ATC1052-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1052-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2021-00105-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 23 de junio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Federico Montes Zapata contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradur\u00eda Regional de Caldas, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Corporaci\u00f3n Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Electoral Colombia \u2013 MOE y la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Electoral de la OEA, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a desarrollarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n e igualdad, as\u00ed como a los principios contenidos en el \u00abpre\u00e1mbulo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculos 1, 2, 3, 6, 13, 37, 40-4, 103, 209, la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas en el tr\u00e1mite de revocatoria del mandato del alcalde de Manizales. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel d\u00eda 08 de enero de 2021 el comit\u00e9 de revocatoria \u201cDE PIE POR MANIZALES\u201d, se inscribi\u00f3 en la Registradur\u00eda Especial de Manizales, para revocar el mandato constitucional del se\u00f1or CARLOS MARIO MARIN CORREA, elegido para el periodo 2020-2023 [y] el 28 de enero de 2021 el Consejo Nacional Electoral, convoca a una audiencia p\u00fablica, en el centro de convenciones teatro los fundadores de la capital caldense, dando cumplimiento a la SU-077 de 2018 proferida por la Honorable Corte Constitucional de Colombia\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 01 de febrero de 2021 la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, decide suspender los 58 procesos de revocatoria del mandato, que se ven\u00edan adelantando en el pa\u00eds, aduciendo que es el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social de Colombia, quien deb\u00eda definir (sic) lineamientos de bioseguridad para la recolecci\u00f3n de apoyos ciudadanos\u00bb, y habiendo \u00abtranscurrido 131 d\u00edas calendario -de los cuales 89 son h\u00e1biles-, la Registradur\u00eda no da respuesta de la entrega de formularios\u00bb. Esto, aunado a que \u00abla Alcald\u00eda de Manizales (\u2026), se declar\u00f3 impedidda por posible conflicto de intereses, para hacer cumplir las normas de bioseguridad en el municipio, en el proceso de recolecci\u00f3n de apoyos para llevar a cabo la iniciativa de revocatoria del mandato\u00bb, pese a que el 6 de abril de 2021, el comit\u00e9 promotor de la revocatoria envi\u00f3 el protocolo de bioseguridad. <\/p>\n
Que \u00abel proceso de revocatoria de mandato es un derecho fundamental, el cual est\u00e1 siendo vulnerado y afectado por la Procuradur\u00eda Regional de Caldas, al guardar silencio. Se est\u00e1n vulnerando y afectando sistem\u00e1ticamente, los derechos fundamentales y de participaci\u00f3n pol\u00edtica de todos los ciudadanos, en el llamado Estado Social de Derecho Colombiano [cuando] en las ciudades de Medell\u00edn y Cali ya hicieron entrega de los formularios, para la recolecci\u00f3n de apoyos ciudadanos\u00bb, y agreg\u00f3 que como \u00abla Registradur\u00eda Especial de Manizales [inform\u00f3] que la decisi\u00f3n la tomaba el Procurador Regional de Caldas (\u2026) el 11 de mayo de 2021 se envi\u00f3 una petici\u00f3n a la procuradur\u00eda Regional (\u2026), pero no han dado respuesta, y mucho menos un acuse de recibido\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abque el Procurador Regional de Caldas, se pronuncie acerca del impedimento del se\u00f1or Carlos Mario Mar\u00edn Correa, en el menor tiempo posible; que se le ordene a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, que entreguen los formularios para recolectar los apoyos ciudadanos, debido a que el Procurador Regional de Caldas, est\u00e1 dilatando el proceso; que se nombre el alcalde ad hoc, debido a la dilaci\u00f3n y a la omisi\u00f3n que hace el Procurador Regional de Caldas\u00bb. As\u00ed mismo, \u00abque la Defensor\u00eda Nacional del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, vigilen el procedimiento para la entrega de los formularios, por no contar con las garant\u00edas constitucionales el comit\u00e9 de revocatoria del mandato (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El tribunal a-quo desestim\u00f3 el amparo, al encontrar que frente a los \u00abhechos nuevos\u00bb, esto es, los no contenidos en tutela que conoci\u00f3 en primera instancia el Tribunal Administrativo de Caldas (rad. 2021-00062), la suspensi\u00f3n de recolecci\u00f3n de firmas por no cumplirse los protocolos de bioseguridad, se produjo porque el alcalde en cuesti\u00f3n se declar\u00f3 impedido y el 24 de mayo de 2021 la Procuradur\u00eda Regional Caldas acept\u00f3 el impedimento y \u00abremiti\u00f3 las diligencias a la Presidencia de la Rep\u00fablica a fin de que se proceda a designar un alcalde ad hoc\u00bb. Ante ello, advirti\u00f3 \u00abque la presente acci\u00f3n resulta improcedente para resolver las dem\u00e1s pretensiones objeto de este asunto\u00bb, pues \u00abpara vigilar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el tr\u00e1mite de revocatoria del mandato (\u2026), dicha petici\u00f3n se encuentra adelant\u00e1ndose a trav\u00e9s del mecanismo id\u00f3neo para ello en el Ministerio del Interior\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia y de la vinculaci\u00f3n aparente. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, la Corte encuentra que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales carece de competencia para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo no compromete actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de alguno de los funcionarios que, en forma expresa, enlista el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 20211), sino que, gen\u00e9ricamente se dirige contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Defensor\u00eda del Pueblo, y de manera espec\u00edfica contra el Procurador Regional de Caldas, el Procurador Especial de Manizales y las dem\u00e1s dependencias oficiales y no gubernamentales, en raz\u00f3n a la dependencia org\u00e1nica y a la relaci\u00f3n que existe por sus funciones de gesti\u00f3n y control en la actividades que realizan. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, esta Sala sostuvo que: <\/p>\n
\u00abDel relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se desprende, sin duda alguna, que la queja constitucional est\u00e1 dirigida concretamente frente a las actuaciones de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, m\u00e1s no de su representante legal o titular. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge clara la falta de competencia del a quo para resolver la presente queja constitucional, pues, por una parte, no le ser\u00eda aplicable lo dispuesto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, que prev\u00e9 que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \u201cRegistrador Nacional del Estado Civil\u201d ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos; y por la otra, seg\u00fan la naturaleza jur\u00eddica de la entidad acusada, y lo dispuesto en las reglas consagradas en el numeral 2\u00ba ib\u00eddem, la competencia para conocer del presente asunto en primera instancia corresponde a los Jueces del Circuito o con categor\u00eda de tales\u00bb (CSJ ATC857-2018, 18 abr. 2018, 2018-00033-01). <\/p>\n
En un pronunciamiento posterior relacionado con un tema de revocatoria de mandato local, dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se advierte que el quejoso pretende que se le ordene a las entidades accionadas, seg\u00fan corresponde, fijar de manera inmediata la fecha para que se lleve a cabo la \u00abRevocatoria del mandato del Alcalde de Cumaral-Meta\u00bb; expedir el \u00abCertificado de Disponibilidad Presupuestal\u00bb para adelantar el mecanismo de participaci\u00f3n referido, y, que la Gobernaci\u00f3n acusada, informe sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento al acto administrativo No. 002 de 2018. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, se advierte que la queja est\u00e1 dirigida, contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil (Registrador Municipal del Estado Civil de Cumaral-Meta), y el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, entidades p\u00fablicas del orden nacional, y, contra la Gobernaci\u00f3n del Meta, ente del nivel departamental, bajo ese supuesto, advierte la Corte que al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, mediante el cual se modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, \u201c[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u201d, y a su vez, dicha normatividad en el numeral 11 de dicho canon, consigna que \u201c[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u201d\u00bb (CSJ ATC1167-2018, 6 jun. 2018, rad. 00029-01, citado en ATC818-2020, 16 sep. 2020, rad. 00010-01, entre otros). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva y teniendo en consideraci\u00f3n el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra entidades, autoridades u organismos del orden nacional se radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual dispone que: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita y que en lo atinente a dicha competencia no ha sido objeto de posterior modificaci\u00f3n, resulta indudable que el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional no correspond\u00eda tramitarlo al tribunal sino a los jueces del circuito del distrito judicial de Manizales. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De conformidad con lo antes se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales para conocer en primera instancia la presente acci\u00f3n, en tanto desconoce las reglas de reparto y, en consecuencia, como se ha dictado fallo bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando, para lo pertinente, el env\u00edo del expediente al reparto de los juzgados civiles del circuito de esa ciudad. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al invalidarse el fallo proferido por la colegiatura a-quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar como practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas. <\/p>\n
4. De la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19923\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
Al respecto una vez m\u00e1s se advierte que: <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ ATC, 16 jul. 2010, rad. 00022-01, citado en ATC, 21 may. 2020, rad. 00091-01, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida en el asunto de la referencia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 23 de junio de 2021, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente al Juzgado Civil del Circuito de Manizales \u2013 reparto, para que asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. Of\u00edciese. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00ab3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Republica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Republica, del Contador General de la Naci\u00f3n, del Consejo Nacional Electoral, as\u00ed como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci\u00f3n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de funcionamiento, con fundamento en los art\u00edculos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, ser\u00e1n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
3\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1052-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC1052-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2021-00105-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55279","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55279"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55279\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}