ATC1095-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1095-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00318-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 28 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la salvaguarda promovida por Mar\u00eda Alejandra Camargo Otero contra el Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia-, con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite administrativo adelantado por la gestora ante esa entidad. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, igualdad e informaci\u00f3n, presuntamente violentadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
La impulsora aduce que el 12 de abril de 2021, solicit\u00f3 a la instituci\u00f3n confutada, la expedici\u00f3n de su tarjeta profesional de abogada, pedimento reiterado el 10 de junio postrero, al no haber recibido respuesta. <\/p>\n
Para la precursora, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto la tardanza injustificada en la gesti\u00f3n reprochada repercute negativamente en sus aspiraciones laborales. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar entregarle el documento materia de controversia. <\/p>\n
4. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia se\u00f1al\u00f3 que inscribi\u00f3 a la suplicante, en sus bases datos, como profesional del derecho y, le asign\u00f3 un n\u00famero de tarjeta profesional, seg\u00fan acta n\u00b08893 2021, la cual se envi\u00f3 al contratista respectivo para la elaboraci\u00f3n del pl\u00e1stico, para su posterior entrega f\u00edsica a la tutelante a trav\u00e9s de la empresa 4-72. <\/p>\n
Asimismo, aport\u00f3 el hiperv\u00ednculo en donde la petente puede verificar la vigencia del mencionado cartulario e, igualmente, el pantallazo contentivo de la notificaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n rese\u00f1ada <\/p>\n
5. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, desestim\u00f3 el resguardo al advertir la carencia de objeto por hecho superado. <\/p>\n
6. La interesada impugn\u00f3 alegando que la tarjeta profesional materia de disenso, aun no hab\u00eda llegado a su residencia, persistiendo as\u00ed la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico se desprende la falta de competencia del a quo constitucional, para definir la salvaguarda deprecada en primera instancia, por cuanto el acusado de lesionar las garant\u00edas superlativas de la accionante es el Consejo Superior de la Judicatura, a trav\u00e9s de una dependencia suya, esto es, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto los reparos constitucionales frente a esa autoridad deben ser zanjados por la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Plena conforme al reglamento de esta Corporaci\u00f3n1 y en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, mediante el cual se modific\u00f3 el numeral 8\u00b0, canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2013, cuyo tenor es el siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2 .2.3.1.2.4 del presente decreto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d2. <\/p>\n
5. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir de la admisi\u00f3n del presente tr\u00e1mite, y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias a la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n, para que realice el reparto respectivo, tendiente a habilitar el conocimiento de este asunto en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR remitir el expediente a la Secretar\u00eda General de esta Colegiatura para que realice el reparto respectivo, tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo resuelto al tribunal de origen y a los interesados mediante telegrama u mensaje de datos y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo n\u00b0006 de 2002, de 12 de diciembre de 2002, numeral 4\u00b0, art\u00edculo 24\u00b0. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01. <\/p>\n
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