ATC1060-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1060-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02495-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1 y Promiscuo Municipal de Puerto Colombia (Atl\u00e1ntico), ya que ambos despachos judiciales rehusaron conocer de la petici\u00f3n de amparo formulada por Johan David Rinc\u00f3n, quien aduce actuar en representaci\u00f3n de Alfonso Enrique Alvarado Rinc\u00f3n, contra la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Movilidad de Puerto Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A la primera de las mencionadas agencias judiciales le fue repartida la acci\u00f3n de tutela atr\u00e1s referida, la que a trav\u00e9s de auto de 19 de julio de los corrientes, se declar\u00f3 incompetente para conocerla, en la medida en que \u00ab\u2026los hechos que motivaron [la solicitud de amparo] tuvieron ocurrencia en Puerto Colombia (Atl\u00e1ntico) circunstancia que al tenor de lo previsto por el Art. 37 del Decreto 2591 de 1991, coloca para conocer en primer instancia al Juzgado con competencia en el lugar donde ocurrieren la violaci\u00f3n o la amenaza que se reclama\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, a quien fue asignado el asunto, plante\u00f3 conflicto negativo de competencia, al considerar que \u00abel actor alega vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, [por lo que] se desprende que es el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., el competente para conocer la presente acci\u00f3n, por ser el juez elegido a prevenci\u00f3n por el actor, en aplicaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable (interpretaci\u00f3n pro homine); adem\u00e1s, por ser el lugar donde se producen los efectos relacionados con la presunta vulneraci\u00f3n que se pretende proteger\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No hay duda de que en esta Corporaci\u00f3n radica la competencia para dirimir el referido conflicto, al tenor del art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, habida consideraci\u00f3n de que los despachos enfrentados pertenecen a diferentes distritos judiciales. <\/p>\n
2. En el sub lite se advierte que la controversia planteada va dirigida a determinar qu\u00e9 estrado debe conocer la queja constitucional del actor contra la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de Puerto Colombia, destacando que el gestor considera vulnerados sus derechos de primer orden con ocasi\u00f3n del actuar de dicho ente, toda vez que no ha dado debida respuesta a la solicitud que radic\u00f3 en el mes de febrero de la anualidad en curso, a trav\u00e9s de la cual reclam\u00f3 \u00abla impugnaci\u00f3n del comparendo [n\u00b0 08573000000029362765] y solicitud de nulidad de este\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el canon primero del decreto 333 de 2021, establece que \u00ab[p]ara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb, siendo el principal objetivo de la anterior disposici\u00f3n facilitar al afectado en sus derechos fundamentales la elecci\u00f3n del juez que deba resolver sobre la protecci\u00f3n constitucional deprecada, de tal suerte que la competencia por el factor territorial est\u00e1 instituida a prevenci\u00f3n por el sitio en que, seg\u00fan las afirmaciones de la demanda, ocurren los hechos denunciados o produce sus efectos la acci\u00f3n u omisi\u00f3n generatriz del agravio, cualquiera de los cuales, por lo general, puede coincidir con el de domicilio o el de residencia de la parte accionante, seg\u00fan sea el caso. <\/p>\n
2.2. Asimismo, el numeral primero de la citada norma (art\u00edculo 2.2.3.1.2.1, decreto 1069 de 2015) indica que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
2.3. En el caso bajo examen, se extrae que el domicilio del accionante est\u00e1 ubicado en Bogot\u00e1, como lo se\u00f1al\u00f3 en su demanda de tutela y al momento de radicar la misma, raz\u00f3n por la cual debe entenderse que precisamente en dicha localidad han tenido lugar los efectos de la vulneraci\u00f3n que alega frente a sus garant\u00edas fundamentales; de lo que se deduce que en esta urbe se ha materializado la presunta conculcaci\u00f3n de sus derechos, de donde, por lo explicado, corresponde al Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1 el conocimiento de esta tutela. <\/p>\n
3. Luego, el despacho al cual inicialmente correspondi\u00f3 por reparto la demanda, es el competente para conocerla, ya que, it\u00e9rese, \u00e9sta puede instaurarse en cualquiera de los lugares donde adquiera materialidad o irradie efectos la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, se resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar que el competente para conocer de la presente acci\u00f3n de tutela es el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1, al cual se dispone remitir el expediente. <\/p>\n
Segundo. Comunicar esta decisi\u00f3n al interesado y a los despachos involucrados. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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