ATC1093-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1093-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00360-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 24 de junio de 2021, mediante el cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cooperativa de Trabajo Asociado Integral en Salud -Consalud, contra la Superintendencia para la Supervisi\u00f3n del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria \u2013Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Cooperativa promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio seguido en su contra. <\/p>\n
Reclama entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Superintendencia para la Supervisi\u00f3n del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria \u2013Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria, \u00abrehacer la actuaci\u00f3n administrativa a partir de la notificaci\u00f3n del auto cierre de la etapa probatoria, traslado para alegatos de conclusi\u00f3n a la Cooperativa (\u2026) los cuales nunca le fueron notificados en legal forma\u00bb, y que en consecuencia, \u00abresuelva y notifique en legal forma a la Cooperativa (\u2026) de los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n contra la Resoluci\u00f3n No. 2020390008465 de septiembre 15 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar sus quejas, expone en s\u00edntesis, que el referido tr\u00e1mite en su contra es adelantado porque supuestamente no realiz\u00f3 los reportes de los estados financieros con corte a 30 de junio de 2015, 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017, por lo que tras surtirse el tr\u00e1mite de rigor, el 8 de octubre de 2020 el ente de Supervisi\u00f3n le envi\u00f3 a su correo electr\u00f3nico aviso de notificaci\u00f3n acompa\u00f1ado de la Resoluci\u00f3n No. 2020390008465 de 15 de septiembre de 2020, donde la sancion\u00f3 a pagar $32\u00b4917.603,oo por el presunto incumplimiento en el reporte de la informaci\u00f3n correspondiente al 30 de junio de 2017, decisi\u00f3n que atac\u00f3 mediante los recursos de reposici\u00f3n, ante la Delegatura para la Supervisi\u00f3n del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria, y en subsidio el de apelaci\u00f3n ante el Superintendente de la Econom\u00eda Solidaria. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el 23 de octubre de 2020, envi\u00f3 el escrito con esos recursos a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico correocertificado@supersolidaria.gov.co, argumentando que no fue enterada en debida forma de la decisi\u00f3n de cerrar la etapa probatoria para as\u00ed haber alegado de conclusi\u00f3n; no obstante, dice, a la fecha no ha sido emitido pronunciamiento alguno frente a esos mecanismos, y en cambio s\u00ed ha recibido de parte de un funcionario ejecutor requerimientos de pago de la sanci\u00f3n, porque supuestamente la misma qued\u00f3 ejecutoriada el 27 de octubre de 2020, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a favor de los pobladores de dicho territorio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n suplicada, tras advertir, en suma, que si bien la acci\u00f3n de tutela no es procedente contra actos administrativos, \u00abno aplica al hecho que, por parte de la Supersolidaria se pretende desatender los recursos, que se observa, v\u00e1lidamente, fueron presentados por Consalud al interior del juicio sancionatorio, pues frente al particular ninguna defensa existe en favor del accionante\u00bb, de manera que \u00absiendo la direcci\u00f3n electr\u00f3nica correocertificado@supersolidaria.gov.co, canal de comunicaci\u00f3n reconocido por la Supersolidaria, que dicho buz\u00f3n permite la transferencia de datos, pues en prueba realizada se verific\u00f3 que los mensajes enviados a tal direcci\u00f3n no son devueltos por el servidor y por tanto llegan a la bandeja de entrada y, no habiendo sido informado oportunamente los canales habilitados, deber\u00e1 darse tr\u00e1mite al mensaje de datos fechado octubre 23 de 2020, mediante el cual, Consalud formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la Resoluci\u00f3n No. 2020390008465 de septiembre 15 de 2020\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Impugnada la sentencia por la parte accionada, fue remitida a esta Corte para lo pertinente, a trav\u00e9s del correo institucional. <\/p>\n
1. Conforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica antes descrita, se desprende la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de del Distrito Judicial de Barranquilla para desatar el resguardo rogado en primera instancia, por cuanto la queja se dirige contra una actuaci\u00f3n de naturaleza administrativa tramitada por la Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria, esto es, una autoridad del orden Nacional, pues seg\u00fan el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 186 de 2004, \u00abes un organismo descentralizado, t\u00e9cnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonial que tiene por objeto la supervisi\u00f3n sobre la actividad financiera del cooperativismo y sobre los servicios de ahorro y cr\u00e9dito de los fondos de empleados y asociaciones mutualistas y, en general, el aprovechamiento o inversi\u00f3n de los recursos captados de los asociados por parte de las organizaciones de la econom\u00eda solidaria\u00bb. <\/p>\n
2. Para identificar la naturaleza del procedimiento cuestionado con la tutela, corresponde se\u00f1alar que dentro de las funciones de la autoridad accionada, se cuenta la del numeral 7\u00ba del art\u00edculo 36 de la Ley 454 de 1998, reiterada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 186 de 2004, de \u00abimponer sanciones administrativas institucionales. Cuando el Superintendente de la Econom\u00eda Solidaria, despu\u00e9s de pedir explicaciones a los administradores o los representantes legales de cualquier instituci\u00f3n sometida a su vigilancia, se cerciores de que \u00e9stos han violado una norma de su estatuto o reglamento, cualquiera otra legal a que deba estar sometido, impondr\u00e1 al establecimiento, por cada vez, una multa a favor del tesoro nacional de hasta doscientos (200) salarios m\u00ednimos, gradu\u00e1ndola a su juicio, seg\u00fan la gravedad de la infracci\u00f3n o el beneficio pecuniario obtenido, o seg\u00fan ambos factores (\u2026), sanciones a las que habr\u00e1 lugar tras agotarse el procedimiento se\u00f1alado en el art\u00edculo 47 y s.s. de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), ya que \u00ab[l]os procedimientos administrativos de car\u00e1cter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el C\u00f3digo Disciplinario \u00danico se sujetar\u00e1n a las disposiciones de esta Parte Primera del C\u00f3digo. Los preceptos de este C\u00f3digo se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n en lo no previsto por dichas leyes\u00bb, de manera que una vez surtido el tr\u00e1mite de rigor, el procedimiento culminar\u00e1 con un acto administrativo de car\u00e1cter sancionatorio. <\/p>\n
3. De otro lado, sobre la diferenciaci\u00f3n entre actos jur\u00eddicos administrativos y jurisdiccionales, estableci\u00f3 la Corte Constitucional que \u00abexisten elementos formales que permiten establecer una diferencia entre ambos tipos de actos. De un lado, por sus efectos, pues el acto administrativo no goza de fuerza de cosa juzgada mientras que el jurisdiccional es definitivo, por lo cual el primero puede ser revocado, incluso estando ejecutoriado, a menos que exista una situaci\u00f3n jur\u00eddica consolidada, mientras que el acto jurisdiccional, una vez resueltos los recursos ordinarios y, excepcionalmente, los extraordinarios, es irrevocable. De otro lado, estos actos tambi\u00e9n se diferencian por la naturaleza de sujeto que los emite, pues s\u00f3lo puede producir actos judiciales un funcionario que tenga las caracter\u00edsticas de predeterminaci\u00f3n, autonom\u00eda, independencia e inamovilidad propia de los jueces, En efecto, lo propio del juez es que no s\u00f3lo deber estar previamente establecido por la ley (juez natural) sino que, adem\u00e1s, debe ser ajeno a las partes en la controversia (imparcial), s\u00f3lo est\u00e1 sujeto al derecho y no a instrucciones de sus superiores o de los otros poderes (independiente), y goza de una estabilidad suficiente para poder ejercer su independencia y autonom\u00eda (inamovilidad). Por el contrario, el funcionario administrativo carece de algunos de esos rasgos. Desde el punto de vista constitucional, la distinci\u00f3n entre acto administrativo y acto jurisdiccional es en el fondo el car\u00e1cter definitivo o no de la decisi\u00f3n tomada por la autoridad estatal\u00bb (C-189-1998). <\/p>\n
4. Del mismo, modo, sobre la atribuci\u00f3n de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas, esta Sala estableci\u00f3 que: \u00abLo primero que se debe decir acerca de esta facultad, es que se encuentra prevista o autorizada en el inciso tercero del art\u00edculo 116 de Constituci\u00f3n Pol\u00edtica1, la que a su vez se halla desarrollada en el canon 3\u00b0 de la Ley 1285 de 20092, inciso segundo3. Frente a ella, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que, \u00abpor tratarse de una excepci\u00f3n a la regla general, la interpretaci\u00f3n de las normas que confieren ese tipo de competencias debe ser restrictiva y que debe basarse en una decisi\u00f3n legislativa que defina, expresamente y de manera precisa, las autoridades investidas de esas funciones, y las materias comprendidas en tal asignaci\u00f3n\u00bb, la cual \u00abdebe hacerse siempre compatible con los principios medulares del debido proceso\u00bb (subrayas ajenas al texto, C.C. C-156\/13). <\/p>\n
A partir de tales premisas4, dicha Corporaci\u00f3n fij\u00f3 en la sentencia C-896 de 2012, las siguientes reglas jurisprudenciales: i) \u00abSe encuentra constitucionalmente ordenado que sean disposiciones con fuerza de ley las que atribuyan funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas. Esta competencia legislativa, conforme al art\u00edculo 3 de la ley 1285 de 2009, comprende el se\u00f1alamiento de las competencias, la determinaci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso y la fijaci\u00f3n de todas las condiciones necesarias para proteger en forma apropiada los derechos de las partes\u00bb; ii) \u00abSe encuentra constitucionalmente dispuesto que la atribuci\u00f3n sea excepcional y precisa (art\u00edculo 116). Del car\u00e1cter excepcional se sigue (i) un mandato de interpretaci\u00f3n restrictiva de las normas que confieren este tipo de facultades y (ii) un mandato de definici\u00f3n precisa de las competencias y las autoridades encargadas de ejercerlas. De este mandato de definici\u00f3n precisa se deriva el deber del legislador de establecer competencias puntuales, fijas y ciertas. Adicionalmente y atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 3 de la ley 1285 de 2009 el car\u00e1cter excepcional implica (iii) un mandato de asignaci\u00f3n eficiente conforme al cual la atribuci\u00f3n debe establecerse de manera tal que los asuntos sometidos al conocimiento de las autoridades administrativas puedan ser resueltos de manera adecuada y eficaz\u00bb; iii) \u00abSe encuentra constitucionalmente prohibido de manera definitiva la asignaci\u00f3n de competencias a autoridades administrativas para instruir sumarios o juzgar delitos\u00bb; y, iv) \u00abEst\u00e1 constitucionalmente ordenado el aseguramiento de la imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas5\u00bb (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
Por \u00faltimo, cabe destacar, que en la sentencia C-415 de 2002, la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica estableci\u00f3 una regla para preservar la excepcionalidad en el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de \u00f3rganos no judiciales, alusiva a que \u00aben caso de que exista una duda sobre la naturaleza administrativa o jurisdiccional de una funci\u00f3n asignada a un \u00f3rgano administrativo, debe interpretarse que se trata de una competencia administrativa\u00bb (destaco intencional)6 (STC-8508-2020) <\/p>\n
5. As\u00ed, el tr\u00e1mite criticado es adelantado por la Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria en ejercicio de la funci\u00f3n administrativa sancionatoria que le confiere la ley, y culmina con la emisi\u00f3n de un acto administrativo, sin que exista norma alguna que le atribuya a esa tramitaci\u00f3n el car\u00e1cter de jurisdiccional, o cuando menos puedan identificarse los elementos necesarios para encuadrarla en esa especial categorizaci\u00f3n, principalmente porque, el acto que con que concluye el procedimiento es discutible ante la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
6. Entonces, como la salvaguarda se dirige contra una autoridad del orden nacional, la regla para determinar el juez para su conocimiento es la del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 20177, sin que por lo antes explicado, tenga injerencia en el particular la del numeral 10\u00ba8, pues no estamos ante el ejercicio de una funci\u00f3n jurisdiccional por parte de la accionada, de ah\u00ed que entonces, corresponde a los jueces con categor\u00eda circuito asumir en primera instancia la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
7. Corresponde entonces destacar, que \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020). <\/p>\n
8. En consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas y, se ordenar\u00e1 remitir el expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla, para su conocimiento. <\/p>\n
9. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n ha precisado de tiempo atr\u00e1s, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC554-2019). <\/p>\n
11. Con todo, se dejar\u00e1 intacta la orden de tutela impartida por el Tribunal a quo en sentencia del 24 de junio de 2021, hasta tanto el juzgado que por reparto asuma el asunto disponga sobre la misma en la decisi\u00f3n de fondo que emita. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 24 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Mantener la orden constitucional impartida en el precitado fallo de tutela, hasta tanto el Despacho que asuma el conocimiento del asunto, lo resuelva de fondo.. <\/p>\n
TERCERO: Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla, para que se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Que reza: \u201cExcepcionalmente la ley podr\u00e1 atribuir funci\u00f3n jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les ser\u00e1 permitido adelantar la instrucci\u00f3n de sumarios ni juzgar delitos.\u201d <\/p>\n
2\u0002 Modificatorio del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
3\u0002 El cual se\u00f1ala: \u201cExcepcionalmente la ley podr\u00e1 atribuir funciones jurisdiccionales a ciertas y determinadas autoridades administrativas para que conozcan de asuntos que por su naturaleza o cuant\u00eda puedan ser resueltos por aquellas de manera adecuada y eficaz. En tal caso la ley se\u00f1alar\u00e1 las competencias, las garant\u00edas al debido proceso y las dem\u00e1s condiciones necesarias para proteger en forma apropiada los derechos de las partes. Contra las sentencias o decisiones definitivas que en asuntos judiciales adopten las autoridades administrativas excepcionalmente facultadas para ello, siempre proceder\u00e1n recursos ante los \u00f3rganos de la Rama Jurisdiccional del Estado, en los t\u00e9rminos y con las condiciones que determine la ley.\u201d <\/p>\n
4\u0002 Condensadas en la providencia citada, pero que se definieron previamente en las sentencias C-384\/00, C-1143\/00, C-1641\/00, C-649\/01, C-415\/02 y C-1072 de 2002. <\/p>\n
5\u0002 La cual contiene a su vez tres subreglas, pero que no interesan al caso que aqu\u00ed se estudia. <\/p>\n
7\u0002 \u201c(\u2026)2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. <\/p>\n
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ATC1093-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC1093-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00360-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 24 de junio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55293","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55293","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55293"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55293\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}