ATC977-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC977-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2021-00287-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 17 de junio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Anyelo Arley Lizcano Delgado contra el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a desarrollarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, igualdad, m\u00ednimo vital y libre ejercicio de la profesi\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al no expedirle ni hacerle entrega de su tarjeta profesional. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel d\u00eda 19 de febrero de 2021 me gradu\u00e9 como abogado de la Universidad Santo Tom\u00e1s seccional Bucaramanga \u2013 Santander [y] el d\u00eda 15 de marzo de 2021 envi\u00e9 los documentos requeridos para la inscripci\u00f3n de la tarjeta profesional de abogado al correo electr\u00f3nico (\u2026) perteneciente a la Unidad de Registro Nacional de Abogados adscrita al Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, solicitud que se radic\u00f3 \u00abbajo el No. 4730 [del] 14 de mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
No obstante, \u00aba la fecha y habiendo transcurrido m\u00e1s de 2 meses de haber enviado los documentos necesarios para la inscripci\u00f3n de la tarjeta profesional, no he tenido informaci\u00f3n alguna (\u2026) sobre la expedici\u00f3n y entrega\u00bb, ocasionando con ello \u00abla vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales \u00abpues el documento referido (\u2026) es requisito sine qua non para el ejercicio de la profesi\u00f3n, y de estar forma poder obtener un ingreso para mi subsistencia\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene al Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, \u00abque d\u00e9 informaci\u00f3n sobre el estado de tr\u00e1mite y el t\u00e9rmino para su expedici\u00f3n y env\u00edo\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a-quo concedi\u00f3 el auxilio implorado por el actor, al encontrar que \u00abaun cuando desde el 15 de marzo de 2021 radic\u00f3 los documentos requeridos\u00bb para la inscripci\u00f3n y expedici\u00f3n de su tarjeta profesional de abogado, y \u00abel 30 de abril de 2021 recibi\u00f3 acuse de recibido (\u2026), la entidad accionada guard\u00f3 silencio frente a la pretensi\u00f3n tuitiva, pese a la notificaci\u00f3n que se le efect\u00fao, por lo que de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 20 del decreto 2591 de 1991, habr\u00e1 de aplicarse presunci\u00f3n de veracidad\u00bb. Entonces, \u00abhabiendo trascurrido el t\u00e9rmino previsto por el art\u00edculo 5 del Decreto 491 de 2020, sin que se emitiera respuesta de fondo, la conclusi\u00f3n a la que arriba la Sala no puede ser distinta a que existi\u00f3 una vulneraci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n del accionante, por parte del Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Registro Nacional de Abogados; y con ello, tambi\u00e9n a los derechos fundamentales al trabajo y al libre ejercicio de la profesi\u00f3n, pues sin la tarjeta profesional no puede ejercerla\u00bb. Orden\u00f3 al organismo convocado que \u00abd\u00e9 respuesta de fondo de manera clara, precisa y congruente a la petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, la Corte encuentra que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga carece de competencia para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo compromete de manera directa al Consejo Superior de la Judicatura, concretamente una supuesta omisi\u00f3n en las funciones de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en relaci\u00f3n con la expedici\u00f3n y entrega de la tarjeta profesional al peticionario. <\/p>\n
En las condiciones descritas, al tenor de lo previsto en las reglas de reparto contenidas en el inciso 1\u00b0, numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual, \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevenci\u00f3n, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto\u00bb, resulta evidente que al dirigirla a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la acci\u00f3n debi\u00f3 asumirla en primera instancia esta Corte y no el Tribunal de Bucaramanga. <\/p>\n
Bajo la anterior perspectiva, refulge claro que como el actual reproche involucra al Consejo Superior de la Judicatura, la competencia para conocer de la demanda tutelar se radica en la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, indic\u00e1ndose para el caso espec\u00edfico que, a efectos de imprimir mayor celeridad, el conocimiento de la demanda se direccionar\u00e1 a la secretaria general de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De conformidad con lo antes se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga para conocer en primera instancia la presente acci\u00f3n, en tanto desconoce las reglas de reparto y, en consecuencia, como se ha dictado fallo bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando, para lo pertinente, el env\u00edo del expediente al reparto de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al invalidarse el fallo proferido por la colegiatura a-quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar como practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas. <\/p>\n
4. De la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 17 de junio de 2021 en el asunto de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la Secretar\u00eda General de la Corte Suprema de Justicia para que realice el reparto respectivo tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados mediante medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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