ATC1094-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1094-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00507-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 17 de junio de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la salvaguarda promovida por Boris Armando Rico Alvarado contra el Juzgado Veintiuno de Familia de la misma ciudad y la Comisar\u00eda Cuarta de Familia San Crist\u00f3bal Uno. No obstante, en la actuaci\u00f3n surtida se advierte una causal de nulidad que afecta la actividad desplegada, como a continuaci\u00f3n se procede a explicar. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa y \u201cnon bis in idem\u201d, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que por hechos de supuesto maltrato f\u00edsico perpetrados en contra de Sindy In\u00e9s Rojas Camacho, la <\/p>\n
comisaria de familia convocada le impuso \u201cmedida de protecci\u00f3n\u201d en su contra; determinaci\u00f3n confirmada por el estrado accionado, en sede de apelaci\u00f3n, mediante prove\u00eddo del 26 de febrero de 2020. <\/p>\n
Alega, que, por los mismos hechos, Rojas Camacho tambi\u00e9n lo denunci\u00f3 penalmente; no obstante, fue absuelto de dicha conducta, por el Juzgado Veintis\u00e9is Penal de esta capital, quien adem\u00e1s orden\u00f3: \u201cCANCELAR los registros, medidas cautelares, cauciones que hubieran sido prestadas, anotaciones y \u00f3rdenes de captura que en virtud de este proceso por violencia intrafamiliar [le] hubieran impuesto\u201d. <\/p>\n
Refiere que el 22 de julio de 2020, solicit\u00f3 a la comisar\u00eda de familia dejar sin vigencia la \u201cmedida de protecci\u00f3n\u201d, allegado copia de la aludida sentencia absolutoria, petici\u00f3n denegada por improcedente el 23 de julio de 2020; lo cual estima vulnera su garant\u00eda de non bis in idem. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, reprocha que tambi\u00e9n se desestimara la declaraci\u00f3n extrajuicio rendida por Rojas Camacho ante la Notar\u00eda 17 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, en donde aqu\u00e9lla se retract\u00f3 de los hechos denunciados y desisti\u00f3 de la \u201cmedida de protecci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Aduciendo que la aludida \u201cmedida de protecci\u00f3n\u201d est\u00e1 afectando su buen nombre y reputaci\u00f3n como profesional, impidi\u00e9ndole desempe\u00f1arse como empleado de cualquier empresa y aspirar a un cargo en las fuerzas militares; pide, en concreto, ordenar el levantamiento de la misma. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El despacho recriminado se\u00f1al\u00f3 que el accionante no ha radicado ninguna petici\u00f3n de levantamiento de la medida de protecci\u00f3n a \u00e9l impuesta por la entidad administrativa. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda 185 Local y el Juzgado Veintis\u00e9is Penal Municipal de Bogot\u00e1, relataron la actuaci\u00f3n surtida en esa instancia. <\/p>\n
6. El tribunal no accedi\u00f3 al resguardo deprecado, tras hallar incumplido el requisito de inmediatez, \u201c(\u2026) pues pese a que la Comisar\u00eda de Familia le neg\u00f3 la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n mediante providencia del 23 de julio de 2020, solo instaur\u00f3 la acci\u00f3n constitucional hasta el mes de junio del corriente a\u00f1o (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, refiri\u00f3, no se encontraba acreditado que el accionante formulara la petici\u00f3n aqu\u00ed reclamada directamente ante el estrado accionado. <\/p>\n
En cuanto al principio del \u201cnon bis in idem\u201d, precis\u00f3 que \u201c(\u2026) seg\u00fan lo dicho por la Corte Constitucional en las sentencias T-260 de 1999, M.P Dr Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz y C 271 de 2003 M.P Rodrigo escobar Gil, no se viola por la coexistencia de sanciones pecuniarias, disciplinarias, administrativas o penales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7. Contra esa determinaci\u00f3n, el gestor formul\u00f3 impugnaci\u00f3n, insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De las circunstancias narradas se desprende la falta de competencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, para desatar el presente ruego tuitivo. <\/p>\n
2. Lo anterior, dada la naturaleza de la Comisar\u00eda Cuarta de Familia San Crist\u00f3bal I, y lo preceptuado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, vigente desde el 30 de noviembre de 2017, esta demanda constitucional debi\u00f3 ser definida, en primer grado, por los jueces de familia de esa ciudad. <\/p>\n
Se resalta, aun cuando el numeral 5\u00b0 \u00eddem, indica las atribuciones de los tribunales para conocer de s\u00faplicas tutelares incoadas frente a los actos de los juzgados con calidad del circuito, lo discutido en el amparo de la referencia en nada involucra la gesti\u00f3n del juez accionado, puesto que la queja constitucional, en estrictez, se erige respecto a la actividad de la comisar\u00eda convocada, quien se neg\u00f3 a revocar la medida de protecci\u00f3n impuesta al aqu\u00ed petente y en favor de Sindy In\u00e9s Rojas Camacho. <\/p>\n
No debi\u00f3 entonces, involucrarse al Juzgado Veintiuno de Familia de Bogot\u00e1, pues no se enfila reparo alguno frente a su gesti\u00f3n. Su llamamiento es meramente aparente porque ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n concreta, lesiva de derechos supralegales, le fue enrostrada, pues la petici\u00f3n de levantamiento de la aludida \u201cmedida de protecci\u00f3n\u201d se dirigi\u00f3 espec\u00edficamente a la comisaria de familia convocada, quien no accedi\u00f3 a dicho pedimento. <\/p>\n
Sobre el particular, ha se\u00f1alado la Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d2. <\/p>\n
5. En consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la presente demanda de amparo y se dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n inmediata a la Oficina Judicial de Bogot\u00e1, para ser repartida entre los jueces de familia, quienes para este caso espec\u00edfico fungen como superior funcional de la Comisar\u00eda de Familia de esa localidad (art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 294 de 1996, modificado por los art\u00edculos 1\u00ba de la Ley 575 de 2000 y 16 de la Ley 1257 de 2008, concordante con el Decreto Ley 2739 de 1989 y C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia). <\/p>\n
En cuanto a la orden impartida, no est\u00e1 dem\u00e1s memorar lo indicado por esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela promovida por Boris Armando Rico Alvarado, espec\u00edficamente, contra la Comisar\u00eda Cuarta de Familia de San Crist\u00f3bal Uno, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, sin perjuicio de la validez de las pruebas. <\/p>\n
Segundo: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial de Bogot\u00e1, para ser repartido entre los jueces de familia de esa ciudad, para lo de su competencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de origen y a las partes mediante telegrama. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. ATC 24 de julio de 2007, Rad. No. 00156-01, y 17 de agosto de 2011, exp. No. 2011-00430-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. ATC de 16 de julio de 2010, exp. 81001-22-08-000-2010-00022-01; reiterado el 9 de agosto de 2010, exp. 63001-22-14-000-2010-00064-01; y el 28 de febrero de 2014, exp. 08001-22-13-000-2013-00648-01 <\/p>\n
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