p>\n
3.- Apel\u00f3 la promotora alegando que, si bien el a quo tuvo en cuenta su \u201ccondici\u00f3n actual\u201d, no le protegi\u00f3 las dem\u00e1s garant\u00edas superiores invocadas (salud, vida, igualdad, trabajo digno), ni tampoco los principios (legalidad, seguridad jur\u00eddica, buena fe y confianza leg\u00edtima), por lo que pidi\u00f3 su \u201creubicaci\u00f3n\u201d de manera temporal y provisional, hasta tanto se solvente el asunto. <\/p>\n
Igualmente, recurri\u00f3 el Juzgado Sexto Penal Municipal querellado y argument\u00f3 que el dictamen m\u00e9dico aportado en el dossier \u201cno se ajusta a la legalidad\u201d, porque \u201c(\u2026) se bas\u00f3 exclusivamente en el dicho de la paciente, mas no contiene las exigencias de una prueba pericial basada en el m\u00e9todo cient\u00edfico (\u2026) es decir, no [se] ajus[ta] a los requerimientos del art\u00edculo 266 del C.G.P. (\u2026)\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que la petente no alleg\u00f3, en este mecanismo excepcional, \u201cevidencia de la existencia del acoso laboral\u201d. Finalmente, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada, puesto que \u201ccontiene consideraciones (\u2026) objetivas basadas en el m\u00e9rito\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De este modo, emerge palmario que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pasto carec\u00eda de aptitud para adelantar el presente resguardo, dado que fue interpuesto por una empleada judicial que pertenece a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, en tal virtud, le concierne a la especialidad de lo contencioso administrativo, impulsar y dirimir la controversia supralegal, de acuerdo con lo reglado en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, as\u00ed: \u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb.(Subraya y resalta a Sala). <\/p>\n
Ahora, como lo que se enjuicia involucra al Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o, colige esta Corporaci\u00f3n que el Tribunal Superior Administrativo de Pasto, es quien est\u00e1 llamado a desatar el auxilio en primer grado, atendiendo el car\u00e1cter \u00abfuncional\u00bb que ostenta respecto de la referida autoridad, seg\u00fan lo preceptuado en el numeral 6\u00ba \u00eddem: \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. (Subraya y resalta a Sala). <\/p>\n
2.- La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo atinente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el precepto 4 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, porque se tiene dicho que <\/p>\n
[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (ATC1323-2019). <\/p>\n
Aunado, mem\u00f3rese que bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, en pret\u00e9ritas oportunidades, sobre la facultad para decretar nulidades, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [L]a Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes \u2026\u00bb (ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio proferido el 25 mayo de 2021 por la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la tutela de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n de las diligencias a la oficina encargada del reparto entre los Tribunales Administrativos de Pasto, Nari\u00f1o, para que asuman el conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPALSE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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