ATC1079-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1079-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02494-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)-. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La se\u00f1ora Sandra Iv\u00f3n Castro Castro present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la Secretar\u00eda de Movilidad de Puerto Colombia, Atl\u00e1ntico, por considerar que su prerrogativa fundamental de petici\u00f3n le fue quebrantada al no brindar respuesta a la solicitud que elev\u00f3 el pasado 20 de noviembre de 2019, tendiente a que se aclare c\u00f3mo fue que se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n del comparendo \u00abPTI038209 del 19 de diciembre de 2013\u00bb. <\/p>\n
Es por ello que pretende a trav\u00e9s del amparo, que se ordene a la convocada dar inmediata resoluci\u00f3n a su requerimiento. <\/p>\n
2. La acci\u00f3n de tutela le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1, quien mediante prove\u00eddo calendado 14 de julio de los corrientes resolvi\u00f3 abstenerse de conocer el asunto, bajo el argumento que carec\u00eda de competencia por el \u00abfactor territorial\u00bb, en tanto que \u00abel lugar donde ocurre la violaci\u00f3n que origina la presentaci\u00f3n de la tutela no corresponde a este Distrito Capital, (\u2026) y habr\u00e1 de remitirse las diligencias de tutela al juzgado competente\u00bb, remitiendo entonces las diligencias a los Juzgados \u00abCiviles Municipales\u00bb de Puerto Colombia, Atl\u00e1ntico, para lo pertinente. <\/p>\n
3. Recibido el expediente por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, en prove\u00eddo del pasado 16 de julio siguiente tambi\u00e9n reh\u00faso la competencia, suscitando entonces conflicto negativo, tras considerar, en suma, que es en la oficina judicial emisora sobre la que aqu\u00e9lla recae, \u00abpor ser el juez elegido a prevenci\u00f3n por el actor, en aplicaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable (interpretaci\u00f3n pro homine); adem\u00e1s, por ser el lugar donde se producen los efectos relacionados con la presunta vulneraci\u00f3n que se pretende proteger\u00bb, citando al efecto algunas determinaciones de la Corte Constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, \u00abLas Salas de Casaci\u00f3n Civil y Agraria Laboral y Penal, actuar\u00e1n seg\u00fan su especialidad como Tribunal de Casaci\u00f3n, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos. Tambi\u00e9n conocer\u00e1n de los conflictos de competencia que, en el \u00e1mbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un mismo tribunal, o entre Tribunales, o entre estos y juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos\u00bb (resalte fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed mismo, el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso -Ley 1564 de 2012, establece que \u00absiempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed, que a esta instancia corresponda pronunciarse sobre el asunto planteado, teniendo en cuenta que la declaraci\u00f3n de incompetencia fue declarada por sedes judiciales pertenecientes a distintos distritos judiciales. <\/p>\n
2. Ahora, si bien anteriormente las decisiones de este tipo eran adoptadas por la Sala, del art\u00edculo 35 del C\u00f3digo General del Proceso, normativa que, en cuanto a sus principios, es aplicable al tr\u00e1mite de la tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, deviene que al Magistrado ponente corresponde dictar el prove\u00eddo que resuelva las controversias de esta naturaleza. <\/p>\n
3. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000 se\u00f1ala, que \u00ab[p]ara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, <\/p>\n
los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb (resalte de la Sala); de ah\u00ed, que el principal objetivo del legislador con lo dispuesto, no fue otro que permitir al afectado la escogencia de la autoridad que deba resolver sobre la protecci\u00f3n constitucional deprecada, ya sea por el lugar en que, seg\u00fan sus afirmaciones, est\u00e1n ocurriendo los hechos denunciados o produce sus efectos la acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora del agravio, cualquiera de los cuales, por lo general, puede coincidir con el del domicilio de \u00e9ste, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
En este sentido, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que la finalidad de la regla contenida en el precepto citado es la de <\/p>\n
\u00abfacilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (ver recientemente, entre otros, CSJ ATC158-2021). <\/p>\n
4. En el caso bajo examen, la se\u00f1ora Sandra Iv\u00f3n eligi\u00f3 a los jueces de la ciudad de Bogot\u00e1 para radicar el libelo contentivo de su solicitud de amparo, por ser el lugar en donde tiene su domicilio. <\/p>\n
5. Con apoyo en lo descrito, para hacer prevalecer la voluntad expresada por la tutelante, y sin m\u00e1s reflexiones, se ordenar\u00e1 enviar inmediatamente la actuaci\u00f3n a la autoridad judicial que inicialmente declin\u00f3 su tr\u00e1mite, para que d\u00e9 curso y decida la solicitud de protecci\u00f3n incoada con fundamento en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, pues la supuesta falta de competencia por el factor territorial no constituye una nulidad insubsanable en atenci\u00f3n a las previsiones legales antes comentadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Despachos judiciales mencionados, se\u00f1alando que la competencia de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sandra Iv\u00f3n Castro Castro corresponde al Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En consecuencia, devu\u00e9lvase el expediente a la mentada autoridad para lo de su competencia, y comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a la otra sede judicial que intervino en el conflicto y a la accionante. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
2 <\/p>\n
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