SC3149-2021 (2007-00096-02)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3149- 2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05088-31-10-001-2007-00096-02 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Derrotado el proyecto inicialmente presentado por el Magistrado Sustanciador, se someti\u00f3 a estudio, discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n, este otro, mediante el cual la Sala procede a resolver, en el sentido que adelante se explica, el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por YOHANA MONTOYA BEDOYA, frente a la sentencia del 14 de agosto de 2015, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario que ella promovi\u00f3 contra RAFAEL \u00c1NGEL MONTOYA CASTA\u00d1EDA y los herederos determinados e indeterminados de MARIO VEL\u00c1SQUEZ CADAVID. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda rectora del proceso, presentada ante la jurisdicci\u00f3n el 14 de agosto de 20151, sustituida2 y reformada posteriormente3, la gestora pidi\u00f3 declarar que no es hija extramatrimonial de Rafael \u00c1ngel Montoya Casta\u00f1eda, y s\u00ed de Mario Vel\u00e1squez Cadavid, este \u00faltimo, ya fallecido. Como consecuencia, reclam\u00f3 otorgar los efectos patrimoniales consistentes en la petici\u00f3n de herencia, la modificaci\u00f3n del testamento del causante, rehacer el trabajo de partici\u00f3n que se efectu\u00f3 dentro del proceso de sucesi\u00f3n adelantado notarialmente y condenar a la convocada a restituir a la gestora la parte de los bienes que se le lleguen a adjudicar, junto con los correspondientes frutos y rendimientos econ\u00f3micos. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, adujo los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
2.1. Producto de la relaci\u00f3n de amistad \u00edntima de Fabiola Bedoya Bedoya y Mario Vel\u00e1squez Cadavid, el 14 de julio de 1980 naci\u00f3 la demandante; sin embargo, la progenitora hizo anotar como padre, en el registro civil de nacimiento de la ni\u00f1a, a Rafael \u00c1ngel Montoya Casta\u00f1eda, amigo de la familia. <\/p>\n
2.2. Aunque propios y extra\u00f1os conoc\u00edan el hecho, inclusive por la \u201csimilitud de rasgos morfol\u00f3gicos\u201d entre padre biol\u00f3gico e hija, la accionante lo desconoc\u00eda. <\/p>\n
2.3. El presunto padre falleci\u00f3 soltero el 1\u00ba de enero de 2005, y en noviembre de 2006, unos amigos dijeron la verdad a la actora, quien, al interrogar a su madre sobre la realidad de las afirmaciones, las \u201cconfirm\u00f3 en su integridad\u201d. <\/p>\n
2.4. La sucesi\u00f3n testamentaria se tramit\u00f3 en la Notar\u00eda Diecis\u00e9is del C\u00edrculo de Medell\u00edn, y el acervo hereditario se adjudic\u00f3 en su totalidad a Roc\u00edo del Socorro Vel\u00e1squez. <\/p>\n
3. Los convocados hicieron, frente al pliego inicial, los siguientes pronunciamientos: <\/p>\n
3.1. Elvia, Margarita Nubia y Roc\u00edo del Socorro Vel\u00e1squez Cadavid, hermanas del causante, dijeron estarse a lo que resultare de la prueba de ADN. Adem\u00e1s, plantearon la excepci\u00f3n de caducidad de los \u201cderechos econ\u00f3micos\u201d, sustentada en que la acci\u00f3n de investigaci\u00f3n de paternidad no se present\u00f3 dentro de los dos a\u00f1os siguientes al deceso de su consangu\u00edneo4. <\/p>\n
3.2. El curador ad-litem de los herederos indeterminados se pronunci\u00f3 en el mismo sentido que las anteriores convocadas5. <\/p>\n
3.3. El mandatario de Rafael \u00c1ngel Montoya Casta\u00f1eda expres\u00f3 no resistirse a las \u201cpretensiones (\u2026) siempre y cuando los hechos de la mismas sean suficientemente probados\u201d6. <\/p>\n
4. La primera instancia se clausur\u00f3 por el Juzgado de Familia de Descongesti\u00f3n de Bello, con sentencia del 10 de noviembre de 2014, que declar\u00f3 que Yohana Montoya Bedoya no era hija de Rafael \u00c1ngel Montoya Casta\u00f1eda, y que su padre biol\u00f3gico es el causante Mario Vel\u00e1squez Cadavid. Con todo, neg\u00f3 los alcances patrimoniales (petici\u00f3n de herencia y reforma del testamento), en virtud de la prosperidad de la excepci\u00f3n de caducidad, por cuanto el deceso ocurri\u00f3 el 1\u00ba de enero de 2005 y el libelo introductor se present\u00f3 el 16 de febrero de 20077. <\/p>\n
5. Apelaron el fallo del a-quo: la demandante para que se reconocieran los aspectos econ\u00f3micos negados8; y la demandada Roc\u00edo Vel\u00e1squez Cadavid, para que la exoneraran de las costas, pues no se opuso a la paternidad, y s\u00ed con \u00e9xito, a lo dem\u00e1s9. <\/p>\n
6. En la providencia que desat\u00f3 la alzada, el ad-quem ratific\u00f3 lo concerniente a la negativa de los efectos econ\u00f3micos de la declaraci\u00f3n surtida, y acogi\u00f3 lo atinente a la exoneraci\u00f3n de costas para el extremo accionado10. <\/p>\n
EL FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Previo a dejar establecido el cumplimiento de los presupuestos procesales y descartar vicio alguno que afectara lo actuado, para arribar a determinaci\u00f3n mencionada, el juzgador de segundo grado razon\u00f3 de la manera que pasa a compendiarse: <\/p>\n
1. Para la demandante, el c\u00f3mputo de la caducidad no comienza con la muerte del pretenso padre, sino cuando se enter\u00f3 de que \u00e9l era su progenitor biol\u00f3gico, en este caso, seg\u00fan afirma, en noviembre de 2006. Asumir la tesis contraria -seg\u00fan la actora- \u201cgenera una desigualdad entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, pues mientras los primeros tienen un amplio t\u00e9rmino para instaurar la correspondiente acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia, de diez o veinte a\u00f1os, los segundos, s\u00f3lo tienen dos a\u00f1os para notificar la demanda y por consiguiente le sean reconocidos efectos patrimoniales\u201d. <\/p>\n
2. Frente a lo anterior se arriba a la misma conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el a-quo, por cuanto: <\/p>\n
2.1. La demanda se present\u00f3 el 16 de febrero de 2017, es decir, pasados m\u00e1s de dos a\u00f1os del deceso de Mario Vel\u00e1squez Cadavid, acaecido el 1\u00ba de enero de 2005. <\/p>\n
2.2. La desigualdad alegada se ha desvirtuado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (sentencia de 3 de octubre de 1991) y por la Corte Constitucional (C-336 de 1999), con el sello de \u201ccosa juzgada absoluta\u201d (C.C. Auto 173 de 2003), al declarar exequible el art\u00edculo 10-4 de la Ley 75 de 1968; de ah\u00ed que los argumentos de la recurrente no pueden estimarse. <\/p>\n
2.3. La demandante, adem\u00e1s, incurri\u00f3 en contradicci\u00f3n, ya que en el libelo afirm\u00f3 que desde cuando ten\u00eda uso de raz\u00f3n conoc\u00eda que su padre era Mario Vel\u00e1squez Cadavid y que ese estado civil se manifestaba ante propios y extra\u00f1os, y, sin embargo, despu\u00e9s expres\u00f3 que el hecho lo supo a los veintitr\u00e9s meses del deceso del presunto padre, \u201cde ah\u00ed que sea contrario a la realidad, lo dicho (\u2026) al reformar la demanda\u201d. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, asiste raz\u00f3n al extremo demandado, toda vez que, si no hab\u00eda sido vencido en juicio en punto de la petici\u00f3n de herencia y reforma del testamento, no pod\u00eda recibir la condena a pagar las costas del proceso. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene dos cargos, ambos montados sobre la base de la causal primera de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que la Corte estudiar\u00e1 conjuntamente, pues son \u00fatiles para su resoluci\u00f3n similares argumentos. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con este se denuncia la transgresi\u00f3n directa de los art\u00edculos 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 8\u00ba de la Ley 153 de 1887; y 10\u00ba, in fine, de la Ley 75 de 1968. Los dos primeros por falta de aplicaci\u00f3n, y el \u00faltimo por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
En el desenvolvimiento de su censura, la recurrente se\u00f1ala: <\/p>\n
1. Como \u201cnadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u201d, las consecuencias jur\u00eddicas solo se predican de conductas que le sean atribuibles a una persona. Si no, \u201cmal se har\u00eda en sancionarlo porque se le imputar\u00eda lo que no pod\u00eda hacer. Solo lo racional es realizable\u201d. La dignidad de la persona y el orden justo ser\u00edan atropellados, si se pretendiese de las personas conductas imposibles de ejecutar. <\/p>\n
2. La equidad y la obligaci\u00f3n de integraci\u00f3n normativa de que trata el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, \u201cson criterios auxiliares de la actividad judicial, no a manera \u00fanicamente de subsidiariedad sino en la aplicaci\u00f3n de la ley misma\u201d. La primera determina la \u201cjusticia individualizadora del caso\u201d, y la segunda, entre otros aspectos, se\u00f1ala que no es admisible exigir a una persona lo irrealizable. <\/p>\n
3. El art\u00edculo 10\u00ba de la Ley 75 de 1968 establece un t\u00e9rmino de caducidad para dotar de efectos patrimoniales a la sentencia que declara la filiaci\u00f3n, consistente en notificar la respectiva demanda dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la muerte del presunto padre. <\/p>\n
La l\u00ednea general trazada por la jurisprudencia y la doctrina, es que la caducidad no puede suspenderse, salvo excepciones como la obstrucci\u00f3n para notificar a los demandados, o las resultantes de vacancia judicial, o las fundadas en circunstancias constitutivas de fuerza mayor, o las que tienen que ver con la conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad. <\/p>\n
Se tiene, entonces, que, si la caducidad puede ser suspendida en casos especiales, la contemplada en el mencionado precepto tambi\u00e9n puede serlo, como en el caso concreto, en el que \u201cla hija extramatrimonial no tuvo oportunidad de demandar oportunamente en raz\u00f3n del desconocimiento que tuvo acerca de qui\u00e9n era su padre biol\u00f3gico\u201d. <\/p>\n
4. De tal manera que el error del ad-quem radic\u00f3 en no haber analizado el argumento de la parte demandante, formulado en sede de apelaci\u00f3n, relativo a que los t\u00e9rminos para incoar la acci\u00f3n de filiaci\u00f3n, con efectos patrimoniales, no corr\u00edan inexorablemente, \u201cya que, si solo se cuentan desde el conocimiento de qui\u00e9n es el padre real, quiere decir que los dos a\u00f1os de que habla el art. 10 de la Ley 75 de 1968 no son fatales, y eso es nada menos lo que constituye la suspensi\u00f3n de la caducidad\u201d. <\/p>\n
5. En esta especie, el hecho de la paternidad se supo pasados veintitr\u00e9s meses del deceso del presunto padre, lo que significa que antes resultaba \u201cimposible demandar\u201d. En el entretanto lo exigible a la demandante era una actividad pasiva y no activa. <\/p>\n
Aplicada as\u00ed la equidad a la \u201cjusticia ya individualizada\u201d, se habr\u00eda encontrado que la demanda fue presentada casi de inmediato, y como ese evento de suspensi\u00f3n de la caducidad carec\u00eda de regulaci\u00f3n legal, para llenarlo, ha debido acudirse a los principios generales del derecho. <\/p>\n
6. En consecuencia, se debe casar parcialmente la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, revocar la negativa a reconocer a la declaraci\u00f3n de paternidad efectos econ\u00f3micos, para a cambio, acceder a esos derechos. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Acusa la infracci\u00f3n indirecta de los preceptos mencionados anteriormente, como consecuencia, por un lado, de errores de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas, y por el otro, de yerros probatorios de derecho, por desatenci\u00f3n de los art\u00edculos 89-2, 197 y 201 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Para fundamentar su ataque, la recurrente indic\u00f3: <\/p>\n
1. El Tribunal se equivoc\u00f3 f\u00e1cticamente al asegurar una contradicci\u00f3n de la actora con su escrito de reforma de la demanda. Esto, por cuanto al comienzo afirm\u00f3 que desde cuando ten\u00eda uso de raz\u00f3n sab\u00eda que su padre bil\u00f3gico era Mario Vel\u00e1squez Cadavid, y luego se\u00f1al\u00f3 que se enter\u00f3 del hecho a los veintitr\u00e9s meses de su deceso. <\/p>\n
2. Esa Corporaci\u00f3n ignor\u00f3 que los hechos de la demanda inicial fueron alterados, lo que da a entender, necesariamente, que lo reformado qued\u00f3 suprimido. El proceso, entonces, se estructur\u00f3 \u201ccon los nuevos hechos, no con los viejos\u201d. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, ese juzgador pretermiti\u00f3 los testimonios de Luis Hernando Laverde C\u00e1rdenas y Fabiola Bedoya Bedoya, donde se demostr\u00f3 que Yohana Montoya Bedoya \u201crealmente no conoci\u00f3 de su padre biol\u00f3gico desde cuando ten\u00eda uso de raz\u00f3n, sino desde varios meses despu\u00e9s de su muerte\u201d. <\/p>\n
4. El Tribunal, asimismo, recort\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda de Roc\u00edo Vel\u00e1squez Cadavid, ya que all\u00ed ella afirm\u00f3 desconocer las relaciones de su hermano y la madre de la demandante, menos que tuviesen una hija. Lo dicho implica, socialmente, entre familiares y amigos, que se desconoc\u00eda la paternidad, y en sana raz\u00f3n tambi\u00e9n deb\u00eda entenderse que la actora \u201ctampoco sab\u00eda qui\u00e9n era su padre biol\u00f3gico\u201d. <\/p>\n
6. La violaci\u00f3n de las normas probatorias se deriv\u00f3 de no haberse tenido en cuenta que la manifestaci\u00f3n en el libelo de la actora de saber la paternidad real desde que ten\u00eda uso de raz\u00f3n, se desvirtu\u00f3 con las pruebas antes se\u00f1aladas. La confesi\u00f3n qued\u00f3 infirmada, y por ello, no pod\u00eda ser una de las bases del fallo confirmatorio. <\/p>\n
7. Los errores enrostrados llevaron al Tribunal a no contar el t\u00e9rmino de caducidad desde el conocimiento de la verdad biol\u00f3gica. As\u00ed que al no existir norma que regule, en ese espec\u00edfico punto, el tema de la preclusi\u00f3n cuestionada, resultaba imperioso acudir a los principios generales del derecho. Entre ellos, \u201cel de que nadie est\u00e1 obligado a lo imposible y el de que la equidad debe fundar la decisi\u00f3n del caso concreto\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00c1mbito normativo <\/p>\n
Cumple aclarar que las normas adjetivas aplicables a este recurso extraordinario, son las del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y dem\u00e1s preceptos que lo complementan y modifican, por ser el ordenamiento jur\u00eddico vigente al momento de la interposici\u00f3n del presente recurso extraordinario de casaci\u00f3n11, pues, en cumplimiento de la regla de tr\u00e1nsito legislativo contenida en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201c(\u2026) los recursos interpuestos (\u2026) se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por lo mismo, ha de entenderse que los dos embates se plantearon sobre la base de la causal primera de casaci\u00f3n, consagrada en el numeral primero del art\u00edculo 368 del C. de P. C., y cualquier an\u00e1lisis de las censuras ha de discurrir por ese sendero, inclusive el eventual examen de cuestiones de orden constitucional que surjan de lo planteado. <\/p>\n
2. El problema jur\u00eddico planteado y los par\u00e1metros para su resoluci\u00f3n <\/p>\n
2.1. Partiendo de las consideraciones esenciales del fallo reprochado, y de la censura que en concreto se le hace, corresponde a la Corte determinar s\u00ed, como lo afirma la demandante, el Tribunal viol\u00f3 directamente la ley sustancial al tener como dies a quo para computar el t\u00e9rmino de caducidad de que trata el inciso final del art\u00edculo 10\u00ba de la Ley 75 de 1968, el momento en el que ocurri\u00f3 la muerte del presunto padre (biol\u00f3gico) y no el instante (posterior al deceso) en el que la hija, demandante, se enter\u00f3 del hecho relativo a esa paternidad. En ese sentido cumple averiguar, adem\u00e1s, si en la hip\u00f3tesis que trae el caso concreto, se erige una situaci\u00f3n especial que amerite una hermen\u00e9utica diferente del mencionado precepto, como por ejemplo, considerar que all\u00ed se est\u00e1 ante una situaci\u00f3n de \u201csuspensi\u00f3n\u201d del t\u00e9rmino de caducidad de dos a\u00f1os. <\/p>\n
2.2. En el evento de que la respuesta al anterior cuestionamiento llegare a ser afirmativa, deber\u00e1 la Sala entrar a establecer si se configuraron los errores de apreciaci\u00f3n probatoria denunciados en el segundo embate, que se seg\u00fan se asevera por la recurrente, llevaron al ad-quem a fijar el conocimiento de la paternidad biol\u00f3gica por parte de la hija, antes de la muerte del presunto progenitor. La respuesta negativa a ese primer interrogante, no sobra decirlo, har\u00e1 innecesario el estudio del tema f\u00e1ctico, incorporado en el segundo cargo. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, en la tarea de responder a esos interrogantes, la Sala abordar\u00e1 en primer orden lo concerniente a la comprensi\u00f3n que se ha dado al t\u00e9rmino previsto en el inciso final del art\u00edculo 10\u00ba de la Ley 75 de 1968, y las consecuencias que ese entendimiento acarrea, y posteriormente se determinar\u00e1 s\u00ed en verdad, el caso ofrece alguna particularidad que conlleve a introducir un matiz adicional a la hermen\u00e9utica tradicional de ese precepto, que amerite apartarse de su texto y eventualmente echar mano de la integraci\u00f3n normativa y de los principios generales del derecho. Al final, como es lo usual, se presentar\u00e1n las conclusiones pertinentes, y se definir\u00e1 la suerte del recurso interpuesto. <\/p>\n
3. Entendimiento del t\u00e9rmino previsto en el inciso final del art\u00edculo 10\u00ba de la Ley 75 de 1968, y alcances de su comprensi\u00f3n como de caducidad <\/p>\n
3.1. Prescribe el canon relacionado en el encabezado de este apartado, que \u201c[l]a sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los incisos precedentes -muerto el presunto padre o fallecido el hijo, aclara la Corte-, no producir\u00e1 efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y \u00fanicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la defunci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
De acuerdo con ese texto, ninguna duda cabe que para que el fallo que declara la paternidad extramatrimonial surta efectos patrimoniales frente a quienes han sido convocados en el proceso, la demanda que le da inici\u00f3 ha debido serles notificada dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la defunci\u00f3n del respectivo causante. <\/p>\n
Y ese bienio, lo ha dicho una y otra vez la Corte12, y la recurrente no lo controvierte, corresponde a un t\u00e9rmino de caducidad y no de prescripci\u00f3n (como algunos lo han pretendido doctrinalmente). <\/p>\n
Por lo mismo, ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que ese lapso, cuando ha empezado a correr al producirse la muerte del presunto padre, \u201c[N]o es susceptible de suspensi\u00f3n civil\u201d, dado que se trata de \u201cun plazo prefijado por la ley para el ejercicio del derecho de acci\u00f3n, a cuyo vencimiento se produce fatalmente la decadencia del derecho\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan explicaci\u00f3n extensa de la Corte, entonces, <\/p>\n
\u201cDenota la caducidad su repulsi\u00f3n a la idea de que existan circunstancias con virtualidad para suspender su marcha inexorable; de ah\u00ed que, ni por semejas, pueda invocarse que le sea aplicado el r\u00e9gimen de suspensi\u00f3n a que ciertamente est\u00e1 sujeta la prescripci\u00f3n (art. 2530 del C\u00f3digo Civil). Rep\u00edtese, su paso es indetenible; como tal, no para mientes en la persona del titular de la acci\u00f3n, porque no est\u00e1 para nada interesada en averiguaciones de tipo subjetivo, cuesti\u00f3n \u00e9sta que suele invocarse para poner de resalto su diferencia con la prescripci\u00f3n, dici\u00e9ndose al efecto: \u2018Pero se comprender\u00e1 bien la diferencia te\u00f3rica que media entre las dos instituciones si se observa el fundamento jur\u00eddico-filos\u00f3fico que explica la prescripci\u00f3n, o sea el abandono, la negligencia en el titular del derecho o la acci\u00f3n, en una palabra el \u00e1nimo real o presunto de no ejercerlos; en tanto que en la caducidad esa raz\u00f3n de \u00edndole subjetiva no se tiene en cuenta, pues basta para que el fen\u00f3meno se produzca el hecho objetivo de que en la ley (…) se prefija un plazo para que el interesado no pueda obrar \u00fatilmente si deja que transcurra sin haber hecho uso de \u00e9l …\u2019 (LXI, P\u00e1gs. 589 y 590). Lo que ocurre es que, como se advirti\u00f3 en la misma ocasi\u00f3n, por ser la prescripci\u00f3n un fen\u00f3meno extintivo basado en el transcurso del tiempo, \u2018ha sido frecuente entender que toda extinci\u00f3n de acciones por esta causa se considera como un fen\u00f3meno de prescripci\u00f3n\u2019, al que le son aplicables las \u2018reglas que a \u00e9sta gobiernan\u2019. Lo que no pasa de ser una confusi\u00f3n \u2018entre dos \u00f3rdenes de instituciones jur\u00eddicas de caracter\u00edsticas esenciales bien diferenciadas (…). En efecto, al lado de la prescripci\u00f3n liberatoria como medio de extinguir las acciones en juicio se admite desde hace alg\u00fan tiempo (…) el de la caducidad o t\u00e9rmino perentorio, el cual puede producir -es verdad- los mismos efectos, pero cuyos fundamentos esenciales as\u00ed como su r\u00e9gimen en la actuaci\u00f3n positiva del derecho son muy distintos de los que integran aquella figura jur\u00eddica\u2019. Consideraciones todas que han llevado a la Corte a afirmar tajantemente que \u2018los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n admiten suspensi\u00f3n (…) mientras que los plazos de caducidad no comportan la posibilidad de ser ampliados por medio de la suspensi\u00f3n y \u2018deben ser cumplidos rigurosamente so pena de que el derecho o la acci\u00f3n se extingan de modo irrevocable\u2019\u2019 (CXLVIII, p\u00e1g. 308). Sobra decir, pues, que es inadmisible cualquier intento, como aqu\u00ed lo pretende el censor, de equiparar la caducidad con la prescripci\u00f3n con el fin de que a aquella se aplique el r\u00e9gimen de suspensi\u00f3n que en favor de incapaces se instituy\u00f3 para \u00e9sta\u201d13. <\/p>\n
\u201cEl lapso de caducidad de dos a\u00f1os previsto en el inciso final del art\u00edculo 10\u00ba de la ley 75 de 1968 que modific\u00f3 el precepto 7\u00ba de la ley 45 de 1936, no se muestra disonante con el plazo que los herederos del causante tienen para ejercer la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia, cuando \u00e9sta es necesaria. Y no lo es porque los hijos extramatrimoniales no reconocidos voluntariamente cuentan con otro lapso, muchas veces ampl\u00edo, para demandar su filiaci\u00f3n, como lo es el t\u00e9rmino de vida de su presunto progenitor. Efectivamente, no existe obst\u00e1culo para que una persona en la situaci\u00f3n aludida instaure, antes del fallecimiento del supuesto padre, la pertinente acci\u00f3n filiatoria, evento en el cual no opera el lapso bienal censurado en el cargo. Con otras palabras, aun cuando no cabe duda de que el inciso 4\u00ba del 10\u00ba de la ley 75 de 1968 consagra el t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os para que el descendiente instaure la pretensi\u00f3n de filiaci\u00f3n, contado desde el fallecimiento de su aparente progenitor, a efectos de obtener secuelas de \u00edndole econ\u00f3mica; nada obsta para que dicha acci\u00f3n sea incoada antes del deceso, con lo cual el lapso de caducidad criticado resulta inoperante, por sustracci\u00f3n de materia; lo que, a su vez, equipara a los hijos extramatrimoniales no reconocidos con todos aquellos que s\u00ed lo fueron\u201d14. <\/p>\n
3.3. Por lo dem\u00e1s, la limitaci\u00f3n temporal para que quien alegue ser hijo, se le reconozcan en el proceso de filiaci\u00f3n sus derechos sucesorales, est\u00e1 contenida en una previsi\u00f3n legal cuya razonabilidad y justificaci\u00f3n se ha explicado de anta\u00f1o por la Corte, as\u00ed: <\/p>\n
\u201cDicha restricci\u00f3n significa una garant\u00eda en favor de los sucesores reconocidos y dem\u00e1s asignatarios para que sus derechos patrimoniales no queden indefinidamente a merced de acciones de filiaci\u00f3n sorpresivas promovidas por personas inescrupulosas que se aprovechan de las delebles consecuencias que el transcurso del tiempo deja sobre los medios de prueba. Ese fue, indudablemente, el objetivo del legislador al consagrar el mencionado t\u00e9rmino de caducidad, influido por la necesidad de \u2018evitar frecuentes abusos que comprometen el ejercicio recto del derecho\u2019, tal como qued\u00f3 consignado en las actas del Senado de la Rep\u00fablica que recopilaron las discusiones previas a la aprobaci\u00f3n de la Ley 75 de 1968. (Sentencia N\u00ba 393 de 2 de octubre de 1992). Fueron, entonces, razones pragm\u00e1ticas las que movieron al legislador a introducir la caducidad de los efectos patrimoniales derivados de la declaraci\u00f3n del estado civil, para evitar que los derechos econ\u00f3micos de los herederos reconocidos quedaran perpetuamente sometidos al capricho de quienes pudiesen demandar la filiaci\u00f3n. El origen sociol\u00f3gico de esta limitaci\u00f3n qued\u00f3 explicado en el siguiente extracto jurisprudencial: \u2018Considerando el legislador que no es justo someter a los herederos del difunto y a su c\u00f3nyuge al deber de afrontar una demanda calculadamente tard\u00eda, intencionalmente demorada con el definido prop\u00f3sito de hacer m\u00e1s dif\u00edcil la defensa de quienes desconocen actos claramente \u00edntimos o reservados de su causante, o en espera de que el tiempo borre huellas que pudieran servir de escudo a los sucesores, determin\u00f3 que el derecho de investigar la paternidad, en caso de muerte del padre presunto, debe ejercitarse dentro de esos dos a\u00f1os para que el fallo produzca en favor del hijo los efectos patrimoniales que le son propios. No obstante, como el inter\u00e9s evidente que el legislador persegu\u00eda con tal medida no era s\u00f3lo el de que el derecho fuera ejercitado dentro de ese preciso t\u00e9rmino, sino tambi\u00e9n el de que los sucesores del difunto y su c\u00f3nyuge conocieran oportunamente la existencia de esa pretensi\u00f3n y pudieran oponer en tiempo sus defensas, la ley, estatuy\u00f3 que la \u2018demanda\u2019 deber\u00eda ser notificada dentro del mismo perentorio t\u00e9rmino bienal\u2026\u2019 (CSJ, SC de 19 de noviembre de 1976)\u201d15. <\/p>\n
4. El caso concreto y sus particularidades <\/p>\n
4.1. A la luz de lo anterior, no se advierte que el Tribunal, en la providencia ac\u00e1 censurada, haya incurrido en la vulneraci\u00f3n de las normas sustantivas invocadas, porque bien es verdad que, frente a los supuestos f\u00e1cticos del caso, esto es, demanda presentada dos a\u00f1os despu\u00e9s de la muerte del causante, no era posible dotar de efectos patrimoniales a la filiaci\u00f3n biol\u00f3gica reconocida. <\/p>\n
En efecto, la correcta hermen\u00e9utica del inciso final del art\u00edculo 10\u00ba de la Ley 75 de 1968, de acuerdo con la doctrina de la Corte, implica partir de la base de que all\u00ed se consagra un t\u00e9rmino de caducidad que, como tal, transcurre sin pausa, dejando de lado la posibilidad de predicar sobre el mismo su suspensi\u00f3n, en hip\u00f3tesis como la expresada por la impugnante, relativa a haber conocido ella del hecho de la paternidad biol\u00f3gica luego de la muerte de su presunto padre y antes de completarse el bienio fatal, pese a que su madre y quien result\u00f3 su progenitor registral, lo sab\u00edan desde el mismo momento del nacimiento. <\/p>\n
Y se entiende que no hay por el Tribunal una interpretaci\u00f3n indebida de ese precepto, en este asunto, porque en vida y mientras fue menor de edad la demandante, su representante legal, en ejercicio de las facultades que le otorgaba el ordenamiento, estaba plenamente facultada para interponer, a nombre de ella, la respectiva demanda de filiaci\u00f3n, sin que para ese entonces corriera siquiera la carga de los dos a\u00f1os de caducidad a que aqu\u00ed se ha hecho alusi\u00f3n. Hacer tabula rasa de esa facultad es, por lo menos, desconocer el alcance de la representaci\u00f3n legal de un menor, y restarle la importancia y el significado que verdaderamente tienen. <\/p>\n
Adem\u00e1s, asumiendo como cierto el dicho de la recurrente, consistente en que conoci\u00f3 de su paternidad biol\u00f3gica 22 meses despu\u00e9s de la muerte de su progenitor biol\u00f3gico, no hab\u00eda obst\u00e1culo ni jur\u00eddico como tampoco material que le impidiera ejercitar oportunamente y ante la jurisdicci\u00f3n, la doble reclamaci\u00f3n de filiaci\u00f3n y petici\u00f3n de herencia. <\/p>\n
Es decir, que frente a ella no reca\u00eda una carga excesiva y menos insuperable que ameritara, como hoy se propone, crear por v\u00eda judicial, una excepci\u00f3n a la caducidad del art\u00edculo 10\u00ba in fine de la Ley 75 de 1968, consistente en cambiar el dies a quo del t\u00e9rmino, no ya la muerte del causante sino el conocimiento certero de la paternidad. <\/p>\n
4.2. Por otra parte, ha dicho la Corte que el principio de la analog\u00eda o argumento a simili, consagrado en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, tiene como presupuestos necesarios para su aplicaci\u00f3n: \u201ca) Que no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido; b) Que la especie legislada sea semejante a la especie carente de norma; y c) Que exista la misma raz\u00f3n para aplicar a la \u00faltima el precepto estudiado respecto de la primera: Ubi aedem legis ratio ibi cadem legis dispositio\u201d16. <\/p>\n
Pues bien, al quedar explicado que la situaci\u00f3n de la demandante no precisaba la existencia de una condici\u00f3n que condujera a establecer una excepci\u00f3n a la forma en la que el legislador concibi\u00f3 el c\u00f3mputo de la caducidad en cuesti\u00f3n, y que por lo tanto, nada le imped\u00eda haber formulado tempestivamente su demanda para conseguir los efectos econ\u00f3micos deseados; la analog\u00eda no era en este caso aplicable, porque ese, es un mecanismo para llenar vac\u00edos legales, que en este proceso no los hay. <\/p>\n
Y, ciertamente, se insiste, la accionante pudo demandar en vida de su progenitor biol\u00f3gico, mientras no hab\u00eda alcanzado la mayor\u00eda de edad, pero si hab\u00eda d\u00e9ficit de representaci\u00f3n por su incapacidad, tuvo tiempo de hacerlo despu\u00e9s, cuando afirma que se enter\u00f3 directamente del hecho de la paternidad, y tuvo el tiempo suficiente para elevar su reclamo en sede judicial. <\/p>\n
De manera, entonces, que el haber desaprovechado la accionante esa doble oportunidad, no se convierte en justificante para forzar la creaci\u00f3n de una sub-regla interpretativa amplificadora del t\u00e9rmino de caducidad referido, menos a\u00fan cuando, como se ver\u00e1 adelante, el precepto objeto del ejercicio hermen\u00e9utico, ha sido declarado exequible, una vez en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1886, y posteriormente al cobijo de la Carta Pol\u00edtica de 1991, dot\u00e1ndolo del sello de la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
4.3. As\u00ed mismo, conviene indicar que si el art\u00edculo 230 superior prev\u00e9 que \u201c[l]os jueces, en sus providencias, s\u00f3lo est\u00e1n sometidos al imperio de la ley\u201d, y que \u201c[l]a equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial\u201d; deviene de all\u00ed, como manifiesto, que el juzgador de segundo grado no se apart\u00f3 de dichos mandatos, puesto que, precisamente, sus conclusiones sobre la caducidad de los efectos econ\u00f3micos reclamados se fundaron en el claro texto de la ley (inciso final del art\u00edculo 10\u00ba de la Ley 75 de 1968), y en los pronunciamientos que sobre el mismo han sido efectuados en sede de control de constitucionalidad. <\/p>\n
Ahora bien, no se desconoce que algunos criterios discordantes al presente se han manifestado a nivel doctrinal, y tambi\u00e9n por v\u00eda de unas pocas salvedades de voto en esta Sala. M\u00e1s, sin embargo, ellos no son suficientes para propiciar un cambio en la jurisprudencia, porque, ante todo, de por medio est\u00e1: (i) la cosa juzgada constitucional, (ii) que la demandante no es un sujeto que amerite un tratamiento jur\u00eddico especial, como un menor de edad, y (iii) que doctrinas como la del derecho viviente exigen para su aplicaci\u00f3n, en palabras de la Corte Constitucional, que la interpretaci\u00f3n doctrinal y jurisprudencial que se pretenda hacer preponderante, \u201csea consistente\u201d, \u201cest\u00e9 plenamente consolidada o afianzada\u201d y \u201csea relevante o significativa\u201d17, supuestos que aqu\u00ed no se dan. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
De los razonamientos acabados de expresar se tiene que, de ninguna forma, el Tribunal viol\u00f3 los preceptos sustanciales denunciados, y tampoco hab\u00eda lugar a introducir, para el caso analizado, una excepci\u00f3n frente al discurrir de los dos a\u00f1os de caducidad previstos en el inciso final del art\u00edculo 10\u00b0 de la Ley 75 de 1968. El lapso preclusivo, entonces, principi\u00f3 a correr con la muerte del causante, y para hacerse inoperante, se requer\u00eda que la parte convocada hubiese sido notificada \u201cdentro de los dos a\u00f1os siguientes a la defunci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En ese orden, como no hubo discusi\u00f3n en el proceso sobre el d\u00eda de la muerte del presunto padre (1\u00b0 de enero de 2005) y el de presentaci\u00f3n de la demanda rectora de este asunto (16 de febrero de 2007), la caducidad, siguiendo la regla establecida en el mencionado precepto, se estructur\u00f3, con lo cual, innecesario resulta entrar en el estudio de los errores f\u00e1cticos denunciados en el segundo cargo, porque con ellos se pretende demostrar algo intrascendente a la luz de lo razonado, como lo es que el conocimiento de la paternidad biol\u00f3gica de la demandante Yohana Montoya Bedoya se dio despu\u00e9s del deceso del presunto padre, y no antes, como lo dedujo el Tribunal de la contradicci\u00f3n entre el libelo inicial y los posteriores de sustituci\u00f3n y reforma. <\/p>\n
6. Cuesti\u00f3n final <\/p>\n
El art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00b0 de la Ley 1285 de 2009, prev\u00e9 que la Sala de Casaci\u00f3n Civil puede \u201cseleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos\u201d. <\/p>\n
Ese precepto, que se anticip\u00f3 o fue el germen de la casaci\u00f3n oficiosa, hoy vigente en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, permite a la Corte adentrarse, excepcionalmente, en el examen de un caso por fuera del marco de las causales de casaci\u00f3n propuestas, como por ejemplo, cuando de por medio est\u00e1 la vulneraci\u00f3n o amenaza de un derecho constitucional. <\/p>\n
Ac\u00e1, no es viable aplicar selecci\u00f3n positiva o casaci\u00f3n oficiosa, porque desde el comienzo la demandante y recurrente en casaci\u00f3n descart\u00f3 que su censura estuviera ligada a la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de igualdad, y, adem\u00e1s, porque el trato discriminatorio que supuestamente da el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 10\u00ba de la ley 75 de 1968, que modific\u00f3 el precepto 7\u00ba de la ley 45 de 1936, entre hijos, reconocidos y no, ya ha sido materia de examen del tribunal constitucional, alcanzando el sello de la cosa juzgada constitucional absoluta. <\/p>\n
En efecto, para reiterar lo dicho una y otra vez por esta Sala sobre el punto, basta hacer remisi\u00f3n a lo que recientemente se expuso en la sentencia SC3725-2020 del 5 de octubre de 2020: <\/p>\n
\u201c[L]a Sala Plena de la H. Corte Suprema de Justicia, con fundamento en la pr\u00f3rroga de competencia que le otorg\u00f3 el art\u00edculo 24 transitorio de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, respecto de las acciones de constitucionalidad instauradas antes del 1\u00ba de junio de dicho a\u00f1o, mediante Sentencia n\u00ba. C-122 de 3 de octubre de 1991 examin\u00f3 el aludido precepto, encontr\u00e1ndolo exequible, tras considerar: \u2018a) Conviene en primer t\u00e9rmino fijar el alcance del art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968, cuya \u00faltima parte se cuestiona desde el punto de vista de su constitucionalidad. De especial importancia la primera parte, tanto social como jur\u00eddicamente, se limita a legalizar la posibilidad de que la acci\u00f3n de investigaci\u00f3n de la paternidad natural se pueda adelantar, fallecido el presunto padre, contra los herederos y su c\u00f3nyuge, lo cual ya hab\u00eda sido reconocido de larga data por la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte. El segundo inciso, este s\u00ed totalmente nuevo consagra la posibilidad igualmente avanzada de que muerto el hijo, la acci\u00f3n mencionada pueda ser intentada por sus descendientes leg\u00edtimos y por sus ascendientes\u2019. Ahora bien la parte impugnada por el libelista determina que la sentencia declarativa de la paternidad en los casos anteriores solamente producir\u00e1 efectos patrimoniales \u2018cuando la demanda se notifique dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la defunci\u00f3n\u2019. Se establece por lo tanto en ese caso, seg\u00fan la jurisprudencia dominante, una causal de caducidad de los efectos patrimoniales de la acci\u00f3n mentada de investigaci\u00f3n de la paternidad natural, y que la Corte, conteste con el funcionario que lleva la voz de la sociedad en el presente caso, considera ajustada a la Constituci\u00f3n; b) Resulta indispensable subrayar el hecho de que la caducidad solamente abarca los aspectos patrimoniales de la acci\u00f3n, lo que significa que los aspectos extrapatrimoniales atinentes al estado civil, en atenci\u00f3n entre otras cosas a su inter\u00e9s social, solamente caducan y prescriben en los casos taxativamente se\u00f1alados por la ley. Se establece por lo tanto la caducidad \u00fanicamente para aquellos aspectos de naturaleza eminentemente privada o de inter\u00e9s individual, en circunstancias tales en que, la persona tiene la opci\u00f3n durante un tiempo ciertamente largo, de ejercitar o no, la acci\u00f3n de investigaci\u00f3n de la paternidad natural. El individuo tiene por lo tanto todo el derecho a abandonar la acci\u00f3n, sin que luego pueda alegar en su favor dicho abandono (\u2026) Examinada la disposici\u00f3n acusada a la luz de las nuevas normas de la Carta de 1991, esta Corporaci\u00f3n encuentra que ella est\u00e1 conforme a sus prescripciones, y por tanto se declarar\u00e1 su exequibilidad. En efecto, no obstante que en la Carta de 1991 aparece consagrado ahora como principio de orden constitucional el de la igualdad de derechos y deberes entre los hijos habidos en el matrimonio o fuera de \u00e9l (art. 42 inciso 4\u00ba. C.N.), ya consagrada por la Ley 29 de 1982; tambi\u00e9n es cierto que la norma acusada no se dirige a establecer una soluci\u00f3n jur\u00eddica desigual entre ellos y sus derechos y deberes, sino a regular un aspecto relativo al estado civil de las personas (art. 42 inciso 10 C.N.), en especial el del caso de la incertidumbre de la paternidad extramatrimonial y el fallecimiento del presunto padre o del hijo. Dicha competencia en la Constituci\u00f3n de 1886, estaba igualmente reservada a la ley en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 50 que preceptuaba expresamente que: \u2018las leyes determinar\u00e1n lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.\u2019 Seg\u00fan la doctrina nacional, la igualdad de derechos, especialmente la sucesoral, presupone la definici\u00f3n y certeza del estado civil que sirve de base a tales derechos; en consecuencia, no habiendo certidumbre sobre el estado civil, tal como ocurre en el caso regulado por el art\u00edculo 10\u00ba de la ley 75 de 1968, tampoco puede haber igualdad sucesoral. En otros t\u00e9rminos la igualdad sucesoral se predica de los estados civiles definitivos, pero no de aquellos derechos que son meramente eventuales por estar condicionados a la certidumbre previa del estado civil. As\u00ed las cosas, la Corte considera exequible la disposici\u00f3n demandada, al confrontarla con la Carta de 1991, en los t\u00e9rminos que se han analizado anteriormente. Como se desprende del anterior pronunciamiento, la Corte no encontr\u00f3 trato discriminatorio entre los hijos extramatrimoniales no reconocidos y los descendientes que s\u00ed lo son -ya sea matrimoniales o no-, en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino con que cuentan para ejercer las acciones que habiliten sus derechos herenciales, fundada, cardinalmente, en que los primeros carecen de una filiaci\u00f3n certera al paso que los segundos la ostentan. Por ende, contrariamente a lo aseverado en el cargo bajo estudio, el legislador dio un trato distinto a personas que est\u00e1n en condiciones disimiles y no iguales\u201d. <\/p>\n
De manera que, descartada la violaci\u00f3n al derecho a la igualdad de los hijos, reconocidos y no, el respeto de los principios de legalidad, seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, para solo mencionar algunos que pudieran involucrarse al tema, no permite a la Corte, como autoridad incardinada en <\/p>\n
un sistema democr\u00e1tico, pasar por encima de la voluntad del legislador, ratificada por el tribunal constitucional, para imponer un criterio diferente al que surge del claro texto del inciso final del art\u00edculo 75 de 1968, que estatuye un t\u00e9rmino de caducidad de dos a\u00f1os, contado desde la muerte del presunto padre. <\/p>\n
Por lo tanto, se insiste con otras palabras, pensar en la inaplicaci\u00f3n de ese canon ser\u00eda tanto como dejar de rendir culto al derecho, para preferir una racionalidad soportada en principios, propia de una visi\u00f3n iusnaturalista, que no cabe en nuestro ordenamiento, fundado en el imperio de la ley, y en su aplicaci\u00f3n por parte de los jueces, salvo en los casos de inaplicaci\u00f3n por inconstitucionalidad o excepci\u00f3n de inexequibilidad. <\/p>\n
7. De lo analizado emerge la frustraci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria. No se impondr\u00e1 condena en costas a la accionante, por haberle sido reconocido amparo de pobreza18. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de agosto de 2015, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario que promovi\u00f3 YOHANA MONTOYA BEDOYA contra RAFAEL \u00c1NGEL MONTOYA CASTA\u00d1EDA y los herederos determinados e indeterminados de MARIO VEL\u00c1SQUEZ CADAVID. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n, por lo expuesto en las consideraciones. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 05088-31-10-001-2007-00096-02 <\/p>\n
Disenso integral frente al proyecto aprobado en Sala de decisi\u00f3n virtual de diecisiete de septiembre de dos mil veinte. <\/p>\n
Tras haber sido derrotado por la mayor\u00eda de la Sala, el proyecto que ab initio present\u00e9 en el cual acced\u00eda al recurso de casaci\u00f3n, defendiendo el derecho a la igualdad entre todos los hijos, procedo a salvar el voto frente a la sentencia que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n casacional y que interpuso Yohana Montoya Bedoya contra la del 14 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala de Familia, en el proceso ordinario promovido por la recurrente frente a Rafael \u00c1ngel Montoya Casta\u00f1eda y herederos determinados e indeterminados de Mario Vel\u00e1squez Cadavid. <\/p>\n
1. Los antecedentes para entender las razones del disenso y los equ\u00edvocos de la doctrina que profesa la Sala mayoritaria <\/p>\n
1.1. Petitum. La actora pidi\u00f3 declarar que no es hija extramatrimonial de Rafael \u00c1ngel Montoya Casta\u00f1eda, pero s\u00ed del fallecido, Mario Vel\u00e1squez Cadavid. Consecuencialmente impetr\u00f3 los efectos patrimoniales en la herencia y la modificaci\u00f3n del testamento dejado por el causante. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. Adujo que el 14 de julio de 1980, naci\u00f3 la demandante, fruto de la relaci\u00f3n de Fabiola Bedoya Bedoya y Mario Vel\u00e1squez Cadavid. En el registro civil de nacimiento se hizo figurar como progenitor a Rafael \u00c1ngel Montoya Casta\u00f1eda, amigo de la familia, sin serlo. Propios y extra\u00f1os conoc\u00edan el hecho, inclusive por la \u00absimilitud de rasgos morfol\u00f3gicos\u00bb entre padre biol\u00f3gico e hija; la accionante, empero, lo desconoc\u00eda. <\/p>\n
El presunto padre falleci\u00f3 soltero el 1\u00ba de enero de 2005, y en noviembre de 2006, unos amigos le revelaron la verdad. Al enterarse, inquiri\u00f3 a su madre sobre la realidad de las afirmaciones, quien las \u00abconfirm\u00f3 en su integridad\u00bb. <\/p>\n
La sucesi\u00f3n testamentaria se tramit\u00f3 en la Notar\u00eda Diecis\u00e9is del C\u00edrculo de Medell\u00edn, no obstante, el acervo hereditario se adjudic\u00f3 en su totalidad a Roc\u00edo del Socorro Vel\u00e1squez. <\/p>\n
1.3. Las r\u00e9plicas. Elvia, Margarita Nubia y Roc\u00edo del Socorro Vel\u00e1squez Cadavid, hermanas del causante, supeditaron el \u00e9xito de la filiaci\u00f3n al resultado de la prueba de ADN, sin embargo, formularon la excepci\u00f3n de caducidad de los \u00abderechos econ\u00f3micos\u00bb, apoyadas en que la acci\u00f3n de investigaci\u00f3n de paternidad no se present\u00f3 dentro de los dos a\u00f1os siguientes al deceso de su consangu\u00edneo. Los curadores presentaron las respectivas oposiciones. <\/p>\n
1.4. El fallo de primer grado. El Juzgado de Familia accedi\u00f3 a la declaraci\u00f3n de paternidad con venero en la prueba de ADN, no obstante, neg\u00f3 los alcances patrimoniales fincado en el art. 10 de la Ley 75 de 1968, porque el deceso ocurri\u00f3 el 1\u00ba de enero de 2005 y la demanda se present\u00f3 hasta el 16 de febrero de 2007, pasados los dos a\u00f1os del precepto 10 citado. <\/p>\n
1.5. La segunda instancia. Apelaron ambas partes y el tribunal confirm\u00f3. Se hinc\u00f3 en la cosa juzgada de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, frente a la exequibilidad del art\u00edculo 10-4 de la Ley 75 de 1968. <\/p>\n
2. La sentencia de casaci\u00f3n y la tesis discriminatoria de la que disiento <\/p>\n
La hija frustrada en su derecho hereditario censur\u00f3 la sentencia del tribunal con dos cargos. Estaban llamados a prosperar, cual defend\u00ed en el proyecto derrotado, empero, la Sala toma la senda contraria mayoritariamente, dejando indemnes las sentencias de instancia y aniquilada la pretensi\u00f3n hereditaria para una verdadera hija. La ratio decidendi de la decisi\u00f3n casacional, se observa, es una reiteraci\u00f3n de las de las instancias, pero ante todo, de una doctrina constitucional de las dos cortes, la Suprema y la Constitucional, derechamente contraria al Estado Constitucional, a la supremac\u00eda y al derecho fundamental a la igualdad, que se tradujo en el caso concreto, en el desconocimiento de los derechos patrimoniales de la mujer demandante. <\/p>\n
3. Motivos para disentir: <\/p>\n
Con el debido respeto, la decisi\u00f3n debi\u00f3 casarse integralmente para reconocer los derechos econ\u00f3micos o patrimoniales de la mujer demandante de la paternidad y de la petici\u00f3n de herencia. Este fallo, como centenares de sentencias de id\u00e9ntica estirpe que, se han proferido bajo la misma ratio decidendi, vienen desconociendo abiertamente el derecho fundamental a la igualdad entre los hijos, desde la entrada en vigencia de la Ley 29 de 1982 en Colombia que nivel\u00f3 o todos los descendientes por igual, como desde la vigencia de la Ley aprobatoria de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, Ley 16 de 1972; pero, con mayor reproche, desde la vigencia de la propia Constituci\u00f3n de 1991. Al rompe, ante los ojos de un juzgador objetivo e imparcial, carente de prejuicios legales todo ese c\u00famulo de decisiones, como la sentencias de constitucionalidad que le sirven de fundamento a una doctrina antojadiza y segregacionista, son inconstitucionales e inconvencionales. Cercenan los derechos fundamentales de los hijos extramatrimoniales no reconocidos por el verdadero padre al momento del fallecimiento, pero especialmente el derecho a la igualdad, cual lo he venido sosteniendo repetidamente ante la Sala19. Invito a los jueces del pa\u00eds, a los de \u00e9ste Corte y, a los futuros magistrados que sean designados en la misma, a ajustar la doctrina jurisprudencial a la Constituci\u00f3n, a la Convenci\u00f3n Americana de Derechos y a los dem\u00e1s Tratados de Derechos Humanos, para encontrar la justicia en los fr\u00edos textos de la ley, interpret\u00e1ndola, no desde el textualismo, sino desde los principios, valores y derechos fundamentales. Es hora de dar el salto cualitativo para una \u00e9tica humanista. <\/p>\n
3.1.La tesis que vengo defendiendo es una opci\u00f3n para se\u00f1alar que la \u00fanica fuente del derecho no es la ley, tambi\u00e9n lo son, los principios generales de derecho, la Constituci\u00f3n, el bloque de constitucionalidad, el corpus iuris international de los derechos humanos. Es falso que, el derecho se encuentre en la ley exclusivamente, porque no dejaran de ser simples posiciones legalistas de \u201cla ley por la ley\u201d, donde el juez apenas es, un aut\u00f3mata en la aplicaci\u00f3n de preceptos legales, y aparece como un simple adjudicador de normas a casos concretos como si fuese un androide. <\/p>\n
La Sala identifica el contenido del Derecho con la Ley, asimila justicia con la ley, de modo que de alguna manera humilla la raz\u00f3n y la justicia ante la ley, ignorando que muchas leyes, como el inciso 4 del art. 10 de la Ley 75 de 1968 son injustas y discriminatorias, aspectos que en la dogm\u00e1tica tradicional, est\u00e1 suficientemente decantado. Por ejemplo, ya lo hab\u00edan anunciado, Agust\u00edn de Hipona, Tom\u00e1s de Aquino, las corrientes iusnaturalistas, Gustav Radbruch de quien se acot\u00f3 la significativa \u201cF\u00f3rmula Radbruch\u201d, esculpida luego, por Alexi, seg\u00fan la cual, el derecho extremadamente injusto no es derecho; tambi\u00e9n muchos te\u00f3ricos del derecho, y por supuesto, sentencias emblem\u00e1ticas de esta Corte. En este sentido, no puede pasarse por alto, por ejemplo, pol\u00e9micas que ya han sido resueltas internacionalmente como las tocantes con el Tribunal de Nuremberg20 que a\u00fan cuando fue creado por los vencedores, su sentencia por cr\u00edmenes de guerra, s\u00ed marc\u00f3 una diferencia entre Derecho y ley, entre Justicia y ley, pues razonando la causa del exterminio nazi, conden\u00f3 a los jerarcas y autoridades del Estado Alem\u00e1n, incluyendo a algunos jueces, por seguir y aplicar, las leyes aprobadas por el Estado hitleriano en aqu\u00e9lla \u00e9poca, normativas que discriminaban racialmente a la poblaci\u00f3n, a la dignidad de las personas en materia \u00e9tica m\u00e9dica, en el debido proceso y por ofender principios m\u00ednimos del derecho internacional humanitario. En s\u00edntesis, se\u00f1ores jueces, no siempre la ley contiene el derecho o la justicia; recuerden, por favor, hay leyes injustas. <\/p>\n
3.2. En el caso he venido sosteniendo la tesis de la necesidad de materializar el derecho fundamental a la igualdad, separ\u00e1ndose de la injusticia que abriga el precepto 10 de la Ley 75 de 1968 contra los hijos extramatrimoniales no reconocidos, a pesar de los fallos de constitucionalidad sobre los cuales la mayor\u00eda edifica esta decisi\u00f3n como algunas otras, respecto de las cu\u00e1les he salvado voto. Esas decisiones, a\u00fan cuando aplican el precepto cuestionado, son TOTALMENTE INCONSTITUCIONALES E INCONVENCIONALES; esto, sin importar que en el pasado, la Sala Plena de esta Corte cuando fungi\u00f3 como juez constitucional haya declarado exequible ese precepto y luego la Corte Constitucional colombiana le haya seguido ese paso para desechar las acciones de inconstitucionalidad que en su contra la ciudadan\u00eda ha formulado. <\/p>\n
Lo expuesto en esta disidencia, no corresponde a un problema de la suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino o de la tesis objetiva o subjetivista en la determinaci\u00f3n del baremo para la contabilizaci\u00f3n de la caducidad, con apoyo en la negligencia o actividad de las partes o del juez para retardar o acelerar el proceso de noticiamiento para dar por eficaz la caducidad en uno u otro tiempo, seg\u00fan el comportamiento de las partes, o por el solo transcurso del tiempo, cuesti\u00f3n que de alguna manera despierta pol\u00e9mica en la jurisprudencia o en la doctrina tradicional. Ese asunto, es preocupaci\u00f3n de un gran sector de la academia o de la judicatura, pero es meramente hermen\u00e9utico y formal, que nada aporta al debate de fondo, por cuanto, se edifica en una discusi\u00f3n insustancial, soslayando lo central: La igualdad de derechos. <\/p>\n
3.3. El problema real es de discriminaci\u00f3n e iniquidad entre quienes son hijos plenamente reconocidos al momento del fallecimiento y aqu\u00e9llos que, si\u00e9ndolo, no han sido reconocidos oportunamente por sus progenitores, y quedan sometidos a las vicisitudes de los complejos pleitos usuales en el derecho iberoamericano. El desfavor o desigualdad patente surge, si se compara el t\u00e9rmino perentorio de los dos a\u00f1os que trae el art. 10 de la Ley 75 de 1968, tantas veces reprochado por el suscrito en los debates de Sala, y como \u00faltima oportunidad en los salvamentos. En efecto, el t\u00e9rmino previsto all\u00ed de dos a\u00f1os, es diferenciador y dis\u00edmil del previsto para la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia, en diez a\u00f1os hoy, para quienes son herederos reconocidos. En consecuencia, est\u00e1n en dos posiciones desiguales dos clases de hijos del mismo padre o madre: 1. Quienes siendo hijos, son reconocidos tard\u00edamente porque su padre se abstuvo de reconocerlos o de registrarlos como suyos, debiendo acudir a un proceso declarativo para investigar y obtener su paternidad o maternidad. Su derecho hereditario \u00fanicamente puede ser demandado dentro de los dos a\u00f1os siguientes al fallecimiento de padre o madre 2. Quienes siendo hijos, fueron reconocidos por su padre o madre en tiempo, pero fueron despojados de la herencia, para quienes se se\u00f1ala el t\u00e9rmino de diez a\u00f1os para reclamarla. <\/p>\n
3.4. La prerrogativa del derecho fundamental a la igualdad se halla afectada en toda su extensi\u00f3n. <\/p>\n
El art\u00edculo 10, inciso 4\u00ba de la Ley 75 de 1968, seg\u00fan el cual la \u00absentencia que declare la paternidad (\u2026), no producir\u00e1 efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y \u00fanicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la defunci\u00f3n\u00bb, ciertamente, ha sido objeto de examen constitucional. As\u00ed se puede ver en las sentencias de la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n, adiadas el 7 de junio de 1983 y el 3 de octubre de 1991, y de la Corte Constitucional, fechadas el 12 de mayo de 1999 y el 17 de enero de 2001. <\/p>\n
3.5. Es cierto, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n, mediante Sentencias 066 de 7 de junio de 1983 y 122 de 3 de octubre de 1991, declararon ajustada a la Constituci\u00f3n Nacional de 1886 y a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, respectivamente, el art\u00edculo 10, inciso final, de la Ley 75 de 1968. Igual inferencia fue reeditada, a trav\u00e9s de la misma senda, por la actual Corte Constitucional en los fallos C-336 de 25 de mayo de 1999 y C-009 de 17 de enero de 2001. <\/p>\n
La C-336 de 1999, con ponencia del Dr. Mor\u00f3n, por ejemplo, en una nueva acci\u00f3n contra el inciso 4 del art. 7 de la Ley 45 de 1936, modificado por el art. 10 de la Ley 75 de 1968, alude a la cosa juzgada de la decisi\u00f3n C-122 de 3 octubre de 1991, procediendo a declarar exequible el precepto respectivo. <\/p>\n
La acci\u00f3n deb\u00eda prosperar, puesto que los par\u00e1metros de igualaci\u00f3n enfrentados eran diferentes; sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que no es lo mismo la relaci\u00f3n incontrovertible de padre e hijos previamente definida, con la incertidumbre de quienes no la tienen consolidada. Expuso, entonces la decisi\u00f3n C-336 de 1999: <\/p>\n
\u201cRespecto de estos cargos, la H. Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, se pronunci\u00f3 en los t\u00e9rminos siguientes: <\/p>\n
\u201ca) Conviene en primer t\u00e9rmino fijar el alcance del art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968, cuya \u00faltima parte se cuestiona desde el punto de vista de su constitucionalidad. De especial importancia la primera parte, tanto social como jur\u00eddicamente, se limita a legalizar la posibilidad de que la acci\u00f3n de investigaci\u00f3n de la paternidad natural se pueda adelantar, fallecido el presunto padre, contra los herederos y su c\u00f3nyuge, lo cual ya hab\u00eda sido reconocido de larga data por la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte. El segundo inciso, este s\u00ed totalmente nuevo consagra la posibilidad igualmente avanzada de que muerto el hijo, la acci\u00f3n mencionada pueda ser intentada por sus descendientes leg\u00edtimos y por sus ascendientes. <\/p>\n
\u00abAhora bien la parte impugnada por el libelista determina que la sentencia declarativa de la paternidad en los casos anteriores solamente producir\u00e1 efectos patrimoniales ‘cuando la demanda se notifique dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la defunci\u00f3n’. Se establece por lo tanto en ese caso, seg\u00fan la jurisprudencia dominante, una causal de caducidad de los efectos patrimoniales de la acci\u00f3n mentada de investigaci\u00f3n de la paternidad natural, y que la Corte, conteste con el funcionario que lleva la voz de la sociedad en el presente caso, considera ajustada a la Constituci\u00f3n; <\/p>\n
\u00abb) Resulta indispensable subrayar el hecho de que la caducidad solamente abarca los aspectos patrimoniales de la acci\u00f3n, lo que significa que los aspectos extrapatrimoniales atinentes al estado civil, en atenci\u00f3n entre otras cosas a su inter\u00e9s social, solamente caducan y prescriben en los casos taxativamente se\u00f1alados por la ley. <\/p>\n
\u00abSe establece por lo tanto la caducidad \u00fanicamente para aquellos aspectos de naturaleza eminentemente privada o de inter\u00e9s individual, en circunstancias tales en que, la persona tiene la opci\u00f3n durante un tiempo ciertamente largo, de ejercitar o no, la acci\u00f3n de investigaci\u00f3n de la paternidad natural. El individuo tiene por lo tanto todo el derecho a abandonar la acci\u00f3n, sin que luego pueda alegar en su favor dicho abandono….\u00bb <\/p>\n
\u201cY en otro de sus apartes, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abExaminada la disposici\u00f3n acusada a la luz de las nuevas normas de la Carta de 1991, esta Corporaci\u00f3n encuentra que ella est\u00e1 conforme a sus prescripciones, y por tanto se declarar\u00e1 su exequibilidad. <\/p>\n
En efecto, no obstante que en la Carta de 1991 aparece consagrado ahora como principio de orden constitucional el de la igualdad de derechos y deberes entre los hijos habidos en el matrimonio o fuera de \u00e9l (art. 42 inciso 4\u00ba C.N.), ya consagrada por la Ley 29 de 1982; tambi\u00e9n es cierto que la norma acusada no se dirige a establecer una soluci\u00f3n jur\u00eddica desigual entre ellos y sus derechos y deberes, sino a regular un aspecto relativo al estado civil de las personas (art. 42 inciso 10 C.N.), en especial el del caso de la incertidumbre de la paternidad extramatrimonial y el fallecimiento del presunto padre o del hijo. Dicha competencia en la Constituci\u00f3n de 1886, estaba igualmente reservada a la ley en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 50 que preceptuaba expresamente que: ‘las leyes determinar\u00e1n lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.’ <\/p>\n
Seg\u00fan la doctrina nacional, la igualdad de derechos, especialmente la sucesoral, presupone la definici\u00f3n y certeza del estado civil que sirve de base a tales derechos; en consecuencia, no habiendo certidumbre sobre el estado civil, tal como ocurre en el caso regulado por el art\u00edculo 10\u00ba de la ley 75 de 1968, tampoco puede haber igualdad sucesoral. En otros t\u00e9rminos la igualdad sucesoral se predica de los estados civiles definitivos, pero no de aquellos derechos que son meramente eventuales por estar condicionados a la certidumbre previa del estado civil. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte considera exequible la disposici\u00f3n demandada, al confrontarla con la Carta de 1991, en los t\u00e9rminos que se han analizado anteriormente.\u00bb <\/p>\n
\u201cAcerca del significado y alcance de la cosa juzgada constitucional que expresamente consagr\u00f3 el Constituyente de 1991 en el art\u00edculo 243 de la Carta, en reciente pronunciamiento, esta Corte expres\u00f3: <\/p>\n
\u00abHa sido prolija la jurisprudencia de la Corte en torno al principio de la cosa juzgada constitucional, que significa \u00abno solamente el car\u00e1cter definitivo e incontrovertible de las sentencias que aqu\u00e9lla pronuncia, de manera tal que sobre el tema tratado no puede volver a plantearse litigio alguno\u00bb. Sino tambi\u00e9n la prohibici\u00f3n a todo funcionario y organismo de reproducir las normas que la Corte haya declarado inexequibles por razones de fondo, o por el contrario, la autorizaci\u00f3n para aplicarlas cuando las encuentre consonantes con la Carta Pol\u00edtica; mientras permanezcan vigentes los mandatos constitucionales frente a los cuales se hizo el cotejo. <\/p>\n
Se intenta construir de este modo, un marco interpretativo que permita concordar el contenido de las leyes que expide el Congreso con los preceptos constitucionales existentes y, que por otro lado, oriente la conducta de la administraci\u00f3n al momento de aplicarlas garantizando los derechos que la Constituci\u00f3n reconoce a todos los miembros de la comunidad. <\/p>\n
En este orden de ideas la cosa juzgada constitucional \u00abampara las sentencias proferidas por la Corporaci\u00f3n, otorg\u00e1ndoles un car\u00e1cter definitivo que impide plantear nuevas controversias sobre lo decidido (\u2026) imposibilidad de revivir lo ya resuelto explica el rechazo de las demandas presentadas en contra de disposiciones que han sido objeto del control de constitucionalidad, \u00absituaci\u00f3n que se torna m\u00e1s evidente cuando la respectiva providencia no llama la atenci\u00f3n acerca de la existencia de elementos importantes que, por no haber sido tenidos en cuenta, abran la posibilidad de efectuar un nuevo examen (\u2026)\u201d21. <\/p>\n
3.6. Empero, con ocasi\u00f3n a un salvamento de voto que realic\u00e9 a una de las varias decisiones que siguen esa misma l\u00ednea, en concreto, contra la sentencia de tutela de primera instancia proferida por esta Sala, el 23 de octubre de 2015, dentro de la acci\u00f3n incoada contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia, y donde \u00e9sta Sala neg\u00f3 el amparo, por tratarse de un t\u00e9rmino de caducidad, que tampoco dar\u00eda lugar a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos para los menores, en los t\u00e9rminos del art. 2530 del C.C., pero que fuera impugnada ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, de esta misma Corporaci\u00f3n; en el radicado 63423, con ponencia del Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas, actuaci\u00f3n con n\u00famero STL 17325-2015, en providencia del diez de diciembre de dos mil quince, la hom\u00f3loga laboral, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de esta Sala para acceder a los derechos de los no reconocidos, siguiendo la tesis que vengo prohijando. <\/p>\n
En el caso, objeto de recurso extraordinario, entonces, debi\u00f3 reconocerse, de una vez por todas, que en eventos como el analizado, quedaron por fuera del examen constitucional realizado en las providencias de constitucionalidad que se han abstenido de declarar inexequible la disposici\u00f3n detonante de la discriminaci\u00f3n patrimonial, las nuevas reglas de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en cuanto el precepto legal citado contrar\u00eda \u201cin radice\u201d, los art\u00edculos 13 y 42, inciso 6\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al discriminar por el \u201c(\u2026) origen (\u2026) familiar (\u2026)\u201d entre hijos leg\u00edtimos y extramatrimoniales y al desconocer que los descendientes \u201c(\u2026) habidos en el matrimonio o fuera de \u00e9l (\u2026), tienen iguales derechos y deberes (\u2026)\u201d. Ello, puesto que luego del primer fallo que declar\u00f3 la disposici\u00f3n demandada, ajustada a la Carta, los subsiguientes se han dedicado a iterar la misma consideraci\u00f3n. Adem\u00e1s, con una carencia de motivaci\u00f3n interna, han procedido a defender la existencia de una cosa juzgada con expresa inconstitucionalidad sobreviniente. Las nuevas decisiones de juzgamiento abstracto, han dejado en la vera de la controversia la obligaci\u00f3n de analizar el tr\u00e1nsito constitucional del Estado Legislativo al Estado Constitucional y Social de Derecho, los derechos, valores y principios que novelmente imponen una nueva hermen\u00e9utica que respete la igualdad entre iguales y la diferencia de trato entre desiguales. <\/p>\n
Las razones para declarar exequible la norma fueron diversas. La primera de las citadas providencias justific\u00f3 la caducidad sobre la base de ser dis\u00edmiles los \u00abaspectos patrimoniales\u00bb y los \u00abextrapatrimoniales\u00bb. Y la disposici\u00f3n solo alud\u00eda a los primeros. El contraste de par\u00e1metros desiguales, entonces, como se observa, fue lo que llev\u00f3 a la Corte a descartar el enjuiciamiento de la violaci\u00f3n del derecho a la igualdad y del bloque de constitucionalidad como de los instrumentos internacionales. <\/p>\n
En las otras decisiones, pr\u00e1cticamente, se argument\u00f3 lo mismo. Echaron de menos situaciones de la misma naturaleza para sopesar la discriminaci\u00f3n. El derecho a la igualdad, se anot\u00f3, \u00abpresupone la definici\u00f3n y certeza del estado civil\u00bb. De modo que \u00abno habiendo certidumbre sobre el estado civil, tal como ocurre con el caso regulado por el art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968, tampoco puede haber igualdad sucesoral. En otros t\u00e9rminos, la igualdad sucesoral se predica de los estados civiles definitivos, pero no de aquellos derechos que son meramente eventuales por estar condicionadas a la certidumbre previa del estado civil\u00bb. <\/p>\n
La exequibilidad de la norma, cual se advierte, se fundament\u00f3 en que los par\u00e1metros de comparaci\u00f3n no eran los mismos. Seg\u00fan se dijo, la igualdad solo se predicaba de \u00abestados civiles definitivos\u00bb. En otras palabras, no pod\u00eda haber desigualdad entre \u00abincertidumbre\u00bb y \u00abcerteza\u00bb de un estado civil. As\u00ed que como las decisiones citadas, frente a filiaciones definitivas, ejecutaron un an\u00e1lisis incompleto frente a los derechos fundamentales en juego, ni tampoco lo realizaron frente a los valores, derechos y principios del Estado constitucional, esas sentencias, si se trata de cosa juzgada, apenas tienen valor relativo, no definitivo, miradas desde la estructura propia del concepto de cosa juzgada. <\/p>\n
3.7. Con todo, la disposici\u00f3n prevista en el art. 10 de la Ley 75 de 1968 y las sentencias de constitucionalidad que soportan su presunta constitucionalidad son deleznables frente a la propia Constituci\u00f3n de 1991 y frente al sistema interamericano y al hard law de los derechos de los hijos, de la familia y los derechos humanos porque defienden una discriminaci\u00f3n entre hijos o herederos por raz\u00f3n del origen familiar tesis inconsistente e insostenible hoy desde todo punto de vista. <\/p>\n
3.8. La Ley 29 de 1982, equipar\u00f3 a los \u00abhijos leg\u00edtimos, extramatrimoniales y adoptivos\u00bb en derechos y obligaciones. En dicha normatividad, como lo asent\u00f3 la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n se expidi\u00f3 , \u00abcon el fin de otorgar igualdad de derechos herenciales a los hijos sin distinci\u00f3n alguna, se hiciera imperativo eliminar toda diferencia discriminatoria as\u00ed en su status legal como en su tratamiento para la efectividad de los derechos sucesiones mortis causa, reforma legislativa que se acomoda de la mejor manera al principio constitucional de la igualdad de las personas ante la ley\u00bb22. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, vino a ratificar dicha igualdad. En el art\u00edculo 42, inciso 6\u00ba, ib\u00eddem, establece que los \u00abhijos habidos en el matrimonio o fuera de \u00e9l, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia cient\u00edfica, tienen iguales derechos y deberes\u00bb. <\/p>\n
Lo expuesto traduce que frente a la presencia de estados civiles definitivos relacionados con hijos matrimoniales y extramatrimoniales, la existencia de t\u00e9rminos de caducidad para estos \u00faltimos, \u00fanicamente; desconoce in radice las normas constitucionales y legales citadas. Pero tambi\u00e9n el art\u00edculo 13, superior, al discriminarlos por el \u00aborigen (\u2026) familiar \u00bb. <\/p>\n
3.9. El art\u00edculo 1321 del C\u00f3digo Civil permite al que \u00ab(\u2026) probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, [incoar la] acci\u00f3n para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales; y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubieren vuelto leg\u00edtimamente a sus due\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Dicha prerrogativa, en palabras de la Corte, \u00abpuede eficazmente ser ejercitada por quien ostente t\u00edtulo de heredero de igual o mejor derecho que el que ocupa dici\u00e9ndose tambi\u00e9n heredero\u00bb23. Corresponde, dijo en otra oportunidad la Sala, al \u00abheredero de igual o mejor derecho a fin de que el putativo sea condenado a restituir la posesi\u00f3n de los bienes del causante o una cuota de ellos (\u2026). Como se ve, la naturaleza de esta acci\u00f3n est\u00e1 indicando que no puede ser instaurada sino por el heredero, cuyo car\u00e1cter de tal, no es transmisible\u00bb24. Esto quiere decir que quien no ostenta dicho car\u00e1cter, no est\u00e1 legitimado para reclamar el derecho. <\/p>\n
La filiaci\u00f3n y la petici\u00f3n de herencia, sin embargo, son acciones distintas, pero complementarias y acumulables eventualmente. La primera, es personal y la segunda patrimonial. Aquella es de orden p\u00fablico y de naturaleza positiva. Por excepci\u00f3n, es mixta, en el caso de venir acompa\u00f1ada con la negativa del estado civil. Sucede, cuando se procura impugnar el estado de hijo frente a un padre concreto y se reclama de otro. <\/p>\n
En cambio, la petici\u00f3n de herencia es eminentemente real. Busca la restituci\u00f3n plena y llana de los bienes relictos. No obstante, los efectos econ\u00f3micos de la declaraci\u00f3n de paternidad o maternidad pueden acumularse. Como se anunci\u00f3, en los casos en que dependen de la declaraci\u00f3n de esta \u00faltima y el interesado carece del estado civil que legitime la s\u00faplica patrimonial. <\/p>\n
3.10. Por otra parte, el t\u00e9rmino extintivo de la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia, seg\u00fan el art\u00edculo 1326 del C\u00f3digo Civil, modificado por el precepto 12 de la Ley 791 de 2002, es de \u00abdiez (10) a\u00f1os\u00bb. Se trata de un lapso correlativo al de la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de ese mismo derecho, a voces del canon 2533, ib\u00eddem. <\/p>\n
La situaci\u00f3n, empero, es distinta para quien promueve la filiaci\u00f3n contra los herederos del presunto padre y acumula la petici\u00f3n de herencia. Bajo las condiciones se\u00f1aladas en el art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968, entre otras, como la notificaci\u00f3n oportuna de la demanda, las secuelas econ\u00f3micas se supeditan a un t\u00e9rmino preclusivo de \u00abdos a\u00f1os\u00bb contado desde la defunci\u00f3n del causante. <\/p>\n
Al rompe, en el contraste, surge patente el trato injusto, desigual, inequitativo y desproporcionado entre hijos con paternidad indiscutida y aquellos que buscan establecerla. El referente de igualdad es \u00abante la ley\u00bb (art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). Y aqu\u00ed se echa de menos la voluntad del legislador para prodigar un trato diferente. La \u00fanica circunstancia constitucional que los equiparar\u00eda es el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia. Emana de un mismo status, la simple condici\u00f3n de hijos. <\/p>\n
Sostener esa diferencia conlleva sanciones no previstas por el legislador y hace adversa la situaci\u00f3n del hijo no reconocido. De un lado se condena por una conducta omisiva atribuible exclusivamente al presunto padre. De otro, debe cargar con el labor\u00edo de demostrar la relaci\u00f3n filial. As\u00ed que no solo es v\u00edctima de la renuencia de quien debe reconocer, sino que el ordenamiento lo obliga a demandar. Al mismo tiempo, a utilizar un angustioso t\u00e9rmino de dos a\u00f1os, mientras a quien fue reconocido o se presume hijo y se desconoce la herencia cuenta con diez a\u00f1os para reclamar en forma benigna y complaciente. <\/p>\n
3.11. Se suma a lo dicho, las sentencias de paternidad, como todas las de estado civil, son declarativas, no constitutivas. La calidad de hijo se adquiere frente a todo el mundo y desde el momento de la concepci\u00f3n, claro, condicionada \u201c(\u2026) a que (\u2026) haya sobrevivido a la separaci\u00f3n [completa de su madre] siquiera un momento (\u2026)\u201d (art. 90 del C. C. colombiano); no a partir de la ejecutoria de la respectiva providencia. Para la Corte: <\/p>\n
\u00abLas razones del recurrente conducen a darle a la sentencia un car\u00e1cter constitutivo del estado civil, que peca contra elementales principios jur\u00eddicos y est\u00e1 en contradicci\u00f3n con la doctrina universal y la jurisprudencia de esta Corte. La sentencia, como el reconocimiento voluntario, no hacen sino declarar esa filiaci\u00f3n u otorgar la prueba de ella. En el tratado de Derecho Civil Franc\u00e9s de Beudant (Tomo 3Q, n\u00famero 935), se lee: \u00abEn s\u00ed misma, la filiaci\u00f3n no es sino el hecho fisiol\u00f3gico de la generaci\u00f3n; de este hecho resulta la relaci\u00f3n que une’ al hijo con sus autores\u00bb. El estado civil, pues, encuentra su origen en el hecho generador\u00bb25. <\/p>\n
Como en otra ocasi\u00f3n adoctrin\u00f3 la Sala, la \u00ab acci\u00f3n de estado civil es simplemente declarativa, con las naturales consecuencias que de all\u00ed se desprenden y que son de diverso orden (\u2026). Se limita en sustancia a declarar lo que ya exist\u00eda. No lo declarar\u00e1 en el caso contrario. \u00abO sea; que la acci\u00f3n de estado civil es fundamentalmente declarativa, aunque de all\u00ed emanen consecuencias de orden vario, -que son los efectos propios del mismo estado\u00bb26. <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n la Corte se\u00f1al\u00f3 que la sentencia de paternidad es de naturaleza declarativa positiva, pues \u00abno hace nada distinto a reconocer una determinada relaci\u00f3n de derecho como resultado o consecuencia de un hecho de padre, creador de v\u00ednculos familiares y patrimoniales (\u2026). La sentencia es, en s\u00edntesis, prueba de la filiaci\u00f3n\u00bb27. <\/p>\n
Con igual contenido esencial, esta Corporaci\u00f3n dej\u00f3 sentado que la \u00abpersona, de consiguiente, siempre posee un estado civil (\u2026) no es un atributo ex\u00f3geno o externo a ella, sino intr\u00ednseco (\u2026) El estado civil, tal como ha sido concebido legalmente, puede hallarse en una de dos situaciones posibles: declarado o latente. Ocurre lo primero cuando est\u00e1 legalmente definido, esto es, si la persona de quien se predica goza ya de la posesi\u00f3n legal del mismo; se presenta lo segundo si no obstante la ocurrencia de los hechos generadores de \u00e9l y el goce f\u00e1ctico de dicho estado, a\u00fan no ha sido declarado, cual ocurre con el hijo extramatrimonial que pese a la posesi\u00f3n notoria de que goza respecto de su padre no ha sido reconocido todav\u00eda por \u00e9ste, ni ha sido declarado judicialmente como tal\u00bb28. <\/p>\n
Este aspecto es de primordial importancia resaltarlo. La diferencia entre ambos tipos de fallos trae consigo consecuencias distintas. Como tiene explicado la Sala: <\/p>\n
\u00abLas sentencias se dividen en condenatorias, declarativas o reconoscitivas; y constitutivas o modificativas; seg\u00fan sea la naturaleza de las acciones incoadas, esto es, de acuerdo con el contenido de cada una de las s\u00faplicas de la demanda. Las sentencias de condena se encaminan a la declaraci\u00f3n judicial de un derecho y a la condena del demandado a la satisfacci\u00f3n de la prestaci\u00f3n debida, como consecuencia de la existencia del derecho que se reconoce o declara (\u2026). La sentencia declarativa o recognoscitiva, cuyo \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n es bastante reducido, se dirige \u00fanicamente al reconocimiento judicial de la existencia o inexistencia de una relaci\u00f3n jur\u00eddica, o a la constataci\u00f3n de un hecho jur\u00eddicamente importante. Esta sentencia, pues, s\u00f3lo constata, reconoce o declara lo que es derecho, pero no dispone que las cosas se coloquen en el mundo exterior, como sea derecho (\u2026). En cambio, las sentencias constitutivas o modificativas, no solamente declaran lo que es, sino que constituyen algo nuevo, porque introducen una estructura nueva en la situaci\u00f3n jur\u00eddica presente\u00bb29. <\/p>\n
No cabe duda, entonces, que tanto los hijos matrimoniales como extramatrimoniales se reputan tales desde que se conciben y nacen. Por esto, resulta contrario a la realidad, respecto de un mismo padre, atribuir a alguien la condici\u00f3n de hijo en cierto tiempo y excluirla en otro per\u00edodo. <\/p>\n
3.12. Lo discurrido pone de presente que el art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968, no era el llamado a gobernar el caso. Esto, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en las providencias que lo encontraron ajustados al ordenamiento superior, antes y despu\u00e9s de promulgada la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991. Como se anot\u00f3, la igualdad all\u00ed predicada lo era frente a estados civiles ciertos. As\u00ed que superada la incertidumbre, todos los hijos, matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos, tienen iguales derechos y obligaciones. <\/p>\n
La sentencia objeto de la casaci\u00f3n, en efecto, dej\u00f3 definida con \u00abcerteza\u00bb la filiaci\u00f3n biol\u00f3gica de Yohana Montoya Bedoya, respecto de Mario Vel\u00e1squez Cadavid. Esto es incontrastable. Entre otras cosas, porque en el punto, nada fue objeto de reproche por el extremo demandado. El juicio de igualdad, por tanto, no pod\u00eda tener como fundamento par\u00e1metros excluyentes, \u00abcerteza\u00bb e \u00abincertidumbre\u00bb. El an\u00e1lisis, entonces, debi\u00f3 partir del estado civil declarado en los fallos de instancia. <\/p>\n
Siendo claro que no hay lugar a discriminar a hijos matrimoniales y extramatrimoniales, la discusi\u00f3n, referida tambi\u00e9n en la sentencias de grado, tampoco ven\u00eda al caso. En el proceso qued\u00f3 fijado que Mario Vel\u00e1squez Cadavid falleci\u00f3 soltero y su sucesi\u00f3n testamentaria. De manera que existiendo solo la \u00faltima clase de descendientes, el otro eventual par\u00e1metro de confrontaci\u00f3n era inexistente. <\/p>\n
En cualquier circunstancia, los hijos extramatrimoniales no pueden ser discriminados frente a los nacidos o legitimados en el matrimonio o en la uni\u00f3n marital declarada, y menos con esa odiosa e inicua diferencia de 2 a\u00f1os para los no reconocidos y 10 a\u00f1os para los ya reconocidos o legitimados. Todos deben estar en mismo plano de igualdad. Si unos y otros son o resultan ser descendientes consangu\u00edneos directos del mismo causante y con legitimaci\u00f3n hereditaria, salta a la vista que entre pares no puede haber t\u00e9rminos distintos para hacer valer sus derechos. La caducidad, por tanto, no pod\u00eda aplicarse a unos y excluirse para otros. As\u00ed que deben juzgarse bajo un mismo rasero. Y la \u00fanica situaci\u00f3n extintiva que por igual los abriga es la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
3.13. En \u00faltimas, el art\u00edculo 10, in fine, de la Ley 75 de 1968, as\u00ed fuera v\u00e1lido seg\u00fan la posici\u00f3n mayoritaria, en los t\u00e9rminos juzgados constitucionalmente, ninguna eficacia tendr\u00eda. Esto, por cuanto siempre que se declare una paternidad, la incertidumbre cejar\u00eda. Y desde ah\u00ed, la normativa constitucional y legal citada trata en un mismo plano de igualdad a hijos matrimoniales y extramatrimoniales. <\/p>\n
La predicada ineficacia, se aviene a los principios fundantes del Estado Constitucional y Social de Derecho. Constituyen, como se ha explicado, \u00abuna pauta de interpretaci\u00f3n ineludible por la simple raz\u00f3n de que son parte de la Constituci\u00f3n misma y est\u00e1n dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el art\u00edculo cuarto del texto fundamental (\u2026). En s\u00edntesis, un principio constitucional jam\u00e1s puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente se\u00f1alado en la Constituci\u00f3n, pero puede, en ciertos casos, necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la decisi\u00f3n judicial\u00bb30. <\/p>\n
Es bien sabido que los jueces deciden la historia reconstruida a trav\u00e9s de la prueba. Al mismo tiempo, a diferencia del historiador, ejercen una funci\u00f3n interpretativa, pedag\u00f3gica y restaurativa del Estado Social de Derecho. Proyectan la norma jur\u00eddica y el valor supremo de la justicia para la soluci\u00f3n de casos futuros. No debe olvidarse, seg\u00fan tambi\u00e9n se tiene dicho: <\/p>\n
\u00abEl h\u00e1bito del jurista se orienta ex post facto, es decir hacia hechos que se han producido en el pasado y que el juez debe decidir en t\u00e9rminos jur\u00eddicos. Sin embargo, desde el punto de vista institucional los poderes judiciales deben poner la mirada en la orientaci\u00f3n previsible de la sociedad a la que se presta el servicio de justicia e ir definiendo sus cambios y necesidades como para ir provey\u00e9ndoles (\u2026) ese servicio. Por supuesto que a tales fines resulta necesario que dichos poderes cuenten con los profesionales necesarios capaces de ir delineando futuros cambios y exigencias, pero tambi\u00e9n se requiere que aquellos generen puentes con la sociedad como para ser receptivos a las cambiantes necesidades. Un elemental requerimiento para poder cumplir con \u00e9ste desaf\u00edo es contar con una exhaustiva y completa lectura de la realidad existente\u00bb31. <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n esta Corte, al adoctrinar: \u00abhabiendo de considerarse el ordenamiento como un sistema completo y arm\u00f3nico, y de entenderse como un medio para absolver las dificultades y necesidades m\u00faltiples y cambiantes de la praxis, la jurisprudencia actualiza permanentemente el derecho y logra su desarrollo y evoluci\u00f3n, para lo cual no ha menester de espec\u00edfico cambio legislativo, bast\u00e1ndole un entendimiento racional y d\u00factil de las leyes, dentro de un proceso continuo de adaptaci\u00f3n de ellas a concepciones, ambiente, organizaci\u00f3n social, necesidades nuevas, distintas de las que las originaron, posiblemente contrarias a ellas, en armon\u00eda con la equidad y los requerimientos vitales. <\/p>\n
\u00abLa ley es una creaci\u00f3n del esp\u00edritu objetivo, que aun cuando producto de determinado cuerpo pol\u00edtico constitucionalmente calificado a ese objeto, se independiza de \u00e9l desde su expedici\u00f3n, al punto de que el influjo de los prop\u00f3sitos que animaron a sus redactores va decreciendo a medida que la norma se proyecta sobre coyunturas cada vez distintas y m\u00e1s lejanas de las de su origen, y de que el int\u00e9rprete es llamado a proceder con la mente puesta en el legislador, para imaginar c\u00f3mo habr\u00eda este regulado la situaci\u00f3n nueva si le hubiese sino factible entonces tenerla presente. En rigor, la jurisprudencia tiene una misi\u00f3n que rebasa los marcos de la gram\u00e1tica y de la indagaci\u00f3n hist\u00f3rica: el de lograr que el derecho viva, se remoce y se ponga a tono con la mentalidad y las urgencias del presente, por encima de la inmovilidad de los textos, que no han de tomarse para obstaculizar el progreso, sino ponerse a su servicio, permitiendo as\u00ed una evoluci\u00f3n jur\u00eddica sosegada y firme, a todas luces provechosas\u00bb32. <\/p>\n
La funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica por medio de la casaci\u00f3n y de las acciones supralegales es viva y din\u00e1mica. Ejerce una aut\u00e9ntica guardian\u00eda de la ley y de los derechos ante la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando las disposiciones legales se adaptan a las cambiantes necesidades hist\u00f3ricas y a la propia Carta. No se trata de quebrar la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima, principios democr\u00e1ticos de los que es centenariamente adalid esta Corporaci\u00f3n. Debe reconocerse y no olvidarse que esta Corte ha vivificado el pensamiento jur\u00eddico nacional y ha procurado la protecci\u00f3n de los derechos, anticip\u00e1ndose las m\u00e1s de las veces en la soluci\u00f3n de casos injustos y contrarios al sistema jur\u00eddico. <\/p>\n
3.14. La situaci\u00f3n agitada en casaci\u00f3n, entonces, impon\u00eda ineludiblemente una soluci\u00f3n distinta. Con mayor raz\u00f3n, cuando la igualdad en comento se encuentra incorporada en la legislaci\u00f3n mediante el bloque de constitucionalidad. <\/p>\n
El art\u00edculo 2\u00ba, inciso 1\u00ba del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos33, establece que \u00abCada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y est\u00e9n sujetos a su jurisdicci\u00f3n los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinci\u00f3n alguna de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o de otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u00bb. A su vez, el art\u00edculo 3\u00ba determina que \u00abLos Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y pol\u00edticos enunciados en el presente Pacto\u00bb. <\/p>\n
La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos34, por su parte, en el art\u00edculo 17, inciso 5\u00ba, se\u00f1ala que \u00abLa ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo\u00bb. En concordancia, art\u00edculo 24 ratifica que \u00abTodas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminaci\u00f3n, a igual protecci\u00f3n de la ley\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el derecho a la igualdad, consagrado en el canon 13, ib\u00eddem, entre otras garant\u00edas fundamentales, debe interpretarse conforme a los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso. Se trata de un conjunto jur\u00eddico que los jueces colombianos se encuentran obligados a garantizar. Desde esta otra perspectiva se corrobora as\u00ed tambi\u00e9n la eliminaci\u00f3n de cualquier discriminaci\u00f3n entre hijos matrimoniales o extramatrimoniales. <\/p>\n
3.15. Si lo anterior fuera poco, el derecho comparado igualmente proscribe la desigualdad. <\/p>\n
Para no ir m\u00e1s lejos, Argentina35, Per\u00fa36, M\u00e9xico37 y Costa Rica38. En sus normatividades, todos los herederos, sin considerar la fuente de la filiaci\u00f3n, gozan de los mismos derechos. No existen, por lo mismo, t\u00e9rminos de caducidad y a todos los gobierna, con algunos matices, las reglas generales de la prescripci\u00f3n. En Argentina39 y Per\u00fa40, por ejemplo, la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia es imprescriptible. En este caso, el C\u00f3digo Civil y Comercial de Argentina, sancionado el 1 de octubre de 2014, en su art\u00edculo 2311 dispone: \u201cImprescriptibilidad. La petici\u00f3n de herencia es imprescriptible, sin perjuicio de la prescripci\u00f3n adquisitiva que pueda operar con relaci\u00f3n a cosas singulares\u201d41. En M\u00e9xico42, el t\u00e9rmino extintivo es de cinco a\u00f1os. Y en Costa Rica43, de diez a\u00f1os. <\/p>\n
La caducidad exist\u00eda en el antiguo C\u00f3digo de las Familias y del Proceso Familiar de Bolivia. Seg\u00fan el art\u00edculo 206, el \u00abhijo p\u00f3stumo o el que por ignorancia, enga\u00f1o o por causa de fuerza mayor, no hubiese reclamado oportunamente su filiaci\u00f3n, podr\u00e1 dirigir su acci\u00f3n contra los herederos del pretendido padre, siempre que no hayan transcurrido dos a\u00f1os desde la muerte de este \u00faltimo\u00bb. En el caso de los hijos matrimoniales, al tenor del art\u00edculo 191, las posibilidades de accionar perduraban por \u201ctoda la vida del hijo\u00bb. Frente a la abierta desigualdad, el Tribunal Constitucional Boliviano declar\u00f3 inexequible el art\u00edculo 206. En su sentir: <\/p>\n
\u00abEl art. 195 de la CPE, referente a la igualdad de los hijos sin importar su origen y a la filiaci\u00f3n, expresa: \u201cI. Todos los hijos, sin distinci\u00f3n de origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. II. La filiaci\u00f3n se establecer\u00e1 por todos los medios que sean conducentes a demostrarla, de acuerdo al r\u00e9gimen que determine la Ley\u201d. <\/p>\n
\u00abLa mencionada igualdad de los hijos reconocida constitucionalmente, as\u00ed como por el art. 17 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos en su punto 5, cuando determina que \u201cLa ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo\u201d , ha sido recogida tambi\u00e9n como un principio en el art. 173 del CF, frena toda discriminaci\u00f3n basada en el origen familiar de los hijos, a quienes se les reconoce iguales derechos y obligaciones respecto a sus padres, sin que tenga ninguna relevancia en nuestro sistema jur\u00eddico, el haber nacido dentro del matrimonio o fuera de \u00e9l, o ser hijo adoptivo. Todos son hijos que merecen el mismo respeto y as\u00ed deben ser tratados por padres, parientes, sociedad y Estado; criterio que es recogido por el art. 176 del CF, por cuanto suprime la antigua clasificaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n en leg\u00edtima, natural e ileg\u00edtima y proh\u00edbe su uso a los funcionarios y empleados p\u00fablicos, as\u00ed como a las personas particulares, en los actos oficiales y privados que les conciernan. <\/p>\n
Por consiguiente, cualquier norma que establezca una discriminaci\u00f3n basada en el origen familiar, y reconozca diferencias en cuanto a los derechos y obligaciones de los hijos habidos dentro de matrimonio, extramatrimoniales o adoptivos, es contraria al art. 195.I de la CPE antes glosado\u00bb44. <\/p>\n
Por esto, el Nuevo C\u00f3digo de las Familias y del Proceso Familiar (Ley 603 de 2014), elimin\u00f3 la desigualdad. En el art\u00edculo 16 introdujo como principios, entre otros, la \u00abprotecci\u00f3n integral sin discriminaci\u00f3n de familias\u00bb y el \u00abtrato jur\u00eddico igualitario entre sus integrantes\u00bb. La legislaci\u00f3n tambi\u00e9n prev\u00e9 la alternativa de ejercitar la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia, sujeta a las reglas generales de la prescripci\u00f3n extintiva de diez a\u00f1os, sin perjuicio de la adquisitiva de dominio de bienes singulares45. <\/p>\n
3.16. Lo discurrido deja bien claro que, a partir de los estados civiles definitivos de hijos, respecto de unos, no puede haber t\u00e9rminos discriminatorios para el ejercicio de sus derechos. Son para todos o para ninguno. Esta posici\u00f3n se adapta al contexto actual que promulga y propenden por la abolici\u00f3n de cualquier tipo de discriminaci\u00f3n entre descendientes matrimoniales o extramatrimoniales. <\/p>\n
Los ejemplos citados sirven de fundamento en el caso sub ex\u00e1mine, sobre todo, para reafirmar que el art\u00edculo 10, in fine, de la Ley 75 de 1968, es inaplicable. Los efectos econ\u00f3micos derivados de la sentencia de paternidad no pueden ser sacralizados y deben prevalecer ante el desconocimiento de derechos fundamentales como la igualdad, la familia, el debido proceso, entre otros. <\/p>\n
En lugar de la caducidad, por s\u00ed, excluyente, respeto de la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia, o de los efectos patrimoniales derivados de una paternidad declarada judicialmente, lo que existen, para todo el mundo, son t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n, esta vez s\u00ed incluyentes, con las vicisitudes que el mismo ordenamiento impone. <\/p>\n
3.17. En el caso, constatado que la caducidad declarada, respecto de los efectos econ\u00f3micos de la paternidad biol\u00f3gica reconocida, desconoce los derechos fundamentales de la demandante, se exig\u00eda casar de oficio en ese preciso aspecto la sentencia del Tribunal y proferir la de reemplazo. <\/p>\n
4. Se impon\u00eda quebrar el fallo recurrido y dictar la sentencia sustitutiva porque no se pod\u00eda diferenciar entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Los primeros, tienen \u00abdiez a\u00f1os para instaurar la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia\u00bb. Los segundos, \u00absolo dos para notificar la demanda y solicitar el reconocimiento de efectos patrimoniales\u00bb. <\/p>\n
En sede de instancia, por lo tanto, significaba que el recurso de apelaci\u00f3n resultaba exitoso. T\u00e9ngase en cuenta que el t\u00e9rmino extintivo de la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia es de diez a\u00f1os (art\u00edculo 1326 del C\u00f3digo Civil), en tanto, la demanda del caso fue presentada apenas pasados dos a\u00f1os de la muerte de Mario Vel\u00e1squez Cadavid. <\/p>\n
Se reitera, por una parte, en presencia de estatus iguales, como es la condici\u00f3n de hijos de un mismo causante, no puede haber diferencia de trato. Esto, porque convencional, constitucional y legalmente, inclusive desde la perspectiva del derecho comparado, todos gozan de \u00abiguales derechos y deberes\u00bb. Para nada importa que sean \u00abhabidos en el matrimonio o fuera de \u00e9l, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia cient\u00edfica\u00bb (art\u00edculo 42, inciso 6\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n
Por otra, se recaba la ineficacia del art\u00edculo 10, in fine de la Ley 75 de 1968. En particular, por cuanto respecto de estados civiles definitivos, como en el caso, que no inciertos, es cuando prevalece el derecho a la igualdad. As\u00ed lo consider\u00f3 la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n y la propia Corte Constitucional, al declararlo exequible. <\/p>\n
4.1. Lo discurrido compel\u00eda revocar la negativa a conceder efectos patrimoniales a la declaraci\u00f3n de paternidad. Y en relaci\u00f3n con el testamento existente, como el testador no dej\u00f3 exprofeso a la demandante lo que por \u00abley le corresponde\u00bb. Se trataba de una legitimaria sobreviniente. Y en la misma condici\u00f3n se comprend\u00eda que fue pasada en silencio, seg\u00fan los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 1274 y 1276 del C\u00f3digo Civil. En tal caso, como lo tiene dicho la Corte, la \u00abesterilidad de la acci\u00f3n de reforma del testamento se hace manifiesta, porque entonces, por mandato expreso de la segunda de las normas citadas, habr\u00e1 de entenderse que el preterido ha sido instituido heredero \u201cipso jure\u201d en su leg\u00edtima, bien sea en la rigorosa o en la efectiva cuando a esta \u00faltima hubiere lugar\u00bb46. <\/p>\n
4.2. Establecido que la sucesi\u00f3n procesal se llev\u00f3 a cabo notarialmente, resultaba necesario rehacer la liquidaci\u00f3n de la herencia para incluir a la demandante como heredera del extinto Mario Vel\u00e1squez Cadavid. Esto tra\u00eda como consecuencia cancelar la escritura p\u00fablica 1251 de 12 de septiembre de 2005, elevada en la Notar\u00eda Diecis\u00e9is del C\u00edrculo de Medell\u00edn, incluyendo lo referente a sus respectivos registros. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 4 al 9 del c.1. <\/p>\n
2\u0002 Folios 60 a 69 ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 156 a 158 ib. Reforma aceptada por el juzgado de conocimiento, y que consisti\u00f3 en excluir a dos personas como herederos demandados, y en modificar tres de los hechos de la demanda, relativos al momento en el que la demandante supo de que su padre era Mario Vel\u00e1squez Cadavid, pues al comienzo dijo que conoci\u00f3 de ello \u201cdesde que entr\u00f3 en posesi\u00f3n del uso de la raz\u00f3n\u201d, y despu\u00e9s con la reforma, apunt\u00f3 que \u201csolamente hasta noviembre del a\u00f1o 2006, o sea, 23 meses despu\u00e9s de la muerte de su padre real\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Folios 105 a 110, y 138 a 141 ib. <\/p>\n
5\u0002 Folios 142 a 144 ib. <\/p>\n
6\u0002 Folios 149 y 150 ib. <\/p>\n
7\u0002 Folios 363 a 374 ib. <\/p>\n
8\u0002 Folios 379 a 395 ib. <\/p>\n
9\u0002 Folios 376 a 378 ib. <\/p>\n
10\u0002 Folios 15 a 26 del c. 8. <\/p>\n
11\u0002 3 de agosto de 2015, seg\u00fan folio 31 del c. del Tribunal. <\/p>\n
12\u0002 Por ejemplo, en SC de 21 de enero de 2009, Rad. 1992-00115-01. <\/p>\n
13\u0002 CSJ SC de 14 de mayo de 2001, Exp. 6144. <\/p>\n
14\u0002 CSJ SC 3725-2020, del 5 de octubre de 2020. <\/p>\n
15\u0002 CSJ SC 5755-2014 <\/p>\n
16\u0002 CSJ SC de 30 de enero de 1962, GJ XCVIII, p\u00e1g. 23. <\/p>\n
17\u0002 Corte Constitucional, C-901 de 2003. <\/p>\n
18\u0002 Folio 77 del c. 1. <\/p>\n
19\u0002 Salvamentos de voto frente al fallo STC3973-2018, exp. 2018-00371, de 21 de marzo; declarativo 54001-31-10-002-2005-00058-01 de Nubia Mart\u00ednez como hija de Hugo Armando Lindarte Rodr\u00edguez. Entre otros. <\/p>\n
20\u0002 Tribunal creado para juzgar a los principales criminales de guerra del Eje europeo. Reino Unido de Gran Breta\u00f1a, Irlanda del Norte, Estados Unidos de Am\u00e9rica, Francia y Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica lo crearon por un acuerdo firmado en Londres en 1945, a cual se unieron posteriormente otros Estados. La Asamblea General de las Naciones Unidas, confirm\u00f3 los principios decantados por el Tribunal. <\/p>\n
21\u0002 COLOMBIA, C.CONST. Sent. C-399 de 12 de mayo de 1999, Mg. Pon. Fabio Mor\u00f3n. <\/p>\n
23\u0002 CSJ. Civil. G. J., t. CLV, p\u00e1g. 346. <\/p>\n
24\u0002 CSJ SC del 17 de septiembre de 1958. En sentido similar: CSJ SSC del 31 de agosto de 1955; del 9 de agosto de 1965. <\/p>\n
25\u0002CSJ. Civil, Sentencia de 15 de abril de 1953 (LXXIV N\u00b0 2127, p\u00e1g. 641-665). <\/p>\n
26\u0002CSJ. Civil, Sentencia de 30 de junio de 1955 (LXXX N\u00b0.2154, p\u00e1g. 478-484). <\/p>\n
27\u0002CSJ. Civil, Sentencia 21 de noviembre de 1986 (CLXXXIV N\u00b02423, p\u00e1g. 348-357). En el mismo sentido los fallos de 26 de enero de 1996; 7 de febrero de 2000; 9 de diciembre de 2011, entre otros. <\/p>\n
28\u0002CSJ. Civil, Sentencia del 7 de febrero de 2000, expediente N\u00ba 7778. Reiterado en sentencia del 25 de mayo de 1999, expediente N\u00b0 5185. <\/p>\n
29\u0002 CSJ. Civil. Sentencias de 2 de abril de 1936 (G.J. 1911\/12), de 29 de febrero de 2012 (expediente 00103) y de 8 de mayo de 2014 (radicaci\u00f3n 01276), entre otras. <\/p>\n
30\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 5 de junio de 1992. <\/p>\n
31\u0002 VIGO, Rodolfo Luis. Los Desaf\u00edos de la Justicia en el siglo XXI, en La Protecci\u00f3n de los Derechos Fundamentales y la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria, p\u00e1gina 64. <\/p>\n
32\u0002 CSJ SC del 17 de mayo de 1988 G. J., t. CXXIV, p\u00e1ginas 151 -162. <\/p>\n
33\u0002 Aprobado mediante la Ley 74 de 1968. <\/p>\n
34\u0002 Ratificada mediante la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
35\u0002 ARGENTINA. Congreso de la Naci\u00f3n de Argentina. Ley 26.994 (7 de octubre de 2014). C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n. Art\u00edculos 557, 558, Disponible en: http:\/\/www.saij.gob.ar\/docs-f\/codigo\/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf <\/A><\/p>\n 36\u0002 PER\u00da. Congreso de la Rep\u00fablica del Per\u00fa. Decreto Legislativo N\u00b0295 (14 de noviembre de 1984). C\u00f3digo Civil. Art\u00edculo 818. Disponible en: https:\/\/www.oas.org\/juridico\/PDFs\/mesicic4_per_cod_civil.pdf <\/A><\/p>\n 37\u0002 M\u00c9XICO. Congreso de la Uni\u00f3n. Decreto 70 (29 de abril de 2002). C\u00f3digo Civil del Estado de M\u00e9xico. Art\u00edculo 3.19 Disponible en: http:\/\/legislacion.edomex.gob.mx\/sites\/legislacion.edomex.gob.mx\/files\/files\/pdf\/cod\/vig\/codvig001.pdf <\/A><\/p>\n 38\u0002 COSTA RICA. Asamblea Legislativa. Ley 5476 (14 de octubre de 2011). C\u00f3digo de Familia. Art\u00edculo. Disponible en: https:\/\/www.oas.org\/dil\/esp\/codigo_de_Familia_costa_rica.pdf <\/A><\/p>\n 39\u0002ARGENTINA. Congreso de la Naci\u00f3n de Argentina. Ley 26.994 (7 de octubre de 2014). C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n. Art\u00edculos del 2310 al 2315. Disponible en: http:\/\/www.saij.gob.ar\/docs-f\/codigo\/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf <\/A><\/p>\n 40\u0002PER\u00da. Congreso de la Rep\u00fablica del Per\u00fa. Decreto Legislativo N\u00b0295 (14 de noviembre de 1984). C\u00f3digo Civil. Art\u00edculos 664 al 666. Disponible en: https:\/\/www.oas.org\/juridico\/PDFs\/mesicic4_per_cod_civil.pdf <\/A><\/p>\n 41\u0002 ARGENTINA. C\u00f3digo Civil y Comercial de La Naci\u00f3n. Ley 26.994. Buenos Aires: F\u00e9lix Lajouane, 2015, p. 437. <\/p>\n 42\u0002 M\u00c9XICO. Congreso de la Uni\u00f3n. Decreto 70 (29 de abril de 2002). C\u00f3digo Civil del Estado de M\u00e9xico. Art\u00edculo 6.183 Disponible en: http:\/\/legislacion.edomex.gob.mx\/sites\/legislacion.edomex.gob.mx\/files\/files\/pdf\/cod\/vig\/codvig001.pdf <\/A><\/p>\n