SC2930-2021 {2012-00542-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC2930-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-019-2012-00542-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se deciden los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por (i) Bernarda Camacho Plata y (ii) Adriana, Nayibe y Jissed Pulido Camacho, frente a la sentencia de 12 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Familia, dentro del proceso que la primera promovi\u00f3 contra las otras recurrentes y Rodrigo Andr\u00e9s, Elizabeth, Ruth Mercedes, V\u00edctor Manuel y Javier Leonardo Pulido Vergara. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3 que se declarara que tuvo una sociedad marital con Pablo Efra\u00edn Pulido, entre el 1\u00ba de enero de 1970 y el 1\u00ba de diciembre de 1995, fruto de la cual se form\u00f3 una sociedad patrimonial de hecho, la cual pidi\u00f3 se declarara y ordenara su liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La reclamante soport\u00f3 su pedimento (folios 49 a 54 del cuaderno 1) en que convivi\u00f3 de forma ininterrumpida con Pablo Efra\u00edn Pulido, hasta su muerte el 29 de marzo de 2012, con quien contrajo matrimonio el 1\u00ba de diciembre de 1995, fruto del cual concibieron a Adriana, Nayibe y Jissed Pulido Camacho. <\/p>\n
Dijo que, durante la cohabitaci\u00f3n, existi\u00f3 una comunidad de vida, permanente, singular y con buena conducta, sin impedimento para su conformaci\u00f3n, en tanto no existen sociedades conyugales anteriores. Asegur\u00f3 que \u00abcon la colaboraci\u00f3n y ayuda constante y cotidiana\u2026 constituyeron una sociedad patrimonial de hecho que acrecent\u00f3 el patrimonio com\u00fan\u00bb (folio 50), aunque los bienes quedaron en cabeza de Pablo Efra\u00edn Pulido. <\/p>\n
Clarific\u00f3 que el causante dej\u00f3, adicionalmente, otros cinco (5) herederos: Rodrigo Andr\u00e9s, Elizabeth, Ruth Mercedes, V\u00edctor Manuel y Javier Leonardo Pulido Vergara. <\/p>\n
3. Admitida la demanda, Adriana, Nayibe y Jissed Pulido Camacho fueron notificadas y, por apoderada com\u00fan, despu\u00e9s de asentir en los hechos del libelo genitor, se allanaron a las pretensiones (folios 62 y 63). <\/p>\n
Rodrigo Andr\u00e9s y Javier Leonardo Pulido Vergara fueron enterados del proceso por notificaci\u00f3n personal realizada el 3 y 28 de agosto de 2012, respectivamente (folios 60 y 64), sin que emitieran pronunciamiento alguno en el t\u00e9rmino de traslado. <\/p>\n
El curador ad litem de los herederos indeterminados, el 12 de diciembre de 2013, manifest\u00f3 no conocer los hechos del proceso y se atuvo a lo probado (folios 76 y 77). <\/p>\n
Elizabeth, Ruth Mercedes y V\u00edctor Manuel Pulido Vergara se sometieron a lo que se demostrara, se opusieron a las pretensiones y propusieron las excepciones que intitularon: \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00abcarencia de singularidad\u00bb, \u00abimposibilidad legal de coexistencia simult\u00e1nea de sociedad patrimonial emanada de la uni\u00f3n marital y sociedad conyugal nacida por el hecho del matrimonio\u00bb, \u00abfalta de efectos retroactivos de la ley 54 de 1990\u00bb, \u00abprohibici\u00f3n de sociedad de gananciales, a t\u00edtulo universal, excepto entre c\u00f3nyuges, con anterioridad a la ley 54 de 1990\u00bb y la gen\u00e9rica (folios 102 a 106). <\/p>\n
5. El Juzgado 19 de Familia de Bogot\u00e1, el 2 de septiembre de 2013, emiti\u00f3 sentencia de primer grado en la que declar\u00f3 no probadas las defensas formuladas, reconoci\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre Bernarda Camacho Plata y Pablo Efra\u00edn Pulido del 31 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1995, con la consecuente sociedad patrimonial, la cual declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n (folios 134 a 140). <\/p>\n
6. Al desatarse la apelaci\u00f3n propuesta, el superior modific\u00f3 la providencia impugnada, en el sentido de fijar que la uni\u00f3n marital y la sociedad patrimonial principiaron el 31 de diciembre de 1990 (folios 18 a 40 del cuaderno 2). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Despu\u00e9s de enumerar los requisitos de la uni\u00f3n marital de hecho y de la sociedad patrimonial, hizo un recuento de las pruebas arrimadas al expediente para relievar que las hijas Pulido Camacho atestiguaron que la convivencia de sus padres inici\u00f3 desde 1970, \u00abllegando a contraer nupcias por el rito religioso en el a\u00f1o 1995 al cumplir las \u2018bodas de plata\u2019 o los veinticinco a\u00f1os de convivencia, v\u00ednculo que se mantuvo vigente hasta el deceso del se\u00f1or Pulido\u00bb (folio 16). <\/p>\n
Sin embargo, Rafael Ni\u00f1o Pulido desminti\u00f3 la anterior aseveraci\u00f3n, pues dijo que la relaci\u00f3n comenz\u00f3 en 1975. Clarific\u00f3 que, si bien el deponente asegur\u00f3 escuchar de la existencia de una relaci\u00f3n paralela del se\u00f1or Pablo Efra\u00edn Pulido, la misma no est\u00e1 demostrada, pues los registros civiles de sus otros hijos dan cuenta de que el causante los reconoci\u00f3 cuando superaban los diez a\u00f1os de edad, \u00abcomportamiento inadmisible de quien afirman fue compa\u00f1ero permanente\u00bb (folio 17). <\/p>\n
A pesar de encontrar comprobada la existencia de la uni\u00f3n marital a partir de 1975 se abstuvo de declararla desde dicha data, en raz\u00f3n de la vigencia de la ley 54 de 1990, la cual reconoci\u00f3 efectos jur\u00eddicos a las uniones maritales a partir del 31 de diciembre de 1990, sin que sea dable otorgarle consecuencias retroactivas por tratarse de una norma constitutiva, de naturaleza supletoria. <\/p>\n
Descart\u00f3 que hubiera incongruencia por haberse reconocido la configuraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital hasta el 30 de noviembre de 1995, en tanto al d\u00eda siguiente contrajeron matrimonio los entonces compa\u00f1eros, siendo l\u00f3gico entender que el v\u00ednculo de facto se extingui\u00f3 anteladamente. <\/p>\n
Por \u00faltimo, desestim\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, pues no se configur\u00f3 ninguno de los supuestos de la ley 54 de 1990 para que comience el c\u00f3mputo de un (1) a\u00f1o, ya que no hubo disoluci\u00f3n o separaci\u00f3n de la pareja. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra la providencia resultante de la apelaci\u00f3n se propusieron dos (2) recursos extraordinarios que buscan derruir parcialmente el fallo confutado. El primero fue formulado por Bernarda Camacho Plata (folios 5 a 33 del cuaderno Corte), con un \u00fanico cargo por la senda recta, admitido por auto de 2 de agosto de 2016 (folio 74). El segundo se present\u00f3 por Adriana, Nayibe y Jissed Pulido Camacho, con dos (2) embates por la misma v\u00eda, cuyo estudio se autoriz\u00f3 por prove\u00eddo de 1\u00ba de febrero de 2017 (folio 81). <\/p>\n
Este \u00faltimo, atic\u00edpase, no ser\u00e1 objeto de resoluci\u00f3n, en tanto las impugnantes carecen de inter\u00e9s para su formulaci\u00f3n, por pretender mejorar la situaci\u00f3n de la demandante; adem\u00e1s su examen deviene inocuo ya que, como se explicar\u00e1 en la parte considerativa de esta providencia, el remedio extraordinario promovido por la demandante se abrir\u00e1 paso, que es precisamente lo mismo que se pretende por estas impugnantes. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO DE BERNARDA CAMACHO PLATA <\/p>\n
Al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n se acus\u00f3 la sentencia de violar, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 9\u00ba de la ley 54 de 1990, que consagran los efectos civiles de la uni\u00f3n marital de hecho, la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial y su entrada en vigencia, en concordancia con el respeto de los derechos adquiridos (canon 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la protecci\u00f3n de la familia debe garantizarse a trav\u00e9s de una adecuada comprensi\u00f3n normativa, incluso frente a las uniones que comenzaron antes del 31 de diciembre de 1990, siempre que continuaran con posterioridad, para lo cual debe acudirse a la aplicaci\u00f3n retrospectiva de la ley 54 de ese a\u00f1o, como lo asinti\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en fallo de 28 de octubre de 2005, con fundamento en la protecci\u00f3n constitucional de la familia, el car\u00e1cter protector de la norma sobre uniones maritales de hecho y la injusticia que se provocar\u00eda al diferir en el tiempo la tutela patrimonial a que se refiere la ley, sin tener en cuenta que el legislador quiso remediar la situaci\u00f3n de forma inmediata. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el c\u00f3mputo del plazo anterior a la expedici\u00f3n de la ley no se traduce en una aplicaci\u00f3n retroactiva de la norma, puesto que exist\u00eda un vac\u00edo legislativo, lo que excluye un derecho subjetivo que pudiera resultar afectado y, por tanto, un conflicto de leyes en el tiempo, \u00fanico contexto en el cual es dable referirse a la retroactividad. <\/p>\n
Sostuvo que, como el principio de la aplicaci\u00f3n inmediata de la ley constituye la regla general, la nueva regulaci\u00f3n debe gobernar todas las situaciones que se encuentran en curso, lo que se conoce como retrospectividad o retroactividad no genuina. \u00abPor eso, entonces; no es posible desconocer que la ley 54 de 1990 es de vigencia inmediata, motivo por el cual regula\u2026 todas las situaciones de hecho a que ella se refiere, y no s\u00f3lo las que surjan con posterioridad, sino tambi\u00e9n las que estaban en desarrollo, o sea a \u2018los hechos in fiere\u2019 y a \u2018las consecuencias no consumadas de los hechos pasados\u00bb (folios 24 y 25). <\/p>\n
Record\u00f3 que la Corte, el 12 de noviembre de 1937, diferenci\u00f3 la retrospectividad y la retroactividad, seg\u00fan se trate de hechos en curso o cumplidos; tambi\u00e9n lo hizo al analizar la aplicaci\u00f3n de la ley 45 de 1936, en lo tocante a la investigaci\u00f3n de paternidad de los hijos extramatrimoniales. <\/p>\n
Con base en la presunci\u00f3n de conformaci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, a que se refiere el art\u00edculo 2\u00ba de la ley 54 de 1990, se\u00f1al\u00f3 que esta norma, por su car\u00e1cter probatorio, tiene efectos retrospectivos, tanto m\u00e1s por su indiscutido inter\u00e9s p\u00fablico. Con todo, como la pretensi\u00f3n del legislador no fue la de hacer un borr\u00f3n y cuenta nueva, sino tomar las cosas en el estado en que se encontraba, \u00abno puede decirse que el mismo hecho social que subsist\u00eda al entrar a regir la ley, es distinto despu\u00e9s de legislado\u00bb (folio 27), para lo cual cit\u00f3 las providencias de la Sala de 3, 22 de noviembre de 2010 y 12 de diciembre de 2011. <\/p>\n
Critic\u00f3 que el Tribunal se aferrara a la sentencia de 13 de diciembre de 2002, sin tener en cuenta que la Corte vari\u00f3 su posici\u00f3n en el a\u00f1o 2005, la cual mantiene hasta la actualidad, en el sentido de reconocer efectos retrospectivos a la ley 45 de 1990, raz\u00f3n para que proceda la casaci\u00f3n y el proferimiento de una sentencia de reemplazo confirmatoria de la de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De forma liminar conviene se\u00f1alar que, a pesar de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso el 1\u00ba de enero de 2016, como el recurso extraordinario que se despachar\u00e1 se interpuso el 24 de febrero de 2014 (folios 41 y 42 del cuaderno 2), su resoluci\u00f3n estar\u00e1 gobernada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en virtud del principio de ultractividad consagrado en el art\u00edculo 40 de la ley 153 de 1887, a saber: \u00ablos recursos interpuestos\u2026 se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos\u00bb (modificada por el art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
2. Los jueces de la rep\u00fablica, para el ejercicio de su funci\u00f3n y por mandato del art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, est\u00e1n sometidos al imperio de la ley, quienes deber\u00e1n decidir los casos sometidos a su conocimiento con base en la misma, aunque no haya una norma exactamente aplicable al caso (numeral 8\u00ba del canon 37 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). <\/p>\n
Para salvaguardar este deber, entre otras formas, se erigi\u00f3 la causal primera de casaci\u00f3n, en particular, la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial (numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C.P.C.), que se presenta cuando el ad quem, al establecer el marco jur\u00eddico aplicable a la controversia, yerra en su determinaci\u00f3n o en la hermen\u00e9utica que debe dispens\u00e1rsele, de suerte que la decisi\u00f3n queda apoyada en preceptos distantes al tema en litigio, que se encuentren derogados o en un indebido entendimiento de los que s\u00ed guardan correspondencia. <\/p>\n
Se trata de una pifia eminentemente jur\u00eddica, ajena a los hechos del caso o a la valoraci\u00f3n probatoria, que se configura en la determinaci\u00f3n de la premisa mayor del silogismo jur\u00eddico, esto es, en la proposici\u00f3n normativa que ha de servir para efectuar el proceso de subsunci\u00f3n de la plataforma material. <\/p>\n
Este dislate, seg\u00fan decantada jurisprudencia de la Sala, puede manifestarse de tres (3) diferentes formas: (i) falta de aplicaci\u00f3n, que sucede cuando el juzgador pretermite una norma vigente y relevante para la resoluci\u00f3n del litigio; (ii) aplicaci\u00f3n indebida, cuando el sentenciador resuelve la controversia con fundamento en una disposici\u00f3n que no est\u00e1 vigente o que carece de conexi\u00f3n con el sustrato f\u00e1ctico; e (iii) interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, tocante a los defectos en el proceso hermen\u00e9utico. <\/p>\n
De forma textual se dijo: <\/p>\n
El numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al consagrar la primera causal del recurso, de casaci\u00f3n, define con exactitud las fases en que ella puede darse, puntualizando que la violaci\u00f3n de normas de derecho sustancial hip\u00f3tesis de la que en dicha disposici\u00f3n se trata ha de haber ocurrido, ya por falta de aplicaci\u00f3n, ya por aplicaci\u00f3n indebida, o bien por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, ello como meta definitiva del ataque por esta senda (SC162, 3 may. 1990, exp. n.\u00ba 772462). <\/p>\n
De forma reciente doctrin\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl supuesto de violaci\u00f3n de la norma sustancial por v\u00eda directa se puede configurar, en el evento de no tener en cuenta la disposici\u00f3n legal adecuada para resolver el caso, o por aplicar un precepto ajeno a la controversia, o cuando a pesar de ser la norma regulatoria del asunto materia del litigio, se le da un alcance que no corresponde a su correcto sentido jur\u00eddico. El debate se circunscribe s\u00f3lo al aspecto puramente jur\u00eddico; de manera que no cabe all\u00ed plantear controversias en torno al aspecto probatorio\u00bb (SC4902, 13 nov. 2019, rad. n.\u00ba 2015-00145-01). <\/p>\n
3. De cara a la censura planteada, conviene puntualizar que la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n se manifiesta cuando el fallador, a pesar de acertar en la selecci\u00f3n de las normas que gobiernan el caso, les atribuye un significado que desdice de su formulaci\u00f3n. Dicho en otras palabras, hay una equivocaci\u00f3n en el enunciado jur\u00eddico que se extrae de la norma objeto de dilucidaci\u00f3n. <\/p>\n
Total, si bien los jueces tienen autonom\u00eda e independencia en la labor de administrar justicia y, por tanto, debe rechazarse cualquier injerencia en su quehacer decisorio, estos principios no pueden conducir a la desintegraci\u00f3n del estado de derecho, lo que suceder\u00eda si se deja sin control la hermen\u00e9utica judicial. <\/p>\n
Institutos como la casaci\u00f3n, la doctrina probable y la obligatoriedad relativa del precedente, entre otros, evitan que el derecho se convierta en lo que cada juez interprete de \u00e9l y, en su lugar, propenden porque haya un entendimiento unificado sobre los enunciados normativos; de otra forma, los ciudadanos se ver\u00edan avocados a escenarios de incertidumbre e inseguridad, por la imposibilidad de predecir el contenido de las normas que gobiernan su comportamiento en la sociedad, lo que se sortea cuando se somete a todos los jueces a las mismas directrices interpretativas, as\u00ed como un \u00f3rgano de cierre que uniforme la hermen\u00e9utica nacional. <\/p>\n
4. La Corte Suprema de Justicia, por ser \u00abel m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb (art\u00edculo 234 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y \u00abactuar como tribunal de casaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 235 idem), es la encargada de estandarizar la interpretaci\u00f3n de los c\u00e1nones legales relativos a las materias que est\u00e1n bajo su conocimiento, de all\u00ed que tenga dentro de sus fines primordiales \u00abunificar la jurisprudencia nacional\u00bb (art\u00edculo 365 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), para lo cual puede \u00abseleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u00bb (art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el canon 7\u00ba de la ley 1285 de 2009). <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, cuando esta Sala asume el estudio de un remedio extraordinario propuesto por el camino directo, lo hace con la finalidad de estandarizar el entendimiento de las normas que son objeto de invocaci\u00f3n por el recurrente en su recurso. <\/p>\n
La Corte, \u00abha prohijado y desarrollado una ardua y consistente tarea en su funci\u00f3n casacional de unificar la jurisprudencia -funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica-, con fundamento en la doctrina probable, prevista expresa y l\u00edmpidamente en un precepto con m\u00e1s de un siglo de vigencia, que inclusive en \u00e9poca no muy reciente, resisti\u00f3 los embates de inconstitucionalidad\u00bb (SC10304, 5 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2006-00936-01) <\/p>\n
Labor de reconocido valor constitucional, como se asegur\u00f3 en la declaratoria de exequibilidad del art\u00edculo 4\u00ba de la ley 169 de 1896, en la que se aval\u00f3 el car\u00e1cter vinculante de las sentencias de cierre: <\/p>\n
Este \u00faltimo fundamento de autoridad de las decisiones de la Corte Suprema, muestra porqu\u00e9 la norma dispone que la doctrina probable est\u00e1 constituida por un n\u00famero plural de decisiones judiciales (tres decisiones uniformes sobre un mismo punto de derecho). Precisamente para permitir que la Corte Suprema, al confrontar reiteradamente la doctrina judicial con un conjunto m\u00e1s o menos amplio de situaciones sociales concretas, pueda formular adecuadamente el alcance de los principios que fundamentan su decisi\u00f3n. Aun as\u00ed, dada la complejidad de la realidad social, tres decisiones en un mismo sentido pueden no ser suficientes para dar certeza a los jueces respecto del alcance de los principios formulados, y de ah\u00ed que la doctrina dictada por la Corte como juez de casaci\u00f3n, sobre un mismo punto de derecho, se repute probable. Sin embargo, el car\u00e1cter probable de la doctrina no debe interpretarse como una facultad omn\u00edmoda para desconocer las interpretaciones del ordenamiento jur\u00eddico hechas por la Corte Suprema (C836\/01). <\/p>\n
Col\u00edjase, entonces, que la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las normas de derecho sustancial, como causal de casaci\u00f3n, puede resultar, no s\u00f3lo del entendimiento contraevidente del precepto interpretado por el Tribunal, como se ha dicho hist\u00f3ricamente, sino tambi\u00e9n del desconocimiento de la doctrina jurisprudencial vinculante emanada del \u00f3rgano de cierre, esto es, \u00ab[t]res decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casaci\u00f3n, sobre un mismo punto de derecho\u00bb (art\u00edculo 4\u00ba de la ley 169 de 1896). <\/p>\n
Tal val\u00eda de la doctrina jurisprudencial no es sin\u00f3nimo de inamovilidad, por cuanto es posible separarse de \u00e9sta, siempre que haya una argumentaci\u00f3n suficiente para justificar el alejamiento y explicitar las razones que hacen imperativa su variaci\u00f3n. Es cierto que \u00abel \u00f3rgano judicial est\u00e1 vinculado a [la] jurisprudencia, pero si decide apartarse de la misma (por no estimarla ya correcta o por estimar que las circunstancias sociales han cambiado y reclaman una nueva interpretaci\u00f3n) tiene la carga de justificarlo, justificaci\u00f3n que se entender\u00e1 cumplida si es capaz de mostrar que la nueva interpretaci\u00f3n constituye un criterio universalizable; esto es, un criterio que, por considerarlo correcto, est\u00e1 dispuesto a aplicar en todos los casos futuros iguales\u00bb1. <\/p>\n
5. En el presente caso, remem\u00f3rese, la casacionista critic\u00f3 la interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 9\u00ba de la ley 54 de 1990, porque el Tribunal neg\u00f3 efectos a la uni\u00f3n marital de hecho que conform\u00f3 con Pablo Pulido, en lo tocante al t\u00e9rmino previo a la entrada en vigencia de la ley, con el argumento de que \u00e9sta carece de efectos retroactivos. <\/p>\n
5.1. Augurase la prosperidad de la casaci\u00f3n parcial pretendida, en tanto la hermen\u00e9utica del sentenciador de instancia dej\u00f3 de lado la doctrina probable de la Corte sobre la naturaleza retrospectiva de los c\u00e1nones aplicables a las uniones maritales de hecho, como pasa a explicarse. <\/p>\n
5.2. Con la ley 54 de 1990 se regul\u00f3 una situaci\u00f3n que hab\u00eda sido ignorada por el legislador patrio, y en cierto sentido rechazada, como son las uniones maritales de hecho, entendidas como v\u00ednculos formados \u00abentre un hombre y una mujer [o entre personas del mismo sexo], que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba). <\/p>\n
Huelga recordar que estos v\u00ednculos han pasado por dos (2) etapas en nuestro sistema jur\u00eddico: la primera de rechazo u hostilidad, que les priv\u00f3 de cualquier identidad; y la segunda de incorporaci\u00f3n o social, fundada en la necesidad de otorgarles derechos a los convivientes. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con la inicial, se tiene que por muchos a\u00f1os, \u00abguiado por razones de distinto orden -religiosas, o sociales, o pol\u00edticas, o econ\u00f3micas o culturales-, e inspirado en la necesidad de fundar la sociedad \u00fanicamente en la constituci\u00f3n de la familia leg\u00edtima\u00bb, el Estado \u00abrechaz\u00f3 con encono la familia espuria [y se] opt\u00f3 en principio por repudiar paladinamente el concubinato, y luego, indiferente, resolvi\u00f3 callar sobre \u00e9l y le desconoci\u00f3 cualquier efecto jur\u00eddico\u00bb (SC, 20 sep. 2000, exp. n.\u00b0 6117). <\/p>\n
La segunda, soportada en un modelo social de derechos, rechaz\u00f3 el hostigamiento que impidi\u00f3 la aceptaci\u00f3n de esta instituci\u00f3n, lo que condujo a que a principios de los a\u00f1os 90 se reconociera que la familia pod\u00eda originarse por el simple hecho de la convivencia, sin las formalidades propias del matrimonio, a condici\u00f3n de que la pareja tenga un proyecto de vida com\u00fan, con requisitos de estabilidad y singularidad. <\/p>\n
Reconocimiento que encontr\u00f3 eco en el texto constitucional de 1991, el cual previ\u00f3 que la familia puede conformarse \u00abpor v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, por la decisi\u00f3n libre\u2026 de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla\u00bb (art\u00edculo 42), imponiendo al Estado y a la sociedad el deber de protegerla (SC, 7 nov. 2013, rad. n.\u00b0 2002-00364-01). <\/p>\n
5.3. No obstante la importancia del reconocimiento que oper\u00f3 con la ley 54 de 1990, el legislador omiti\u00f3 precisar si la protecci\u00f3n concedida s\u00f3lo cobijaba a las uniones que se constituyeran dentro de su vigencia o si pod\u00eda extenderse a las que estaban en ejecuci\u00f3n y, en este \u00faltimo caso, desde cu\u00e1ndo pod\u00edan reconocerse sus efectos personales y patrimoniales. La \u00fanica regla sobre la materia est\u00e1 contenida en su art\u00edculo 9\u00ba, a saber: \u00ab[l]a\u2026 Ley rige a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La jurisprudencia fue le encarga de dilucidar el punto, lo que dio lugar a una primera tendencia que propugnaba por la imposibilidad de aplicar el nuevo estatuto de forma retroactiva, lo que se tradujo en que los efectos patrimoniales fueran reconocidos \u00fanicamente a partir de 31 de diciembre de 1990, fecha de promulgaci\u00f3n de la ley en el diario oficial. <\/p>\n
As\u00ed, en fallo de 20 de abril de 2001, con el fin de salvaguardar la seguridad jur\u00eddica y no afectar derechos adquiridos por terceros, la Corte asegur\u00f3: <\/p>\n
Siendo el acto legal de naturaleza eminentemente constitutiva, pues, se repite, es el que crea o tipifica el nuevo fen\u00f3meno jur\u00eddico, llamado \u201csociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d, sujeto a un r\u00e9gimen propio hasta entonces inexistente y con pautas formativas distintas a las de la situaci\u00f3n tratada por la jurisprudencia por la v\u00eda de la sociedad de hecho, sin necesidad de entrar a hacer un abstracto ejercicio en torno a derechos adquiridos, con l\u00f3gica jur\u00eddica enmarcada en pautas de equidad y justicia, inevitablemente se tiene que concluir en la negaci\u00f3n de cualquier efecto retroactivo o retrospectivo de la ley, porque lo cierto es que la nueva disposici\u00f3n no subsume el factum anterior, por cuanto ella misma lo excluye en el art\u00edculo 2\u00ba, cuando establece, adem\u00e1s de otras condiciones antes no concebidas, los dos a\u00f1os de la uni\u00f3n marital como requisito para que opere la presunci\u00f3n legal de existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, que es claramente el tiempo que la ley se\u00f1al\u00f3 para que la norma pudiera ser utilizada como fundamento de una decisi\u00f3n judicial, pues no debe olvidarse que por encima de cualquier consideraci\u00f3n atinente al reconocimiento de un hecho social (uni\u00f3n extramatrimonial), lo que de ella resulta trascendente y que es lo que convoca a esta decisi\u00f3n, es el otorgamiento de una tutela jurisdiccional perfectamente identificable, pero diferida en el tiempo a los dos se\u00f1alados a\u00f1os de uni\u00f3n marital (SC, exp. n.\u00ba 5883). <\/p>\n
Tesis que ratific\u00f3 el 13 de diciembre de 2002, bajo las siguientes ideas: <\/p>\n
[A]parece como la m\u00e1s adecuada, porque sin duda alguna deja a salvo los principios de seguridad jur\u00eddica y justicia, que ser\u00edan los que resultar\u00edan menguados de entenderse la retroactividad, sino por consultar el problema de la continuidad de la relaci\u00f3n que es uno de los m\u00e1s delicados en la aplicaci\u00f3n de las leyes en el tiempo, como se discute igualmente en los contratos sucesivos, que mutatis mutandi guardan semejanza con el fen\u00f3meno analizado, am\u00e9n de mirar el car\u00e1cter supletorio de la ley 54 de 1990, en cuanto tiene que ver con la constituci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, el cual claramente se nota en el art\u00edculo 2\u00ba. en tanto sienta una mera presunci\u00f3n legal, por ende desvirtuable y consecuentemente admisoria de alg\u00fan tipo de convenio paritario e imparcial acorde con las finalidades de la ley y al m\u00ednimo de derechos que \u00e9sta reconoce a los compa\u00f1eros permanentes (SC238, exp. n.\u00ba 6660). <\/p>\n
Criterio reiterado en las determinaciones de 20 de marzo de 2003 (exp. n.\u00ba 6726) y 9 de marzo de 2004 (exp. n.\u00ba 6984), aunque con sendos salvamentos de votos que propend\u00edan por un cambio de tendencia, con el fin de dar paso a la tesis de la retrospectividad. <\/p>\n
5.4. Con el prove\u00eddo de 28 de octubre de 2005 esta Corporaci\u00f3n modific\u00f3 el rumbo y, de forma expresa, recogi\u00f3 el anterior criterio jurisprudencial, para sustituirlo por la posibilidad de reconocer efectos econ\u00f3micos a las uniones convivenciales desde la fecha en que comenzaron, siempre que persistieran al momento en que se profiri\u00f3 la regulaci\u00f3n. <\/p>\n
De forma literal se dijo: <\/p>\n
[L]a Ley 54 de 1990 s\u00ed aplica a las uniones maritales que, surgidas con anterioridad a su promulgaci\u00f3n, continuaron desarroll\u00e1ndose sin soluci\u00f3n de continuidad durante su vigencia \u2013no as\u00ed a las que para ese momento ya hab\u00edan fenecido-, por manera que para los efectos de la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, debe tenerse en cuenta la totalidad del tiempo que ellos convivieron, incluido, por supuesto, el anterior al 31 de diciembre de 1990, en el obvio entendido que se verifiquen todos los presupuestos requeridos por la normatividad patria\u00bb (SC268, rad. n.\u00ba 2000-00591-01). <\/p>\n
Postura que tuvo eco en los fallos de 3 de noviembre (rad. n.\u00ba 2005-00196-01), 22 de noviembre de 2010 (rad. n.\u00ba 2005-00997-01), 12 de agosto (rad. n.\u00ba 2005-00997-01) y 12 de diciembre de 2011 (rad. n.\u00ba 2003-01261-01), que al un\u00edsono acudieron a la restrospectividad. <\/p>\n
Esta tesis, en resumen, aboga por que la ley 54 de 1990 rija las consecuencias de las situaciones jur\u00eddicas que estaban en curso, siempre que no hayan finiquitado al momento de su entrada en vigor; huelga decirlo, la norma naciente ser\u00e1 la encargada de fijar las consecuencias de las uniones maritales de hecho que, sin estar extinguidas, persist\u00edan al 31 de diciembre de 1990, proyect\u00e1ndose hacia el pasado hasta el d\u00eda en que inici\u00f3 la convivencia, como mecanismo para superar la odiosa discriminaci\u00f3n a la que se sometieron estos v\u00ednculos y hacer efectivos los renovados principios constitucionales, sin que la seguridad jur\u00eddica pueda oponerse a esta tarea. <\/p>\n
Posici\u00f3n que se soporta en cinco (5) argumentos nucleares, seg\u00fan los precedentes de la Sala: <\/p>\n
a.-) La protecci\u00f3n de la familia constituida por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, sin discriminaciones, m\u00e1xime desde la promulgaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 1991 que, por ser de aplicaci\u00f3n inmediata, daba pie a la extensi\u00f3n de sus efectos a las uniones que se ven\u00edan desarrollando de tiempo atr\u00e1s a la expedici\u00f3n de la ley y que se preservaron con posterioridad a ella. <\/p>\n
b.-) El prop\u00f3sito de brindar pronta y cumplida tutela a un grupo con precaria o nula protecci\u00f3n. <\/p>\n
c.-) El c\u00f3mputo del plazo de convivencia anterior a 1990 no conlleva una aplicaci\u00f3n retroactiva, al no estarse desconociendo derechos adquiridos o situaciones jur\u00eddicas consolidadas, ya que no exist\u00eda una normatividad anterior que fuera materia de choque con la expedida. <\/p>\n
d.-) A pesar de que en general la ley no es retroactiva, ello no ri\u00f1e con el postulado de vigencia inmediata, en virtud del cual \u00abrigiendo hacia el futuro, cobija necesariamente las situaciones jur\u00eddicas en curso, esto es, aquellas que ven\u00edan desarroll\u00e1ndose con anterioridad a su promulgaci\u00f3n y que contin\u00faan desdobl\u00e1ndose bajo su imperio\u00bb, lo que com\u00fanmente se ha denominado retrospectividad. <\/p>\n
e.-) Al haberse establecido una presunci\u00f3n legal de conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, oponerse a su aplicaci\u00f3n desconocer\u00eda su naturaleza probatoria, por lo que tendr\u00eda vigencia inmediata en virtud al art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887. (SC10561, 11 ag. 2014, rad. n.\u00ba 2007-01170-01). <\/p>\n
Por tratarse de una tesis pac\u00edfica, reiterada en m\u00e1s de tres (3) sentencias, se forj\u00f3 una doctrina probable que sustituy\u00f3 en todo la arg\u00fcida hasta el a\u00f1o 2005. Raz\u00f3n por la que, al momento de desatar el sub lite era imperativo para el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Familia, tenerla en consideraci\u00f3n o apartarse de forma justificada de la misma, sin que pudiera dejarla de lado sin ning\u00fan miramiento, so pena de incurrir en error de juzgamiento, como en efecto sucedi\u00f3. <\/p>\n
Yerro que cobra relevancia en tanto la Sala ha insistido en esta visi\u00f3n te\u00f3rica en los veredictos de 5 de agosto (SC10304, rad. n.\u00ba 2006-00936-01), 11 de agosto de 2014 (SC10561, rad. n.\u00ba 2007-01170-01), 9 de septiembre de 2015 (SC12015, rad. n.\u00ba 2008-00253-01), 16 de agosto de 2017 (SC12246, rad. n.\u00ba 2007-00331-01) y 18 de diciembre de 2018 (SC4003, rad. n.\u00ba 2011-00228-01). <\/p>\n
5.5. Vislumbrado el dislate del Tribunal, reluce la indebida hermen\u00e9utica que dispens\u00f3 al canon 2\u00ba de la ley 54 de 1990, pues debi\u00f3 haberlo interpretado conforme a la tesis jurisprudencial vigente, esto es, reconociendo que las consecuencias patrimoniales de la convivencia se proyectan hacia el pasado, siempre que al 31 de diciembre de 1990 los consortes perseveraran en su convivencia, como en efecto sucedi\u00f3 en el caso de la pareja Camacho-Pulido. <\/p>\n
6. En cuanto a los ataques propuestos por Adriana, Nayibe y Jissed Pulido Camacho, como ya se anunci\u00f3, no ser\u00e1n objeto de estudio, por cuanto fueron formulados con la finalidad de que la sentencia sea casada en perjuicio de las recurrentes, como se advirti\u00f3 en la r\u00e9plica de 12 de diciembre de 2019 (folios 88 a 914 del cuaderno Corte), lo que repugna con la finalidad de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que \u00ab[u]no de los principios tutelares del derecho de impugnaci\u00f3n es el del inter\u00e9s que le debe asistir a la parte para controvertir o contradecir la decisi\u00f3n judicial por serle ella perjudicial. Se ha dicho en multitud de ocasiones que \u2018sin inter\u00e9s no hay recursos\u2019 y que ese inter\u00e9s se traduce en el agravio que la providencia le causa al recurrente\u00bb, cuya ausencia \u00abinhibe a la Corte de dar tr\u00e1mite de m\u00e9rito al cargo que examina\u00bb (AC2456, 20 jun. 2018, rad. n.\u00ba 2015-00533-01). <\/p>\n
En contrav\u00eda, las casacionistas pretenden que la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad conyugal reclamada por su progenitora se reconozca por un per\u00edodo m\u00e1s extenso que el decretado por el Tribunal, con lo cual se afectar\u00eda el patrimonio del causante que, por fuerza de la causahabiencia, representan y, por este mismo camino, sus eventuales derechos hereditarios, de lo que reluce su falta de inter\u00e9s para enarbolar esta solicitud. <\/p>\n
Dicho de otra manera, como las recurrentes buscan el reconocimiento de un derecho del cual no son titulares, sino de su contraparte procesal, es claro que carecen de vocaci\u00f3n para enarbolar ataques en casaci\u00f3n para alcanzar este cometido, pues la sentencia criticada en realidad no les irroga un perjuicio, sino que las favorece, siendo un sinsentido que pretendan una condena m\u00e1s gravosa. <\/p>\n
Se agrega que, como el cargo de la demandante est\u00e1 llamado a salir a flote, el cual que guarda simetr\u00eda con los propuestos por las otras recurrentes -prospectividad en la aplicaci\u00f3n de la ley 54 de 1990-, se hace innecesario su an\u00e1lisis, por sustracci\u00f3n de materia. <\/p>\n
7. Ante la prosperidad del recurso, aunque sea de forma parcial, se descarta la condena en costas, conforme al inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En sede de instancia debe la Corte proferir la determinaci\u00f3n de reemplazo, sin adentrarse en los aspectos f\u00e1cticos de la controversia, en tanto el \u00fanico tema objeto de la casaci\u00f3n corresponde a la hermen\u00e9utica del canon 2\u00ba de la ley 54 de 1990, quedando pac\u00edfica la plataforma f\u00e1ctica decantada en la alzada. <\/p>\n
PROVIDENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. Pretensiones. La demandante suplic\u00f3 que se declarara que conform\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho con Pablo Efra\u00edn Pulido, del 1\u00ba de enero de 1970 al 1\u00ba de diciembre de 1995, con la connatural sociedad patrimonial, la cual se disolvi\u00f3 en raz\u00f3n del matrimonio contra\u00eddo entre los compa\u00f1eros (folio 57 del cuaderno 1). <\/p>\n
2. La sentencia de primera instancia. El a quo acogi\u00f3 las pretensiones y declar\u00f3 \u00abla existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre Bernarda Camacho Plata y el se\u00f1or Pablo Efra\u00edn Pulido (fallecido), desde el 31 de diciembre de 1970 hasta el 30 de noviembre de 1995\u00bb y de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
3. Los aspectos que devienen intangibles de la sentencia de segundo grado. Como la casaci\u00f3n prosper\u00f3 de manera parcial y \u00fanicamente por aspectos de puro derecho, se tiene que los siguientes aspectos de la decisi\u00f3n de alzada se mantienen indiscutibles: (i) entre Bernarda Camacho y Pablo Pulido se conform\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, por concurrir los elementos exigidos por la ley 54 de 1990; (ii) la uni\u00f3n marital de hecho concluy\u00f3 el 30 de noviembre de 1995, d\u00eda previo al matrimonio contra\u00eddo por los convivientes; (ii) a pesar de que la demanda se promovi\u00f3 en el a\u00f1o 2012, la acci\u00f3n no se encontraba prescrita, por cuanto el t\u00e9rmino para la reclamaci\u00f3n judicial comenz\u00f3 a correr el d\u00eda de la muerte del compa\u00f1ero de permanente -30 de marzo del mismo a\u00f1o-; y (iii) la cohabitaci\u00f3n comenz\u00f3 en el a\u00f1o de 1975, conforme a lo relatado por Rafael Ni\u00f1o Pulido. <\/p>\n
4.1. Remem\u00f3rase lo dicho al resolver el remedio excepcional, en el sentido de que las consecuencias tuitivas de la ley 54 de 1990 son predicables de los v\u00ednculos convivenciales que, a la fecha de su expedici\u00f3n, estaban en ejecuci\u00f3n, proyect\u00e1ndose sus efectos sobre el pasado, por mandato del fen\u00f3meno jur\u00eddico de la retrospectividad. <\/p>\n
Por tanto, decantado que Bernarda Camacho y Pablo Pulido, para el 31 de diciembre de 1990, ten\u00edan un proyecto com\u00fan, que tuvo su g\u00e9nesis muchos a\u00f1os atr\u00e1s, como fue reconocido por el Tribunal, deviene incuestionable que debe declararse la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente comunidad de activos, desde la fecha en que principi\u00f3 la empresa com\u00fan. <\/p>\n
4.2. Para fijar los hitos temporales deviene indispensable transcribir lo que, sobre el particular, manifest\u00f3 el Tribunal, por corresponder a conclusiones probatorias que no fueron controvertidas en el remedio extraordinario: <\/p>\n
Descendiendo al sub lite, la Sala encuentra que las accionadas Adriana, Nayibe y Jissed Pulido Camacho, hijas comunes de la actora y el causante, nacidas en los a\u00f1os 1971, 1972 y 1976, en su orden, al rendir declaraci\u00f3n de parte admiten la configuraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho deprecada, la que afirman inici\u00f3 mucho antes de sus nacimientos\u2026 llegando a contraer nupcias por el rito religioso en el a\u00f1o 1995 al cumplir las \u2018bodas de plata\u2019 o los veinticinco a\u00f1os de convivencia\u2026 <\/p>\n
No obstante lo aceptado por las mencionadas accionadas, desvirt\u00faa lo afirmado por ellas sobre la \u00e9poca la relaci\u00f3n marital de sus progenitores\u2026 el testimonio del se\u00f1or Rafael Ni\u00f1o Pulido\u2026 quien narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que conoci\u00f3\u2026 a la se\u00f1ora Bernarda\u2026 y c[\u00f3]mo ella se relacion\u00f3 con el se\u00f1or Pablo (se conocieron en el a\u00f1o 1975 en una de las fiestas que \u00e9l -el deponente- organizaba), por lo que le consta que ese mismo a\u00f1o (1975) empezaron a convivir, residiendo desde entonces en el barrio la Clarita de Bogot\u00e1, donde construyeron una casa y permanecieron juntos hasta el deceso del se\u00f1or Pablo Pulido\u2026 <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos queda establecido que entre Bernarda Camacho Plata y Pablo Efra\u00edn Pulido (fallecido) s\u00ed existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, pero acorde a lo probado, fue a partir del a\u00f1o 1975; luego acert\u00f3 el a-quo al declarar no proada la excepci\u00f3n \u2018carencia de singularidad\u2019\u2026 <\/p>\n
Se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume lo decidido sobre la fecha de culminaci\u00f3n (30 de noviembre de 1995), sin que ello configure afectaci\u00f3n al principio de congruencia como lo alegan los apelantes, pues si bien es cierto inicialmente la actora peticion\u00f3 su reconocimiento hasta el d\u00eda \u201829 de marzo de 2012\u2019, tambi\u00e9n lo es que al subsanar la demanda precis\u00f3 que lo era hasta el \u201801 de diciembre de 1995\u2019 fecha en que contrajeron nupcias, fecha que no pod\u00eda ser acogida, pues lo legal es hasta el d\u00eda anterior a la ceremonia, conforme lo declar\u00f3 el a-quo\u2026 (folios 33 a 37 del cuaderno 2). <\/p>\n
Refulge con claridad que la relaci\u00f3n se extingui\u00f3 el 30 de noviembre de 1995, colof\u00f3n intangible para la Corte. Pero no sucede lo mismo respecto al comienzo de la convivencia, pues el Tribunal se limit\u00f3 a fijarlo en el a\u00f1o de 1975, sin puntualizar un d\u00eda concreto. <\/p>\n
El material suasorio tampoco permite dilucidar este vac\u00edo, en tanto el \u00fanico declarante que fij\u00f3 el inicio de la relaci\u00f3n en esta anualidad fue Rafael Ni\u00f1o Pulido, quien al realizar la narraci\u00f3n de los hechos del litigio asegur\u00f3: <\/p>\n
Yo los conozco desde aproximadamente 1975, ella Bernarda fue a vivir en una pieza a donde un hermano mio (sic) Jose (sic) Benigno, despues (sic) por motivo de transporte de donde (sic) trabajaba le quedaba muy lejos y yo le arrende (sic) una pieza. Como mi familia era grande, a mi (sic) me gustaba hacer fiesticas, entonces yo invitaba a mi hermana y a ella y ah\u00ed (sic) fue donde se conocieron con Pablo, durante un tiempo viviendo los dos y despues (sic) se casaron\u2026 (folio 120 del cuaderno 1). <\/p>\n
Al ser inquirido sobre \u00absi usted recuerda aproximadamente cu\u00e1ntos a\u00f1os vivieron Pablo y Bernarda antes de casarse\u00bb, se limit\u00f3 a contestar \u00ab[c]omo desde 1975 antes de casarse\u00bb (folio 120 reverso idem). <\/p>\n
N\u00f3tese que, m\u00e1s all\u00e1 de asegurar que la pareja se conoci\u00f3 en la referida anualidad, instante en que principi\u00f3 la cohabitaci\u00f3n, ninguna referencia hizo a un d\u00eda preciso, de suerte que esta Corporaci\u00f3n pudiera resolver el punto con esta informaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, ante la falta de certeza sobre el momento exacto, deber\u00e1 acudirse a la equidad como pauta decisoria, por tratarse de un criterio auxiliar de la actividad judicial reconocido en el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; en consecuencia, se fijar\u00e1 una l\u00ednea divisoria equidistante entre el primer y el \u00faltimo d\u00eda del a\u00f1o, correspondiente al 1\u00ba de julio de 1975. As\u00ed ha procedido la Corte en casos equivalentes, como mecanismo para guardar justicia entre las partes2. <\/p>\n
4.2. Las excepciones intituladas \u00abfalta de efectos retroactivos de la ley 54 de 1990\u00bb y \u00abprohibici\u00f3n de sociedad de gananciales, a t\u00edtulo universal, excepto entre c\u00f3nyuges, con anterioridad a la ley 54 de 1990\u00bb, por las razones expuestas al desatar el remedio extraordinario, est\u00e1n llamadas al fracaso. Los dem\u00e1s medios defensivos, como ya fueron decididos por el ad quem con fuerza imperativa, no es posible volver sobre ellos. <\/p>\n
4.3. Para concluir, en atenci\u00f3n a que las pretensiones de la demandante, en su gran mayor\u00eda, fueron acogidas en segunda instancia, la condena en costas en ambas instancias se modificar\u00e1 en favor de \u00e9sta y en contra de los opositores, para lo cual se tendr\u00e1 el n\u00famero de a\u00f1os en que se concedi\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho frente al contenido de la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
5. En resumen se tiene que la sentencia del Tribunal ser\u00e1 casada parcialmente, en punto a los efectos retrospectivos del art\u00edculo 2\u00aa de la ley 54 de 1990, conforme a la doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n sobre la materia, la cual fue desconocida por el ad quem. <\/p>\n
La sentencia de segunda instancia ser\u00e1 modificada, en el sentido propuesto. En aplicaci\u00f3n del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 392 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se impondr\u00e1 a Rodrigo Andr\u00e9s, Elizabeth, Ruth Mercedes, V\u00edctor Manuel y Javier Leonardo Pulido Vergara la condena en costas en un 80% en ambas instancias y en favor de Bernarda Camacho Plata. <\/p>\n
Las agencias en derecho de segundo grado se tasar\u00e1n, seg\u00fan el numeral 3 del art\u00edculo 393 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia de 12 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso promovido por Bernarda Camacho Plata contra Adriana, Nayibe, Jissed Pulido Camacho, Rodrigo Andr\u00e9s, Elizabeth, Ruth Mercedes, V\u00edctor Manuel y Javier Leonardo Pulido Vergara, y en sede de instancia, modifica su parte resolutiva, en el siguiente sentido: <\/p>\n
Primero. Se modifican los numerales primero y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 12 de febrero de 2014, los cuales quedar\u00e1n as\u00ed: <\/p>\n
Primero: Revocar parcialmente los numerales segundo y tercero de la sentencia proferida el dos (2) de septiembre de dos mil trece (2013) por el Juzgador Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, dentro del asunto referenciado, para en su lugar declarar que la uni\u00f3n marital de hecho y su consecuente sociedad patrimonial conformada entre Bernarda Camacho Plata y Pablo Efra\u00edn Pulido, inici\u00f3 el 1\u00aa de julio de 1975 (y culmin\u00f3 el 30 de noviembre de 1995, conforme lo indic\u00f3 el a-quo). <\/p>\n
Tercero: Costas de ambas instancia en un 80% a cargo Rodrigo Andr\u00e9s, Elizabeth, Ruth Mercedes, V\u00edctor Manuel y Javier Leonardo Pulido Vergara, y a favor de Bernarda Camacho Plata, de conformidad con el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, punto en el que se modifica el numeral s\u00e9ptimo de la sentencia proferida el dos (2) de septiembre de dos mil trece (2013) por el Juzgador Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1. Para su valoraci\u00f3n el magistrado ponente fija como agencias en derecho en segundo grado la suma de cinco (5) s.m.l.m.v., la cual ser\u00e1 liquidada por la Secretar\u00eda del Tribunal. <\/p>\n
Segundo. Sin costas en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Marina Gasc\u00f3n Abell\u00e1n y Alfonso Garc\u00eda Figueroa, Interpretaci\u00f3n y Argumentaci\u00f3n Jur\u00eddica, Consejo Nacional de la Judicatura, Espa\u00f1a, p. 116. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. SC, 12 dic. 2011, rad. n.\u00b0 2003-01261-01; SC, 26 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2001-00011-01; SC128, 12 feb. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00331-01. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC2930-2021 {2012-00542-01)_1 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC2930-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-019-2012-00542-01 Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se deciden los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por (i) Bernarda Camacho Plata y (ii) Adriana, Nayibe y Jissed Pulido Camacho, frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55329","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55329","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55329"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55329\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55329"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}