SC3148-2021 (2014-00403-02)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3148-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05360-31-10-002-2014-00403-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de Sala Civil del trece de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes, se\u00f1ores GABRIEL ANTONIO y MARCO AURELIO MEJ\u00cdA ARANGO, frente a la sentencia proferida el 26 de octubre de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala de Familia, en el proceso ordinario de nulidad de testamento que ellos adelantaron en contra, por una parte, de los legatarios CIUDAD DON BOSCO y el se\u00f1or JHON DARWIN R\u00cdOS BETANCUR; y por otra, del albacea con tenencia de bienes, se\u00f1or MIGUEL ALBERTO MORENO QUIJANO. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Apreciadas en conjunto la demanda con la que se dio inicio al proceso (fls. 17 a 21, cd. 1) y la subsanaci\u00f3n de la misma (fls. 31 a 33, ib.), se pretendi\u00f3 que por sentencia se procediera a: <\/p>\n
1.1. Declarar la nulidad absoluta del testamento abierto otorgado por el se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda Arango (q.e.p.d.), protocolizado mediante la escritura p\u00fablica No. 1604 del 22 de mayo de 2009, conferida en la Notar\u00eda Veinte de Medell\u00edn. <\/p>\n
1.2. Ordenar, como consecuencia de lo anterior, el restablecimiento del derecho de los actores, como \u00fanicos herederos abintestato del prenombrado causante; la entrega a ellos de los bienes que integran la herencia, junto con \u201ctodos los frutos producidos\u201d desde cuando los demandados los recibieron y hasta cuando realicen su efectiva restituci\u00f3n; el levantamiento de los embargos, secuestros y de cualquier otro gravamen que pese sobre los mismos; la terminaci\u00f3n del proceso de sucesi\u00f3n que cursa en el Juzgado Segundo de Familia de Itag\u00fc\u00ed y su realizaci\u00f3n por parte de los accionantes; y la inscripci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
1.3. Imponer a los convocados las costas del proceso. <\/p>\n
2. Como soporte de esas s\u00faplicas, se adujeron los hechos que pasan a compendiarse: <\/p>\n
2.1. Los promotores de la acci\u00f3n y el prenombrado causante son hijos de Margarita Arango Uribe y Gregorio Mej\u00eda Ruiz, ambos fallecidos, por consiguiente, aqu\u00e9llos tres son hermanos. <\/p>\n
2.2. El se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda Arango otorg\u00f3 el testamento referido, mediante el cual: <\/p>\n
2.2.1. Asign\u00f3 la tercera parte de un inmueble ubicado en el municipio de Itag\u00fc\u00ed, que hab\u00eda recibido por herencia de su progenitora, as\u00ed como todos los dem\u00e1s que se encontraran en su cabeza, a la entidad CIUDAD DON BOSCO; y una renta de $3.000.000 mensuales, durante 3 a\u00f1os, al se\u00f1or Jhon Darwin R\u00edos Betancur, hasta cuando se realice la venta del inmueble objeto de esa manifestaci\u00f3n de voluntad. <\/p>\n
2.2.2. Y estableci\u00f3 que una vez realizada dicha enajenaci\u00f3n, \u201cse destinaran TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M\/L ($300.000.000) para crear un CDT o cuenta que de rendimientos mensuales en una entidad autorizada y se entregar\u00e1n mensualmente los rendimientos por un t\u00e9rmino de tres a\u00f1os contados a partir de la venta, al se\u00f1or JHON DARWIN R\u00cdOS BETANCUR, al final de los tres a\u00f1os mencionados entregar\u00e1 al se\u00f1or R\u00cdOS BETANCUR la totalidad del capital y remanentes que se encuentren en dicha cuenta o CDT\u201d. <\/p>\n
2.3. Esa memoria testamentaria adolece de los siguientes defectos: <\/p>\n
2.3.1. No indic\u00f3 \u201cexpresamente la Naci\u00f3n a que pertenece el se\u00f1or JOS\u00c9 VICENTE MEJ\u00cdA ARANGO y si est\u00e1 o no avecindado en el territorio\u201d, ni \u201cel domicilio de la se\u00f1ora MAR\u00cdA CRISTINA CALLE SALINAS\u201d, una de los testigos del mismo, omisiones que desconocen las previsiones del art\u00edculo 1073 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.3.2. Incumple la exigencia consagrada en el art\u00edculo 1068 ib\u00eddem, seg\u00fan la cual, \u201cpor lo menos dos de los testigos del testamento abierto, deben estar domiciliados en el lugar donde se otorga el mismo\u201d, puesto que \u201cpara el caso que nos ocupa[,] s\u00f3lo el se\u00f1or JUAN DIEGO VEL\u00c1SQUEZ RESTREPO se encuentra domiciliado en Medell\u00edn, ya que ALEXANDER MONTOYA es vecino de Itag\u00fc\u00ed y no se indic\u00f3 el domicilio de la se\u00f1ora MAR\u00cdA CRISTINA CALLE SALINAS\u201d. <\/p>\n
2.3.3. El segundo de los testigos atr\u00e1s nombrado era inh\u00e1bil para actuar como tal, seg\u00fan voces del numeral 14 de la precitada norma, toda vez que \u201cse desempe\u00f1a desde el mes [a]gosto de 2008, vigilando el parqueadero de la Notar\u00eda 20 del C\u00edrculo de Medell\u00edn, tal como lo afirm\u00f3 en su testimonio extraprocesal, rendido ante el Juzgado 19 Civil Municipal de Medell\u00edn el d\u00eda 23 de julio de 2014\u201d, lo que acarre\u00f3 que el testamento en cuesti\u00f3n no se otorg\u00f3 ante tres testigos h\u00e1biles, como lo dispone el art\u00edculo 1070 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.4. El se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda Arango falleci\u00f3 en Itag\u00fc\u00ed el 29 de agosto de 2013, siendo soltero, sin uni\u00f3n marital vigente, ni hijos y en \u201cextra\u00f1as circunstancias, luego de haber recibido m\u00e1s de 25 heridas cortopunzantes en la espalda, dentro de su propia casa\u201d, cuando contaba con 81 a\u00f1os de edad, viv\u00eda de la ayuda de sus parientes cercanos y de las utilidades derivadas de sus bienes, esto es, sin que tuviera enemigos y sin que existiera \u201cun m\u00f3vil\u201d para su muerte. <\/p>\n
2.5. Al momento de la ocurrencia de esos hechos, el se\u00f1or Jhon Darwin R\u00edos Betancur se encontraba en el segundo piso de la casa donde tuvieron ocurrencia, pero no se percat\u00f3 del homicidio sino hasta cuando llegaron los familiares del occiso. <\/p>\n
2.6. La legataria CIUDAD DON BOSCO inici\u00f3 el respectivo proceso de sucesi\u00f3n del citado de cujus, el cual cursa en el Juzgado Segundo de Familia de Itag\u00fc\u00ed, bajo el radicado 2013-0616. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto de Familia de Medell\u00edn rechaz\u00f3 de plano la demanda, por falta de competencia, y la remiti\u00f3 a sus hom\u00f3logos de Itag\u00fc\u00ed (auto del 21 de octubre de 2014; fls. 29 y 29 vuelto, cd. 1), habiendo correspondido el conocimiento del asunto al Segundo de Familia de esa localidad, oficina que, previa consecuci\u00f3n del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la persona jur\u00eddica accionada, la admiti\u00f3 con auto del 20 de enero de 2015 (fls. 41 y 41 vuelto, ib.). <\/p>\n
4. El 18 de febrero de 2015 asumi\u00f3 el conocimiento del proceso el Juzgado Primero de Familia de Descongesti\u00f3n de Itag\u00fc\u00ed, el cual notific\u00f3 el prove\u00eddo admisorio a los demandados, as\u00ed: por aviso a Jhon Darwin R\u00edos Betancur y Miguel Alberto Moreno Quijano (fls. 85 a 115, cd. 1); y personalmente a CIUDAD DON BOSCO, en diligencia efectuada el 20 de mayo de 2016 (fl. 132, cd. 1). <\/p>\n
5. Tanto Moreno Quijano, como CIUDAD DON BOSCO, contestaron el libelo introductorio, escritos en los que se opusieron al acogimiento de sus pretensiones y se pronunciaron de distinta manera sobre los hechos del mismo. Adicionalmente, propusieron las excepciones meritorias que denominaron, el primero de ellos, \u201cFALTA DE CAUSA PARA PEDIR\u201d, y el segundo, \u201cINEXISTENCIA DE LA CAUSAL INVOCADA PARA SUSTENTAR LA NULIDAD TESTAMENTARIA\u201d (fls. 135 a 141 y 148 a 160, cd. 1, respectivamente). <\/p>\n
6. Verificada en lo posible la instrucci\u00f3n del proceso y tras retornar el mismo al Juzgado Segundo de Familia de Itag\u00fc\u00ed, \u00e9ste en ejercicio del control de legalidad establecido en el art\u00edculo 25 de la Ley 1285 de 2009, mediante prove\u00eddo del 7 de marzo de 2016, al detectar algunas fallas en la notificaci\u00f3n por aviso del demandado Jhon Darwin R\u00edos Betancur, orden\u00f3 repetir el acto de enteramiento a \u00e9l del auto admisorio de la demanda y decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de una prueba oficiosa (fls. 194 y 194 vuelto, cd. 1). <\/p>\n
7. En cumplimiento de la orden anterior, se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n personal del mencionado pronunciamiento al se\u00f1or R\u00edos Betancur, en diligencia cumplida el 23 de septiembre de 2016 (fl. 208, cd. 1). Por intermedio de apoderada judicial, dicho accionado replic\u00f3 el escrito genitor de la controversia, en desarrollo de lo cual reclam\u00f3 la desestimaci\u00f3n de sus peticiones, se refiri\u00f3 pormenorizadamente sobre los hechos all\u00ed expuestos y formul\u00f3 la excepci\u00f3n de fondo: \u201cINEXISTENCIA DE LA CAUSAL QUE INVOCAN PARA SUSTENTAR LA NULIDAD DEL TESTAMENTO\u201d (fls. 222 a 227, cd. 1). <\/p>\n
8. Agotado el tr\u00e1mite de la instancia, el juzgado del conocimiento, en audiencia practicada el 30 de junio de 2017, dict\u00f3 sentencia, en la que declar\u00f3 probadas las excepciones propuestas por los accionados, deneg\u00f3 la totalidad de las pretensiones de la demanda e impuso a los actores las costas (acta fls. 266 a 267, cd. 1; CD fl. 268, ib.). <\/p>\n
9. Apelado dicho fallo por los promotores de la acci\u00f3n, la Sala Primera de Decisi\u00f3n de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en audiencia del 26 de octubre de 2017 resolvi\u00f3 dicha censura, prove\u00eddo en el que confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n que el a quo hizo de los pedimentos incoados en el libelo introductorio, revoc\u00f3 el reconocimiento de las excepciones alegadas por los convocados y conden\u00f3 a \u00e9stos al pago de las costas (acta fls. 21 a 22 vuelto, cd. 3; CD fl. 23, ib.). <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Luego de hacer una s\u00edntesis de las pretensiones de la demanda, de las defensas propuestas por los demandados y de los argumentos esgrimidos por el juzgador de primera instancia, el ad quem, para arribar a las decisiones que emiti\u00f3, esgrimi\u00f3 los razonamientos que a continuaci\u00f3n se consignan: <\/p>\n
2. Fincado en los registros civiles aportados, demostrativos de que los actores son hermanos del causante Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda Arango (q.e.p.d.), y en la escritura p\u00fablica No. 1604 del 22 de mayo de 2009, otorgada en la Notar\u00eda Veinte de Medell\u00edn, contentiva del testamento impugnado, en el que se instituyeron a CIUDAD DON BOSCO y Jhon Darwin R\u00edos Betancur como legatarios del precitado causante y a Miguel Alberto Moreno Quijano como albacea con tenencia de bienes, el Tribunal coligi\u00f3 la legitimaci\u00f3n activa y pasiva de todos los intervinientes. <\/p>\n
3. Precis\u00f3 a continuaci\u00f3n que de conformidad con los reparos concretos que formularon los apelantes y los argumentos esgrimidos en la sustentaci\u00f3n, revisar\u00e1 \u00fanicamente dos aspectos de la providencia recurrida, a saber: \u201csi no se tuvo en cuenta que el testamento impugnado no refleja la \u00faltima voluntad del causante y, por eso, se debe abrir paso a la nulidad\u201d; y si dicho acto \u201ctiene la falencia del requisito exigido por el art\u00edculo 1068, numeral 1\u00ba e inciso \u00faltimo, del C\u00f3digo Civil, es decir, si el testigo instrumental ALEXANDER MONTOYA era o no inh\u00e1bil para fungir como tal\u201d. <\/p>\n
4. Antes de asumir el estudio de esos dos temas, se refiri\u00f3 a la queja expuesta por el apoderado de los demandantes en escrito presentado dentro de los tres d\u00edas siguientes a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento surtida en primera instancia, relativa a que el a quo llev\u00f3 escrita la sentencia que profiri\u00f3 y en ese acto simplemente la ley\u00f3, actitud de la que infiri\u00f3 que, por lo tanto, no tuvo en cuenta los alegatos de conclusi\u00f3n que, en representaci\u00f3n de los actores, esgrimi\u00f3. <\/p>\n
Sobre el particular, el ad quem estim\u00f3 que nada acredita que ello haya sido as\u00ed y que del audio de la audiencia se establece que, por el contrario, ese juzgador si apreci\u00f3 los planteamientos finales expuestos por el indicado apoderado, pues se refiri\u00f3 a ellos expresamente, desestim\u00e1ndolos, como quiera que consider\u00f3 que la inexistencia del supuesto abandono imputado por el causante a sus hermanos, los aqu\u00ed demandantes, no fue cuesti\u00f3n esgrimida como causa de invalidez del testamento, ni las circunstancias en las que muri\u00f3 aqu\u00e9l, desdicen el legado que dej\u00f3 al se\u00f1or R\u00edos Betancur. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la oralidad que hoy impera en los procesos, no impide el uso de escritos por parte del juez, en los que consigne el tr\u00e1mite del proceso y\/o los fundamentos f\u00e1cticos, jur\u00eddicos, probatorios, doctrinales o jurisprudenciales que vaya a utilizar, o por parte de los apoderados, en los que registren los datos que necesiten para guiarse en las intervenciones que hagan en defensa de los derechos que representan; y que, incluso, una parte del proceso, la preliminar, es predominantemente escritural. <\/p>\n
5. Seguidamente se ocup\u00f3 del primero de los reproches objeto de pronunciamiento, esto es, se recuerda, que la memoria testamentaria no reflejaba la \u00faltima voluntad de su autor, cuestionamiento sobre el que observ\u00f3: <\/p>\n
5.1. Puso de presente que, de conformidad con las previsiones de los incisos 1\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, las sentencias deben, por una parte, \u201cser consonantes con los hechos y pretensiones aducidas en el libelo introductor y en las dem\u00e1s oportunidades que dicho c\u00f3digo establece, y con las excepciones probadas y que se hayan alegado, si la ley lo exige\u201d; y, por otra, \u201ctener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial objeto del litigio, ocurrido luego de presentarse la demanda, si se acredita y el interesado lo alega, a m\u00e1s tardar, en los alegatos de conclusi\u00f3n o la ley permite que se considere oficiosamente\u201d. <\/p>\n
5.2. Seguidamente se remiti\u00f3 al escrito con el que se dio inicio a la controversia y asever\u00f3: que en \u00e9l, los actores \u201cno alegaron que el testamento no refleja la \u00faltima voluntad de Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda Arango\u201d, puesto que lo aducido, seg\u00fan se desprende de los hechos 3\u00ba a 11, fue que ese acto \u201cadolece de requisitos formales\u201d; que en el fundamento decimosegundo relataron las extra\u00f1as circunstancias en las que muri\u00f3 el causante; y que el \u00faltimo, tampoco contiene una queja semejante. <\/p>\n
5.3. As\u00ed las cosas, el Tribunal coligi\u00f3 que \u201clos impugnantes no tienen raz\u00f3n al sostener que en la sentencia que se revisa, no se tuvo en cuenta que el testamento no refleja la \u00faltima voluntad del testador\u201d, inferencia en pro de la cual reprodujo parcialmente un fallo de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Concentr\u00f3 luego su atenci\u00f3n en el segundo punto materia de estudio, es decir, la presunta inhabilidad del testigo instrumental se\u00f1or Alexander Montoya, tem\u00e1tica en relaci\u00f3n con la cual expres\u00f3: <\/p>\n
6.1. Con invocaci\u00f3n del art\u00edculo 1055 del C\u00f3digo Civil, advirti\u00f3 el car\u00e1cter \u201cm\u00e1s o menos solemne\u201d de todo testamento, seg\u00fan se trate del \u201ctestamento solemne\u201d propiamente dicho, a que se refieren los art\u00edculos 1067 a 1086 de la misma obra, o del \u201ctestamento privilegiado\u201d, reglamentado en los art\u00edculos 1087 a 1112 ib\u00eddem. <\/p>\n
6.2. Sobre el primero (solemne), acot\u00f3 que debe constar siempre por escrito; que \u201cde \u00e9l no pueden ser testigos, entre otros, los dependientes o dom\u00e9sticos del testador, de su consorte, del notario y de los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad del testador o del funcionario que lo autorice\u201d; y que de los testigos, \u201cpor lo menos dos deben estar domiciliados en el lugar donde se otorgue y uno saber leer y escribir, cuando son tres, y dos, cuando son cinco\u201d. <\/p>\n
6.3. Precis\u00f3 que el testamento abierto \u201cse otorga ante notario y tres testigos o ante cinco, si no hay notario; lo deben presenciar en todas sus partes el testador, un mismo notario, si lo hay, y unos mismos testigos; puede haberse escrito previamente, pero debe leerse en voz alta por el notario, si lo hay, o en defecto de \u00e9ste, por un testigo escogido por el testador; \u00e9ste debe estar a la vista mientras se lee; y las personas cuya presencia es necesaria, deben o\u00edr todo su tenor; debe contener el nombre y apellido del testador, su lugar de nacimiento, su nacionalidad, si est\u00e1 avecindado en el territorio, si lo est\u00e1, su domicilio, su edad, que se encuentra en su entero juicio, las personas con las que contrajo matrimonio, sus hijos matrimoniales, legitimados, extramatrimoniales y adoptivos, distinguiendo vivos o muertos, nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos, todo de acuerdo con lo que declaren el testador y \u00e9stos; el lugar, d\u00eda, mes y a\u00f1o del otorgamiento; el nombre y apellido del notario, si asiste; y termina con las firmas del testador, testigos y notario, si lo hay; si el testador no sabe, o no puede firmar, se dice expresando la causa y si alguno de los testigos se haya en el mismo caso, otro firma por \u00e9l a ruego suyo, manifest\u00e1ndolo; y, en esencia, al testamento lo constituye el acto en que el testador hace saber al notario, si lo hay, y a los testigos, sus disposiciones\u201d. <\/p>\n
6.4. Tras referirse, fincado en los art\u00edculos 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil, a la nulidad absoluta y relativa en general, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Pero estas prescripciones se desarrollan espec\u00edficamente para el testamento, en los art\u00edculos 1059 a 1063 y 1083 del C\u00f3digo Civil, que establecen que \u2018es un acto de una sola persona\u2019; \u2018[s]er\u00e1n nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o m\u00e1s personas a un tiempo, ya sean en beneficio rec\u00edproco de l[os] otorgante[s], o de una tercera persona\u2019; que la facultad de testar es indelegable; que son inh\u00e1biles para testar los imp\u00faberes, los interdictos por discapacidad mental absoluta, los que no est\u00e1n en sano juicio por ebriedad u otra causa y los que no pueden expresar su voluntad claramente de palabra o por escrito; que el testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causales de inhabilidad referida, es nulo aunque despu\u00e9s deje de existir; que (\u2026) \u2018el testamento en el que de cualquier modo haya intervenido la fuerza, es nulo en todas sus partes\u2019; que \u2018el testamento solemne abierto o cerrado en que se omitiere cualquiera de las formalidades a que debe respectivamente sujetarse, seg\u00fan los art\u00edculos precedentes, no tendr\u00e1 valor alguno, con todo, cuando se omitiere una o m\u00e1s de las designaciones prescritas en los art\u00edculos 1073, en el inciso 4\u00b0 del 1080 y en el inciso 2\u00b0 del 1081, no ser\u00e1 por eso nulo el testamento, siempre que no haya duda acerca de la identidad personal del testador, el notario o testigo\u2019. <\/p>\n
6.5. Con ayuda de la jurisprudencia, en definitiva, dej\u00f3 sentado que \u201cen materia de nulidades, especialmente en lo referente a los testamentos, \u2018el criterio debe ser siempre restricto y jam\u00e1s de ampliaci\u00f3n, por lo grave que es dejar sin fundamentos muy s\u00f3lidos y sin razones muy evidentes, ineficaz o inoperante la \u00faltima voluntad del testador\u2019 (Gaceta Judicial 54 bis, p\u00e1gina 158)\u201d; y que \u201c(\u2026) \u2018surge evidente entonces, que el prop\u00f3sito del legislador ha sido el de propender por la estabilidad, firmeza y cumplida ejecuci\u00f3n de la \u00faltima voluntad de quien decide disponer de sus bienes, mediante alguna de las formas testamentarias preestablecidas, por esa raz\u00f3n, \u00fanicamente son susceptibles de invalidar[se] los actos solemnes de aquella especie, respecto de los cuales se demuestre, en forma fehaciente, la existencia de errores en su otorgamiento que, sin resquicio de duda, estructuren alguna de las precisas y concretas causales de nulidad, consagradas en el ordenamiento positivo y no cualquier otro vicio o irregularidad\u2019\u201d. <\/p>\n
6.6. Circunscrito a la inhabilidad prevista en el numeral 14 del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil, el ad quem trajo a colaci\u00f3n varios pronunciamientos de la Corte, en los cuales conceptu\u00f3 sobre el significado de la expresi\u00f3n \u201cdependientes o dom\u00e9sticos\u201d all\u00ed utilizada, estableciendo que para que un v\u00ednculo de esa naturaleza exista es \u201c(\u2026) \u2018preciso que aqu\u00e9l (\u2026) est\u00e9 de tal modo subordinado (\u2026), que no pueda obrar con entera independencia en ninguno de sus actos, como sucede, verbi gratia, con el poder que ejerce el padre sobre los hijos no emancipados, el del tutor sobre el pupilo, el del superior sobre los inferiores y el del amo sobre el criado\u2019 (\u2026)\u201d, de modo que \u201c(\u2026) \u2018no es cualquier dependencia la que inhibe para ser testigo de un testamento\u2019 (\u2026)\u201d, porque de no ser as\u00ed \u201c(\u2026) \u2018la inhibici\u00f3n de que se ha hecho m\u00e9rito y que es una excepci\u00f3n, vendr\u00eda a trocarse en una regla con grave perjuicio general\u2019 (\u2026)\u201d, por lo que \u201c(\u2026) \u2018la inhabilidad (\u2026) a que se refiere la norma, no puede ser otra sino la que provenga de una completa dependencia econ\u00f3mica y hasta personal, que traduzca en un obedecimiento completo por esa raz\u00f3n a las \u00f3rdenes del amo\u2019 (Casaci\u00f3n Civil, 6 de octubre de 1942, Gaceta Judicial 54 bis, p\u00e1gina 158)\u201d. <\/p>\n
En refuerzo de lo anterior, memor\u00f3 otro caso fallado por esta Corporaci\u00f3n, en el que la Sala se\u00f1al\u00f3 que \u201c(\u2026) \u2018el simple hecho de la subordinaci\u00f3n laboral a que puede estar vinculado el testigo testamentario, respecto a las personas mencionadas en el referido ordinal, no es suficiente para configurar la inhabilidad all\u00ed prevista, sino cuando est\u00e9 sujeto en grado sumo al sometimiento y subordinaci\u00f3n patronal, a tal extremo que no le deje la posibilidad de independencia y autodeterminaci\u00f3n, todo de conformad con las particularidades de cada evento, que por supuesto el juez ha de analizar con el detenimiento necesario\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6.7. En tal orden de ideas, retorn\u00f3 al caso concreto llevado a su conocimiento y a\u00f1adi\u00f3 que los precedentes jurisprudenciales relacionados, apuntalan su conclusi\u00f3n de que el se\u00f1or Alexander Montoya no estaba inhabilitado para oficiar como testigo del testamento aqu\u00ed cuestionado, porque de los hechos en que se sustent\u00f3 ese reproche, esto es, \u201cque desde agosto del 2008, es vigilante del parqueadero de la notar\u00eda\u201d y, por lo mismo, dependiente de la titular de dicha oficina, a quien \u201ctuvo que pedirle consentimiento para ir a declarar anticipadamente\u201d, para ser \u201ctestigo en otros testamentos otorgados all\u00ed\u201d y \u201cpara realizar diligencias que tengan que ver con la notar\u00eda (\u2026), no se desprende que el aludido estuviere ligado a la Notaria Veinte del C\u00edrculo de Medell\u00edn, Antioquia, que autoriz\u00f3 el testamento, como el trabajador lo est\u00e1 al patrono, incluso el solo hecho de estarlo, no determinar\u00eda la inhabilidad que se le imputa\u201d. <\/p>\n
6.8. Con apoyo en lo declarado por el mismo testigo, versi\u00f3n que hall\u00f3 procedente valorar, como quiera que los demandados no solicitaron su ratificaci\u00f3n; en lo informado por la doctora Ana Rosa Lopera Upegui, exasesora jur\u00eddica de la misma notar\u00eda y quien, en ocasiones, se desempe\u00f1\u00f3 como notaria encargada; y en la certificaci\u00f3n expedida por la doctora Blanca Yolanda Berm\u00fadez Bello, entonces Notaria Veinte de Medell\u00edn, coligi\u00f3 que el v\u00ednculo existente entre el nombrado y la mencionada notar\u00eda, est\u00e1 determinado por la autorizaci\u00f3n que su titular le dio a aqu\u00e9l para \u201ccuidar en el parqueadero de la notar\u00eda los veh\u00edculos de las personas que acud\u00edan a ella, en raz\u00f3n de la cual, era obvio, que con su auxilio buscara controlar lo que sucediera en \u00e9l y, por ende, deb\u00eda enterarse de s\u00ed estaba ejerciendo dicho cuidado o dejaba de hacerlo\u201d, sin que de all\u00ed se desprenda que \u201cel testigo estuviere sometido y subordinado a la notaria, en grado tal [que] anulara su autonom\u00eda y capacidad de razonar y discernir, que no tuviese la posibilidad de independencia y autodeterminaci\u00f3n, circunstancia que ser\u00eda la \u00fanica que lo inhabilitar\u00eda para ser testigo testamentario\u201d. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, estim\u00f3 que las declaraciones de Alberto Mu\u00f1oz Orozco, Francisco Javier Mej\u00eda Villa, Martha Luc\u00eda Almario Salazar y Luis Felipe Mej\u00eda Solano, \u201caunque tratan de sostener la dependencia alegada, nada aportan sobre que, efectivamente, existi\u00f3, porque auxiliada por los antecedentes jurisprudenciales aludidos, como lo permite el art\u00edculo 230, inciso 2\u00ba, de la Constituci\u00f3n Nacional, la Sala considera que los hechos que narraron los demandantes para sustentarla, y dichos testigos de ratificar, no la constituye\u201d. <\/p>\n
7. Como corolario de todo lo expresado, el Tribunal coligi\u00f3 que la nulidad deprecada \u201cse debe desestimar y, por ende, la decisi\u00f3n confutada se debe confirmar\u201d, en lo tocante con la negativa de ese pedimento y con la condena en costas de los actores, pero que, al tiempo, debe revocarse \u201cen cuanto declar\u00f3 probada[s] las excepciones de falta de causa para pedir e inexistencia de la causal invocada para sustentar la nulidad del testamento, porque de acuerdo con la t\u00e9cnica de las sentencia[s], [\u00e9]stas deben analizarse y decidirse, cuando las pretensiones est\u00e9n llamadas a prosperar\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Seis cargos propusieron los recurrentes, en sustento del recurso extraordinario por ellos planteado. <\/p>\n
Los tres primeros, soportados en la causa quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, que se resolver\u00e1n de entrada y aunadamente, por denunciar nulidades procesales y puesto que una misma fundamentaci\u00f3n general, servir\u00e1 para su despacho. <\/p>\n
El quinto reproche, fincado en el segundo motivo de la norma atr\u00e1s invocada, y el sexto, en el primero, se estudiar\u00e1n al cierre, conjunt\u00e1ndolos, como quiera que los dos, en parte, versan sobre un mismo tema y, por lo mismo, como se ver\u00e1, devienen interdependientes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Como se dijo, con respaldo en la causa quinta de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la nulidad de sentencia refutada, de conformidad con el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General de Proceso, por haberse pretermitido \u00edntegramente la segunda instancia, sin que dicho vicio hubiese sido saneado. <\/p>\n
En respaldo de la acusaci\u00f3n, se adujo: <\/p>\n
1. Primero, que la omisi\u00f3n imputada al ad quem obedeci\u00f3 a que no resolvi\u00f3 las siguientes tres causales invocadas en respaldo de la nulidad del testamento reclamada en la demanda, a saber: \u201c(i) carecer de los requisitos contemplados en el art. 1073 del C. C., consistente en que no se indic\u00f3 la Naci\u00f3n a la que pertenec\u00eda el testador; (ii) por no cumplir con el requisito de indicar el domicilio de la testigo testamentaria Calle Salinas, art. 1073 C.C. y (iii) por no cumplir con la exigencia que dos de los testigos est\u00e9n domiciliados en el lugar donde se otorga el testamento, art. 1068 C.C.\u201d. <\/p>\n
2. Al efecto, el censor puso de presente que tanto al interponer el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia de primera instancia, como en el escrito que present\u00f3 de conformidad con el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, los reparos concretos que plante\u00f3 contra dicho fallo consistieron en los resueltos por el Tribunal y en los atr\u00e1s advertidos, de modo que esa autoridad estaba obligada a pronunciarse sobre todos ellos. <\/p>\n
3. Precis\u00f3 que en la audiencia surtida en segunda instancia, con sujeci\u00f3n al art\u00edculo 327 de la citada obra, el tiempo que se otorg\u00f3 al apoderado de los actores para sustentar la apelaci\u00f3n \u201csolo [le] alcanz\u00f3 [para] ampliar (\u2026) dos de los puntos, vale decir, las razones por las cuales el testamento no correspond\u00eda a la voluntad del testador y la inhabilidad del testigo Alexander Montoya\u201d, resultando de ello que \u201clos dem\u00e1s puntos, quedaron con la sustentaci\u00f3n inicial presentada ante el juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
4. Como consecuencia de ello, el Tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre las restantes causas de la nulidad sustancial alegadas en la demanda, actitud contraria a la ley, \u201cpuesto que los incisos primero de los arts. 320 y 328 del C. G. del P., no obligan a que los reparos y los argumentos tengan que presentarse de manera verbal en segunda instancia, constituy\u00e9ndose en una exigencia no legal y creadora de un excesivo formalismo atentatorio contra el derecho a la segunda instancia, al punto de considerar que si se presentaron en la oportunidad contemplada en el numeral 3 del art\u00edculo 322, de manera escrita, como lo fue en nuestro caso, se exija que en la audiencia del art. 327 se de lectura a los mismos, para poder ser procesados en segunda instancia, como si para el Tribunal no le fuera suficiente lo escrito y estuviera impedido para darle lectura\u201d. <\/p>\n
5. La falta de pronunciamiento sobre las tres causales de nulidad del testamento atr\u00e1s especificadas, implic\u00f3 la pretermisi\u00f3n de la segunda instancia, como quiera que dej\u00f3 a la parte actora \u201csin pronunciamiento alguno por parte del juez de segundo grado\u201d respecto de esos t\u00f3picos, tornando evidente la nulidad alegada, que no fue saneada, en la medida que en segunda instancia no hay lugar a \u201cpromover incidentes\u201d. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Fincado en la misma causal invocada en el cargo anterior, el censor estim\u00f3 que la sentencia de segunda instancia es nula, al tenor del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u201cpor no incluir (\u2026) la totalidad de las pruebas allegadas a la causa, ya que el proceso es una unidad y no puede ser cercenado por ninguna circunstancia, ocurriendo que el juez de primera instancia no envi\u00f3 el expediente completo al Tribunal, y sin embargo, con un expediente parcial, al que le faltaban m\u00faltiples pruebas documentales, se tramit\u00f3 y decidi\u00f3 la apelaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En respaldo del cargo, su autor expuso: <\/p>\n
1. En la audiencia en la que se recibi\u00f3 el testimonio del se\u00f1or Luis Felipe Mej\u00eda Solano, \u00e9ste aport\u00f3, \u201cen m\u00e1s de mil (1.000) folios en cuatro (4) carpetas\u201d, abundante prueba documental. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Familia de Itag\u00fc\u00ed, al darle curso a la apelaci\u00f3n interpuesta contra su fallo, \u201cremiti\u00f3 el expediente incompleto al Tribunal Superior de Medell\u00edn, sin las cuatro (4) carpetas con m\u00e1s de mil (1.000) folios\u201d atr\u00e1s mencionadas, de lo que no se percat\u00f3 el ad quem, raz\u00f3n por la cual, con todo y el faltante, impuls\u00f3 y decidi\u00f3 la alzada, actitud constitutiva de \u201cuna evidente NULIDAD POR VIOLACI\u00d3N DEL DEBIDO PROCESO[,] de que trata el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, toda vez que, se obtuvo el medio de persuasi\u00f3n con desconocimiento de dicho derecho fundamental, si se tiene en cuenta que si las partes deb\u00edan ser juzgadas con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, deb\u00eda haberse dado aplicaci\u00f3n a lo consagrado en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, las pruebas deb\u00edan ser apreciadas en conjunto\u201d. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, el juez de segunda instancia no tuvo la posibilidad de acceder a todas las pruebas, siendo las omitidas soporte de uno de los reparos concretos, esto es, que \u201cel testamento no reflejaba la \u00faltima voluntad del testador, ya que con dichos documentos se acreditaba, que el se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente, adeudaba a sus familiares una gruesa cantidad de dinero, que implicaba por parte de ellos el suministro de todo lo necesario para su subsistencia, es decir, que no hab\u00eda motivo para dejarlos por fuera del testamento\u201d, sin que ello resulte desvanecido porque el Tribunal, al analizar si el sentenciador de primer grado tuvo o no en cuenta los alegatos de conclusi\u00f3n de la parte actora, las invoc\u00f3, pues lo cierto era que no obraban en el expediente. <\/p>\n
4. La ausencia de las referidas piezas procesales fue descubierta por el impugnante, \u201c\u00fanicamente cuando obtuvo copia de todo el expediente para sustentar el recurso de casaci\u00f3n, puesto que para el recurso de apelaci\u00f3n invoc\u00f3 dichas pruebas con la creencia que reposaban en el expediente de segunda instancia y fundamentado en las copias que se ten\u00edan en su despacho profesional\u201d. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Tambi\u00e9n con estribo en el \u00faltimo de los motivos enlistados en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se reproch\u00f3 a la sentencia del Tribunal ser nula, de conformidad con la previsi\u00f3n del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 133 de la misma obra, al haberse omitido la oportunidad para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
La sustentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n consisti\u00f3 en lo siguiente: <\/p>\n
1. El t\u00e9rmino de veinte minutos concedido al apoderado de los demandantes para sustentar, en la audiencia que se realiz\u00f3 de conformidad con el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, la apelaci\u00f3n que en nombre de ellos se interpuso contra el fallo de primera instancia, \u201cfue cercenad[o] por el propio Magistrado Ponente, al interrumpirle en plena sustentaci\u00f3n provocando la respuesta a dichos requerimientos, con lo cual se perdi\u00f3 por lo menos un minuto y cuarenta y tres segundos (01:43), para luego no reponerlos y requerirlo supuestamente faltando tres minutos para que finalizara el tiempo asignado para la sustentaci\u00f3n, por lo cual no (\u2026) alcanz\u00f3 a referirse de manera verbal a todos los reparos presentados en primera instancia\u201d. <\/p>\n
2. Tras reproducir en lo pertinente la audiencia aludida, el censor destac\u00f3 las interrupciones de que fue objeto por parte de la funcionaria que presidi\u00f3 ese acto en los minutos 7:57, 10:06 y 25:10, intervenciones de las que infiri\u00f3 la imposibilidad de \u201csustentar en dicha audiencia todos los reparos\u201d y la omisi\u00f3n de \u201cla oportunidad para alegar\u201d, puesto que \u201cel t\u00e9rmino otorgado se deb[\u00eda] cumplir en su totalidad\u201d, planteamiento en pro del cual reprodujo el art\u00edculo 117 del C\u00f3digo General del Proceso, y en lo que estim\u00f3 pertinente, una providencia de la Corte Constitucional. <\/p>\n
3. Tras advertir la dificultad de controlar el tiempo concedido para sustentar un recurso de apelaci\u00f3n por parte de quien se ocupa de ello, m\u00e1s cuando sobrevienen m\u00faltiples interrupciones injustificadas, el censor a\u00f1adi\u00f3 que, como consecuencia de la falencia aqu\u00ed denunciada, el Tribunal no resolvi\u00f3 las tres causales de la nulidad del testamento que puso de presente en el cargo primero, raz\u00f3n por la cual el cargo debe prosperar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como acontece en las instancias, las nulidades alegables en casaci\u00f3n, est\u00e1n sometidas a los principios generales que las gobiernan, \u201cde taxatividad, falta de convalidaci\u00f3n e inter\u00e9s, puesto que solo lograr\u00edan socavar la determinaci\u00f3n las inconsistencias determinadas e insuperables que por su trascendencia ameritan ser regularizadas, siempre y cuando las reporte el directo afectado\u201d (CSJ, AC 3531 del 14 de diciembre de 2020, Rad. n. \u00b0 2015-00152-01), de modo que su efectivo reconocimiento exige que el vicio alegado est\u00e9 previsto como tal en la ley, que no haya sido saneado y que quien lo aduzca, hubiese sufrido mengua en sus derechos como consecuencia del mismo, premisas que se extractan del examen conjunto y arm\u00f3nico de los art\u00edculos 133 a 136 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el primero de esos principios, tambi\u00e9n llamado de especificidad, debe recordarse que, para la invalidaci\u00f3n de un asunto litigioso, \u201ces indispensable \u2018un texto legal reconociendo la causal, al punto que el proceso s\u00f3lo se considera nulo, total o parcialmente, por los motivos taxativamente consagrados como tales. Por esto, el art\u00edculo 143, inciso 4\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [actualmente el mismo inciso del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, aclara la Sala], establece que el juez \u2018rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este Cap\u00edtulo\u2019 (CSJ, SC del 1\u00ba de marzo de 2012, Rad. n.\u00b0 2004-00191-01)\u201d (CSJ, SC 3943 del 19 de octubre de 2020, Rad. n.\u00b0 2006-00150-01). <\/p>\n
De suyo pues, que no cualquier circunstancia, sino solamente las expresadas como causales de nulidad en el ordenamiento jur\u00eddico, pueden dar lugar al correspondiente retrotraimiento de la actuaci\u00f3n procesal, adecuaci\u00f3n que en todos los casos debe ser plena y estricta, como quiera que, seg\u00fan viene de observarse, trat\u00e1ndose de una sanci\u00f3n, no cabe la analog\u00eda, ni la aplicaci\u00f3n de criterios flexibles o laxos. <\/p>\n
2. Con p\u00ede de apoyo en esas conceptualizaciones generales, s\u00edguese a establecer si las nulidades denunciadas en los cargos auscultados, se configuraron. <\/p>\n
2.1. La reclamada en la primera acusaci\u00f3n consisti\u00f3, como ya se registr\u00f3, en la pretermisi\u00f3n \u00edntegra de la segunda instancia, a que alude la parte final del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.1.1. En relaci\u00f3n con ese defecto, debe reiterarse el criterio expuesto por la Sala, el cual, pese al cambio en el \u00e1mbito patrio del r\u00e9gimen procedimental, no ha perdido vigencia, consistente en que: <\/p>\n
(\u2026) Trat\u00e1ndose del motivo de invalidez a que se refiere la pretermisi\u00f3n \u00edntegra de la respectiva instancia, que es insubsanable por expresa disposici\u00f3n del inciso final del art\u00edculo 144 ejusdem [hoy en d\u00eda, del par\u00e1grafo del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, se aclara], debe se\u00f1alarse que la instancia corresponde a cada uno de los grados del litigio, el cual termina con un pronunciamiento de fondo y, por regla general, comprende dos etapas, la primera que se surte ante el funcionario encargado de dirimirlo y una posterior, consistente en la revisi\u00f3n que hace su superior jer\u00e1rquico de lo decidido inicialmente, en garant\u00eda del principio previsto en el art\u00edculo 31 del Estatuto Fundamental, que se\u00f1ala: \u2018toda sentencia podr\u00e1 ser apelable o consultada, salvo las excepciones que consagra la ley\u2019. <\/p>\n
La causal tercera (3\u00aa) de nulidad invocada, tiene dicho la Corte, para que se estructure, exige la omisi\u00f3n completa o \u00edntegra y no parcialmente, por ignorancia, olvido o incuria de cada uno de los grados de competencia funcional asignada por la ley a los diversos fines en un proceso determinado, sean ambos o el \u00fanico previsto en la ley, o solamente alguno de ellos, el primero o el segundo; d\u00e1ndose este \u00faltimo cuando no se surte la alzada frente la sentencia apelada, o el grado jurisdiccional de la consulta al tratarse de providencias consultables. <\/p>\n
La ley de enjuiciamiento fue categ\u00f3rica al calificar el motivo de invalidaci\u00f3n recurriendo al adverbio \u2018\u00edntegramente\u2019, a fin de informar que no se trata de una preterici\u00f3n parcial ni relativa, sino referida a la totalidad de la instancia (CSJ, SC 12024 del 9 de septiembre de 2015, Rad. n. \u00b0 2009 00387 01; subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n
2.1.2. Esa comprensi\u00f3n del motivo de nulidad estudiado, descarta por s\u00ed sola la estructuraci\u00f3n del vicio aludido en el primer cargo, toda vez que el defecto all\u00ed referido consisti\u00f3 en la falta de pronunciamiento sobre tres de las causales en que se sustent\u00f3 el pedido de nulidad testamentaria, sobre el que vers\u00f3 la acci\u00f3n. <\/p>\n
2.1.3. Es claro, entonces, que as\u00ed fuese verdad la omisi\u00f3n imputada al ad quem, cuesti\u00f3n que no se aborda en este momento, por no ser necesario ni procedente, tal falencia no corresponde a la nulidad reclamada, en tanto que, lejos est\u00e1 de comportar la pretermisi\u00f3n \u00edntegra de la segunda instancia. <\/p>\n
2.1.4. En refuerzo de lo explicado, se impone advertir que la apelaci\u00f3n interpuesta contra el fallo del a quo tuvo buen suceso, toda vez que recibi\u00f3 el tr\u00e1mite previsto en la ley, como quiera que fue concedida por esa autoridad en la misma audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento que practic\u00f3 el 30 de junio de 2017; adicionalmente, dicho recurso fue admitido por el ad quem, mediante providencia del 14 de julio del precitado a\u00f1o (fl. 16, cd. 3); y por \u00faltimo, fue objeto de sustentaci\u00f3n y definici\u00f3n en la audiencia que tuvo lugar el 26 de octubre posterior, realizada por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala de Familia, con fundamento en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.1.5. Mal puede entonces, admitirse que en el caso sub lite se pretermiti\u00f3 \u00edntegramente la segunda instancia, constataci\u00f3n que impide la prosperidad del referido cargo. <\/p>\n
2.2. El vicio reprochado en la segunda acusaci\u00f3n, consistente en que el Tribunal no dispuso de la totalidad de las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas en primera instancia, como quiera que el a quo, al remitir el proceso para el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n interpuesta contra su fallo, no incluy\u00f3 las cuatro carpetas de documentos que el testigo Luis Felipe Mej\u00eda Solano aport\u00f3 en la audiencia donde se escuch\u00f3 su declaraci\u00f3n, tampoco se encuentra tipificado como motivo de invalidaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
2.2.1. Sea lo primero se\u00f1alar por una parte, que la nulidad de que trat\u00f3 el cargo en estudio fue reclamada por la parte actora en el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n con similares fundamentos y argumentos (escrito visible en los folios 12 a 16 precedentes); y por otra, que mediante AC 2134 del 29 de mayo de 2018, proferido por el magistrado ponente, se rechaz\u00f3 de plano dicho pedimento, de conformidad con el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que los hechos en que se sustent\u00f3, no configuran una causal de invalidaci\u00f3n y no corresponden a la nulidad prevista en el inciso final del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en tanto que la falta de env\u00edo de algunas pruebas documentales al Tribunal \u201cno comporta nulidad de la prueba\u201d. En suma, se estim\u00f3 que \u201cno se cumple con el principio de especificidad\u201d (fls. 47 a 50, ib.). <\/p>\n
2.2.2. Y en segundo t\u00e9rmino, dejar en claro que el defecto fundante del referido pedimento s\u00ed tuvo efectiva ocurrencia, pues as\u00ed se estableci\u00f3 con la remisi\u00f3n de los cuadernos echados de menos por el censor, efectuada por el Juzgado Segundo de Familia de Itag\u00fc\u00ed en atenci\u00f3n al requerimiento que le hiciera la Corte con tal fin (oficio de esa oficina No. 0977\/2014\/403 del 12 de julio del a\u00f1o en cita; fl. 53 de este mismo cuaderno). <\/p>\n
2.2.3. Pese a ser verdad la comentada equivocaci\u00f3n, no encuentra la Sala ning\u00fan argumento que permita variar la inferencia atr\u00e1s destacada, esto es, que la queja en cuesti\u00f3n no satisface el principio de especificidad, toda vez que, ciertamente, esa falta no se subsume en ninguna de las causales de nulidad contempladas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, ni corresponde a la invalidaci\u00f3n de pleno derecho consagrada en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 29 Superior. <\/p>\n
2.2.4. A voces del numeral 5\u00ba de la primera de las normas atr\u00e1s mencionadas, solamente la omisi\u00f3n de \u201clas oportunidades para solicitar, decretar o practicar\u201d pruebas, o de 1a realizaci\u00f3n de \u201cuna (\u2026) que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u201d, da lugar a la anulaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Es claro entonces, que no se incluy\u00f3 all\u00ed el deficiente env\u00edo de los elementos de juicio surtidos en el curso de lo actuado al sentenciador de segunda instancia, o con otras palabras, que \u00e9ste no hubiese tenido a su disposici\u00f3n al momento de resolver la totalidad de los medios de convicci\u00f3n aportados o practicados. <\/p>\n
2.2.5. No hay duda que la anomal\u00eda que se comenta constituye una afectaci\u00f3n al derecho del debido proceso establecido en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin que, por esa sola circunstancia, pueda ten\u00e9rsela como causal de nulidad. <\/p>\n
Es que precisamente, para garantizar esa prerrogativa superior, el legislador determin\u00f3 cu\u00e1les de las muy variadas fallas que pueden presentarse en el desarrollo de las controversias judiciales dan lugar a su anulaci\u00f3n, disponiendo, en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s, que \u201cse tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este C\u00f3digo establece\u201d (par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General de Proceso). <\/p>\n
Significa lo anterior, que no cualquier irregularidad est\u00e1 llamada a producir el indicado efecto, sin desconocer que todas por lo general, inciden negativamente, en mayor o menor grado, en el debido proceso, puesto que, como con insistencia viene sosteni\u00e9ndose, solamente las taxativamente especificadas en la ley como tal, tienen esa virtualidad. <\/p>\n
Por ello, mal puede pensarse que el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al instituir como fundamental el debido proceso, haya previsto que todo quebranto de ese derecho provoque la nulidad del tr\u00e1mite donde tenga ocurrencia. <\/p>\n
2.2.6. A lo anterior se suma que el error invocado por el recurrente, tampoco tipifica la nulidad prevista en el inciso final de la precitada norma superior, relativa a \u201cla prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso\u201d, figura en relaci\u00f3n con la cual la Sala tiene definido que ello acontece cuando en la producci\u00f3n del medio de convicci\u00f3n, se han vulnerado ostensible y flagrantemente derechos fundamentales. <\/p>\n
Por su importancia, conveniente es memorar el siguiente fallo, en el que la Sala se ocup\u00f3 de fijar los alcances de la nulidad de pleno derecho ahora en estudio, para lo cual, entre otras muchas consideraciones, expuso: <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto concierne a la indicada nulidad, necesario es precisar, que a m\u00e1s de reflejar en la estructura constitucional del debido proceso ese car\u00e1cter restringido -o si se prefiere sometido a puntuales l\u00edmites- del derecho a la prueba, como se expres\u00f3 en precedencia, corresponde a la citada regla de \u2018exclusi\u00f3n de las pruebas\u2019, cuya operancia tiene lugar cuando un medio demostrativo ha sido producido con violaci\u00f3n de los derechos fundamentales y de los requisitos esenciales fijados en la ley, y que, por la forma en que est\u00e1 concebida, auscultadas las diversas tendencias que a nivel internacional existen en la materia, esto es, b\u00e1sicamente la anglosajona -Estados Unidos de Am\u00e9rica, Canad\u00e1, Australia y Gran Breta\u00f1a-, la germ\u00e1nica -Alemania y Suiza- y la romana -Francia e Italia-, se evidencia una mayor proximidad del sistema colombiano a la \u00faltima de ellas, caracterizada por someter las pruebas indebidamente obtenidas a un r\u00e9gimen sancionatorio de nulidades, todo sin perjuicio de la incardinaci\u00f3n espec\u00edfica de algunos postulados pertenecientes a la corriente germ\u00e1nica, enderezados a posibilitar, in casu y de modo excepcional, la ponderaci\u00f3n judicial, como se rese\u00f1ar\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional, luego de analizar los antecedentes hist\u00f3ricos de la citada norma de la Carta, apunt\u00f3 que: \u2018La consagraci\u00f3n de un debido proceso constitucional impide al funcionario judicial darle efecto jur\u00eddico alguno a las pruebas que se hayan obtenido desconociendo las garant\u00edas b\u00e1sicas de toda persona dentro de un Estado Social de derecho, en especial aquellas declaraciones producto de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. As\u00ed entendida, la expresi\u00f3n debido proceso no comprende exclusivamente las garant\u00edas enunciadas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n sino todos los derechos constitucionales fundamentales \u2026es claro que en el origen de la norma el constituyente busc\u00f3 impedir que una prueba espec\u00edfica (\u2018la prueba\u2019) resultado directo e inmediato (\u2018obtenida\u2019) de un acto violatorio de los derechos b\u00e1sicos, fuera valorada en un proceso judicial\u201d (Sentencia SU 159\/02 de 6 de marzo de 2002). <\/p>\n
(\u2026) Propio es entonces manifestar que cuando injustificadamente un medio demostrativo desconoce en forma abierta los derechos fundamentales consagrados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica o en las normas legales b\u00e1sicas de los distintos reg\u00edmenes probatorios, en principio, califica como prueba il\u00edcita -o si se prefiere como una concreta modalidad de las apellidadas \u2018prohibiciones probatorias\u2019- y, por lo mismo, se hace acreedora de la sanci\u00f3n de nulidad de pleno derecho establecida en el inciso final del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, entre otras tipolog\u00edas. Y se dice en principio, porque incluso en los aludidos sistemas anglosaj\u00f3n y romano, que propugnan y se inclinan por la aplicaci\u00f3n f\u00e9rrea de la referida regla de exclusi\u00f3n probatoria, destacados sectores de la doctrina y la jurisprudencia, influenciados por la enunciada directriz de origen germ\u00e1nico, han autorizado puntuales excepciones a la misma, apoyados en el criterio de la \u2018proporcionalidad\u2019, responsable de la floraci\u00f3n de las tildadas \u2018v\u00e1lvulas de escape\u2019, ya mencionadas tangencialmente (CSJ, SC del 29 de junio de 2007, Rad. No. 2000-00751-01; subrayas y negrillas fuera del texto). <\/p>\n
2.2.7. As\u00ed las cosas, el cargo segundo tampoco est\u00e1 llamado a abrirse paso. <\/p>\n
2.3. Queda por ver el tercer ataque, en el que, con respaldo en el numeral 6\u00ba del tantas veces citado art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, se reclam\u00f3 la nulidad de la sentencia de segunda instancia, en raz\u00f3n a que el tiempo que se brind\u00f3 a la parte actora para sustentar la apelaci\u00f3n en la audiencia realizada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 26 de octubre de 2017 (20 minutos), fue cercenado en un minuto y cuarenta y tres segundos (1:43) por las varias interrupciones que, en el transcurso de la exposici\u00f3n del respectivo apoderado, efectu\u00f3 la magistrada ponente. <\/p>\n
2.3.1. Al respecto, debe enfatizarse que la causal de nulidad invocada en este cargo se refiere a \u201c[c]uando se omita la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n o para sustentar un recurso o descorrer su traslado\u201d (se subraya). <\/p>\n
Si \u201comitir\u201d, seg\u00fan el Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola, es \u201c[a]bstenerce de hacer algo\u201d y, a su turno, \u201ccercenar\u201d es \u201c[d]isminuir o acortar algo\u201d, resulta ostensible, de un lado, que la conducta tipo de la nulidad que se analiza, se refiere a suprimir por completo la oportunidad para la realizaci\u00f3n de las indicadas actuaciones procesales; y, de otro, que por contera, no es tal, la mera reducci\u00f3n del tiempo para ello, que fue de lo que se quej\u00f3 el recurrente, en tanto que en esta hip\u00f3tesis se parte de la base de que se cont\u00f3 con la respectiva oportunidad, pero que lo fue por un lapso inferior al que correspond\u00eda, supuesto que, por s\u00ed s\u00f3lo, desmiente la ocurrencia del motivo de nulidad escrutado. <\/p>\n
2.3.2. En relaci\u00f3n con la causal 6\u00aa del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de similar textura a la que se analiza, autorizada doctrina ten\u00eda precisado que ella \u201cs\u00f3lo obra en el caso de que se omitan totalmente los t\u00e9rminos para pedir o practicar pruebas, o para alegar. Se excluye, como bien lo explica DEVIS ECHAND\u00cdA, cuando el t\u00e9rmino se se\u00f1al\u00f3, pero con un tiempo menor del que legalmente correspond\u00eda, en raz\u00f3n de que, en primer lugar, la irregularidad puede subsanarse mediante los recursos, y en segundo lugar, que las partes disponen del t\u00e9rmino se\u00f1alado para ejercer los actos propios de esta etapa\u201d (Azula Camacho, Jaime. \u201cManual de derecho procesal civil\u201d. Tomo II. Librer\u00eda Jur\u00eddicas Wilches, Bogot\u00e1, 1985, p\u00e1g. 206; negrillas y subrayas fuera del texto). <\/p>\n
2.3.3. En suma, \u00fanicamente la supresi\u00f3n absoluta de la oportunidad para la realizaci\u00f3n de las actividades enlistadas en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, entre ellas, la de \u201csustentar un recurso\u201d, constituye causa de invalidaci\u00f3n procesal, de lo que se sigue que el acortamiento atribuido al Tribunal, como fundamento del cargo auscultado, no configura dicho motivo de nulidad. <\/p>\n
2.3.4. No est\u00e1 dem\u00e1s observar que, desde el punto de vista meramente operativo, la nulidad tampoco se materializ\u00f3, como quiera que, seg\u00fan se verific\u00f3 en el audio de la audiencia respectiva, el apoderado de los actores inici\u00f3 la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en el minuto siete con cincuenta y cuatro segundos (7:54) y estuvo en uso de la palabra hasta el minuto veintiocho con veinte segundos (28:20), lo que totaliza veinte minutos con veintis\u00e9is segundos (20:26). <\/p>\n
Sumado el tiempo de las intervenciones que, a lo largo de esa exposici\u00f3n, realiz\u00f3 la magistrada ponente, todas orientadas a recordarle al interviniente que su alegaci\u00f3n deb\u00eda acompasar con los reparos concretos aducidos en contra del fallo recurrido, lo que descarta la impertinencia de las mismas, se estableci\u00f3 que ellas ascendieron a treinta y cuatro segundos (0:34). <\/p>\n
Por consiguiente, descontado este tiempo de aquel, se concluye que el apoderado de los accionantes tuvo el uso efectivo de la palabra por espacio de diecinueve minutos con cincuenta y dos segundos (19:52), de donde la reducci\u00f3n ocasionada fue de tan s\u00f3lo ocho segundos (0:08), lapso que, por su cortedad, no represent\u00f3 una merma significativa de la oportunidad para la sustentaci\u00f3n de la alzada y que, por lo mismo, no alcanza para la estructuraci\u00f3n del vicio examinado. <\/p>\n
2.3.5. La acusaci\u00f3n en presencia analizada, en consecuencia, tampoco no prospera. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Con apoyo en la causal tercera de casaci\u00f3n, se enrostr\u00f3 a la sentencia del Tribunal ser \u201cincongruente\u201d, al no haberse pronunciado esa Corporaci\u00f3n sobre las causas de nulidad del testamento impetradas en el escrito generador de la controversia, consistentes en que \u201cno se indic\u00f3 la Naci\u00f3n a la que pertenec\u00eda el testador\u201d, ni el domicilio de la testigo se\u00f1ora Mar\u00eda Cristina Calle Salinas (art. 1073, C.C.), y en que no cumple la exigencia de que, por lo menos dos de los testigos, estuviesen domiciliados en el lugar donde se otorg\u00f3 (art. 1068 ib.). <\/p>\n
1. Asever\u00f3 el censor que, pese a ser el fallo de segunda instancia completamente absolutorio, es susceptible de controvertirse por incongruencia, en la medida que dej\u00f3 de resolver la pretensi\u00f3n de nulidad del testamento, en lo relacionado con las causales atr\u00e1s especificadas, planteamiento que sustent\u00f3 con ayuda de la jurisprudencia. <\/p>\n
2. Puso de presente que el ad quem no fue ajeno a esos motivos de invalidaci\u00f3n sustancial, en tanto que hizo expresa referencia al contenido de los hechos tercero a once de la demanda, en donde aparecen mencionados, am\u00e9n que fueron materia de los reparos concretos que los actores formularon al interponer el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia igualmente desestimatoria de primera instancia, tanto en la audiencia respectiva, como en el escrito que posteriormente presentaron con fundamento en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Insisti\u00f3 en que \u201c[e]n la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo de que trata el art. 327 del C. G. del P., el apelante present\u00f3 sus alegatos durante el tiempo otorgado por el Tribunal, en el cual solo (\u2026) alcanz\u00f3 a ampliar la sustentaci\u00f3n en dos puntos, vale decir, las razones por las cuales el testamento no correspond\u00eda a la voluntad del testador y la inhabilidad del testigo Alexander Montoya, los dem\u00e1s puntos quedaron con la sustentaci\u00f3n inicial presentada ante el juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
4. Con tal base a\u00f1adi\u00f3, que por consiguiente, el sentenciador de segunda instancia no abord\u00f3 \u201clos elementos medulares de la controversia\u201d, ni resolvi\u00f3 \u201cel derecho reclamado\u201d, omisiones que carecen de \u201ccausa legal\u201d, toda vez que, como lo expuso al sustentar el cargo inicial, \u201clos incisos primero de los arts. 320 y 328 del C. G. del P., no obligan a que los reparos y los argumentos tengan que presentarse de manera verbal en segunda instancia, constituy\u00e9ndose en una exigencia no legal y creadora de un excesivo formalismo atentatorio contra el derecho a la segunda instancia, al punto de considerar que si se presentaron en la oportunidad contemplada en el numeral 3 del art\u00edculo 322, de manera escrita, como lo fue en nuestro caso, se exija que en la audiencia del art. 327 se de lectura a los mismos, para poder ser procesados en segunda instancia, como si para el Tribunal no le fuera suficiente lo escrito y estuviera impedido para darle lectura\u201d. <\/p>\n
5. Al final destac\u00f3 el inter\u00e9s de los recurrentes en la proposici\u00f3n del cargo, por cuanto \u201cde haberse resuelto sobre las dem\u00e1s causales, se hubiera declarado la nulidad del testamento, teniendo la parte el derecho a que se decida sobre todo aquello que es materia de controversia\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La actividad decisoria de los jueces est\u00e1 soportada, entre muchos otros factores, en la competencia que la ley les asigna, de forma general y abstracta, para conocer y resolver determinados procesos y que, adicionalmente, las partes modulan en cada caso concreto, seg\u00fan los alcances que fijen a las pretensiones y excepciones que aduzcan, a los hechos en que sustenten unas y otras, as\u00ed como a los recursos que interpongan. <\/p>\n
De modo que, si bien es verdad, las facultades decisorias que la ley atribuye a las distintas clases y jerarqu\u00edas de funcionarios para asumir el impulso y definici\u00f3n de unos espec\u00edficos conflictos, es en principio plena, tambi\u00e9n lo es que est\u00e1 condicionada al marco referencial que las partes definen para cada juicio en particular, seg\u00fan sus propios intereses, el cual siempre debe respetarse sin que, por lo tanto, sea factible a aqu\u00e9llos dejar de desatar todo lo que est\u00e1 comprendido dentro de \u00e9l, ni extender o ampliar sus l\u00edmites, y mucho menos, actuar por fuera de ellos. <\/p>\n
Hacerlo, ser\u00eda contradecir el principio de la congruencia que impera respecto de todo fallo judicial, conforme lo establece el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, al disponer que \u201c[l]a sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este C\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. (\u2026). No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en \u00e9sta. (\u2026). Si lo pedido por el demandante excede lo probado se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo. (\u2026). En la sentencia se tendr\u00e1 en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a m\u00e1s tardar en su alegato de conclusi\u00f3n o que la ley permita considerarlo de oficio\u201d. <\/p>\n
2. Si, como viene de observarse, el referido principio opera en frente de toda sentencia judicial, est\u00e1n sometidas a \u00e9l, igualmente, las de segunda instancia, esto es, aquellas en las que se desata el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra las de primer grado. <\/p>\n
En este supuesto, la decisi\u00f3n del superior habr\u00e1 de sujetarse a las restricciones que le impone la ley misma y, sobre todo, a las actuaciones del recurrente. <\/p>\n
Regla el art\u00edculo 328 de la obra en cita: <\/p>\n
El juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que debe adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. <\/p>\n
Sin embargo, cuando ambas partes haya apelado toda la sentencia o la que no apel\u00f3 hubiere adherido al recurso, el superior resolver\u00e1 sin limitaciones. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El juez no podr\u00e1 hacer m\u00e1s desfavorable la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico, salvo que en raz\u00f3n de la modificaci\u00f3n fuera indispensable reformar puntos \u00edntimamente relacionados con ella (se subraya). <\/p>\n
Como se aprecia, cuando la apelaci\u00f3n la introdujo una sola de las partes, o cuando a pesar de provenir de ambas, los recursos no abarcan la totalidad del fallo cuestionado, las facultades decisorias del superior quedan restringidas a los \u201cargumentos expuestos\u201d por el o los impugnantes, los cuales pueden y deben exponerse al momento de la interposici\u00f3n de la alzada y en la sustentaci\u00f3n de la misma, seg\u00fan pasa a explicarse: <\/p>\n
2.1. Dispone el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferido en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarar\u00e1 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado (se subraya). <\/p>\n
2.2. A su turno, los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 327 de la misma obra establecen: <\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, \u00e9stas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este C\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia (se subraya). <\/p>\n
2.3. Conjuntadas esas normas, se colige que la apelaci\u00f3n de sentencias supone, en resumen, dos actuaciones del recurrente: <\/p>\n
2.3.1. La interposici\u00f3n de la impugnaci\u00f3n ante el a quo, con expresa y concreta indicaci\u00f3n de los \u201creparos concretos\u201d que se formulen al fallo cuestionado, labor\u00edo que \u00e9l deber\u00e1 hacer oralmente en la audiencia donde se profiera el mismo, o por escrito, dentro de los tres d\u00edas siguientes a la fecha de ese acto, o de la notificaci\u00f3n, si la sentencia no se dict\u00f3 en audiencia. <\/p>\n
2.3.2. Y la sustentaci\u00f3n, que debe guardar estricta armon\u00eda con los referidos reproches espec\u00edficos indicados al interponerse el recurso y que, necesariamente, debe realizar ante el superior, en la audiencia contemplada por el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. La insatisfacci\u00f3n de cualquiera de esas exigencias trae como consecuencia la deserci\u00f3n del recurso, determinaci\u00f3n que adoptar\u00e1 el a quo, si se deriva del incumplimiento de la primera o, el ad quem, si de la segunda. <\/p>\n
3. No obstante su estrecha relaci\u00f3n, se trata de pasos o fases aut\u00f3nomas, en tanto que, como se observa, cada una tiene objetivos propios, se realiza de forma distinta, en momentos diversos y ante autoridades diferentes, am\u00e9n que su desatenci\u00f3n cuenta con una sanci\u00f3n independiente, pese a ser la misma. <\/p>\n
De suyo entonces, tales requisitos no pueden confundirse, y por lo mismo, mal puede admitirse que uno suple el otro, o m\u00e1s espec\u00edficamente, que el acatamiento del primero exime al recurrente del deber de atender el segundo, o en el supuesto de darse el caso, que el \u00faltimo comporte el inicial. <\/p>\n
4. Llegados a este punto, pertinente es poner de presente que en el pasado reciente, han surgido interpretaciones diversas sobre la forma como pueden satisfacerse esos componentes de la apelaci\u00f3n contra sentencias, toda vez que se\u00f1alan, en s\u00edntesis, que cuando en la interposici\u00f3n de la alzada, su proponente, a m\u00e1s de indicar los \u201creparos concretos\u201d que formula a la sentencia del a quo, explica de forma suficiente en qu\u00e9 consisten los mismos, esa actuaci\u00f3n puede tenerse como sustentaci\u00f3n, sin ser necesaria, entonces, la concurrencia del apelante a la audiencia que se realice en el tr\u00e1mite de la segunda instancia y\/o su efectiva participaci\u00f3n en la misma, pues de todas maneras el ad quem est\u00e1 compelido a resolver la alzada conforme los t\u00e9rminos inicialmente indicados por el inconforme. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, corresponde a esta Sala de la Corte, en atenci\u00f3n a los deberes que, como tribunal de casaci\u00f3n, le asigna la ley de \u201cdefender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico\u201d y de \u201cunificar la jurisprudencia nacional\u201d, seg\u00fan el expreso mandato del art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, zanjar de forma definitiva esa discusi\u00f3n, en los t\u00e9rminos que se dejan indicados, esto es, que las fases de interposici\u00f3n y sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias son distintas, y por lo mismo, inconfundibles; que la una no suple la otra; y que, como consecuencia de lo anterior, cada una debe tener cabal y separado cumplimiento en la forma prevista por la ley, esto es: <\/p>\n
-La interposici\u00f3n, ante el a quo, oralmente en la audiencia en la que se profiere la sentencia impugnada, o por escrito presentado dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a ese acto, o a la notificaci\u00f3n del respectivo fallo, cuando no se dict\u00f3 en audiencia, precisando \u201cde manera breve los reparos concretos\u201d que se formulen a la determinaci\u00f3n generadora de la inconformidad -inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General de Proceso-. <\/p>\n
-Y la sustentaci\u00f3n, ante el ad quem, oralmente en la audiencia consagrada por el art\u00edculo 327 de la precitada obra, siendo \u201csuficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada\u201d -inciso 3\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 ib.- y en todo caso, sujetando \u201csu alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u201d -inciso 3\u00ba del primero de los preceptos en precedencia invocados-. <\/p>\n
5. No est\u00e1 por dem\u00e1s observar que, hasta ahora, dicha discusi\u00f3n ven\u00eda d\u00e1ndose en desarrollo de acciones constitucionales, siendo el criterio arriba expuesto, el adoptado por la mayor\u00eda de la Sala en los fallos con las que se decidieron las mismas, como puede constatarse en las sentencias STC 8909-2017; STC 4308-2018; STC 4673-2018; STC 9046-2018; STC13965-2018; STC 809-2019; STC 3328-2019; STC 7848-2019; STC 9546-2019; STC 13893-2019; STC 15048-2019; STC 118-2020; STC 1010-2020; STC 4672-2020; STC 6539-2020; STC 6649-2020; y STC 7116-2020, entre muchas otras. <\/p>\n
En tiempo muy pr\u00f3ximo, de forma un\u00e1nime, la Sala reiter\u00f3 su postura en los fallos STC 005, STC 368, STC 713, STC 882, STC 1738, STC 2846, STC 2963 STC 3179 y STC 387 todos del presente a\u00f1o (2021), sin perjuicio, claro est\u00e1, de la vigencia del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, mediante el cual se estableci\u00f3 la sustentaci\u00f3n escrita de la apelaci\u00f3n, modificaci\u00f3n adoptada como medida de emergencia para ayudar a conjurar la crisis generada por la pandemia provocada por el virus covid-19, norma no aplicable en este caso. <\/p>\n
Precisamente, en la STC 2963 del 24 de marzo \u00faltimo, se expres\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Tocante a la pretensi\u00f3n subsidiaria, relativa a tener por sustentada la apelaci\u00f3n en cuesti\u00f3n, ante los argumentos que esboz\u00f3 el actor en primera instancia, la misma no resulta de recibo, pues, en repetidas ocasiones, esta Sala ha adoctrinado que la fundamentaci\u00f3n debe efectuarse ante el superior. <\/p>\n
En cuanto a lo discurrido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido: <\/p>\n
\u2018(\u2026) [D]\u00e1ndole un sentido integral al art\u00edculo 322 de[l C\u00f3digo General del Proceso], se tiene que de acuerdo a su numeral 1\u00ba, cuando la providencia se emite en el curso de una audiencia o diligencia, la apelaci\u00f3n \u00abdeber\u00e1 interponerse en forma verbal inmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00bb, a lo que seguidamente indica que de todos los recursos presentados, al final de la audiencia el juez \u00abresolver\u00e1 sobre la procedencia (\u2026) as\u00ed no hayan sido sustentados\u00bb (\u2026)\u2019. <\/p>\n
\u2018(\u2026) Significa lo anterior que una es la ocasi\u00f3n para interponer el recurso que indudablemente es \u00abinmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00bb, lo cual da lugar a que se verifique el requisito tempestivo, y otro es el momento del desarrollo argumentativo del reproche, que trat\u00e1ndose de sentencias presenta una estructura compleja, seg\u00fan la cual la sustentaci\u00f3n debe presentarse frente al a quo y luego ser desarrollada \u00abante el superior\u00bb, conforme lo contemplan los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del numeral 3 del citado canon 322 (\u2026)\u2019 (se destaca). <\/p>\n
\u2018(\u2026) En tal sentido, el segundo de los apartados de la preceptiva en cita establece: \u00abal momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustanciaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb (\u2026)\u2019. <\/p>\n
De lo consignado en el canon 322 \u00eddem, se desprenden diferencias en torno a la apelaci\u00f3n de autos y sentencias, aspecto sobre el cual esta Sala un\u00e1nimemente, expuso: <\/p>\n
\u2018(\u2026) a) Para los primeros, el legislador previ\u00f3 dos momentos, uno relativo a la interposici\u00f3n del recurso, el cual ocurre en audiencia si la providencia se dict\u00f3 en ella o, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n controvertida si se profiri\u00f3 fuera de aqu\u00e9lla; y, dos, la sustentaci\u00f3n, siendo viable \u00e9sta en igual lapso al referido si el prove\u00eddo no se emiti\u00f3 en audiencia o al momento de incoarse en la respectiva diligencia, todo lo cual se surte ante el juez de primera instancia (\u2026)\u2019. <\/p>\n
\u2018(\u2026) b) En cuanto a las segundas, el remedio vertical comprende tres etapas, esto es, (i) su interposici\u00f3n y (ii) la formulaci\u00f3n de reparos concretos, \u00e9stas ante el a quo, y (iii) la sustentaci\u00f3n que corresponde a la exposici\u00f3n de las tesis o argumentos encaminados a quebrar la decisi\u00f3n, conforme a los reparos que en su oportunidad se formularon contra la providencia cuestionada. Dichos actos se surten dependiendo, igualmente, de si el fallo se emite en audiencia o fuera de ella, tal como arriba se expuso (\u2026)\u2019 (\u00e9nfasis extexto). <\/p>\n
Se infiere, entonces, que, trat\u00e1ndose de autos, esta Colegiatura ha identificado como fases del recurso de apelaci\u00f3n, en primera instancia: interposici\u00f3n del recurso, sustentaci\u00f3n, traslados de rigor y concesi\u00f3n; y, en segunda: la inadmisi\u00f3n o decisi\u00f3n. Para los fallos, en primera instancia: interposici\u00f3n, formulaci\u00f3n de los reparos concretos y concesi\u00f3n; y, en segunda: admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n con su ejecutoria, fijaci\u00f3n de audiencia con la eventual fase probatoria, sustentaci\u00f3n oral y fallo. <\/p>\n
6. Se sigue de todo lo hasta aqu\u00ed expuesto, que las facultades que tiene el superior, en trat\u00e1ndose de la apelaci\u00f3n de sentencias, \u00fanicamente se extiende al contenido de los reparos concretos se\u00f1alados en la fase de interposici\u00f3n de la alzada, oralmente en la respectiva audiencia o por escrito en la oportunidad fijada en el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, siempre y cuando que, adem\u00e1s, ello es toral, hubiesen sido sustentados en la audiencia que, con ese fin y el de practicar las pruebas decretadas de oficio, si fuere el caso, as\u00ed como de proferir la sentencia de segunda instancia, practique el ad quem. <\/p>\n
De all\u00ed se extracta que est\u00e1 vedado al ad quem pronunciarse sobre cuestiones no comprendidas en los reparos concretos expresados por el censor contra la sentencia de primera instancia, como sobre aquellos reproches que, pese a haber sido indicados en esa primera etapa del recurso, no fueron sustentados posteriormente en la audiencia del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General de Proceso. <\/p>\n
7. Precisamente la Corporaci\u00f3n, en forma muy reciente, al desatar un cargo por incongruencia, expres\u00f3 sobre cu\u00e1les son las posibilidades o facultades que asisten al superior en las apelaciones, concepto que pese a estar fincado en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, conserva plena validez: <\/p>\n
(\u2026) Como se infiere del detallado recuento de los argumentos expuestos por el Tribunal, que viene de consignarse, dicha autoridad se ocup\u00f3 de todos y cada uno de los fundamentos en los que el demandado soport\u00f3 la apelaci\u00f3n que propuso contra la sentencia de primera instancia, independiente de que se comparta o no el an\u00e1lisis que sobre ellos realiz\u00f3, cuesti\u00f3n que no es factible establecer en desarrollo del cargo auscultado, toda vez que mediante su formulaci\u00f3n se denunci\u00f3 la comisi\u00f3n de un error in procedendo, mas no uno de juzgamiento. <\/p>\n
Al respecto, debe precisarse, adem\u00e1s, que esos reproches delimitaron la \u00f3rbita de acci\u00f3n del ad quem, en tanto que de conformidad con el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u2018el superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
dado que el ad quem no tiene m\u00e1s poderes que los que le ha asignado el recurrente, pues no est\u00e1 autorizado para modificar las decisiones tomadas en la sentencia que no han sido impugnadas por la alzada, puesto que se trata de puntos que escapan a lo que es materia del ataque, a no ser \u2018que en raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aqu\u00e9lla\u2019 (CSJ, SC del 12 de febrero de 2002, Rad. n.\u00b0 6762; se subraya) (CSJ, SC 294 del 15 de febrero de 2021, Rad. n.\u00b0 2007-00533-01; negrillas fuera del texto). <\/p>\n
8. Es por consiguiente, rotundo fracaso del cuestionamiento examinado, pues como lo puso de presente el propio recurrente, la raz\u00f3n por la cual el Tribunal no se pronunci\u00f3 sobre las causales de nulidad del testamento que especific\u00f3 al inicio de la acusaci\u00f3n -(i) no haber indicado la nacionalidad del testador; (ii) ni el domicilio de la testigo instrumental Mar\u00eda Cristina Calle Salinas; y (iii) no estar rubricado por dos testigos domiciliados en el lugar de su otorgamiento- fue que los reparos concretos relacionados con ellas, planteados por el apelante al momento de la interposici\u00f3n de la alzada, no fueron sustentados en la audiencia realizada con fundamento en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, como quiera que la argumentaci\u00f3n del impugnante se circunscribi\u00f3 a desarrollar \u00fanicamente los puntos tocantes con que esa memoria testamentaria no reflejaba la verdadera voluntad de su autor y que el testigo Alexander Montoya estaba inhabilitado para fungir como tal. <\/p>\n
9. El cargo auscultado, por tanto, naufraga. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Fincado en la causal segunda de casaci\u00f3n, se atribuy\u00f3 a la sentencia del Tribunal ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 1608, numeral 14, 1037, 1083, subrogado por el 11 de la Ley 95 de 1890, 1740, 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil, \u201ccomo consecuencia de errores de hecho manifiestos y trascendentes en los que incurri\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, la demanda y su contestaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En desarrollo de la acusaci\u00f3n, su proponente expuso que: <\/p>\n
1. De entrada, las pruebas incorrectamente ponderadas fueron: la escritura p\u00fablica 1604 del 22 de mayo de 2009, otorgada en la Notar\u00eda Veinte de Medell\u00edn; el testimonio extraproceso rendido por Alexander de Jes\u00fas Montoya; la demanda y las contestaciones de la misma, presentadas por CIUDAD DON BOSCO, el albacea testamentario Manuel Alberto Quijano Moreno y el accionado Jhon Darwin R\u00edos Betancur; los testimonios de Albeiro Mu\u00f1oz Orozco, Luis Felipe Mej\u00eda Solano, Francisco Javier Mej\u00eda Villa, Martha Luc\u00eda Almario Salazar, Mar\u00eda Cristina Calle Salinas y Ana Rosa Lopera Upegui; y la certificaci\u00f3n expedida por la doctora Blanca Yolanda Berm\u00fadez Bello, en su condici\u00f3n de Notaria Veinte de Medell\u00edn. <\/p>\n
Y que las preteridas corresponden a las siguientes: historia cl\u00ednica del se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda Arango; fotograf\u00edas de la Notar\u00eda Veinte de Medell\u00edn y de su parqueadero; la respuesta al oficio No. 533\/2014\/403 por parte de la precitada notar\u00eda; respuesta al oficio No. 212\/2014\/0403 por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n; y las carpetas Nos. 3, 4, 5 y 6 \u201c2014-00403 Ordinario de Nulidad de Testamento\u201d. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n traz\u00f3 dos senderos al cargo: uno, que denomin\u00f3 \u201cEL TESTAMENTO IMPUGNADO NO REFLEJA LA \u00daLTIMA VOLUNTAD DEL CAUSANTE\u201d; y el otro, que design\u00f3 como \u201cLA INHABILIDAD DEL TESTIGO ALEXANDER MONTOYA\u201d, los cuales sustent\u00f3 por separado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con el primero, apunt\u00f3: <\/p>\n
3.1. Fue errado el entendimiento que el Tribunal hizo al estimar que, en pro de la acci\u00f3n, se adujo, como causal de nulidad del testamento, que \u00e9ste no reflejaba la \u00faltima voluntad de su otorgante, \u201cpuesto que EL CORRECTO planteamiento conforme a la demanda, las contestaciones y las pruebas arrimadas, era que, comparada la causa para testar con la realidad, esta no correspond\u00eda a la verdad, y por lo tanto, el acto no reflejaba la voluntad de Jos\u00e9 Vicente, teniendo el [j]uez que abordar de manera amplia y no restrictiva el tema de las causales de nulidad realmente invocadas, ya que al no existir una \u00faltima voluntad que proteger, ninguna tragedia o gravedad conllevaba anular el testamento\u201d. <\/p>\n
3.2. Sentada esa premisa, pas\u00f3 a demostrar la acusaci\u00f3n, en desarrollo de lo cual, en s\u00edntesis, adujo: <\/p>\n
3.2.1. Falta de apreciaci\u00f3n, por una parte, del hecho 12.1 de la demanda, en donde se indic\u00f3 que el causante Mej\u00eda Arango, al momento de su muerte, \u201cviv\u00eda de la ayuda de sus parientes m\u00e1s cercanos\u201d, planteamiento que contradice la afirmaci\u00f3n contenida en la memoria testamentaria, seg\u00fan la cual fue \u201ccausa para testar de esa forma, \u2018el abandono total de mis hermanos\u2026\u2019 (fl 1 vto c-1)\u201d; y, por otra, de las respuestas que a ese espec\u00edfico fundamento f\u00e1ctico dieron los demandados, que el censor reprodujo. <\/p>\n
Al respecto, concluy\u00f3 que \u201c[e]s notorio a simple vista, conforme el contenido objetivo de la demanda y las contestaciones que efectivamente el hecho planteado no es que la parte actora estuviera invocando como causal de nulidad del testamento, que el mismo no reflejaba la \u00faltima voluntad del causante, SINO que comparada la causa para testar con la realidad, esta no correspond\u00eda a la verdad, y por lo tanto, el acto no reflejaba la voluntad de Jos\u00e9 Vicente\u201d. <\/p>\n
3.2.2. Preterici\u00f3n de la historia cl\u00ednica del se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda Arango, toda vez que en ella figura que el nombrado \u201cfue acompa\u00f1ado al m\u00e9dico por su sobrino Luis Felipe Mej\u00eda Solano (fl. 168 c-1)\u201d, constataci\u00f3n que desmiente \u201cel abandono de su familia y por ende deja sin piso el motivo que lo llev\u00f3 a testar como lo hizo\u201d. <\/p>\n
3.2.3. Desconocimiento de la prueba documental aportada por el testigo Luis Felipe Mej\u00eda Solano al momento de declarar, en cuatro carpetas contentivas de m\u00e1s de 1.000 folios, \u201cque NO PUDO observar el Tribunal al no haber sido remitidos por el [j]uez de primera instancia, documentos de los cuales brota a la vista la manutenci\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda por parte de sus hermanos, prueba que de haber sido observada por el fallador de segunda instancia hubiera descubierto que efectivamente el testamento no pod\u00eda reflejar la \u00faltima voluntad del testador, al quedar acreditado plenamente con dichas pruebas, que no existi\u00f3 el referido abandono al testador por parte de sus hermanos, que es precisamente la supuesta causa para testar\u201d. <\/p>\n
3.2.4. Ponderaci\u00f3n parcial de los testimonios rendidos por los se\u00f1ores Luis Felipe Mej\u00eda Solano y Martha Luc\u00eda Almario Salazar, que el recurrente reprodujo en lo que estim\u00f3 pertinente, como quiera que de su contenido objetivo se desprende \u201cque los familiares ofrec\u00edan manutenci\u00f3n al se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda Arango, y que a pesar de ser el propietario \u00fanicamente de una tercera parte del inmueble ubicado en el Municipio de Itag\u00fc\u00ed, usaba, gozaba y disfrutaba de dicho inmueble en su totalidad, a sabiendas que sus dos hermanos, eran igualmente propietarios del mismo, siendo por tanto, notorio a simple vista que NO ES CIERTO el abandono total de los hermanos con el testador sin que la causa para testar corresponda a la realidad y por tanto no refleja la \u00faltima voluntad del causante\u201d. <\/p>\n
3.2.5. Ignorancia de las denuncias penales formuladas por el mencionado causante, \u201cen una ocasi\u00f3n por hurto (fls. 44 a 49 c-) y en otra por lesiones personales (fls 31 a 33 c-2)\u201d, cuyo contenido \u201cdesdibuja el motivo del legado\u201d dejado por aqu\u00e9l al se\u00f1or Jhon Darwin R\u00edos Betancur, como quiera que acreditan que \u00e9ste \u201cmaltrata[ba], amenaza[ba], hostiga[ba] y roba[ba] al testador\u201d, dejando en claro que la compa\u00f1\u00eda que el \u00faltimo brindaba al primero, \u201cm\u00e1s que agradable para ser premiada con un legado e[ra] bastante traum\u00e1tica o desagradable, al punto que, en vez de un premio se solicitaba un castigo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3.2.6. Omisi\u00f3n del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la persona jur\u00eddica accionada, particularmente, de las respuestas que dio a las preguntas dos y tres, en tanto que ellas dejan ver la sorpresa que le caus\u00f3 el legado establecido por Mej\u00eda Arango en favor de CIUDAD DON BOSO, derivada de que, \u201cefectivamente[,] al testador no lo vinculaba nada especial con la instituci\u00f3n para dejarle semejante fortuna\u201d. <\/p>\n
3.3. Al cierre de este primer segmento de la acusaci\u00f3n, el recurrente puso de presente la trascendencia de los errores denunciados, como quiera que, seg\u00fan \u00e9l, de no haberlos cometido el Tribunal, dicha autoridad habr\u00eda \u201cencontrado probado (\u2026), que el testamento impugnado no refleja la \u00faltima voluntad del causante y de esta manera [hubiese pasado] a tratar de manera amplia y no con estrictez la causal de nulidad consistente en la inhabilidad del testigo Alexander Montoya\u201d, tras lo cual repiti\u00f3 que para ello se impon\u00eda a esa Corporaci\u00f3n tener \u201ccomo criterio que no exist\u00eda una \u00faltima voluntad que proteger, y por tanto, ninguna tragedia acarreaba anular el testamento\u201d. <\/p>\n
4. La segunda acusaci\u00f3n, relacionada con la inhabilidad del testigo Alexander Montoya, el recurrente, tras advertir la aducci\u00f3n de diversos fundamentos jur\u00eddicos y jurisprudenciales por parte del Tribunal para negar su configuraci\u00f3n, la soport\u00f3 en los planteamientos que enseguida se condensan: <\/p>\n
4.1. La desestimaci\u00f3n que de dicha inhabilidad efectu\u00f3 el ad quem, fue consecuencia de los manifiestos yerros f\u00e1cticos cometidos por esa autoridad al apreciar el material probatorio, como quiera que su contenido objetivo dej\u00f3 acreditado que la relaci\u00f3n que existi\u00f3 entre el referido se\u00f1or y la titular de la Notar\u00eda Veinte de Medell\u00edn, no se redujo a una simple autorizaci\u00f3n para que aqu\u00e9l cuidara los veh\u00edculos dejados en el parqueadero de ese establecimiento, sino que implic\u00f3 la dependencia econ\u00f3mica y personal de primero a la segunda, de modo que era esta \u00faltima quien lo autorizaba \u201cpara ser testigo testamentario, (\u2026) realizar diligencias relacionadas con la notar\u00eda y las que no\u201d, am\u00e9n que la vigilancia de automotores \u201cno era su \u00fanica funci\u00f3n, pues tambi\u00e9n se desempe\u00f1aba como testigo testamentario entre otras, todo ello, constituy\u00e9ndolo en testigo inh\u00e1bil (art. 1068 numeral 12 C.C.)\u201d. <\/p>\n
4.2. Atribuy\u00f3 al sentenciador de segunda instancia, la comisi\u00f3n de los siguientes errores: <\/p>\n
4.2.1. Cercen\u00f3 la declaraci\u00f3n extraproceso rendida por el se\u00f1or Alexander Montoya, que el recurrente reprodujo en lo que estim\u00f3 pertinente, y de la que infiri\u00f3 la demostraci\u00f3n de: <\/p>\n
a) La dependencia econ\u00f3mica del nombrado respecto de la Notaria Veinte de Medell\u00edn, puesto que para la realizaci\u00f3n de su trabajo requer\u00eda que abrieran y cerraran el parqueadero; fue la \u00faltima quien determin\u00f3 la remuneraci\u00f3n que percib\u00eda (propinas voluntarias); y quien lo autorizaba para servir como testigo testamentario, impidi\u00e9ndole cobrar por ello, sin perjuicio de que el interesado, motu proprio, le diera alguna suma de dinero. <\/p>\n
c) La dependencia personal, pues para rendir dicha declaraci\u00f3n extraproceso requiri\u00f3 el anotado permiso, lo que \u201cimplica fatalmente que el testigo est[\u00e1] limitado hasta para dar fe en el futuro de todas las disposiciones testamentarias que presencia en la [n]otar\u00eda y para dar fe acerca de las formalidades de la celebraci\u00f3n de los mismos, pues para hacerlo requiere de la autorizaci\u00f3n que le otorgue la funcionaria que autoriz\u00f3 el testamento, de lo contrario no lo hace y precisamente esto lo convierte en dependiente del notario y en testigo inh\u00e1bil\u201d. <\/p>\n
4.2.2. Mutil\u00f3 la declaraci\u00f3n rendida por la doctora Ana Rosa Lopera Upegui y la confesi\u00f3n de CIUDAD DON BOSCO, contenida en la respuesta que dio al hecho noveno de la demanda, pues se de esos elementos de juicio se desprende que \u201cuna de las funciones o labores habituales o recurrente[s] del Sr. Montoya es ser testigo testamentario en la notar\u00eda 20\u201d. <\/p>\n
4.2.3. Tergivers\u00f3 el contenido de la certificaci\u00f3n expedida por la doctora Blanca Yolanda Berm\u00fadez Bello, en su condici\u00f3n de Notaria Veinte de Medell\u00edn, como quiera la misma simplemente dio cuenta de que \u201cno se encontr\u00f3 en los archivos prueba alguna de v\u00ednculo laboral entre los antecesores notarios y el se\u00f1or Alexander Montoya\u201d, documento que de haber sido valorado correctamente hubiese conducido a concluir que, no siendo de esa naturaleza el referido nexo, \u201cla dependencia\u201d del segundo era \u201cm\u00e1s evidente\u201d, pues hac\u00eda m\u00e1s f\u00e1cil a los titulares de la indicada oficina de \u201cdespachar\u201d al subordinado y de \u201cprivarlo de su ingreso econ\u00f3mico\u201d, sin que \u00e9ste pudiera \u201carroparse bajo los derechos laborales tan protegidos legal y constitucionalmente hoy en d\u00eda, raz\u00f3n por la cual es la propia [j]urisprudencia de la H. Corte que considera como h\u00e1biles para ser testigos testamentarios a los trabajadores del testador o de su consorte, pues la subordinaci\u00f3n del trabajador que en otras \u00e9pocas se predicaba, hoy en d\u00eda est[\u00e1] descartada por el terreno que legal y jurisprudencialmente ganan cada d\u00eda los trabajadores\u201d. <\/p>\n
4.2.4. Apreci\u00f3 parcialmente los testimonios de Albeiro Mu\u00f1oz Orozco y Francisco Javier Villa, pues de haberlos ponderado completamente, habr\u00eda \u201cdado por acreditada la dependencia personal del Sr. Montoya con la Notaria\u201d, a quien deb\u00eda pedir permiso para \u201cdar una entrevista escrita\u201d y \u201ccumplir con citas judiciales\u201d. <\/p>\n
4.2.5. Soslay\u00f3 las fotograf\u00edas de la Notar\u00eda Veinte de Medell\u00edn y de su parqueadero, obrante en los folios 232 a 234 del cuaderno No. 1, con las que se acredit\u00f3 que \u00e9ste es \u201cuna unidad\u201d de aquella y que, por lo mismo, no se trata de un espacio \u201caislado susceptible de ser operado por cualquier tercero, sino que se trata de una dependencia de la Notar\u00eda al mando de su respectivo titular\u201d. <\/p>\n
4.2.6. Pas\u00f3 por alto la respuesta al oficio No. 533\/2014\/403 por parte de la Notar\u00eda Veinte de Medell\u00edn, con la que se aport\u00f3 el contrato de arrendamiento del inmueble donde funciona esa oficina, en el que \u201cse evidencia que el parqueadero hac\u00eda parte del contrato\u201d, circunstancia que conduc\u00eda a admitir \u201cque quien ostenta la tenencia y cuidado del parqueadero es la Notaria 20 de Medell\u00edn y [que,] por lo tanto, todo lo relacionado con dicho espacio depend\u00eda\u201d de ella. <\/p>\n
4.3. Como en el caso de la primera acusaci\u00f3n, el impugnante, al final, subray\u00f3 la trascendencia de los yerros endilgados al sentenciador de segunda instancia, pues fruto de ellos fue que neg\u00f3 la inhabilidad del se\u00f1or Alexander Montoya para haber actuado como testigo en el testamento materia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
Con invocaci\u00f3n de la primera de las causales de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la sentencia confutada por ser directamente violatoria de los art\u00edculos 1068, numeral 14, 1037, 1083, subrogado por el 11 de la Ley 95 de 1890, y 1740 a 1742 del C\u00f3digo Civil, el primero por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y los restantes por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
La censura se ciment\u00f3 en los fundamentos seguidamente resumidos: <\/p>\n
1. Para negar la nulidad del testamento solicitada en el escrito con el que se dio inicio al proceso, como consecuencia de la inhabilidad del testigo instrumental Alexander Montoya, el Tribunal estim\u00f3, respecto de la subordinaci\u00f3n contemplada en el numeral 14 del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil, que deb\u00eda corresponder a una \u201csujeci\u00f3n total a la autoridad del notario (sent. 1:19:21 a 1:20.20)\u201d y, en sustento de ello, cit\u00f3 cuatro jurisprudencias que supuestamente avalaban su posici\u00f3n. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, el censor continu\u00f3 con el estudio de cada uno de esos fallos, as\u00ed: <\/p>\n
2.1. Sobre el fechado el 4 de octubre de 1974, acot\u00f3 que \u201cno p[od\u00eda] interpretarse como lo h[izo] el Tribunal, pues si una persona no puede \u2018obrar con entera independencia en ninguno de sus actos\u2019 sencillamente es incapaz y la nulidad del testamento se presentar\u00eda no por el numeral 14 del art. 1068, sino por los arts. 1740 y 1741 del c.c., y es que los ejemplos que trae la jurisprudencia son bastante dicientes pues todos los referidos son incapaces, el hijo no emancipado, el pupilo, el criado -en su momento- excepto el inferior que puede ser capaz, pero ser[\u00ed]a incapaz sino puede obrar con entera independencia\u201d. <\/p>\n
2.2. Respecto de la sentencia del 6 de octubre de 1942, expres\u00f3 que \u201cse refiere al esclavo frente al amo, o a personas que no puedan expresar consentimiento alguno, por la \u2018completa\u2019 dependencia tanto econ\u00f3mica como personal que se traduce en un \u2018obedecimiento completo\u2019, y esa completa dependencia y completo obedecimiento en nuestros tiempos no existen en personas capaces, ya que lo que se puede presentar es alguna dependencia tanto econ\u00f3mica y\/o personal y un cierto obedecimiento moderado, por lo tanto, no puede ser la aut\u00e9ntica interpretaci\u00f3n del numeral 14 del art. 1068 del c.c.\u201d. <\/p>\n
2.3. En cuanto hace al prove\u00eddo del 6 de noviembre de 1947, consider\u00f3 que habla de que \u201cel colono o [a]parcero no est\u00e1 ligado con un v\u00ednculo de dependencia alguno\u201d, cuesti\u00f3n que \u201cno da pauta para la interpretaci\u00f3n\u201d del numeral en comento. <\/p>\n
2.4. Y, finalmente, en relaci\u00f3n con la providencia del 13 de octubre de 2006, destac\u00f3 que \u201cdescarta la simple subordinaci\u00f3n laboral, como la dependencia a la que se refiere el #14 del art. 1068 del c.c., lo cual es absolutamente l\u00f3gico, por las garant\u00edas laborales y constitucionales alcanzadas hoy en d\u00eda por los trabajadores\u201d, que pueden hacer valer con acciones a su alcance, sin que resulte l\u00f3gico interpretar que la inhabilidad a que se refiere esa norma exige \u201cque la persona se encuentre en grado sumo al sometimiento y subordinaci\u00f3n patronal a tal extremo que no le deje la posibilidad de independencia y autodeterminaci\u00f3n, pues que ello llevar\u00eda a una ausencia absoluta de consentimiento de la persona, lo cual est[\u00e1] alejado de la norma y de los tiempos modernos, donde nadie est[\u00e1] sometido de dicha manera\u201d. <\/p>\n
3. Con tales bases, tild\u00f3 de \u201cabsolutamente descabellada y totalmente absurda\u201d la interpretaci\u00f3n que el ad quem efectu\u00f3 del precepto sobre el que centr\u00f3 su atenci\u00f3n, cuando consider\u00f3 que las pruebas del proceso y las aseveraciones de los actores \u201cno evidencian que el testigo estuviere sometido y subordinado a la notaria, en grado tal que anulara su autonom\u00eda y capacidad de razonar y discernir, que no tuviese la posibilidad de independencia y autodeterminaci\u00f3n, circunstancia que ser\u00eda la \u00fanica que lo inhabilitar\u00eda para ser testigo testamentario\u201d, como quiera que \u201cno se compadece a\u00fan ni con [la] m\u00e1s aventurada y creativa jurisprudencia existente ni que pueda existir al respecto, pues har\u00eda imposible la aplicaci\u00f3n de dicha causal de inhabilidad\u201d, toda vez que \u201cninguna persona que se encuentre en las circunstancias descritas por el fallador, se puede presentar en una notar\u00eda, y de hacerlo, no existir\u00eda notario, ni testador, ni ninguna persona que permita su intervenci\u00f3n, por tanto, la nulidad por esta causal ser\u00eda letra muerta\u201d. <\/p>\n
4. En procura de desentra\u00f1ar el verdadero significado del tantas veces citado numeral 14 del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil, el recurrente puso de presente que los testigos testamentarios \u201cson esenciales para dos eventos 1) a fin de que escuchen las disposiciones del testamento y puedan dar fe de ellas en el futuro, en caso de controversia sobre su contenido y 2) para dar fe acerca de las formalidades de su celebraci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Con tal base precis\u00f3 que, por ende, \u201cson inh\u00e1biles los dependientes del notario, cuando su grado de subordinaci\u00f3n, implique o afecte, de manera negativa su autonom\u00eda y de all\u00ed su credibilidad, por lo tanto, surjan frente al mismo dudas razonables sobre su imparcialidad e independencia a la hora de dar fe sobre las disposiciones testamentarias o acerca de las formalidades de su celebraci\u00f3n, pues la ausencia de imparcialidad no brinda la garant\u00eda suficiente ni al testador, ni a los futuros interesados en el testamento, lo que generar\u00eda una nulidad del mismo\u201d. <\/p>\n
5. Especific\u00f3 que, por la naturaleza de la causal invocada en el cargo, \u201cno se discuten las conclusiones probatorias a las cuales lleg\u00f3 el sentenciador de segundo grado, seg\u00fan las cuales el testigo Alexander Montoya: (a) era el vigilante del parqueadero de la notar\u00eda 20, (b) ten\u00eda que pedir permiso a la notaria para ir a declarar anticipadamente, (c) era testigo en otros testamentos otorgados en la notar\u00eda 20 y (d) ten\u00eda que pedir permiso para realizar diligencia[s] que t[uviesen] que ver con la notar\u00eda (set. 01:29:22 a 01:30:39) y no se controvierten, por cuanto con fundamento en los mismos hechos que encontr\u00f3 probados, con una adecuada interpretaci\u00f3n del numeral 14 del art. 1068 del c.c., llevar\u00edan a que el juez declarara la nulidad del testamento\u201d. <\/p>\n
6. Para terminar, explic\u00f3 la forma como resultaron vulnerados los preceptos sustanciales indicados al inicio del cargo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Ello explica la conjunci\u00f3n de las indicadas censuras, de modo que, como se ver\u00e1, argumentos comunes y, sobre todo, conexos, servir\u00e1n para su despacho negativo. <\/p>\n
2. En cuanto hace al reproche con el que se apertur\u00f3 el cargo quinto, son pertinentes las siguientes apreciaciones: <\/p>\n
2.1. No es cierto que el Tribunal hubiese colegido que una de las causales invocadas para que se decretara la nulidad del testamento otorgado por el se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda Arango (q.e.p.d.), consisti\u00f3 en que dicha memoria no reflejaba su verdadera voluntad. <\/p>\n
La conclusi\u00f3n de esa autoridad al respecto fue exactamente la contraria, esto es, que esa circunstancia no se adujo como motivo de la invalidaci\u00f3n sustancial sobre la que vers\u00f3 la acci\u00f3n. <\/p>\n
Ello, por s\u00ed solo, desvirt\u00faa los reproches en los que se sustent\u00f3 la acusaci\u00f3n en este momento examinada. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, que el sentenciador de segunda instancia hubiese llegado a esa conclusi\u00f3n, obedeci\u00f3 a que uno de los reparos concretos que la parte actora formul\u00f3 en contra de la sentencia del a quo y que luego desarroll\u00f3 en la sustentaci\u00f3n de la alzada fue precisamente ese, esto es, que se pas\u00f3 por alto que la memoria testamentaria no expresaba el genuino querer de su otorgante. <\/p>\n
Sobre el particular, debe apuntarse que, si bien es verdad, al momento de la interposici\u00f3n del referido recurso vertical, esa queja no fue esgrimida, como quiera que la inconformidad expresada por el apoderado de los actores se ciment\u00f3 \u00fanicamente en la falta de indicaci\u00f3n de la naci\u00f3n del testador, la omisi\u00f3n del domicilio de la testigo Mar\u00eda Cristina Calle Salinas, el incumplimiento de la exigencia de que por lo menos dos de los testigos estuvieran domiciliados en el lugar de otorgamiento del testamento y la inhabilidad del testigo Alexander Montoya (audio contenido en el CD obrante en el folio 268 del cuaderno No. 1), en el escrito que present\u00f3 posteriormente con base en el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1al\u00f3 como tal que \u201cNO SE TUVO EN CUENTA QUE EL TESTAMENTO IMPUGNADO NO REFLEJA LA \u00daLTIMA VOLUNTAD DEL CAUSANTE Y POR ELLO, SE DEBE ABRIR PASO A LAS CAUSALES DE NULIDAD\u201d (fls. 4 a 15, cd. 3). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esa inconformidad, los recurrentes, en el indicado memorial y en la audiencia de sustentaci\u00f3n de la alzada (CD, fl. 23, cd. 3), explicaron con amplitud, en s\u00edntesis, que las causas expresadas por el testador para disponer de los bienes en la forma como lo hizo, es decir, el presunto abandono de sus hermanos y que quien lo ven\u00eda acompa\u00f1ando era el se\u00f1or Jhon Darwin R\u00edos Betancur, no corresponden a la realidad, pues aquellos velaron por su sostenimiento y \u00e9l \u00faltimo delinqui\u00f3 en su contra. <\/p>\n
2.3. Es del caso insistir, entonces, en que fue debido a esa alegaci\u00f3n de los apelantes, que el Tribunal abord\u00f3 el estudio de la misma y que, sobre ella, luego de poner de presente el deber de congruencia de los fallos judiciales, seg\u00fan las previsiones de los numerales 1\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, concluy\u00f3 en \u00faltimas: <\/p>\n
En la demanda, debi\u00e9ndolo hacer all\u00ed, como lo exige la norma aludida, por ser hecho acaecido antes de presentarla, los apelantes no alegaron que el testamento no refleja la \u00faltima voluntad de Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda Arango. En los numerales 3 a 11 del ac\u00e1pite de los hechos, afirmaron que adolece de requisitos formales y en el decimosegundo aludieron a las extra\u00f1as circunstancias en la que falleci\u00f3 el testador, y las afirmaciones que se hicieron en el \u00faltimo no equivalen a lo dicho, es decir, a que el testamento no refleja la \u00faltima voluntad de Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda Rango, ni siquiera lo sugieren (se subraya). <\/p>\n
2.4. Deviene como algo ostensible, por lo tanto, que con dichos razonamientos, el ad quem resolvi\u00f3 uno de los dos aspectos de la apelaci\u00f3n a los que circunscribi\u00f3 su fallo, por haber sido propuesto como reparo concreto contra la sentencia de primera instancia y sustentado luego en la audiencia del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que, al pronunciarse de esa manera, estuviere desatando alg\u00fan extremo, propiamente dicho, de la acci\u00f3n o de las defensas esgrimidas por los demandados. <\/p>\n
2.5. Puestas las cosas en ese contexto, como tiene que ser, se impone colegir que el mencionado juzgador no pudo cometer los yerros f\u00e1cticos que el censor le endilg\u00f3 en este segmento de la censura, consistentes en la indebida apreciaci\u00f3n de la demanda, las contestaciones de la misma y las pruebas especificadas por el impugnante, habida cuenta que aqu\u00e9l, al descartar que el aludido motivo hubiese sido una de las causales de nulidad testamentaria invocadas, lleg\u00f3 hasta all\u00ed y se abstuvo de continuar con su examen, sin que lo resolviera en el fondo, so pena de hacer incongruente su fallo. <\/p>\n
2.6. As\u00ed las cosas, ninguna raz\u00f3n se encuentra a la pr\u00e9dica del recurrente, relativa a que como, seg\u00fan su decir, la memoria testamentaria era inexistente, en la medida que no reflejaba la verdadera voluntad del se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Mej\u00eda Arango (q.e.p.d.), los criterios para definir sobre la invalidaci\u00f3n de la misma deb\u00edan flexibilizarse, pues \u201cno exist\u00eda una \u00faltima voluntad que proteger\u201d y, por lo mismo, \u201cninguna tragedia acarreaba anular el testamento\u201d. <\/p>\n
2.7. Naufraga el cuestionamiento con anterioridad analizado. <\/p>\n
3. Pasa la Sala a ocuparse del cargo sexto, como quiera que, mediante \u00e9l, seg\u00fan ya se detall\u00f3, el censor critic\u00f3 el entendimiento que el Tribunal le dio a la inhabilidad prevista en el numeral 14 de art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil, cuesti\u00f3n que resulta necesaria explorar antes de asumir el examen del aspecto f\u00e1ctico de la misma, tratada en la segunda acusaci\u00f3n del cargo quinto. <\/p>\n
3.1. Tal y como se registr\u00f3 al hacerse el compendio de la sentencia del Tribunal, dicha autoridad, previamente a estudiar la rese\u00f1ada inhabilidad imputada al testigo instrumental Alexander Montoya, sent\u00f3 como premisa jur\u00eddica que, en trat\u00e1ndose de la nulidad testamentaria, el criterio de aplicaci\u00f3n de las causales que pueden conducir a ese resultado debe ser siempre estricto, por la gravedad que implica dejar sin efectos la \u00faltima voluntad de quien ya ha fallecido y, por ende, no puede defender la disposici\u00f3n que hizo de sus bienes, an\u00e1lisis al que lleg\u00f3 con apoyo en los prove\u00eddos de esta Sala de la Corte fechados el 24 de junio de 1997 y 13 de octubre de 2006. <\/p>\n
Del primero de esos fallos, el ad quem reprodujo buena parte del siguiente segmento: <\/p>\n
As\u00ed, la Corte ha expresado desde vieja data, en relaci\u00f3n con el r\u00e9gimen de las nulidades, que siendo el testamento un acto solemne (art. 1055 C.C.), la ley fija y determina el modo de otorgarlo y sanciona con nulidad (art. 11 de la ley 95 de 1890), ya por defecto de fondo o de forma, el acto testamentario; pero que \u2018\u2026siendo las nulidades de car\u00e1cter taxativo y teniendo en cuenta las graves consecuencias que acarrea la declaraci\u00f3n de nulidad de un testamento, el legislador en texto expreso ha modificado el rigor de los antiguos principios y la jurisprudencia se orienta hacia un criterio de amplitud, dentro del estrecho c\u00edrculo constituido por la ley al respecto. Como lo anota alg\u00fan expositor, es con verdadera repugnancia como se llega en algunos casos a decretar la nulidad de un testamento, especialmente cuando est\u00e1n intactos y siendo inobjetables los elementos o factores de fondo, \u00fanicamente se ataca el acto por errores u omisiones de forma. Es casi por v\u00eda de excepci\u00f3n que se decreta la nulidad de un acto testamentario, porque en muchas ocasiones la voluntad y el querer del testador rectamente expresados, quedan sin eficacia y hasta burlados. Cuando se trata de un acto contractual, y se ventila sobre nulidad, o sobre el alcance de las cl\u00e1usulas del pacto, los mismos contratantes se presentan al juicio ya para defender sus puntos de vista, ya para explicar, ayudados de otros factores, el sentido de las cl\u00e1usulas tachadas de ambiguas o vagas. Y esto no sucede en trat\u00e1ndose de un testamento, por lo mismo que quien lo otorg\u00f3 es totalmente ajeno al debate. La trascendencia que engendra la nulidad de un testamento es con frecuencia mayor que la que engendra la nulidad de un [contrato]\u2019 (LUI, p\u00e1g. 288; LXXVI, p\u00e1g. 62). Y que, por tanto, en materia de nulidades, especialmente en lo referente a los testamentos, \u2018\u2026el criterio debe ser siempre restricto y jam\u00e1s de ampliaci\u00f3n, por lo grave que es dejar, sin fundamentos muy s\u00f3lidos y sin razones muy evidentes, ineficaz o inoperante la \u00faltima voluntad del testador\u2026\u2019 (LIV, bis, p\u00e1g. 158). <\/p>\n
(\u2026) El testamento, como acto unipersonal por medio del cual el testador ordena la distribuci\u00f3n total o parcial de sus bienes a trav\u00e9s de disposiciones cuyos efectos se difieren para despu\u00e9s de su fallecimiento, exige para perfeccionarlo la observancia de ciertas solemnidades, seg\u00fan la especie o circunstancias concurrentes en el momento, sin las cuales nacer\u00e1 con vicios que a la postre conducir\u00e1n a invalidarlo. En trat\u00e1ndose del abierto, nuncupativo o p\u00fablico, es decir, aquel en que el disponente hace sabedores de sus determinaciones a los comparecientes al acto, debe extenderse por escrito, y si existe notario ante \u00e9ste y tres testigos, o ante cinco, si en el lugar no existiere notario. <\/p>\n
En torno a la estrictez con que debe procederse en este tema, ha expresado la Corte que \u2018en materia de nulidades, y especialmente en las referentes a los testamentos, el criterio debe ser siempre restricto y jam\u00e1s de ampliaci\u00f3n, por lo grave que es dejar, sin fundamentos muy s\u00f3lidos y sin razones muy evidentes, ineficaz e inoperante la \u00faltima voluntad del testador\u2019 (G.J. t. LIV bis, pag. 157; LXXXIV, pag. 366 y CXIII, pag. 108). <\/p>\n
Surge evidente, entonces, que el prop\u00f3sito del legislador ha sido el de propender por la estabilidad, firmeza y cumplida ejecuci\u00f3n de la \u00faltima voluntad de quien decide disponer de sus bienes mediante alguna de las formas testamentarias preestablecidas; por esa raz\u00f3n, \u00fanicamente son susceptibles de invalidar los actos solemnes de aquella especie respecto de los cuales se demuestre en forma fehaciente la existencia de errores en su otorgamiento que, sin resquicio de duda, estructuren alguna de las precisas y concretas causales de nulidad consagradas en el ordenamiento positivo, y no cualquier otro vicio o irregularidad. <\/p>\n
Sin embargo, en orden a mantener razonablemente la voluntad postrera del testador, la doctrina jurisprudencial de la Corporaci\u00f3n viene propendiendo por atenuar la severidad de los antiguos principios atinentes a los requisitos formales, para dar cabida a conceptos m\u00e1s amplios que conduzcan evitar la ineficacia y la burla de las manifestaciones expresadas por el disponente. <\/p>\n
3.2. La antedicha consideraci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n sentenciadora, sustentada de la manera que se deja se\u00f1alada, de estirpe netamente jur\u00eddica, se reitera, no fue combatida por el recurrente, quien, como igualmente se consign\u00f3 al extractarse la esencia de las acusaciones en estudio, limit\u00f3 su ataque a cuestionar, por una parte, el entendimiento que ese colegiado hizo del numeral 14 del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil (cargo sexto) y, por otra, el an\u00e1lisis que realiz\u00f3 de las pruebas relacionadas con la demostraci\u00f3n, a su parecer, de la dependencia econ\u00f3mica y personal del se\u00f1or Alexander Montoya en relaci\u00f3n con quien, para la \u00e9poca del testamento controvertido, se desempe\u00f1aba como Notaria Veinte de Medell\u00edn (segunda parte del cargo quinto). <\/p>\n
3.3. De suyo, entonces, la referida apreciaci\u00f3n se mantiene en pie y, por lo tanto, sigue brindando apoyo a la sentencia impugnada, resultando, como es obvio, intangible para la Corte, de lo que se sigue que ella habr\u00e1 de orientar la revisi\u00f3n del an\u00e1lisis que hizo el ad quem de la inhabilidad prevista en el numeral 14 del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.4. Por su importancia, por contener un an\u00e1lisis jurisprudencial retrospectivo sobre la materia y por ser el m\u00e1s reciente fallo relacionado con la correcta interpretaci\u00f3n de la precitada norma, resulta apropiado transcribir in extenso el siguiente pronunciamiento de la Sala: <\/p>\n
(\u2026) Sobre esta tem\u00e1tica resulta conveniente reproducir, incluso a espacio, los siguientes pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, en la medida que ellos ilustran su postura, frente al comentado precepto. <\/p>\n
(\u2026) En sentencia de 24 de junio de 1997 (Rad. 4605), la Sala, de un lado, rese\u00f1\u00f3 las providencias en las que hab\u00eda interpretado el numeral 14 del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil con anterioridad y, por otra, refrend\u00f3 tal postura, prove\u00eddo que, como se aprecia, es posterior a la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991. <\/p>\n
Sostuvo la Corte: <\/p>\n
Y al ocuparse de la inhabilidad que consagra el numeral 14 del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil, que proh\u00edbe, entre otras personas, a los dependientes o dom\u00e9sticos del testador, ser testigo del testamento, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha expresado, desde hace muchos a\u00f1os, que para que exista la dependencia de que trata dicho precepto, o sea \u2018\u2026para que un individuo est\u00e9 sujeto a la autoridad de otro, es preciso que aqu\u00e9l est\u00e9 de tal modo subordinado a \u00e9ste, que no pueda obrar con entera independencia en ninguno de sus actos, como sucede verbi gratia con el poder que ejerce el padre sobre los hijos no emancipados, el del tutor sobre el pupilo, el del superior sobre los inferiores, y el amo sobre el criado. Si esto no se entendiera as\u00ed, resultar\u00eda que el n\u00famero de personas que pudieran servir de testigos en los testamentos solemnes, quedar\u00eda muy restringido, pues en la sociedad el cambio constante y la constante sucesi\u00f3n de relaciones mutuas entre los asociados, hace que ninguno de \u00e9stos goce de completa y verdadera independencia\u2019 (Cas. Civ. de 31 de agosto de 1893, G.J. Tomo IX, p\u00e1g. 9). Luego, tutelando la anterior doctrina, la Corte repiti\u00f3 que \u2018No es cualquier dependencia la que inhibe para ser testigo de un testamento, porque de ser as\u00ed las cosas, y dada la complejidad de las relaciones econ\u00f3micas actuales, el sistema de hecho de interdependencia que se destaca en ese orden, la inhibici\u00f3n de que se ha hecho m\u00e9rito, y que es una excepci\u00f3n, vendr\u00eda a trocarse en una regla con grave perjuicio general. La inhabilidad, por lo tanto, a que se refiere tal norma no puede ser otra sino la que provenga de una completa dependencia econ\u00f3mica y hasta personal, que se traduzca en un obedecimiento completo, por esa raz\u00f3n, a las \u00f3rdenes del amo\u2019 (Cas. Civ. de 6 de octubre de 1942, G.J. Tomo LIV, bis, p\u00e1g. 158). Posteriormente, la Corte puntualiz\u00f3 que el colono aparcero tampoco se encontraba comprendido en la inhabilidad para ser testigo de que trata el numeral 14 del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil, \u2018\u2026dada la definici\u00f3n que trae el Diccionario de la Academia de la palabra dependiente, pues el aparcero no est\u00e1 ligado con v\u00ednculo alguno de dependencia, sea de autoridad o de subordinaci\u00f3n econ\u00f3mica con el testador, desde luego que entre los dos lo que existe es un contrato (LXXIII, P\u00c1G. 100). Y despu\u00e9s, bajo los auspicios de los anteriores criterios, tambi\u00e9n dijo esta Corporaci\u00f3n que \u2018\u2026el car\u00e1cter de socio, as\u00ed sea industrial o capitalista, descarta por completo la subordinaci\u00f3n o falta de autonom\u00eda que una persona puede tener respecto de otra y que son esenciales para que pueda hablarse de dependencia o dom\u00e9stico para los efectos de la inhabilidad que establece el mentado numeral 14 del art\u00edculo 1068. No habiendo ni la una ni la otra, desaparece la inhabilidad que consagra ese texto legal para servir como testigo de un testamento (Cas. Civ. de 14 de marzo de 1974, G.J. CXLVIII, p\u00e1g. 74). <\/p>\n
M\u00e1s adelante observ\u00f3: <\/p>\n
Las citas jurisprudenciales que anteceden constituyen s\u00f3lido testimonio de la conducta permanente adoptada por esta Corporaci\u00f3n en el sentido de que no basta, como lo pretenden las recurrentes, que la inhabilidad para intervenir como testigo en un testamento se mida con la sola prueba de la subordinaci\u00f3n jur\u00eddica que exista entre \u00e9ste y el testador, sino que es necesario averiguar hasta qu\u00e9 punto dicha relaci\u00f3n o vinculaci\u00f3n carcome la capacidad volitiva del dependiente, con fuerza suficiente para determinar la nulidad del respectivo testamento, regla que no se deteriora ni siquiera en presencia de una relaci\u00f3n laboral, como acontece en el presente caso, pues aunque es indiscutible que la subordinaci\u00f3n es de la esencia de relaciones de tal naturaleza, no puede afirmarse con la misma certeza que todo empleado sometido al r\u00e9gimen de subordinaci\u00f3n es, en m\u00e9rito de ese s\u00f3lo hecho, dependiente de su empleador, pues si as\u00ed lo fuere, todo empleado por la sola raz\u00f3n de serlo, ser\u00eda inh\u00e1bil para los efectos aqu\u00ed investigados, conclusi\u00f3n que la Corte ha condenado en virtud de las poderosas razones de orden legal y social expuestas en los distintos fallos aqu\u00ed reproducidos parcialmente, y que en la actualidad cobran singular importancia si se tiene en cuenta que la legislaci\u00f3n laboral imperante en el pa\u00eds desde hace algo m\u00e1s de medio siglo, ha venido procurando, adem\u00e1s de sus fines de higiene social, por asegurar la independencia econ\u00f3mica y moral del trabajador, sin desmedro de las exigencias laborales de la empresa, sustrayendo de la influencia excesiva del empleador aquellas condiciones de vida que se reputan sustanciales para la dignidad humana del trabajador. Por tal raz\u00f3n se ha hecho menester indagar si un empleado subordinado es o no, independiente del empleador, pues \u00e9ste lo ser\u00e1 o no, seg\u00fan los hechos lo determinen. <\/p>\n
(\u2026) De manera que, en resumen, puede afirmarse, sin hesitaci\u00f3n alguna, que el numeral 14 del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil no contempla la inhabilidad del empleado, por ser tal, sino la del dependiente o dom\u00e9stico, por cuanto la situaci\u00f3n actual del trabajador frente a la del empleador, si bien es de subordinaci\u00f3n no es de dependencia, y como tal es testigo id\u00f3neo, no solamente para declarar en juicio, sino aun para intervenir en el otorgamiento de un acto solemne realizado por su empleador, como lo es el del testamento; la vinculaci\u00f3n jur\u00eddica del empleado u obrero con el empleador ciertamente apareja, por s\u00ed sola, la subordinaci\u00f3n. Pero no la dependencia. Y el que invoque \u00e9sta, debe probarla, desde luego, por otros motivos que no sean propiamente la condici\u00f3n de empleado u obrero. <\/p>\n
(\u2026) Con posterioridad, la Corte, al definir sobre la nulidad de un testamento fundada en el inciso final del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil -que exige que al menos dos \u00abde los testigos deber\u00e1n estar domiciliados en el lugar en que se otorga el testamento\u00bb- se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
La prohibici\u00f3n, por lo tanto, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil, para ser testigo testamentario, debe entenderse referida a quienes no pueden dar fe de las circunstancias que rodearon la confecci\u00f3n del testamento, bien por motivos de incapacidad general o por presentar fallas sensoriales notorias, ya porque no obstante ser capaces para declarar, existen razones serias para dudar de su credibilidad, como el inter\u00e9s, el parentesco y la profesi\u00f3n o estado de los testigos (CSJ SC, 26 Oct. 2004, Rad. 1999-00137-01). <\/p>\n
(\u2026) Y en sentencia de 13 de octubre de 2006, que fue la que guio el fallo del Tribunal, se expuso: <\/p>\n
El testamento, como acto unipersonal por medio del cual el testador ordena la distribuci\u00f3n total o parcial de sus bienes a trav\u00e9s de disposiciones cuyos efectos se difieren para despu\u00e9s de su fallecimiento, exige para perfeccionarlo la observancia de ciertas solemnidades, seg\u00fan la especie o circunstancias concurrentes en el momento, sin las cuales nacer\u00e1 con vicios que a la postre conducir\u00e1n a invalidarlo. En trat\u00e1ndose del abierto, nuncupativo o p\u00fablico, es decir, aquel en que el disponente hace sabedores de sus determinaciones a los comparecientes al acto, debe extenderse por escrito, y si existe notario ante \u00e9ste y tres testigos, o ante cinco, si en el lugar no existiere notario. <\/p>\n
En torno a la estrictez con que debe procederse en este tema, ha expresado la Corte que \u2018en materia de nulidades, y especialmente en las referentes a los testamentos, el criterio debe ser siempre restricto y jam\u00e1s de ampliaci\u00f3n, por lo grave que es dejar, sin fundamentos muy s\u00f3lidos y sin razones muy evidentes, ineficaz e inoperante la \u00faltima voluntad del testador\u2019 (G.J. t. LIV bis, pag. 157; LXXXIV, pag. 366 y CXIII, pag. 108). <\/p>\n
Surge evidente, entonces, que el prop\u00f3sito del legislador ha sido el de propender por la estabilidad, firmeza y cumplida ejecuci\u00f3n de la \u00faltima voluntad de quien decide disponer de sus bienes mediante alguna de las formas testamentarias preestablecidas; por esa raz\u00f3n, \u00fanicamente son susceptibles de invalidar los actos solemnes de aquella especie respecto de los cuales se demuestre en forma fehaciente la existencia de errores en su otorgamiento que, sin resquicio de duda, estructuren alguna de las precisas y concretas causales de nulidad consagradas en el ordenamiento positivo, y no cualquier otro vicio o irregularidad. <\/p>\n
Sin embargo, en orden a mantener razonablemente la voluntad postrera del testador, la doctrina jurisprudencial de la Corporaci\u00f3n viene propendiendo por atenuar la severidad de los antiguos principios atinentes a los requisitos formales, para dar cabida a conceptos m\u00e1s amplios que conduzcan evitar la ineficacia y la burla de las manifestaciones expresadas por el disponente. <\/p>\n
Es as\u00ed como, verbi gratia, la trascendencia que anta\u00f1o ten\u00eda el domicilio de los testigos instrumentales no persiste hoy en d\u00eda, al ser evidente que correspond\u00eda a una exigencia tendiente primordialmente a identificarlos o localizarlos cuando surgiera la necesidad de hacerlos comparecer a declarar dentro de alguna causa litigiosa, de suerte que ahora no tiene raz\u00f3n de ser, debido a la facilidad que la tecnolog\u00eda, los medios de comunicaci\u00f3n y de transporte brindan para lograr tales objetivos, porque \u2018que la ley exija que dos de los testigos testamentarios tengan su domicilio en el lugar del testamento, esto no significa que quienes tienen domicilio en lugar distinto, son inh\u00e1biles para declarar, porque si se autoriza intervenir como tales a unos y otros, los domiciliados y los no domiciliados, debe predicarse que todos ser\u00edan id\u00f3neos para ese prop\u00f3sito … el domicilio de los testigos ha perdido su raz\u00f3n de ser … la formalidad externa del testamento sobre que dos de tales testigos, a lo menos, tengan domicilio en el lugar en que se otorga, ha perdido su utilidad pr\u00e1ctica, raz\u00f3n por la cual no tiene la virtud de aniquilarlo\u2019 (Sent. Cas. Civil de 26 de octubre de 2004, exp. C6867931840011999-0137-01), (no publicada a\u00fan oficialmente); reitera as\u00ed la Corte esta precisi\u00f3n, tanto m\u00e1s si se considera que el derecho no est\u00e1 llamado a anquilosarse sino a evolucionar en forma armoniosa con las transformaciones sociales, extrayendo en cada caso el fin buscado por el legislador al consagrar las diversas hip\u00f3tesis normativas. <\/p>\n
No obstante, tal entendimiento no puede significar que la participaci\u00f3n de los testigos instrumentales carezca de importancia, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo previsto en [los] art\u00edculos 1070, inciso 1\u00b0, y 1072 del C\u00f3digo Civil, su presencia es esencial en el acto de otorgamiento del testamento, a fin de que escuchen las disposiciones del testador y puedan dar fe de ellas en el futuro, en caso de controversia sobre su contenido y alcance o acerca de las formalidades de su celebraci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) En cuanto toca con la pretendida invalidez del acto postrero de disposici\u00f3n de la se\u00f1ora P\u00e9rez Ram\u00edrez con asidero en la condici\u00f3n de dom\u00e9stica de la testigo Olga Betancur Calder\u00f3n respecto de la asignataria Raquel Trujillo Camacho, ha de verse que frente a la misma el ad quem, siguiendo las directrices jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, si bien consider\u00f3 encontrarse acreditado, sin lugar a dudas, que para la \u00e9poca de la extensi\u00f3n, otorgamiento y autorizaci\u00f3n del documento notarial que recoge el testamento ciertamente se desempe\u00f1aba en tales labores, igualmente encontr\u00f3 que \u2018la subordinaci\u00f3n laboral que aparece establecida en el plenario respecto de la testigo testamentaria, no vicia de nulidad el acto testamentario, puesto que no es esa la dependencia la que inhibe para ser testigo, sino el completo sometimiento o subordinaci\u00f3n de una persona a otra, que se traduzca en un obedecimiento completo, a las \u00f3rdenes de su amo, sometimiento \u00e9ste que para nada se vislumbra en este caso, pues de las versiones rendidas en el expediente no se estableci\u00f3 que la relaci\u00f3n laboral entre la testigo y la se\u00f1ora RAQUEL TRUJILLO CAMACHO fuese de tal envergadura que su capacidad volitiva se encuentre afectada por ese grado de subordinaci\u00f3n o dependencia laboral\u2019. <\/p>\n
Seg\u00fan los casacionistas, con ese entendimiento incurri\u00f3 el Tribunal en error jur\u00eddico en la interpretaci\u00f3n de los fallos invocados para sustentarlo, como quiera que, aunque con ellos se abord\u00f3 el asunto de la nulidad testamentaria bajo la causal consagrada en el numeral 14 del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil, no era menos cierto que all\u00ed tambi\u00e9n se hab\u00eda puesto de presente el tema de la dependencia o subordinaci\u00f3n del empleado en general, dejando por fuera el espec\u00edfico aspecto de los \u2018dom\u00e9sticos\u2019, cuya sola enunciaci\u00f3n, aseguran, da por sentada la presencia de aquellos conceptos; fuera de lo anterior, sostienen que dej\u00f3 de observar que entre las caracter\u00edsticas propias del empleado del servicio dom\u00e9stico, se encuentra la de convivir y compartir permanentemente con su empleador o patrono, particularidades que, por lo dem\u00e1s, se establecieron en el proceso. <\/p>\n
En este sentido es de advertir que, como as\u00ed lo ha interpretado esta Sala en varias sentencias de casaci\u00f3n (G.J. t. IX, p\u00e1g. 9; LIV, bis, p\u00e1g. 158; CCXLVI, p\u00e1g. 1464, entre otras), el simple hecho de la subordinaci\u00f3n laboral a la que pueda estar vinculado el testigo testamentario respecto de las personas mencionadas en el referido ordinal, no es suficiente para configurar la inhabilidad all\u00ed prevista, sino cuando est\u00e9 sujeto en grado sumo al sometimiento y subordinaci\u00f3n patronal, a tal extremo que no le deje posibilidad de independencia y autodeterminaci\u00f3n, todo de conformidad con las particularidades de cada evento, que por supuesto el juez ha de analizar con el detenimiento necesario; de ah\u00ed que pueda concluirse que eso fue precisamente lo que hizo el sentenciador de segundo grado, pues no se limit\u00f3 a acoger literalmente la causal de inhabilidad de la testigo Betancur Calder\u00f3n, sino que, con base en el caudal probatorio, procedi\u00f3 a escudri\u00f1ar si esa relaci\u00f3n laboral restring\u00eda a tal punto la capacidad volitiva de la misma, aspecto que no encontr\u00f3 demostrado. (CSJ SC, 13 Oct. 2006, Rad. 2000-00512-01). <\/p>\n
3.5. Siguiendo la secuencia de los diversos pronunciamientos en los que la Sala se ha referido al alcance de la inhabilidad contemplada en el numeral 14 del art\u00edculo 1068 del C\u00f3digo Civil, propio es notar que debido, precisamente, a los cambios sociales ocurridos con el paso del tiempo, si bien es verdad no puede, en los tiempos que corren, persistirse en la idea de un sometimiento extremo, que implique para \u201clos dependientes o dom\u00e9sticos\u201d a que se refiere el precepto, la imposibilidad de obrar en todos sus actos con autonom\u00eda y autodeterminaci\u00f3n, s\u00ed debe insistirse en la aplicaci\u00f3n restrictiva del impedimento que se analiza y, por ende, que el v\u00ednculo entre el subordinado y el \u201ctestador\u201d, \u201csu consorte\u201d o el \u201cfuncionario que autorice el testamento\u201d debe ser de \u201cdependencia\u201d en grado tal que comprometa de manera real, no hipot\u00e9tica, su \u201ccapacidad volitiva\u201d o, como lo apunt\u00f3 la Sala en el precedente pronunciamiento, que afecte \u201cnegativamente su autonom\u00eda y, por ende, su credibilidad\u201d. <\/p>\n
3.6. En este orden de ideas, forzoso es colegir que en ning\u00fan error jur\u00eddico o, por lo menos, en uno protuberante, incurri\u00f3 el Tribunal cuando estim\u00f3 que \u201c[e]l art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil, en su numeral 14, se\u00f1ala a los dependientes o dom\u00e9sticos del notario que lo autorice, entre las personas que no pueden ser testigos de un testamento solemne, causal de inhabilidad que no se debe acoger literalmente, para entender que la que la genera es la subordinaci\u00f3n, la sujeci\u00f3n total a la autoridad del notario\u201d, esto es, la que determina que aqu\u00e9l \u201cen ninguno de sus actos pueda obrar independientemente\u201d, lo que significa \u201cque cualquier dependencia de los testigos instrumentales respecto del notario, no los torna ilegales y, por lo tanto, no vicia de nulidad la memoria testamentaria\u201d (se subraya). <\/p>\n
De esa apreciaci\u00f3n, conjuntada con la inferencia que el ad quem extrajo respecto del caso concreto sometido a su conocimiento, seg\u00fan la cual el v\u00ednculo que hall\u00f3 comprobado entre el testigo instrumental Alexander Montoya y la Notar\u00eda Veinte de Medell\u00edn, o si se quiere, como lo afirm\u00f3 el recurrente, entre aqu\u00e9l y la titular de ese despacho para cuando se otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica contentiva de la memoria testamentaria dubitada en este asunto, no se desprend\u00eda que \u201cestuviere sometido y subordinado a la notaria, en grado tal [que] anulara su autonom\u00eda y capacidad de razonar y discernir\u201d, ni que \u201cno tuviese la posibilidad de independencia y autodeterminaci\u00f3n\u201d (se subraya), se infiere que la idea propuesta por el sentenciador de segunda instancia sobre esa causal de inhabilidad guard\u00f3 correspondencia con el estado actual de la jurisprudencia, en tanto que gir\u00f3 sobre la base de la existencia de un nexo tal, que de forma importante incida en la capacidad de decidir y actuar del primero y que evidencie una significativa reducci\u00f3n o la supresi\u00f3n de su independencia y autonom\u00eda. <\/p>\n
3.7. Por lo expuesto, el cargo sexto de la demanda de casaci\u00f3n, no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
4. Queda por ver la acusaci\u00f3n contenida en la segunda parte del cargo quinto. <\/p>\n
4.1. Para concluir que \u201cnada evidencia que Alexander Montoya fuera inh\u00e1bil para oficiar como testigo instrumental del testamento que se viene analizando\u201d, el Tribunal empez\u00f3 por destacar que los demandantes fundamentaron esa reclamaci\u00f3n en que, \u201cdesde agosto de 2008, es vigilante del parqueadero de la notar\u00eda\u201d y, por ende, \u201cdependiente\u201d de la titular de la misma, a quien \u201ctuvo que pedirle consentimiento para ir a declarar anticipadamente\u201d, as\u00ed como para servir de \u201ctestigo en otros testamentos otorgados all\u00ed\u201d y \u201cpara realizar diligencias\u201d relacionados con dicha oficina. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se ocup\u00f3 de la declaraci\u00f3n extraproceso rendida por el mismo se\u00f1or Montoya, del testimonio recibido a la doctora Ana Rosa Lopera Upegui, exasesora de la mencionada notar\u00eda y encargada de la misma en varias ocasiones, y de la certificaci\u00f3n expedida por la doctora Blanca Yolanda Berm\u00fadez Bello, Notaria Veinte de Medell\u00edn al momento de su libramiento, y coligi\u00f3 que entre la titular de esa dependencia y el nombrado testigo instrumental \u201cexisti\u00f3 una relaci\u00f3n, determinada por la autorizaci\u00f3n que ella le dio a \u00e9l, (\u2026) para cuidar en el parqueadero de la notar\u00eda los veh\u00edculos de las personas que acud\u00edan a ella\u201d, v\u00ednculo que, a su turno, implic\u00f3 que la primera \u201cbuscara controlar lo que suced\u00eda\u201d en dicho lugar y, por lo tanto, si el segundo \u201cestaba ejerciendo dicho cuidado o dejaba de hacerlo\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que esos \u201cmedios de prueba, al igual que las afirmaciones de los demandantes, no evidencian que el testigo estuviere sometido y subordinado a la notaria en grado tal [que] anulara su autonom\u00eda y capacidad de razonar y discernir, que no tuviese la posibilidad de independencia y autodeterminaci\u00f3n, circunstancia que ser\u00eda la \u00fanica que lo inhabilitar\u00eda para ser testigo testamentario\u201d. <\/p>\n
Enseguida observ\u00f3 que \u201clas declaraciones de Alberto Mu\u00f1oz Orozco, investigador privado contratado por uno de los accionantes para acopiar pruebas sobre el asunto que nos ocupa; Francisco Javier Mej\u00eda Villa, hijo del demandante Marco Aurelio Mej\u00eda Arango; Martha Luc\u00eda Almario Salazar y Luis Felipe Mej\u00eda Solano, compa\u00f1era sentimental e hijo, respectivamente, del accionante Gabriel Antonio Mej\u00eda Arango, aunque tratan de sostener la dependencia alegada, nada aportan sobre que efectivamente existi\u00f3, porque auxiliada por los antecedentes jurisprudenciales aludidos, como lo permite el art\u00edculo 230, inciso 2\u00ba, de la Constituci\u00f3n Nacional, la Sala considera que los hechos que narraron los demandantes para sustentarla, y dichos testigos trataron de ratificar, no la constituye[n]\u201d. <\/p>\n
4.2. Significa lo anterior, que el Tribunal s\u00ed apreci\u00f3 el conjunto de pruebas que expresamente relacion\u00f3 y que, fruto de su ponderaci\u00f3n, no s\u00f3lo reconoci\u00f3 el nexo que existi\u00f3 entre la titular de la Notar\u00eda Veinte de Medell\u00edn para la \u00e9poca en que se otorg\u00f3 el testamento materia de la acci\u00f3n y el se\u00f1or Alexander Montoya, sino que admiti\u00f3 que \u00e9l, por sus caracter\u00edsticas particulares, supuso un grado de \u201cdependencia\u201d del segundo a la primera, pero no el necesario, seg\u00fan los \u201cantecedentes jurisprudenciales\u201d, para configurar la inhabilidad de que se trata. <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, no hay como sostener que el ad quem soslay\u00f3 que el v\u00ednculo que hall\u00f3 comprobado, comport\u00f3 cierto grado de dependencia econ\u00f3mica y personal entre quienes lo conformaron, pues como ya se registr\u00f3, observ\u00f3 que la titular de la notar\u00eda fue quien dio la autorizaci\u00f3n al se\u00f1or Montoya para que cuidara los veh\u00edculos que llegaban al parqueadero; controlaba todo lo que acontec\u00eda en el mismo; verificaba la asistencia del nombrado vigilante; y, por ende, le conced\u00eda los respectivos permisos para ausentarse, ya fuera con el fin de realizar diligencias concernientes con la misma notar\u00eda o personales. <\/p>\n
De all\u00ed se descarta que, al ponderarlas, hubiese cercenado o tergiversado la referida declaraci\u00f3n extraproceso rendida por el propio testigo instrumental, o las versiones juramentadas de Ana Rosa Lopera Upegui, Albeiro Mu\u00f1oz Orozco y Francisco Javier Villa, la supuesta confesi\u00f3n de la demandada CIUDAD DON BOSCO, o la certificaci\u00f3n expedida por Blanca Yolanda Berm\u00fadez Bello. <\/p>\n
4.4. Que no hubiere hecho referencia expresa a las fotograf\u00edas de la Notar\u00eda Veinte de Medell\u00edn y de su parqueadero, allegadas al expediente, o al contrato de arrendamiento del inmueble donde funciona la misma, que fue remitido en atenci\u00f3n a uno de los requerimientos efectuados en cumplimiento del decreto de pruebas, no traduce la preterici\u00f3n de esos elementos de juicio, pues las deducciones f\u00e1cticas que pueden obtenerse de ellos, est\u00e1n comprendidas en las conclusiones que sobre los hechos obtuvo el Tribunal. <\/p>\n
4.5. Por virtud de lo expresado, el componente que acaba de estudiarse, tampoco se abre paso. <\/p>\n
5. De las consideraciones que anteceden, se extracta, en definitiva, es que ninguno de los cargos auscultados est\u00e1 llamado a buen suceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 26 de octubre de 2017, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala de Familia, en el proceso verbal que se dej\u00f3 plenamente identificado al comienzo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo del recurrente. Como uno de los integrantes de la parte opositora replic\u00f3 en tiempo la demanda con la que se sustent\u00f3 el mismo, se se\u00f1ala la suma de $6.000.000.oo como agencias en derecho. Por la Secretar\u00eda de la Sala, efect\u00faese la correspondiente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC3148-2021 (2014-00403-02) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC3148-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05360-31-10-002-2014-00403-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de Sala Civil del trece de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte el recurso de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55333","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55333","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55333"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55333\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55333"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55333"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55333"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}