SC2759-2021 (2010-00074-02)_1<\/p>\n
Rad. 81001-31-03-001-2010-00074-02 <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
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SC2759-2021 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
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Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que Carmen Alicia Quenza de Lomonaco interpuso contra la sentencia proferida el 20 de octubre de 2017 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca dentro del proceso ordinario que le sigue F\u00e9lix Amadeo Colmenares Rodr\u00edguez. <\/p>\n
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a.-)EL LITIGIO <\/p>\n
1.- El demandante pidi\u00f3 declarar que la venta contenida en la escritura No. 3045 de 9 de septiembre de 2003 de la Notar\u00eda 23 de Bogot\u00e1 es \u00ababsolutamente o en subsidio, relativamente simulada\u00bb; como primera y segunda pretensiones subsidiarias solicit\u00f3 \u00abrescindirla\u00bb, en un caso \u00abpor vicios del consentimiento\u00bb y en el otro por \u00ablesi\u00f3n enorme\u00bb; y como tercera subsidiaria suplic\u00f3 resolverla por \u00abno pago del precio real\u00bb. Como consecuencias en com\u00fan, requiri\u00f3 anotar lo resuelto al margen del instrumento, cancelar su registro en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 410-48049 y 410-41366, mantener vigente en el \u00faltimo la inscripci\u00f3n de la escritura No. 1690 de 27 de diciembre de 1999 de la Notar\u00eda \u00danica de Arauca y condenar en costas y perjuicios a la convocada. <\/p>\n
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Refiri\u00f3 que mediante esta \u00faltima escritura adquiri\u00f3 de Ganader\u00eda La Maporita Ltda., representada por Narda Alicia Lomonaco Quenza, 3.800 hect\u00e1reas del predio \u00abLa Maporita\u00bb, y aunque se anot\u00f3 un precio de $18.000.000 que la vendedora dijo haber recibido, en realidad fueron $304.000.000, de los cuales pag\u00f3 $229.615.000 en varios desembolsos que realiz\u00f3 entre el 15 de septiembre y el 20 de diciembre de 2000, y el saldo del 9 de noviembre de 2002 al 12 de febrero de 2004, tras ser liberado de un secuestro. <\/p>\n
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La prenombrada le manifest\u00f3 que su progenitora y representada Carmen Alicia Quenza de Lomonaco ten\u00eda la intenci\u00f3n de recuperar el terreno, por lo que creyendo que aquella obraba de buena fe, que lo presion\u00f3 y que la retenci\u00f3n ilegal que sufri\u00f3 lo dej\u00f3 afectado, suscribi\u00f3 la escritura No. 3045 que, adem\u00e1s de una divisi\u00f3n material y una hipoteca a su favor, contiene la venta cuestionada por $18.000.000, esto es, menos de la mitad del valor comercial del bien, aunque apenas recibi\u00f3 una letra de cambio por $260.000.000. <\/p>\n
Como la anterior actuaci\u00f3n solo ten\u00eda por finalidad que Carmen Alicia creyera que se hab\u00eda cumplido su querer, \u00e9l mantuvo la posesi\u00f3n, continu\u00f3 haciendo los abonos y conserv\u00f3 la primera copia del instrumento notarial, pero con astucia y enga\u00f1o Narda Alicia logr\u00f3 el registro de los dos \u00faltimos actos. Posteriormente se abrieron las matr\u00edculas 410-48048 y 410-48049 por las ventas que esta efectu\u00f3 a Carmen Sirenia Saray Tovar y al Instituto de Desarrollo de Arauca \u00abIdear\u00bb. <\/p>\n
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Advertido de lo ocurrido, inici\u00f3 el cobro ejecutivo del t\u00edtulo valor, pero se le excepcion\u00f3 falsedad, falta de integraci\u00f3n del instrumento e inexigibilidad de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
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2.- Notificada la llamada, se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: \u00abAusencia y\/o inexistencia de causa para demandar\u00bb, \u00abPleito pendiente\u00bb y \u00abAbuso del derecho\u00bb (fls. 69 al 88). <\/p>\n
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3.- El 31 de marzo de 2017, el Juzgado Civil del Circuito de Arauca acogi\u00f3 la primera defensa perentoria y oficiosamente declar\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n de lesi\u00f3n enorme; por lo tanto, desestim\u00f3 los ruegos del pliego genitor (fls. 89 al 106, cuaderno 2). <\/p>\n
4.- Apelada por el actor esa decisi\u00f3n, el Tribunal fij\u00f3 el 21 de septiembre de 2017 con el fin de adelantar la audiencia prevista en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, oportunidad en la que oy\u00f3 a las partes y suspendi\u00f3 hasta el 20 de octubre siguiente. En la continuaci\u00f3n revoc\u00f3 el fallo impugnado, declar\u00f3 la simulaci\u00f3n absoluta de la compraventa cuestionada y dispuso la cancelaci\u00f3n de su registro, as\u00ed como de las anotaciones 1,2, 6 y 7 de la matr\u00edcula No. 48049, que junto a la No. 48048 surgi\u00f3 de la divisi\u00f3n, la cual dej\u00f3 vigente. <\/p>\n
5.- Tempestivamente, la demandada interpuso recurso de casaci\u00f3n que el Tribunal concedi\u00f3; sin embargo, como la Corte declar\u00f3 prematuro ese pronunciamiento, una vez qued\u00f3 determinado en debida forma el necesario inter\u00e9s pecuniario, nuevamente fue otorgado y, en esta ocasi\u00f3n, admitido (fls. 17 y 19 al 138, c. del Tribunal, c. 1 de la Corte y fls. 1 al 14 c. 2 idem). <\/p>\n
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b.-)DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
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Con fundamento en la causal quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la censora denunci\u00f3 que la sentencia de segundo grado fue dictada en un juicio viciado por la nulidad contemplada en los c\u00e1nones 36 y 107 numeral 1 ejusdem, como consecuencia de la indebida integraci\u00f3n del \u00f3rgano emisor. <\/p>\n
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Refiri\u00f3 que a la audiencia de 21 de septiembre de 2017, en la que se oyeron las alegaciones de las partes y se suspendi\u00f3, comparecieron el magistrado que la presidi\u00f3 V\u00edctor Hugo Rubiano Mac\u00edas y su compa\u00f1era Matilde Lemus San Mart\u00edn, sin que dijeran las razones de la inasistencia de la tercera integrante de la Sala, Martha Luc\u00eda Narv\u00e1ez Mar\u00edn, aunque en el acta qued\u00f3 anotado que se encontraba en uso de permiso. <\/p>\n
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En la continuaci\u00f3n, el 20 de octubre de ese a\u00f1o, fueron los mismos funcionarios que en el comienzo, expresando el sustanciador que la ausente estaba en \u00abuso de permiso\u00bb, y, \u00abcomo si fuera poco\u00bb, antes de dictar la sentencia oral autoriz\u00f3 el retiro de su otra colega. <\/p>\n
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Adujo que el modelo procedimental vigente exige la concurrencia del juez o de todos los miembros de la respectiva sala de decisi\u00f3n, aunque permite que por motivos de fuerza mayor o caso fortuito apenas acuda la mayor\u00eda, dejando constancia en el expediente de esta circunstancia; empero, en el sub lite nada as\u00ed ocurri\u00f3, sin que el aludido \u00abpermiso\u00bb encaje en ese concepto, seg\u00fan la definici\u00f3n del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Civil y el entendimiento que la jurisprudencia le ha dado. <\/p>\n
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Sostuvo que, en todo caso, resulta reprochable la licencia concedida para que la servidora judicial que asisti\u00f3 se marginara del acto, \u00absin explicaci\u00f3n o justificaci\u00f3n alguna y, peor a\u00fan, dando continuidad a la audiencia y la emisi\u00f3n de la sentencia (\u2026) con la presencia de tan solo el magistrado ponente\u2026\u00bb. <\/p>\n
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Relat\u00f3 que tratando de \u00ablegitimar\u00bb ese comportamiento, el ponente \u00ab\u2026destac\u00f3, de viva voz, que la decisi\u00f3n fue adoptada por los tres magistrados que integran la Sala(\u2026)lo que contradice la verdad\u2026\u00bb, pues pese a que llevaba \u00abun escrito en el que condens\u00f3 la decisi\u00f3n\u2026lo cierto es que fue adoptada en la audiencia y de forma oral, al punto que fue notificada por estrados\u00bb, como lo prueba el acta, de tal manera que \u00abno hubo sentencia escrita sino sentencia oral, pero proferida por tan solo uno de los magistrados que integra la sala de decisi\u00f3n del Tribunal, lo que a todas luces, ni siquiera corresponde a una mayor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
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Destac\u00f3 que el proceder que censura es de tal trascendencia que configura la invalidez; que este recurso extraordinario es la oportunidad para alegarla; y que se encentra legitimada para esto porque \u00abtiene derecho a que el pleito sea definido en segunda instancia por todos los magistrados que integran la sala de decisi\u00f3n del tribunal\u00bb. <\/p>\n
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III.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1.- Corresponde a la Corte resolver si la sentencia de segundo grado debe ser invalidada porque, seg\u00fan denuncia la casacionista, no fue dictada por la mayor\u00eda de la Sala ni todos los integrantes de esta concurrieron a la respectiva audiencia. En efecto, se casar\u00e1 el fallo atacado, en virtud de la presencia evidente de una causal de nulidad que lesiona del debido proceso. <\/p>\n
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2.- Las reglas t\u00e9cnicas de inmediaci\u00f3n, concentraci\u00f3n y publicidad que de manera general sientan los art\u00edculos 3\u00ba, 5\u00ba y 6\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso convergen de forma esencial en la configuraci\u00f3n del sistema \u00aboral\u00bb y trascienden meros prop\u00f3sitos de legalidad, en tanto ostentan un alto contenido simb\u00f3lico al que el legislador de 2012 otorg\u00f3 gran relevancia como mecanismo adicional para dotar de legitimidad a las resoluciones judiciales. <\/p>\n
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La primera alude al contacto directo del juzgador con las dem\u00e1s personas que participan en el juicio; la segunda recoge la exigencia del cumplimiento de la unidad de acto, esto es, de tiempo, de lugar y de acci\u00f3n, que supone la realizaci\u00f3n de las actuaciones del proceso en un solo momento y escenario, mediante una audiencia, hasta lograr la conclusi\u00f3n con la sentencia; y la \u00faltima obedece a la necesidad de discusi\u00f3n y construcci\u00f3n p\u00fablica de las determinaciones que interesan a la comunidad, que trae consigo la confianza de la sociedad en sus jueces, con la consiguiente legitimidad de las sentencias. <\/p>\n
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Se trata de directrices que acercan a las partes y a los funcionarios encargados de zanjar sus pleitos y brindan la posibilidad de emitir decisiones sin dilaci\u00f3n y que puedan ser conocidas de inmediato por sus destinatarios y la sociedad en general, dejando en todos ellos la valiosa percepci\u00f3n de la proximidad de la justicia otrora tan distante, de la importancia que otorga a sus causas, de la deliberaci\u00f3n democr\u00e1tica que estas le merecen y del apremio que le generan. <\/p>\n
<\/p>\n
Por el contrario, la ausencia injustificada de los funcionarios que tienen el deber de concurrir a las audiencias emite un mensaje de precariedad de sus decisiones, de dejadez en su adopci\u00f3n y de desaire a los justiciables, bajo cuya niebla se desvanece la m\u00e1s profunda de las argumentaciones. <\/p>\n
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En ese sentido, el postulado de transparencia en que anida el de legitimidad del Juzgador, verdadero beneficio de la oralidad, exige la presencia plena del \u00f3rgano juzgador, no solo por inmediaci\u00f3n probatoria, sino tambi\u00e9n y, especialmente, para desatar el caso, de donde no resulta admisible que sin justificaci\u00f3n alguna se difiera proferir el fallo de inmediato, propiciando una dispersi\u00f3n que ri\u00f1e con esa etapa del proceso, y menos a\u00fan que con posterioridad se emita por un solo magistrado, aunque en su preparaci\u00f3n hayan intervenido todos. <\/p>\n
<\/p>\n
Ciertamente, para la generaci\u00f3n de confianza entre los usuarios, no es lo mismo ver a los juzgadores actuar frente a las partes, con todo lo que implica el lenguaje no verbal y el mensaje que supone el acompa\u00f1amiento de los funcionarios mientras el ponente explica la sentencia, a que este se limite a leer lo que \u00abmandan a decir\u00bb los otros. Aunque en el primer caso aparentemente se pierde tiempo, se gana en legitimidad, confianza y transparencia, valores esenciales anejos al ejercicio del poder en una sociedad democr\u00e1tica. <\/p>\n
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En ese orden de ideas, si bien la oralidad pudiera resultar m\u00e1s o menos eficiente, r\u00e1pida o costosa en t\u00e9rminos econ\u00f3micos que la escrituralidad, lo cierto es que, entre sus ventajas m\u00e1s notables, adem\u00e1s de la efectividad de los \u00faltimos principios mencionados, emerge la posibilidad de construcci\u00f3n y depuraci\u00f3n de conocimiento mediante la deliberaci\u00f3n p\u00fablica, activa y din\u00e1mica, que involucra la producci\u00f3n de una resoluci\u00f3n judicial que defina el litigio. <\/p>\n
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Dado que las citadas normas de oralidad son de orden p\u00fablico y por lo mismo de obligatorio cumplimiento, en ning\u00fan caso pueden ser \u00abderogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00bb (art. 13 ib.), precepto que acompasa con la garant\u00eda constitucional del debido proceso (art. 29) consagrada en el art\u00edculo 14 del C\u00f3digo General de Proceso para todas las actuaciones previstas en \u00e9l. <\/p>\n
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3.- La controversia que en la pr\u00e1ctica generan las nulidades procesales cumple la doble funci\u00f3n de poner a prueba el tr\u00e1mite adelantado y proporcionarle solidez, comoquiera que permite al fallador verificar si se ha desenvuelto con apego a las previsiones constitucionales y legales y, por esa l\u00ednea, lo lleva a reconocer el acierto e impide que las partes o terceros puedan volver sobre el tema, posibilitando que la actuaci\u00f3n subsiguiente se yerga sobre una base firme, o lo apremia a deshacer lo andado para retomar el rumbo correcto. <\/p>\n
<\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del derecho fundamental al debido proceso en su acepci\u00f3n m\u00e1s amplia, los principios y las reglas de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, econom\u00eda, oralidad, concentraci\u00f3n, publicidad y duraci\u00f3n razonable de los litigios imprimen a las nulidades un car\u00e1cter que expresa o t\u00e1citamente condiciona su interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n, comoquiera que su existencia no se justifica por s\u00ed y ante s\u00ed, sino en la medida que forman parte del todo procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese marco, jurisprudencia y doctrina les han asignado las caracter\u00edsticas de taxatividad, saneamiento y protecci\u00f3n, sobre las que aquella ha dicho, en su orden, que \u00abno hay defecto capaz de estructurarla[s] sin ley que expresamente la[s] establezca\u00bb, que \u00absalvo contadas excepciones, desaparece[n]\u2026en virtud del consentimiento expreso o t\u00e1cito del afectado con el vicio\u00bb y que son \u00aben favor de la parte cuyo derecho fue cercenado o ignorado con ocasi\u00f3n de la irregularidad\u00bb1. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente, las han clasificado en saneables e insaneables, seg\u00fan que a pesar del acaecimiento del motivo que les da origen, la persona en cuyo beneficio fueron establecidas tenga la facultad de renunciar a ellas expresa o t\u00e1citamente o, una vez declaradas, pueda convalidar el tr\u00e1mite viciado; o que, por el contrario, dada su gravedad, la judicatura deba fulminarlas, al margen de la voluntad de las partes. <\/p>\n
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La primera constituye la regla general, de tal manera que solo cuando la ley as\u00ed lo predique, puede se\u00f1alarse que una nulidad es insaneable. Por lo tanto, corresponde al legislador, en el \u00e1mbito de su libertad configurativa, determinar la naturaleza de cada anomal\u00eda, lo que, por supuesto, no hace al azar, sino en concordancia con la importancia que otorga a los valores que con ellas estima pertinente salvaguardar, que seg\u00fan se ha visto en sede de oralidad trascienden la mera legalidad. <\/p>\n
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En ese escenario es que el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso enuncia los eventos en que deben considerarse saneadas las nulidades que son susceptibles de ese remedio, al tiempo que en su par\u00e1grafo prev\u00e9 que las originadas en \u00ab\u2026proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia, son insaneables\u00bb. <\/p>\n
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4. En el nuevo sistema procesal, la falta de jurisdicci\u00f3n y de competencia no entra\u00f1an per se nulidad de lo actuado, porque el art\u00edculo 133 idem solo determina esa consecuencia cuando el juez \u00abact\u00fae en el proceso\u00bb despu\u00e9s de declarar esa carencia (num. 1). <\/p>\n
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En armon\u00eda con ello, el 138 ib. se\u00f1ala expresamente que lo rituado con anterioridad a tal reconocimiento conservar\u00e1 validez; sin embargo, acota que \u00ab\u2026si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb, reiterando as\u00ed lo expuesto en el art\u00edculo 16 id. en el sentido que \u00ab[c]uando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, la Corte Constitucional indic\u00f3 que no obstante no decirlo expresamente, tales reglas consagran un motivo adicional de nulidad insaneable del fallo promulgado en esas circunstancias, as\u00ed: <\/p>\n
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La combinaci\u00f3n de estas dos normas, a primera vista, podr\u00eda dar lugar a concluir (\u2026) que \u00e9sta es saneable. Sin embargo, como qued\u00f3 establecido en el p\u00e1rrafo anterior, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del CGP, esta nulidad debe ser declarada de oficio por el juez el que se percatar\u00e1 del vicio en cumplimiento de su deber de control permanente de legalidad del proceso (art\u00edculo 132) y la competencia es improrrogable, es decir, que el juez no podr\u00e1 dictar v\u00e1lidamente sentencia, la que expresamente se dispone que ser\u00e1 nula. En estos t\u00e9rminos, habr\u00e1 que concluirse\u2026que, a pesar de que el CGP mantuvo un sistema taxativo de nulidades, la lista completa no se encuentra de manera exclusiva en el art\u00edculo 136 y la nulidad de la sentencia derivada de la incompetencia por los factores subjetivo y funcional, es insaneable2. <\/p>\n
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5.- Am\u00e9n de las causales de nulidad establecidas en el art\u00edculo 133 ejusdem, los preceptos 36 y 107 del mismo compendio consagran una especial, en cuanto el primero prescribe que \u00ab[l]as audiencias y diligencias que realicen los jueces colegiados ser\u00e1n presididas por el ponente, y a ellas deber\u00e1n concurrir todos los magistrados que integran la Sala, so pena de nulidad\u00bb, lo que reitera y complementa el posterior al expresar que \u00ab[t]oda audiencia ser\u00e1 presidida por el juez y, en su caso, por los magistrados que conozcan del proceso. La ausencia del juez o de los magistrados genera la nulidad de la respectiva actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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Dichas normas son el desarrollo pr\u00e1ctico que en relaci\u00f3n con los falladores colegiados dio el legislador a las directrices de publicidad e inmediaci\u00f3n, en cuanto no solo indic\u00f3 c\u00f3mo deben realizar las audiencias, sino que precis\u00f3 clara e iterativamente el efecto de su omisi\u00f3n. <\/p>\n
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Por su parte, el postulado de \u00abconcentraci\u00f3n\u00bb en relaci\u00f3n con el pronunciamiento de m\u00e9rito del superior encuentra tratamiento palpable en el inciso segundo del numeral 5\u00ba del canon 327, conforme al cual \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo\u00bb, esto es: <\/p>\n
En la misma audiencia el juez proferir\u00e1 sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado. Si fuere necesario podr\u00e1 decretarse un receso hasta por dos (2) horas para el pronunciamiento de la sentencia. Si no fuere posible dictar la sentencia en forma oral, el juez deber\u00e1 dejar constancia expresa de las razones concretas e informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En este evento, el juez deber\u00e1 anunciar el sentido de su fallo, con una breve exposici\u00f3n de sus fundamentos, y emitir la decisi\u00f3n escrita dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, sin que en ning\u00fan caso, pueda desconocer el plazo de duraci\u00f3n del proceso previsto en el art\u00edculo 121 (incisos primero al tercero, numeral 5\u00ba, art\u00edculo 373). <\/p>\n
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Como puede verse, en el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de sentencias ante un juez colegiado, el C\u00f3digo General del Proceso privilegia el principio b\u00e1sico de oralidad, al punto que prev\u00e9 una sola audiencia para dos fines: sustentaci\u00f3n y fallo, a la cual deben asistir todos los magistrados integrantes de la sala de decisi\u00f3n. Se trata de una unidad que se materializa en una audiencia destinada a dos actividades inescindibles y complementarias, atadas en tiempo, espacio e intervinientes. <\/p>\n
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6.- No escapa a la Sala que el art\u00edculo 107 procedimental tambi\u00e9n prev\u00e9 que, si los asistentes a la audientia constituyen mayor\u00eda, el acto puede llevarse a cabo en la medida que la incomparecencia de los restantes obedezca a fuerza mayor o caso fortuito, debiendo dejarse expresa constancia del hecho que genitivo de estas circunstancias, formulaci\u00f3n cuya claridad no remite a duda en cuanto a la excepci\u00f3n establecida, el motivo puntual que la origina y la manera como se atesta en el expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, este no es el \u00fanico evento en que los organismos colegiados podr\u00edan adelantar tales actuaciones sin la presencia de todos los integrantes de sus salas de decisi\u00f3n, si se pondera que el art\u00edculo 144 de la Ley 270 de 1996 contempla el derecho que tienen \u00ablos funcionarios\u2026de la Rama Judicial\u00bb para obtener \u00abpermiso remunerado por causa justificada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Se trata de una prebenda laboral cuyo ejercicio no es arbitrario u omn\u00edmodo, porque seg\u00fan dijo en C-037 de 1996 la Corte Constitucional, al examinar la exequibilidad de la norma, \u00ab[l]as mismas razones constitucionales ya expuestas justifican que el legislador establezca la forma de otorgar los permisos dentro de la administraci\u00f3n de justicia, bajo el supuesto de que \u00e9stos tengan suficiente justificaci\u00f3n, seg\u00fan la naturaleza de las circunstancias que el respectivo superior analice en cada caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En tal orden de ideas, no podr\u00eda un imponderable a la hora de programar una audiencia o diligencia, que generalmente no emerge del magistrado ponente sino de alguno de los dem\u00e1s integrantes de la c\u00e9lula que preside, anclado en el leg\u00edtimo ejercicio de una prerrogativa de que estos gozan, dar al traste con la actuaci\u00f3n prevista, pues ello entrar\u00eda en contradicci\u00f3n con principios como la econom\u00eda procesal y el derecho fundamental de acceso a la justicia en el marco de un proceso de duraci\u00f3n razonable, fin para el que precisamente qued\u00f3 prescrito que la segunda instancia no puede prolongarse m\u00e1s de seis meses, de ser necesario prorrogables otro tanto y por una sola vez, desde la recepci\u00f3n del respectivo expediente en la secretar\u00eda del superior, so pena de p\u00e9rdida de la competencia y nulidad de lo actuado (art. 121, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, es razonable concluir que paralelo a la inasistencia fundada en caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados, el permiso se erige en un evento adicional por el que las audiencias o diligencias podr\u00edan adelantarse sin la presencia de todos los juzgadores, en todo caso, si ello no afecta el n\u00famero m\u00ednimo para deliberar, adoptar y promulgar sus providencias. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
En tal medida, la oportuna interposici\u00f3n del recurso extraordinario sub examine constituye el mecanismo apropiado para propiciar su posterior alegaci\u00f3n, que ser\u00e1 en la respectiva demanda, en cuanto el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 336 prev\u00e9 como causal de casaci\u00f3n \u00ab[h]aberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb; por ende, cuando una de las partes desencadena ese tr\u00e1mite, no puede aceptarse que con sus actuaciones intermedias entre la formulaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria y la sustentaci\u00f3n haya saneado el vicio. <\/p>\n
<\/p>\n
Tanto as\u00ed que a pesar de que el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 355 ejusdem erige en motivo de revisi\u00f3n \u00ab[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso\u2026\u00bb, establece como presupuesto b\u00e1sico para su prosperidad que esta no fuera \u00ab\u2026susceptible de recurso\u00bb, con lo cual subraya la necesidad de que previamente se alegue en casaci\u00f3n, por supuesto si este instrumento es viable en el asunto concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
Es por lo anterior que la Sala ha sido constante en se\u00f1alar en sede de revisi\u00f3n que <\/p>\n
<\/p>\n
El motivo de impugnaci\u00f3n esgrimido es el preceptuado en el numeral 8\u00ba del canon 355 del citado estatuto procesal, que alude a \u201c[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d, la cual surge, seg\u00fan lo ha determinado la Corte, en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deber\u00e1 alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnaci\u00f3n no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio (CSJ SC3362-2020, reiterativa de lo dicho, entre otras, en CSJ SC3951-2019, SC9228-2017, SC4584-2014). <\/p>\n
<\/p>\n
8.- El inciso primero del art\u00edculo 36 del C\u00f3digo General del Proceso, al reglamentar la forma como la Corte y los tribunales ejercen sus atribuciones, determina que \u00ab[c]orresponde a las salas de decisi\u00f3n dictar las sentencias (\u2026)\u00bb, en lo que complementa el inciso primero del art\u00edculo 54 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, conforme al cual \u00ab[t]odas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerir\u00e1n para su deliberaci\u00f3n y decisi\u00f3n, de la asistencia y voto de la mayor\u00eda de los miembros de la Corporaci\u00f3n, sala o secci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Tales disposiciones disciplinan un tema de competencia, que por ata\u00f1er al \u00f3rgano con facultad de resolver la apelaci\u00f3n de una sentencia es de \u00edndole funcional, como explic\u00f3 esta Corte al indicar que \u00ab(\u2026) carece de competencia funcional el juzgador plural que delibera y decide sin la asistencia, ni el voto mayoritario favorable de los integrantes de la respectiva Sala\u00bb3, ocasi\u00f3n en la que record\u00f3 lo dicho en vigencia del anterior estatuto procedimental, en el sentido que cuando el Tribunal \u00ab(\u2026) teniendo el conocimiento de dicho proceso no se ha integrado o no ha adoptado o suscrito legalmente dicha sentencia (\u2026.), la sentencia resulta dictada por una Sala que, por su defectuosa integraci\u00f3n para la decisi\u00f3n, no se erige en el \u00f3rgano competente colegiado para este efecto\u00bb4. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, las sentencias que en el marco de la oralidad dictan los \u00f3rganos plurales constituyen un acto complejo, encadenado e inescindible, en virtud del cual, una vez todos sus integrantes oyen las alegaciones de las partes, deliberan en torno a la propuesta del magistrado sustanciador, exponiendo y defendiendo los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que estiman relevantes para la soluci\u00f3n del caso; a continuaci\u00f3n, toman la decisi\u00f3n que surge de ese debate, que debe contar con el benepl\u00e1cito de la mayor\u00eda absoluta5, correspondiendo al o a los disidentes manifestar su disconformidad mediante salvamento de voto; y finalmente, promulgan lo resuelto de viva voz del ponente. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese sentido, am\u00e9n de la relevancia aleg\u00f3rica que se encuentren presentes todos los magistrados que discuten, resuelven y dan a conocer el fallo, tambi\u00e9n tiene fines tangibles de cara a su existencia como prove\u00eddo, m\u00e1xime que el inciso final del art\u00edculo 279 procedimental en vigor determina que \u00abninguna providencia tendr\u00e1 valor ni efecto jur\u00eddico hasta tanto haya sido pronunciada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, mientras que al emitir un pronunciamiento escrito -se asume- que los funcionarios no estampan su r\u00fabrica sino despu\u00e9s de verificar que la motivaci\u00f3n y la resoluci\u00f3n se ajustan al criterio que vertieron en el debate previo y que plasmaron en su voto, en el escenario oral solo \u00fanicamente podr\u00e1n hacer efectivo ese control en la medida que est\u00e9n de cuerpo presente en el instante que se hace p\u00fablico, pues, incluso si el ponente se gu\u00eda por alg\u00fan documento, como en no pocas ocasiones sucede, no se sabe si los dem\u00e1s lo conocieron previamente. En tal medida, con su ausencia declinan anticipada e injustificadamente el deber de formular las salvedades y aclaraciones que la versi\u00f3n final amerite, am\u00e9n de que eventuales adiciones, correcciones o complementaciones a instancia de las partes o de oficio no podr\u00edan ser despachadas por quien acude solitario6. <\/p>\n
<\/p>\n
Al final de cuentas, el establecimiento de \u00f3rganos colegiados se justifica si en efecto cumplen a cabalidad su labor conjunta; de lo contrario, ning\u00fan sentido tendr\u00eda ese dise\u00f1o, si finalmente los funcionarios que los conforman proceden de la misma manera que el juez singular. <\/p>\n
<\/p>\n
De conformidad con lo anterior, adaptada la memorada norma de la Ley 270 de 1996, expedida en plena vigencia del sistema escritural, a los tiempos de oralidad que corren, la sentencia surgida en este \u00faltimo marco sin la participaci\u00f3n en una o m\u00e1s de sus etapas del n\u00famero de magistrados que constituye la mayor\u00eda requerida no es producto del \u00f3rgano colegiado instituido para ese prop\u00f3sito, por lo que su emisor ha obrado carente de competencia funcional, lo cual engendra nulidad insaneable. <\/p>\n
<\/p>\n
9.- De lo discurrido hasta el momento puede concluirse que la falta de uno o m\u00e1s de los integrantes de una sala de decisi\u00f3n a la audiencia que la ley dice que deben asistir, cuando esa ausencia no est\u00e1 sustentada en permiso, fuerza mayor o caso fortuito, es un asunto que esencialmente resta legitimidad al acto y genera nulidad saneable; si la misma inasistencia afecta el quorum requerido para deliberar, resolver y dar publicidad a la sentencia, es un tema preponderantemente de legalidad que conlleva un vicio insaneable. En cualquiera de los casos, el recurso de casaci\u00f3n se yergue en la herramienta id\u00f3nea para que la parte agraviada alegue la invalidez. <\/p>\n
<\/p>\n
10.- En el caso concreto, a la audiencia donde se dict\u00f3 la sentencia de segunda instancia concurrieron el magistrado ponente V\u00edctor Hugo Rubiano Mac\u00edas y su compa\u00f1era Matilde Lemus San Mart\u00edn, lo que en principio representa la mayor\u00eda necesaria para emitirla; sin embargo, una vez instalada, aquel \u00abautoriz\u00f3\u00bb el retiro de la asistente, dando al traste con la composici\u00f3n de la c\u00e9lula decisoria, lo que resulta injustificado porque ninguna norma procesal le otorga ese arbitrio; por el contrario, con car\u00e1cter de orden p\u00fablico precisan la presencia de todos sus miembros. <\/p>\n
<\/p>\n
Secuela de lo anterior fue que el sustanciador termin\u00f3 solitario dictando el fallo, configurando as\u00ed una falta de competencia funcional, pues tal labor correspond\u00eda, cuando menos, a la mayor\u00eda de la Sala, incidiendo en nulidad insaneable. <\/p>\n
<\/p>\n
Aunque el funcionario justific\u00f3 ese proceder en que ya hab\u00eda acuerdo sobre la resoluci\u00f3n, y la servidora judicial que se retir\u00f3 suscribi\u00f3 el acta, ello no es suficiente para concluir que la mayor\u00eda m\u00ednima requerida emiti\u00f3 el veredicto, en tanto el quorum se desintegr\u00f3 en la fase m\u00e1s relevante en relaci\u00f3n con los postulados de oralidad, inmediaci\u00f3n y publicidad. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
No ocurri\u00f3 lo mismo desde la perspectiva de la nulidad contemplada en los art\u00edculos 36 y 107 procedimentales, en la medida que la inasistencia de la otra integrante de la Sala obedeci\u00f3 a que se encontraba en \u00abuso de permiso\u00bb conforme lo manifest\u00f3 el ponente y qued\u00f3 consignado en la respectiva acta, lo que per se no gener\u00f3 invalidez. <\/p>\n
<\/p>\n
11.- Conclusi\u00f3n obligada es que prospera el cargo, por lo que se anular\u00e1 el fallo del Tribunal, al cual se devolver\u00e1 el expediente para que renueve la actuaci\u00f3n viciada (art. 349, inc. 2, idem). <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo mismo, no hay lugar a condena en costas (inc. final, ejusdem). <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 20 de octubre de 2017 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca dentro del proceso ordinario que Carmen Alicia Quenza de Lomonaco sigue a F\u00e9lix Amadeo Colmenares Rodr\u00edguez. <\/p>\n
<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen, con el fin de que reponga ese fallo, acatando las formalidades que le son propias. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin costas. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
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<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ SC 7jun. 1996, exp. 4791 <\/p>\n
3\u0002 AC7719-2017 <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 19 de abril de 1989, CXCVI-89; citada en sentencia No. 100 de 25 de mayo de 2005, expediente 7198. <\/p>\n
5\u0002 De todos los miembros de la Sala, no solo de los presentes. <\/p>\n
6\u0002 El inciso 3\u00ba del art. 279 del C\u00f3digo General del Proceso indica que las aclaraciones y salvamentos de voto \u201cse anunciar\u00e1n en la audiencia\u201d. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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