ATC936-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC936-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-30-000-2021-00038-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 28 de mayo de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Julio Salazar Mora contra la Direcci\u00f3n General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acac\u00edas de Acac\u00edas, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (USPEC), el Ministerio de Justicia, el departamento del Meta, el municipio de Acac\u00edas, la Corte Constitucional y la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos del Congreso de la Rep\u00fablica; sino fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas a la dignidad humana, integridad, no ser sometido \u00aba tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes ni a tortura\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n del \u00abderecho fundamental al agua potable de las personas privadas de la libertad\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades accionadas, por lo que solicit\u00f3 se ordene a las convocadas (i) \u00abgarantizar el bombeo de agua potable las 24 horas del d\u00eda en patios, calabozos y celdas de la penitenciar\u00eda de Acacias\u00bb; (ii) \u00abla dotaci\u00f3n de recipientes (caneca 100 litros por celda)para almacenar agua entre las celdas\u00bb; (iii) \u00abla reparaci\u00f3n integral de las bater\u00edas sanitarias dentro de las celdas, de los patios, celdas de calabozos\u2026 y celdas de visita \u00edntima\u2026\u00bb; (iv) \u00abel cambio de tuber\u00eda y llaves de los lavaderos\u00bb; y (v) \u00abla adecuaci\u00f3n del acueducto de la penitenciar\u00eda para que garantice el suministro de agua potable las 24 horas del d\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte de dicho pedimento, adujo el actor que: <\/p>\n
2.1. Se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Carcelario de Mediana Seguridad de Acac\u00edas, el cual \u00abno tiene servicio de agua potable por gravedad, el acueducto no tiene sistema de bombeo que garantice el servicio de agua potable las 24 horas del d\u00eda en patios, calabozos y celdas, incluidas las celdas destinadas para la visita \u00edntima\u00bb, por lo que todos los d\u00edas se presenta racionamiento del mencionado l\u00edquido. <\/p>\n
2.2. Adicion\u00f3 que permanece \u00aben las celdas encerrado desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la ma\u00f1ana, es decir, permanece 15 horas, durante ese periodo [se] recibe el servicio de agua potable de 5:30am por 5 minutos; y a las 5:30pm por 5 minutos\u00bb; que en las celdas los sanitarios no funcionan; y que el INPEC \u00abno ha dotado de baldes para almacenar agua\u00bb. <\/p>\n
2.3. Concluyo que la rese\u00f1ada situaci\u00f3n \u00abes un trato cruel, inhumano, degradante y tortura, ya que durante los diez minutos que llega el agua, todo est\u00e1 bien, pero despu\u00e9s, son 14 horas 50 minutos que permanece sin agua, tiempo en el que [tiene] que soportar el olor a orines y eses fecales porque no hay agua para vaciar el sanitario\u00bb. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la Rep\u00fablica destac\u00f3 que el actor \u00aben ning\u00fan momento se dirigi\u00f3 a la Comisi\u00f3n informando de las violaciones a todo el cat\u00e1logo de derechos humanos, y derechos fundamentales estatuidos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u2026\u00bb, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. La Direcci\u00f3n General del INPEC precis\u00f3 que no es esa entidad \u00abla competente para atender temas de infraestructura\u00bb, toda vez que \u00abcorresponde a la Direcci\u00f3n del EPMSC Acac\u00edas y a sus funcionarios acorde a su competencia funcional, atender las peticiones del [tutelante] conforme a lo establecido en el Art\u00edculo 36 de la Ley 65 de 1993\u00bb. <\/p>\n
3.2. La Alcald\u00eda de Acac\u00edas dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que lo pretendi\u00f3 por el gestor del resguardo emana \u00abde una relaci\u00f3n jur\u00eddica contractual entre el INPEC y la\u2026 USPEC y, a su vez\u2026, con la direcci\u00f3n del EPMSC Acac\u00edas\u2026\u00bb. <\/p>\n
3.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho tambi\u00e9n dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, habida cuenta que \u00abla obligaci\u00f3n de gestionar el funcionamiento, mantenimiento y control de la prestaci\u00f3n de servicios en cada centro de reclusi\u00f3n recaen en forma prioritaria en su director\u2026 y en la\u2026 USPEC, en su condici\u00f3n de entidad encargada de asegurar la adecuada prestaci\u00f3n de servicios a las personas privadas de la libertad\u00bb. <\/p>\n
3.4. La Corte Constitucional solicit\u00f3 \u00abdeclarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en la medida en que [esa Corporaci\u00f3n] no interviene en los tr\u00e1mites y actuaciones referentes a la ejecuci\u00f3n de los planes y\/o programas tendientes a la adecuaci\u00f3n y mantenimiento de la infraestructura de los centros penitenciarios y carcelarios del pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
3.5. La USPEC pidi\u00f3 que \u00abse [le] excluya de la responsabilidad impetrada por el accionante en la acci\u00f3n de Tutela, ya que\u2026 no ha violado ning\u00fan derecho fundamental\u2026, toda vez que cumple las obligaciones emanadas en su decreto de creaci\u00f3n y de la Ley\u00bb. <\/p>\n
3.6. Con posterioridad al proferimiento del fallo de primera instancia, compareci\u00f3 la Directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acac\u00edas, quien defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo, al considerar que: <\/p>\n
\u2026 en el presente tr\u00e1mite constitucional no existe prueba alguna que d\u00e9 cuenta del suministro de agua, por lo menos en las condiciones m\u00ednimas establecidas por la jurisprudencia constitucional a favor de los internos, entre ellos del accionante, equivalentes, en este caso, a 25 litros diarios por interno en raz\u00f3n a que el penal accionado se encuentra ubicado en una zona con temperaturas altas y que de dicha cantidad se haya permitido el almacenamiento de fluido en las celdas, especialmente durante la noche, en un volumen no inferior a 5 litros por preso, ello, con independencia de la fijaci\u00f3n de turnos u horarios de suministro. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, orden\u00f3 al Establecimiento Carcelario de Mediana Seguridad de Acac\u00edas, \u00aben coordinaci\u00f3n con el INPEC\u2026 y la USPEC\u00bb, que \u00abadopten las medidas necesarias para garantizar el suministro de agua al interno Carlos Julio Zalazar Mora y en general a la poblaci\u00f3n privada de la libertad de dicho establecimiento\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n \u00abfacilitar a los internos, en caso de ser necesario, los utensilios para que puedan almacenar el l\u00edquido en sus celdas especialmente durante la noche en cantidades no inferiores a 5 litros para el consumo, para vaciar los ba\u00f1os y realizar tareas de limpieza\u00bb. <\/p>\n
5. La Direcci\u00f3n General del INPEC y la Directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acac\u00edas impugnaron la decisi\u00f3n que acaba de rese\u00f1arse. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a-quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
En efecto, al presente ruego constitucional le resultan aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 333 de 6 de abril de 2021 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, en el que se determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
\u20262. Las\u2026 que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026 <\/p>\n
\u2026 11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo. <\/p>\n
2. En el sub examine, se tiene que la queja constitucional involucra, exclusivamente, al INPEC, la USPEC y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acac\u00edas, censurando que tales autoridades han incumplido sus obligaciones, al no garantizar el suministro de agua potable a las personas privadas de la libertad en el mencionado centro carcelario. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que no var\u00eda por la vinculaci\u00f3n por pasiva del Ministerio de Justicia, el departamento del Meta, el municipio de Acac\u00edas, la Corte Constitucional y la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos del Congreso de la Rep\u00fablica, en tanto que la integraci\u00f3n por pasiva de esas autoridades es aparente, si en cuenta se tiene que del panorama f\u00e1ctico sobre el que se sustent\u00f3 la presunta violaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales no se desprende censura alguna contra estos entes; como se dijo l\u00edneas arriba, la acusaci\u00f3n es atribuida al INPEC, la USPEC y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acac\u00edas. <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de los \u00f3rganos convocados, en especial, del INPEC y la USPEC, entidades del \u00aborden nacional\u00bb, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer de la demanda de amparo ha de recaer en primera instancia en el Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas, acorde con la regla trazada en el memorado numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la queja al Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 28 de mayo de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas, por ser el llamado a conocer de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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