ATC1055-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1055-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02368-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1 y su hom\u00f3logo Noveno Civil Municipal de Armenia, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Epifanio Aldana contra la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de esta \u00faltima localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante dirigi\u00f3 su escrito introductor al \u00abJUEZ DE TUTELA DE BOGOT\u00c1 (reparto)\u00bb, con el prop\u00f3sito de que se le garantice el derecho fundamental de petici\u00f3n, ya que, desde el pasado 23 de abril de 2021, radic\u00f3 una solicitud ante esta entidad con el fin de solicitar \u00abuna prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1, al que inicialmente correspondi\u00f3 el asunto por reparto, se apart\u00f3 de la causa pretextando que, \u00abde acuerdo con el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 y en armon\u00eda con el Decreto 1382 de 2000\u00bb, la competencia para conocer de la demanda de tutela corresponde a los jueces municipales de Armenia -, sin dar argumentos adicionales. En consecuencia, all\u00ed remiti\u00f3 las diligencias. <\/p>\n
3. El estrado judicial receptor, esto es, el hom\u00f3logo Noveno Civil Municipal de Armenia, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, tras considerar que \u00abcomo bien lo advierte, la norma en comento, los jueces deben conocer a prevenci\u00f3n de las acciones de tutela que se presenten, ya sea porque en ese territorio ocurri\u00f3 la violaci\u00f3n, se presente la amenaza o en su defecto all\u00ed se produzcan los efectos, como en el presente caso, cuyo accionante reside en la ciudad de Bogot\u00e1, siendo en esa localidad donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n del derecho invocado, por ser el lugar de su residencia y donde a su elecci\u00f3n el actor escogi\u00f3 al juez\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abpara los fines antes indicados, cabe citar pronunciamiento efectuado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, Auto ATC110-2021 de fecha ocho (8) de febrero de 2021, M.P. Francisco Ternera Barrios, el cual, resolvi\u00f3 un caso similar al presente y decidi\u00f3 que quien deb\u00eda conocer la tutela era el Juzgado al cual el tutelante eligi\u00f3 como autoridad para resolver su solicitud, en virtud a la facultad que le concede el factor territorial\u00bb. <\/p>\n
Con esos argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente conflicto de competencias, dado que involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; lo anterior al amparo de lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Competencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la adecuada asignaci\u00f3n de solicitudes de amparo formuladas para lograr la salvaguarda de bienes iusfundamentales requiere elucidar el lugar en el que se produjo la infracci\u00f3n \u2013o la amenaza\u2013 al n\u00facleo fundamental de derechos del reclamante, as\u00ed como la sede en la que el acto censurado concretar\u00eda sus consecuencias, pudiendo optar el accionante por cualquiera de ellas. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado esta Colegiatura, en asuntos similares al que ahora se examina: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000). (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848; reiterado en CJS ATC2816-2017, 4 may.). <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n, no desconoce el car\u00e1cter expedito, preferente y sumario de la acci\u00f3n de tutela pues, con independencia de dichos atributos, como acci\u00f3n judicial \u00abest\u00e1 sujeta al debido proceso (art\u00edculo 29 y 85 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) del que dimana la competencia para el conocimiento de los diferentes asuntos. Este corresponde por el factor territorial al juez del lugar de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental (art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991) y por la naturaleza de la autoridad o del acto se distribuye entre los diferentes despachos judiciales, conforme al Decreto 1382 de 2000\u00bb (CSJ. 10 abr. 2021, rad. 42345). <\/p>\n
En otra oportunidad, se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que el debido proceso es un derecho de car\u00e1cter fundamental, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y la competencia, como una de sus manifestaciones, corresponde a la facultad de los jueces para ejercer jurisdicci\u00f3n en determinada parte del territorio o en ciertos asuntos y, como tal, no puede ser invadida por un hom\u00f3logo unipersonal o corporativo. El Decreto 1382 de 2000 reglament\u00f3 el reparto de las acciones de tutela, y determin\u00f3 el juez natural que debe conocer de acuerdo con el nivel al cual pertenezca la autoridad accionada o su jerarqu\u00eda, o si se trata de un particular\u00bb (CSJ 23 may. 2013, rad 67047). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, esta Sala precisa que el sistema atributivo de competencia preventiva en materia de tutela implica que el accionante \u00abbien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos\u00bb, lo que sugiere, en principio, que en el sub examine cualquiera de las autoridades en contienda podr\u00eda proveer sobre el particular. <\/p>\n
Sin embargo, analizado el sumario, se concluye que quien debe conocer del asunto en esta oportunidad es el estrado judicial de Bogot\u00e1, dado que es el lugar de residencia del gestor y se puede colegir que es all\u00ed donde se producen los efectos de las actuaciones aducidas como vulneradoras, principalmente, la falta de respuesta a la petici\u00f3n relacionada con \u00abuna prescripci\u00f3n\u00bb; en tanto, seg\u00fan constancia secretarial del Juzgado Noveno Civil Municipal de Armenia, el actor indic\u00f3 que \u00abvive en la Carrera 8\u00aa Este No. 30-81 Sur Etapa 5 Casa 121 de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, en virtud del art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza\u00bb, norma sobre la cual la Sala ha precisado que su finalidad es: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) facilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (ver, entre otros, CSJ ATC2439-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con las premisas precedentes, es el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1, el llamado a dirimir el asunto de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1, para conocer de la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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