SC3172-2021 (2015-00149-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3172-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-012-2015-00149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala de decisi\u00f3n virtual del d\u00eda veintinueve de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes, se\u00f1ores HERNEY HERN\u00c1NDEZ MAR\u00cdN, LILIAM DEL SOCORRO ARANGO ARBOLEDA, DANIEL ESTEBAN HERN\u00c1NDEZ ARANGO y JULIANA HERN\u00c1NDEZ ARANGO, frente a la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, en el proceso verbal seguido por ellos contra los se\u00f1ores JULIO C\u00c9SAR CORT\u00c9S OSPINA y \u00c1LVARO IGNACIO VILLA VILLA, as\u00ed como de las sociedades SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y LA PREVISORA S. A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso, obrante en los folios 1 a 16 del cuaderno No. 1, se solicit\u00f3, en s\u00edntesis: <\/p>\n
1.1. Declarar la responsabilidad civil de los accionados de la totalidad de los da\u00f1os irrogados a los actores, como consecuencia del fallecimiento de su hijo y hermano, Edward Alexander Hern\u00e1ndez Arango (q.e.p.d.), ocurrida en el accidente de tr\u00e1nsito de que dan cuenta los hechos del mismo libelo. <\/p>\n
1.2. Condenar a aqu\u00e9llos a pagar a los \u00faltimos, con aclaraci\u00f3n de que los demandados Cort\u00e9s Ospina y Villa Villa lo deber\u00e1n ser en \u201clo que exceda el l\u00edmite del valor asegurado y no sea cubierto por las respectivas aseguradoras\u201d y estas \u00faltimas, \u201chasta el l\u00edmite del valor asegurado en las p\u00f3lizas de responsabilidad civil extracontractual que ampara[ba]n los propietarios de los veh\u00edculos de placa[s] FCR638 y TTG376\u201d, las siguientes sumas de dinero: <\/p>\n
1.2.1. Por concepto de da\u00f1o emergente: Para todos los gestores, $164.250.oo, correspondiente a los gastos en que incurrieron para la obtenci\u00f3n de los historiales de los veh\u00edculos atr\u00e1s mencionados, de la matr\u00edcula inmobiliaria sobre la que vers\u00f3 la cautela solicitada, del registro civil de nacimiento del occiso y de los certificados de existencia de las personas jur\u00eddicas convocadas; y para Herney Hern\u00e1ndez <\/p>\n
Mar\u00edn, $2.350.000.oo, \u201co el valor que corresponda a la reparaci\u00f3n de la motocicleta de placas PRX73C, de su propiedad, con la debida indexaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
1.2.2. Por concepto de lucro cesante: Para Liliam del Socorro Arango Arboleda, $591.225.325.oo \u201co el valor que para la fecha de la condena resulte despu\u00e9s de aplicar las f\u00f3rmulas incorporadas en el ac\u00e1pite de JURAMENTO ESTIMATORIO seg\u00fan las variables\u201d indicadas, \u201ccomo tiempo e ingresos percibidos por el fallecido, en el monto que se prueben\u201d. <\/p>\n
1.2.4. Por concepto de da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, para cada uno de los accionantes, el equivalente a 100 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
1.3. Imponer a los demandados las costas del proceso. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de esas s\u00faplicas, se adujeron los hechos que pasan a compendiarse: <\/p>\n
2.1. El 26 de septiembre de 2013 a las 9:20 a.m. aproximadamente, tuvo lugar en inmediaciones del cruce de la calle 50 con carrera 66 de Medell\u00edn, un accidente de tr\u00e1nsito, en el que resultaron involucrados los siguientes veh\u00edculos: <\/p>\n
2.1.1. El campero con placa FCR-638, conducido por su propietario, el demandado Julio C\u00e9sar Cort\u00e9s Ospina, amparado por la p\u00f3liza de responsabilidad civil extracontractual No. 40000971219, expedida por Seguros Generales Suramericana S.A. <\/p>\n
2.1.2. El tracto cami\u00f3n con placa TTG-376, conducido por su propietario, el demandado \u00c1lvaro Villa Villa, amparado por la p\u00f3liza de responsabilidad civil extracontractual No. 00003012490, expedida por La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda Aseguradora. <\/p>\n
2.1.3. La motocicleta con placa PRX-73C, conducida por el se\u00f1or Edward Alexander Hern\u00e1ndez Arango (q.e.p.d.), propiedad de su progenitor, el demandante, Herney Hern\u00e1ndez Mar\u00edn. <\/p>\n
2.2. Fruto del accidente, el joven Edward Alexander Hern\u00e1ndez Arango (q.e.p.d.) perdi\u00f3 la vida. <\/p>\n
2.3. Por virtud de la ocurrencia de ese hecho, se elabor\u00f3 el informe policial de accidente de tr\u00e1nsito No. A1371183, del que se desprende: <\/p>\n
2.3.1. Que el campero qued\u00f3 en la parte derecha del carril izquierdo. <\/p>\n
2.3.2. Que, metros atr\u00e1s, tambi\u00e9n en la parte derecha del mismo carril, aparece una huella de arrastre correspondiente a la motocicleta, indicativa de que \u00e9sta circulaba por el mismo carril. <\/p>\n
2.3.3. Que el primero de esos veh\u00edculos sufri\u00f3 \u201cda\u00f1os en [el] guardapolvo trasero derecho\u201d, circunstancia ratificada en audiencia por la agente de tr\u00e1nsito encargada del informe. <\/p>\n
2.4. En la experticia practicada al campero, \u201cse dej\u00f3 constancia de los rastros biol\u00f3gicos encontrados en la llanta y rin derechos traseros\u201d. <\/p>\n
2.5. Del tr\u00e1mite contravencional seguido con ocasi\u00f3n del comentado accidente, se destac\u00f3: <\/p>\n
2.5.1. La versi\u00f3n suministrada por el se\u00f1or Julio C\u00e9sar Cort\u00e9s Ospina, seg\u00fan la cual, \u00e9l se desplazaba por el carril izquierdo de la calle 50 a una velocidad entre 30 y 40 kil\u00f3metros por hora; como m\u00e1s adelante deb\u00eda girar a la derecha, coloc\u00f3 la luz direccional de ese costado y revis\u00f3 el espejo retrovisor de ese mismo lado; despu\u00e9s detuvo el automotor quedando, como se dijo, en la parte derecha del carril izquierdo; y que \u201cno vio ni sinti\u00f3 nada\u201d. <\/p>\n
De los detalles de la primera parte de ese relato, se desprende que circulaba con exceso de velocidad; y \u201cla realizaci\u00f3n de un desplazamiento de la parte central a la parte derecha del carril izquierdo, cerrando con ello a la moto que, como lo indica la huella de arrastre, transitaba por ese carril\u201d. <\/p>\n
De la \u00faltima observaci\u00f3n del nombrado conductor, se infiere que \u201cse movilizaba bajo el influjo de sustancias alucin\u00f3genas que alteran la percepci\u00f3n de los eventos en el espacio y tiempo y pudieron posibilitar que [\u00e9]l (\u2026) no haya observado al motociclista pese a que mir\u00f3 por el retrovisor y hacia su derecha al maniobrar su veh\u00edculo (\u2026), e incluso que no haya sentido el golpe, cuando su automotor ocasion\u00f3 tan serias lesiones en el fallecido\u201d. <\/p>\n
2.5.2. El allegamiento del informe toxicol\u00f3gico positivo para marihuana, respecto del se\u00f1or Julio C\u00e9sar Cort\u00e9s Opina que, pese a que no fue confirmado con el respectivo examen m\u00e9dico, no fue negado por \u00e9ste, quien admiti\u00f3 ser consumidor ocasional de ese tipo de sustancias. <\/p>\n
2.5.3. La Resoluci\u00f3n 2014051530 del 9 de julio de 2014, en la que, no obstante advertir las graves circunstancias en las que se produjo el referido accidente, \u201cse abstuvo de imputar responsabilidad contravencional\u201d, por no haberla hallado comprobada. <\/p>\n
2.6. El tracto camino placa TTG-376 tambi\u00e9n se desplazaba con exceso de velocidad, puesto que \u201cdej\u00f3 una huella de frenado de 7.40 metros de longitud que, seg\u00fan la tabla de velocidad utilizada de forma reiterada y uniforme por la Secretar\u00eda de Transporte y Tr\u00e1nsito de Medell\u00edn y que se anexa con la presente demanda, corresponde a una velocidad de 37.62 kil\u00f3metros por hora\u201d. <\/p>\n
2.7. As\u00ed las cosas, \u201cambos veh\u00edculos, el campero de placas FCR638 y el tracto cami\u00f3n de placas TTG376 contribuyeron al resultado consistente en la muerte del motociclista EDWARD ALEXANDER HERN\u00c1NDEZ ARANGO, debiendo advertirse que en la llanta trasera(\u2026) izquierda del troque del tracto cami\u00f3n qued\u00f3 el morral del fallecido\u201d. <\/p>\n
2.8. El occiso era un joven alegre, emprendedor, deportista, quien desde sus 15 a\u00f1os trabaj\u00f3, desempe\u00f1ando un sinn\u00famero de actividades, y \u201cdedic\u00f3 la mayor\u00eda de su tiempo a estudiar, gradu\u00e1ndose como [i]ngeniero de [t]elecomunicaciones [en] la Universidad Pontificia Bolivariana\u201d, destac\u00e1ndose en su ejercicio profesional y como docente. <\/p>\n
2.9. Al momento de fallecer, cursaba el \u00faltimo semestre de maestr\u00eda en ingenier\u00eda de telecomunicaciones en la Universidad de Antioquia, habiendo realizado una pasant\u00eda \u201cen el Laboratorio de Comunicaciones \u00d3pticas del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnolog\u00eda en Fot\u00f3nica para Comunicaciones \u00d3pticas de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, para la cual fue seleccionado en el programa Enlaza Mundos convocatoria 2012 realizada por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de la Alcald\u00eda de Medell\u00edn\u201d. <\/p>\n
A su llegada al pa\u00eds, \u201ccomenz\u00f3 a trabajar para la Corporaci\u00f3n Interuniversitaria de Servicios CIS como Profesional de Transferencia al proyecto GIDATI de la Universidad Pontificia Bolivariana, bajo contrato laboral a t\u00e9rmino fijo desde el 15 de abril de 2013 hasta el d\u00eda de su fallecimiento, devengando un salario b\u00e1sico mensual de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIS\u00c9IS PESOS M. L. ($3.232.12[6])\u201d. <\/p>\n
Era soltero, no ten\u00eda hijos, viv\u00eda con su madre y hermanos, con quienes ten\u00eda una estrecha relaci\u00f3n, al igual que con su padre. <\/p>\n
2.10. La demandante Liliam del Socorro Arango Arboleda \u201cdepend\u00eda econ\u00f3micamente\u201d de \u00e9l, por lo que su deceso \u201cla priv\u00f3 no s\u00f3lo del afecto que le prodigaba su hijo mayor sino tambi\u00e9n del sustento econ\u00f3mico por el tiempo de su esperanza de vida\u201d. <\/p>\n
2.11. Todos los accionantes, debido a la sorpresiva e inesperada muerte de su hijo y hermano, sufrieron \u201cprofundos impactos sicol\u00f3gicos, tristezas complejas, angustias, dolores ps\u00edquicos y congoja\u201d, as\u00ed como \u201cun cambio abrupto en su estilo de vida\u201d y \u201cm\u00faltiples dificultades para adaptarse y aceptar la p\u00e9rdida de un ser insustituible, debiendo modificar sus h\u00e1bitos, costumbres y relaciones sociales y familiares\u201d. <\/p>\n
2.12. Desde el punto de vista econ\u00f3mico, los actores incurrieron en los gastos que solicitaron como da\u00f1o emergente y el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Mar\u00edn, propietario de la motocicleta en la que se movilizaba su hijo, debi\u00f3 asumir el costo de su reparaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Medell\u00edn, al que le correspondi\u00f3 por reparto el conocimiento del asunto, mediante autos fechados el 9 de febrero de 2015 admiti\u00f3 la demanda, concedi\u00f3 amparo de pobreza a los accionantes y decret\u00f3 las medidas cautelares por ellos solicitadas (fls. 226 a 228, cd. 1). <\/p>\n
4. El prove\u00eddo admisorio fue notificado a los demandados as\u00ed: personalmente, a Julio C\u00e9sar Cort\u00e9s Ospina, Seguros Generales Suramericana S.A. y \u00c1lvaro Ignacio Villa Villa, por intermedio de los apoderados judiciales que designaron para su representaci\u00f3n, en diligencias del 20 de mayo, 16 de junio y 31 de julio de 2015 (fls. 243, 292 y 437, cd. 1); y por aviso entregado el 12 de junio del a\u00f1o en cita, a La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros (fls. 440 a 460, ib.). <\/p>\n
5. En tiempo, los accionados ejercitaron los siguientes actos defensivos: <\/p>\n
5.1. Julio C\u00e9sar Cortes Ospina: <\/p>\n
5.1.1. Contest\u00f3 el libelo introductorio, escrito en el que se opuso a que se acogieran las pretensiones y al juramento estimatorio; se pronunci\u00f3 de distinta manera sobre los hechos alegados y propuso las excepciones meritorias que denomin\u00f3 \u201c[a]usencia de los elementos que configuran la responsabilidad civil\u201d, \u201c[a]usencia de nexo causal y de factor de imputaci\u00f3n\u201d, \u201c[c]ulpa o hecho exclusivo de la v\u00edctima\u201d, \u201c[p]ago de la seguridad social \u2013 imposibilidad de acumular indemnizaciones\u201d e \u201c[i]nexistencia de lucro cesante\u201d (fls. 271 a 289, cd. 1). <\/p>\n
5.1.2. Llam\u00f3 en garant\u00eda a Seguros Generales Suramericana S.A. basado en la p\u00f3liza No. 0971219-1 con la que ten\u00eda asegurado el veh\u00edculo de placa FCR-638 para la fecha del accidente, amparo de responsabilidad civil extracontractual que inclu\u00eda los perjuicios aqu\u00ed reclamados (fls. 298 a 302, cd. 1). <\/p>\n
Mediante escrito posterior, obrante en el folio 309 del cuaderno principal, se desisti\u00f3 del llamamiento en garant\u00eda previamente relacionado, manifestaci\u00f3n que fue acogida en prove\u00eddo del 6 de julio de 2015 (fls. 389 y 389 vuelto, cd. 1). <\/p>\n
5.1.3. Recurri\u00f3 en reposici\u00f3n el auto del 9 de febrero de 2015, mediante el cual se concedi\u00f3 amparo de pobreza a los demandantes, cuestionamiento que fue desestimado en providencia del 29 de noviembre del mismo a\u00f1o (fls. 523 y 523 vuelto, cd. 1). <\/p>\n
5.2. Seguros Generales Suramericana de Seguros S.A., a trav\u00e9s del mismo apoderado que represent\u00f3 al se\u00f1or Cort\u00e9s Ospina, replic\u00f3 el escrito con el que se dio inicio al proceso en similares t\u00e9rminos a como lo hizo este \u00faltimo, con adici\u00f3n de las siguientes excepciones, relativas al contrato de seguro: \u201c[l]\u00edmite valor asegurado y deducible pactado\u201d e \u201c[i]ncumplimiento obligaciones del contrato\u201d (fls. 310 a 325, cd. 1). <\/p>\n
5.3. La previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros contest\u00f3 la demanda, y en desarrollo de ello, solicit\u00f3 despachar desfavorablemente las s\u00faplicas elevadas, se refiri\u00f3 pormenorizadamente sobre los hechos en que se sustentaron las mismas y plante\u00f3 las excepciones de fondo que design\u00f3 como: \u201ccolisi\u00f3n de actividades peligrosas\u201d; \u201ccausa extra\u00f1a. culpa exclusiva de la v\u00edctima directa \u2013 lo que constituye un hecho exclusivo de un tercero respecto a las v\u00edctimas indirectas\u201d; \u201cconcurrencia de culpas\u201d; \u201csujeci\u00f3n al contrato de seguro celebrado entre la e.s.e. hospital san juan de dios de yarumal \u2013 antioquia y la previsora s.a. compa\u00f1\u00eda de seguros. principio de la comunicabilidad de las excepciones\u201d; \u201cdeducible\u201d; y \u201cdisponibilidad del valor asegurado\u201d (fls. 391 a 411, cd. 1). <\/p>\n
5.4. \u00c1lvaro Ignacio Villa Villa: <\/p>\n
5.4.1. Respondi\u00f3 la demanda, y en tal virtud, descart\u00f3 el acogimiento de los pedimentos en ella formulados, se\u00f1al\u00f3 lo que estim\u00f3 pertinente en torno de sus hechos y formul\u00f3 las siguientes defensas: \u201ccausa extra\u00f1a: culpa exclusiva de la v\u00edctima directa, eximente de responsabilidad de los demandados\u201d; \u201cejercicio simult\u00e1neo de actividades peligrosas, neutralizaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de culpa\u201d; \u201causencia de responsabilidad del conductor del veh\u00edculo de placas ttg376\u201d; \u201cconcurrencia de culpas en la ocurrencia del da\u00f1o\u201d; \u201cinexistencia y\/o excesiva cuantificaci\u00f3n del perjuicio patrimonial (da\u00f1o emergente y lucro cesante)\u201d; e \u201cinexistencia y\/o excesiva cuantificaci\u00f3n de los perjuicios extrapatrimoniales (da\u00f1o moral y da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n)\u201d (fls. 461 a 471, cd. 1). <\/p>\n
5.4.2. En escrito militante en los folios 1 y 2 del cuaderno No. 3, llam\u00f3 en garant\u00eda a La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, fincado en el contrato de seguro contenido en la p\u00f3liza No. 3012490, pedimento admitido con auto del 30 de septiembre de 2015 (fl. 44, cd. 3). <\/p>\n
La precitada aseguradora, al contestar el se\u00f1alado llamamiento, se opuso al mismo, acept\u00f3 como ciertos los hechos tocantes con la celebraci\u00f3n del contrato de seguro y adujo, en su defensa, la \u201cSUJECI\u00d3N\u201d al mismo, su \u201cDEDUCIBLE\u201d y la \u201cDISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO\u201d (fls. 45 a 49, cd. 3). <\/p>\n
6. Previo el decreto de pruebas, contenido en auto del 11 de noviembre de 2015 (fls. 505 a 507, cd. 1), modificado por la reposici\u00f3n que interpuso una de las demandadas mediante prove\u00eddo del 18 de diciembre siguiente (fls. 528 a 529 vuelto, ib.), el juzgado del conocimiento, en audiencia verificada el 11 de abril de 2016, de conformidad con el art\u00edculo 432 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por el art\u00edculo 25 de la Ley 1395 de 2010, agot\u00f3 la totalidad de la instancia. <\/p>\n
7. En ese acto, arriba relacionado, profiri\u00f3 sentencia, en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u201cculpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d, desestim\u00f3 la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda y se abstuvo de imponer las costas a los actores, por haberse decretado en su favor el amparo de pobreza (acta, fls. 814 a 816, cd. 2; y CD, fl. 819, ib.). <\/p>\n
8. Apelado que fue dicho prove\u00eddo por los actores, el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil, en audiencia celebrada el 11 de diciembre de 2017, realizada con base en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, luego de brindar oportunidad a la recurrente para que sustentara la alzada y a los apoderados de los demandados, as\u00ed como de la llamada en garant\u00eda, para que alegaran de conclusi\u00f3n, dict\u00f3 sentencia de segunda instancia, mediante la cual confirm\u00f3 la de primer grado, sin costas por la misma raz\u00f3n aducida por el a quo (acta, fls. 14 a 17, cd. 4; y CD, fl. 15 ib.). <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Luego de historiar con detalle lo acontecido en el proceso, el ad quem, para arribar a la decisi\u00f3n confirmatoria que emiti\u00f3, esgrimi\u00f3 los razonamientos que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Comenz\u00f3 por referirse de forma abstracta sobre la responsabilidad civil extracontractual en general, y la derivada de las actividades peligrosas en particular, en desarrollo de lo cual trajo a colaci\u00f3n el contenido de los art\u00edculos 2341 a 2343 y 2356 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como diversos fallos de esta Sala de la Corte tocantes con la \u00faltima de esas tem\u00e1ticas, en los que dej\u00f3 sentada su postura de que, en ese supuesto, la responsabilidad es siempre subjetiva, pero que opera en beneficio de la v\u00edctima una presunci\u00f3n de culpa, sin que hiciera carrera aquel pronunciamiento aislado en el que se aludi\u00f3 a una responsabilidad objetiva, para, en definitiva, colegir que \u201c[s]in importar cu\u00e1l de las dos posiciones se acoja, trat\u00e1ndose de da\u00f1os ocasionados en ejercicio de una actividad peligrosa, en ambas posturas jur\u00eddicas, para que el demandado pueda ser exonerado de responsabilidad, debe acreditar que existi\u00f3 ruptura del nexo causal por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de un tercero\u201d. <\/p>\n
2. Con tal base, descendi\u00f3 al caso sometido a su conocimiento, y de entrada puntualiz\u00f3 que no se estructur\u00f3 cosa juzgada penal absolutoria, en raz\u00f3n a que la Fiscal\u00eda 169 Seccional de Medell\u00edn, adscrita a la Unidad de Vida, orden\u00f3 el archivo de la investigaci\u00f3n adelantada por los mismos hechos, al considerar que fue debido a la merma de velocidad por parte del campero, que \u201c(\u2026) \u2018el motociclista pierde el control, no act\u00faa con la suficiente pericia tras no conservar distancia m\u00ednima de seguridad cae, y es ah\u00ed cuando resulta atropellado con las llantas traseras del tractocami\u00f3n que en el momento circulaba por la v\u00eda\u2019 (folio 790 del cuaderno principal)\u201d, inferencia que si bien supone la existencia de una \u201ccausal de inculpabilidad\u201d, no produjo el comentado efecto y, por lo mismo, \u201cpermite que la discusi\u00f3n pueda ser planteada ante el juez civil, quien efectuar\u00e1 la valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas en el respectivo proceso, para determinar si efectivamente se configur[\u00f3] una culpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d. <\/p>\n
3. A continuaci\u00f3n se ocup\u00f3 de cada uno de los \u201cpuntos concretos de la apelaci\u00f3n\u201d, con los que, en su sentir, se procur\u00f3 desvirtuar la excepci\u00f3n acogida por el a quo, lo que hizo en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
3.1. Primer punto: \u201cNo se pod\u00eda sustentar la sentencia en un dictamen pericial que no pudo ser controvertido por la parte demandante\u201d. Al respecto observ\u00f3: <\/p>\n
3.1.1. El art\u00edculo 116 de la Ley 1395 de 2010, con el prop\u00f3sito de otorgar celeridad a los procesos judiciales, posibilit\u00f3 que las partes aportaran experticios, acompa\u00f1ados de \u201clos documentos que acrediten la idoneidad del perito\u201d y de la \u201cinformaci\u00f3n sobre su localizaci\u00f3n\u201d, para cuya contradicci\u00f3n el respectivo extremo procesal podr\u00e1 \u201cvalerse de otro dictamen\u201d o \u201csolicitar dentro de su traslado la ratificaci\u00f3n (\u2026), con el fin de interrogar al perito en audiencia, facultad que con car\u00e1cter oficiosa tambi\u00e9n le asiste al juez si lo estima necesario\u201d. <\/p>\n
3.1.2. En el presente asunto, la codemandada Seguros Generales Suramericana S.A. arrim\u00f3 con la r\u00e9plica del libelo introductorio, una experticia en relaci\u00f3n con la cual los actores tuvieron \u201cla posibilidad de contradecir[la]\u201d cuando \u201cse les corri\u00f3 traslado de las excepciones en el auto del 20 de octubre de 2015\u201d, habi\u00e9ndose pronunciado sobre ella, al referirse sobre las defensas alegadas, \u201crest\u00e1ndole credibilidad a sus conclusiones por estimarlas contradictorias y ser inid\u00f3neo el medio de prueba, pues su aportaci\u00f3n no satisfac\u00eda las ritualidades de una pericial\u201d, sin que \u201csolicitaran su ratificaci\u00f3n\u201d o anexaran otro dictamen \u201cen sentido dis\u00edmil, incuria con soporte en la cual posteriormente les estaba vedada la posibilidad de interrogar al perito, pues la corroboraci\u00f3n\u201d de dicha probanza, \u201cfue decretada de oficio por el despacho\u201d. <\/p>\n
3.1.3. Sobre el punto, clarific\u00f3 que esa \u201cprerrogativa, s\u00f3lo es permitida a las partes cuando el dictamen se rinde directamente en audiencia, seg\u00fan reza la re[gla] 2\u00aa del canon 432 del C. de P.C.\u201d; y que, \u201c[p]or lo tanto, contrario a lo alegado por la impugnante, la experticia aportada por su antag\u00f3nica como soporte de sus defensas[,] fue sometida a contradicci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la normatividad vigente, debiendo ser examinada y analizada para resolver, tal cual se hizo\u201d. <\/p>\n
3.1.4. Se\u00f1al\u00f3 por \u00faltimo, que la comentada pericia \u201cse ciment\u00f3 en la posici\u00f3n final de los veh\u00edculos involucrados, seg\u00fan el croquis realizado por la autoridad de tr\u00e1nsito, as\u00ed como en el estado de la v\u00eda, su tr\u00e1fico y la presunta velocidad en que se desplazaban aquellos, concluy\u00e9ndose, luego de analizar tales circunstancias, que el accidente se produjo porque la motocicleta transitaba entre el carril central y el izquierdo, al costado izquierdo del tractocami\u00f3n y al derecho del campero, esto es, entre veh\u00edculos y carriles, perdiendo el control el conductor de la motocicleta cuando el tractocami\u00f3n aument\u00f3 la velocidad y avanz\u00f3 por su carril, colisionando luego con la parte derecha trasera del campero\u201d. <\/p>\n
3.2. Segundo punto: \u201cNo es cierto que la motocicleta se movilizara entre carriles\u201d, ni que la circunstancia de que ocupara \u201cel mismo carril que el campero[,] fuera la causa del accidente\u201d, cuestionamiento en torno del cual el ad quem expres\u00f3: <\/p>\n
3.2.1. La interpretaci\u00f3n conjunta de los art\u00edculos 94 y 96 del C\u00f3digo Nacional del Tr\u00e1nsito, el \u00faltimo modificado por el 3\u00ba de la Ley 1239 de 2008, a su turno remisorio a los c\u00e1nones 60 y 68 del mismo estatuto, \u201cpermite colegir que la motocicleta deb\u00eda transitar por el centro del carril derecho que no estuviese ocupado por el de servicio p\u00fablico colectivo, o sea, que de ninguna manera pod\u00eda ocupar el carril izquierdo, como lo ven\u00eda haciendo\u201d, puesto que la precitada ley no derog\u00f3 aquellas otras disposiciones, debi\u00e9ndose distinguir que la primera es general, la segunda es especial y los art\u00edculos 60 y 68 son aplicables a todo veh\u00edculo, detect\u00e1ndose all\u00ed \u201cun primer incumplimiento de las normas de tr\u00e1nsito\u201d por parte de la v\u00edctima. <\/p>\n
3.2.2. Puntualiz\u00f3 que conforme al \u201ccroquis de tr\u00e1nsito\u201d, prueba \u201caceptada por todas las partes\u201d, la motocicleta qued\u00f3 a 4.00 metros del and\u00e9n izquierdo, cuando la v\u00eda ten\u00eda un ancho total de 10.60 metros, \u201clo que significa que no iba por el centro del carril izquierdo, sino por el costado derecho del mismo, casi invadiendo el carril central que era ocupado por el tracto cami\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, que la ubicaci\u00f3n de ese aparato detr\u00e1s del campero \u201cse explica[,] porque los tres veh\u00edculos iban en movimiento, presentando m\u00e1s velocidad el cami\u00f3n como lo indica la huella de frenado, misma que indica que el impacto con la moto se dio metros antes del lugar donde quedara finalmente\u201d. <\/p>\n
Y que la presencia de material biol\u00f3gico en la parte trasera del campero, sin que exista da\u00f1o en este automotor, \u201cse explica porque al quedar paralelo con el tracto cami\u00f3n e impactar la moto con el mismo, lanz\u00f3 a EDWARD ALEXANDER HERN\u00c1NDEZ ARANGO contra el mismo, es decir, contra la camioneta. A tal conclusi\u00f3n se arriba cuando en el informe del sistema de seguridad del tracto cami\u00f3n (\u2026), elaborado por el perito de la Secretar\u00eda de Transporte y Tr\u00e1nsito de Medell\u00edn, se consigna: \u2018Remolque: Troques pen\u00faltimo y \u00faltimo, llantas traseras externas, talladas en su cara externa\u2019 (Fol. 57)\u201d. <\/p>\n
3.2.3. Si la motocicleta hubiese circulando por el centro del carril izquierdo, \u201cno h[abr\u00eda] sido posible que (\u2026) golpeara con el troque(\u2026) trasero del cami\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan si \u00e9ste l[a] adelant\u00f3 antes de sobrepasar la camioneta. La huella de arrastre entre los carriles izquierdo y central, indica que al caer la moto rod\u00f3 sobre s[\u00ed] y se golpe\u00f3 contra el cami\u00f3n, quien al sentir el impacto fren\u00f3 dejando una marca de 7.40 metros\u201d. <\/p>\n
3.2.4. De lo dicho, se desprende: (i) \u201cel desplazamiento de la motocicleta al momento del accidente se efectuaba por una senda no permitida, esto es, entre los carriles izquierdo y central de la v\u00eda\u201d; (ii) \u201cla presencia cercana del tractocami\u00f3n con la motocicleta incidi\u00f3 notablemente en la desestabilizaci\u00f3n de \u00e9sta, pues sabido es la tracci\u00f3n f\u00edsica que genera el movimiento de un automotor de tales proporciones respecto a otros de menor envergadura, entendi\u00e9ndose s\u00f3lo as\u00ed, que esa y no otra, fue la circunstancia que produjo la ca\u00edda de la motocicleta en sentido contrario, colisionando luego con la parte trasera del campero que se desplazaba por el carril izquierdo\u201d; y que \u201cla conducta imprudente de la v\u00edctima al desplazarse entre carriles, proscrita por el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo Nacional del Tr\u00e1nsito, fue la causa o conducta imprudente con incidencia \u00fanica, exclusiva y determinante del resultado da\u00f1oso, no as\u00ed la velocidad en que circulaban los automotores, ni los antecedentes contravencionales del conductor del campero o su presunto estado psicotr\u00f3pico al tiempo del accidente\u201d. <\/p>\n
3.2.5. Es que a voces del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 769 de 2002, el C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito rige en todo el pa\u00eds y regula la actividad de peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tr\u00e1nsito y veh\u00edculos, quienes, como lo agrega el art\u00edculo 55 ib\u00eddem, deben comportarse \u201cen forma que no obstaculice[n], perjudique[n] o ponga[n] en riesgo a los dem\u00e1s\u201d, \u201cconocer y cumplir las normas y se\u00f1ales de tr\u00e1nsito que le sean aplicables\u201d y \u201cobedecer las indicaciones que les den las autoridades de tr\u00e1nsito\u201d, de modo que \u201cpara ser excusado[s] con base en el llamado principio de confianza respecto de un evento da\u00f1oso producido o materializado en una confluencia de acciones pertenecientes a esa esfera, es preciso estar ajustado a la estricta observancia de los par\u00e1metros que gobiernan el respectivo proceder\u201d, inferencia en relaci\u00f3n con la cual el Tribunal reprodujo, en lo que estim\u00f3 pertinente, una providencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Tercer punto: \u201cLas velocidades de los automotores incidieron en el resultado\u201d, cr\u00edtica sobre la que apunt\u00f3: <\/p>\n
3.3.1. Seg\u00fan la experticia aportada por Suramericana de Seguros S.A., ratificada por iniciativa oficiosa del a quo, el campero se desplazaba a una velocidad entre 13 y 16 kil\u00f3metros por hora, la motocicleta entre 15 y 29 kil\u00f3metros por hora y el tracto cami\u00f3n entre 35 y 42 kil\u00f3metros por hora. <\/p>\n
3.3.2. Eso significa que los dos primeros automotores arriba mencionados \u201ciban muy despacio y por debajo de la velocidad permitida, lo que indica que no fue el exceso de velocidad la causa del accidente\u201d. <\/p>\n
3.3.3. En cuanto hace a la velocidad del tracto cami\u00f3n, \u201cpese a ser superior a la permitida, en nada contribuy\u00f3 al resultado final, porque siempre estuvo en su carril central y rebas\u00f3 la moto sin invadir su carril, pues solo luego de haberla adelantado fue que se sinti\u00f3 el impacto y de inmediato fren\u00f3\u201d. <\/p>\n
4. El Tribunal, en definitiva, consider\u00f3 que as\u00ed \u201cpuedan ser m\u00faltiples las causas, en el plenario solo aparece acreditada una como eficiente y directa para la producci\u00f3n\u201d del resultado da\u00f1oso sobre el que vers\u00f3 este asunto, la cual fue \u201cla ubicaci\u00f3n del conductor de la motocicleta en el extremo derecho del carril izquierdo, casi invadiendo el carril central por donde se desplazaba el cami\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En tal orden de ideas, coligi\u00f3 que fue la v\u00edctima quien, \u201ccon su actuar, desatendi\u00f3 el principio de confianza leg\u00edtima que exige el ordenamiento a los agentes ejecutores de actividades riesgosas como la conducci\u00f3n de automotores, en virtud del cual deb\u00eda transitar por la senda adecuada para la clase de veh\u00edculo utilizado\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Cuatro cargos propusieron los recurrentes en sustento del recurso extraordinario por ellos planteado. El primero, fincado en la causal inicial del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso; los dos siguientes, en la segunda; y el postrero, en la quinta. <\/p>\n
La Corte, conforme a las directrices del art\u00edculo 349 de la misma obra, resolver\u00e1 de entrada la acusaci\u00f3n final, por versar sobre una nulidad, esto es, sobre un error in procedendo; proseguir\u00e1 con la primera; y finalmente examinar\u00e1 las dos restantes, conjunt\u00e1ndolas por las razones que en su momento se indicar\u00e1n. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Como se dijo, con respaldo en el \u00faltimo de los motivos enlistados en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se cuestion\u00f3 la sentencia del Tribunal por \u201cHABERSE DICTADO (\u2026) EN UN JUICIO VICIADO DE ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE NULIDAD CONSAGRADAS EN LA LEY\u201d. <\/p>\n
En desarrollo de la censura, su proponente, en s\u00edntesis, expuso: <\/p>\n
1. La sentencia impugnada fue proferida por el ad quem mucho tiempo despu\u00e9s de vencido el t\u00e9rmino de seis meses consagrado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General de Proceso, contado a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del Tribunal, pese a que en su momento se le solicit\u00f3 a la magistrada ponente remitir el expediente al magistrado que segu\u00eda en turno, debido a su \u201cP\u00c9RDIDA AUTOM\u00c1TICA DE COMPETENCIA\u201d, efecto de lo cual dicho fallo est\u00e1 \u201cviciad[o] de NULIDAD DE PLENO DERECHO\u201d. <\/p>\n
2. En respaldo de su tesis, el recurrente reprodujo a espacio un fallo de la Corte Constitucional alusivo a la nulidad procesal derivada de la incompetencia del funcionario que conoce del respectivo asunto. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 como violados el precitado precepto y el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como expresamente lo consagra el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, es motivo de casaci\u00f3n, \u201c[h]aberse dictado la sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u201d (se subraya). <\/p>\n
Esa previsi\u00f3n final deja al descubierto que, como ocurre en las instancias, las nulidades procesales alegables en desarrollo del referido recurso extraordinario, est\u00e1n sometidas, entre otros principios, al de la convalidaci\u00f3n, que se \u201c(\u2026) \u2018(\u2026) refiere a la posibilidad del saneamiento, expreso o t\u00e1cito, lo cual apareja la desaparici\u00f3n del vicio, salvo los casos donde por primar el inter\u00e9s p\u00fablico no se admite este tipo de disponibilidad (art\u00edculo 144 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). (\u2026). De manera que para tener \u00e9xito una reclamaci\u00f3n de nulidad procesal, se requiere no s\u00f3lo que la ley consagre positivamente el vicio como causal de nulidad, sino que quien la alegue siendo afectado por \u00e9l no la haya saneado expresa o t\u00e1citamente\u2019 (CSJ, SC del 26 de marzo de 2001, Rad. n.\u00b0 5562; se subraya)\u201d (CSJ, SC 069 del 28 de enero de 2019, Rad. n.\u00b0 2008-00226-01). <\/p>\n
2.1. Sea lo primero registrar el tr\u00e1mite cumplido en segunda instancia: <\/p>\n
2.1.1. Seg\u00fan ya se indic\u00f3, como consecuencia de la apelaci\u00f3n que la parte actora interpuso contra el fallo desestimatorio dictado por el a quo, la cual fue concedida en el efecto suspensivo, el expediente fue remitido al Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil, para la resoluci\u00f3n de la alzada, y fue recibido en la secretar\u00eda de esa Colegiatura el 19 de abril de 2016 (fl. 1, cd. 4). <\/p>\n
2.1.2. Ingresado el proceso el 3 de mayo de 2016 al despacho de la magistrada a quien por reparto se asign\u00f3 el conocimiento del asunto, s\u00f3lo hasta el 21 de octubre del mismo a\u00f1o se profiri\u00f3 el auto por medio del cual se admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n (fl. 4, cd. 4). <\/p>\n
2.1.3. El 24 de octubre siguiente se recibi\u00f3 escrito de la apoderada de la parte actora, en el que solicit\u00f3 a la magistrada ponente que \u201cremita el expediente al magistrado que sigue en turno por P\u00c9RDIDA AUTOM\u00c1TICA DE COMPETENCIA al haber transcurrido seis meses contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del tribunal, esto es, a partir del 20 de abril del presente a\u00f1o, sin que se haya proferido sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; advirtiendo que la misma disposici\u00f3n establece que: \u2018Ser\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u2019\u201d (fl. 3, cd. 4). <\/p>\n
Ese memorial pas\u00f3 al despacho de la ponente en la misma fecha de su recepci\u00f3n, seg\u00fan sello visible en el folio 3 vuelto del cuaderno No. 4. <\/p>\n
2.1.4. Previo informe secretarial sobre la ejecutoria del auto admisorio del recurso, la citada funcionaria expidi\u00f3 el auto del 3 de octubre de 2017, en el que, de conformidad con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, convoc\u00f3 a las partes a audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, que fij\u00f3 para las 3:00 P.M. del 27 de noviembre siguiente, prove\u00eddo en el que no hizo ninguna alusi\u00f3n a la petici\u00f3n atr\u00e1s comentada y que, adicionalmente, no fue objeto de ning\u00fan reproche por las partes. <\/p>\n
2.1.5. Tras entrar el expediente al despacho el 11 de octubre de 2017 (fl. 9, cd. 4), la magistrada ponente emiti\u00f3 un nuevo prove\u00eddo en el que, soportada en el hecho de que \u201cel proyecto de decisi\u00f3n no pudo ser discutido con la suficiente antelaci\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3 una nueva oportunidad para la realizaci\u00f3n de la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, esto es, las 3:00 P.M. del d\u00eda 11 de diciembre de 2017 (fl. 10, cd. 4), determinaci\u00f3n que adquiri\u00f3 ejecutoria, como quiera que no fue objeto de censura. <\/p>\n
2.1.6. En la hora y fecha preindicadas, la Sala Civil de Decisi\u00f3n presidida por la magistrada ponente, se constituy\u00f3 en audiencia para los fines del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso y, en tal virtud, concedi\u00f3 el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que la recurrente sustentara la apelaci\u00f3n y los dem\u00e1s formularan sus correspondientes alegaciones, tras lo cual dict\u00f3 sentencia de segunda instancia, cuyo compendio qued\u00f3 consignado en ac\u00e1pite anterior. <\/p>\n
2.2. De ese recuento procesal se infiere que, no obstante ser verdad que la apoderada de la parte demandante solicit\u00f3 a la magistrada ponente pasar el proceso al magistrado que segu\u00eda en turno debido a su p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia, por haber superado el t\u00e9rmino de 6 meses sin emitir la sentencia de segunda instancia, tambi\u00e9n lo es que dicha parte no reclam\u00f3 la invalidaci\u00f3n respectiva apenas se configur\u00f3, habiendo tenido la oportunidad para hacerlo y, adicionalmente, actu\u00f3 sin alegar la nulidad deprecada en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, es patente que los accionantes consintieron el auto del 21 de octubre de 2016 (admisorio del recurso), puesto que habiendo sido notificado por estado No. 198 del 2 de noviembre siguiente, esto es, posteriormente al recibo de la memorada solicitud (24 de octubre de 2016), no lo cuestionaron y, mucho menos, lo recurrieron; tambi\u00e9n, que asumieron la misma actitud frente a la providencia del 3 de octubre de 2017, en la que se decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, pronunciamiento que no amerit\u00f3 de su parte ninguna observaci\u00f3n; por a\u00f1adidura, guardaron absoluto silencio ante la determinaci\u00f3n del 21 de noviembre siguiente, en la que se fij\u00f3 una nueva fecha y hora para la realizaci\u00f3n de la referida audiencia; y como si fuera poco, en desarrollo de este acto procesal, actuaron sin aducir la nulidad de lo actuado con posterioridad al vencimiento del t\u00e9rmino para la expedici\u00f3n del fallo de segundo grado, habiendo circunscrito su intervenci\u00f3n a la sustentaci\u00f3n de la alzada, tal como hab\u00eda sido decretado y lo instruy\u00f3 la magistrada ponente al comienzo de la diligencia. <\/p>\n
2.3. A voces del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, las nulidades procesales se considerar\u00e1n saneadas, entre otros supuestos, \u201c[c]uando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u201d y \u201c[c]uando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u201d, factores de convalidaci\u00f3n que operaron plenamente. <\/p>\n
Es que resulta notorio que el extremo accionante, en forma t\u00e1cita acept\u00f3 las actuaciones realizadas por la magistrada ponente luego de vencido el t\u00e9rmino de 6 meses contemplado en el plurimencionado art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; que con ellas, dicha funcionaria impuls\u00f3 la tramitaci\u00f3n de la alzada hasta el proferimiento del fallo impugnado por v\u00eda extraordinaria, sin afectar el derecho de defensa de los intervinientes; que, por ende, con su comportamiento, los actores convalidaron la competencia de aqu\u00e9lla, al expedir esos actos procesales; y que el se\u00f1alado saneamiento se produjo antes del proferimiento de la sentencia de segunda instancia, de modo que el vicio en principio configurado, mal pudo contaminar este pronunciamiento. <\/p>\n
2.4. Ahora bien, hoy en d\u00eda, no hay c\u00f3mo negar que el analizado defecto sea saneable, puesto que, seg\u00fan el par\u00e1grafo del mismo art\u00edculo 136 ib\u00eddem, \u00fanicamente \u201c[l]as nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido y pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia, son insaneables\u201d, sin que, por lo tanto, pueda ubicarse dentro de esta categor\u00eda, la nulidad derivada de la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino fijado por el legislador para la expedici\u00f3n de los fallos de instancia del proceso. <\/p>\n
3. De pensarse que, en atenci\u00f3n a las previsiones del art\u00edculo 138 del mismo estatuto, alusivo a la \u201cfalta de competencia por el factor funcional o subjetivo\u201d, en el que, respecto de \u201clo actuado\u201d, se establece que \u201cconservar\u00e1 su validez\u201d, pero que \u201csi se hubiere dictado sentencia, \u00e9sta se invalidar\u00e1\u201d, es del caso insistir en que el vicio derivado de la p\u00e9rdida de competencia por superarse el t\u00e9rmino para la resoluci\u00f3n del respectivo conflicto, ya sea en primera o en segunda instancia, no es constitutivo de aquel defecto, puesto que \u201c[l]a intromisi\u00f3n de un funcionario en los deberes de otro de igual rango y naturaleza, de ninguna manera encaja dentro del supuesto de \u2018competencia funcional\u2019\u201d (CSJ, SC 9706 del 18 de julio de 2016, Rad. n.\u00b0 2005-00493-01), de lo que se sigue la inaplicabilidad de esta norma al caso sub lite. <\/p>\n
4. Como consecuencia de del saneamiento del vicio denunciado en el cargo analizado, el mismo no se abre camino. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con estribo en la causal inicial del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se denunci\u00f3 la sentencia del Tribunal por ser directamente violatoria de los art\u00edculos 94 del C\u00f3digo Nacional del Tr\u00e1nsito; 3\u00ba de la Ley 1239 de 2008; y 1\u00ba a 3\u00ba de la Ley 153 de 1887, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
La censura discurri\u00f3 por la senda que a continuaci\u00f3n se describe: <\/p>\n
1. El Tribunal, fruto de la interpretaci\u00f3n conjunta que hizo de los art\u00edculos 94, 96, 60 y 68 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito, habiendo sido modificado el segundo por el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1239 de 2008, coligi\u00f3, a decir del censor, que las motocicletas deb\u00edan \u201cocupar el centro del carril derecho y bajo ninguna circunstancia (\u2026) el carril izquierdo, conducta \u00e9sta que produce una violaci\u00f3n a la norma de tr\u00e1nsito\u201d. <\/p>\n
2. Esa inferencia jur\u00eddica es errada, pues ante la notoria contradicci\u00f3n existente entre los art\u00edculos 94 y 96 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito, se impon\u00eda aplicar las reglas consagradas en los art\u00edculos 1\u00ba a 3\u00ba de la Ley 153 de 1887, particularmente, aquellas consistentes, de un lado, en la prevalencia de la norma m\u00e1s reciente y, de otro, en la insubsistencia de una disposici\u00f3n legal por \u201cpor incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores\u201d. <\/p>\n
3. En ese sentido, el recurrente destac\u00f3 el car\u00e1cter general y anterior del primero de esos preceptos y la condici\u00f3n de ser especial y posterior el segundo, luego de su modificaci\u00f3n por el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1239 de 2008, norma esta, por ende, de preferente aplicaci\u00f3n y de la que puede concluirse, en definitiva, que \u201clas motocicletas pueden circular por los carriles demarcados, ocupando uno solo y no deben hacerlo necesariamente a un metro del and\u00e9n ni por el centro del carril derecho de manera exclusiva\u201d. <\/p>\n
4. A\u00f1adi\u00f3 que as\u00ed lo estableci\u00f3 el Ministerio de Transporte, en concepto emitido el 31 de octubre de 2017, que reprodujo en lo que estim\u00f3 pertinente. <\/p>\n
5. Al cierre, el recurrente reprodujo los preceptos que se\u00f1al\u00f3 violados y destac\u00f3 la transcendencia del yerro denunciado pues, en su opini\u00f3n, fue fincado en esa errada regla de tr\u00e1nsito que el Tribunal, de un lado, atribuy\u00f3 al conductor de la motocicleta la infracci\u00f3n de la misma y, de otro, coligi\u00f3 que ese quebranto fue la causa \u00fanica del accidente, lo que lo condujo a acoger la excepci\u00f3n de culpa exclusiva de la v\u00edctima. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan se desprende del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, los cargos en los que se denuncie la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, deber\u00e1n indicarlas, siendo \u201csuficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado, o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente, haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u201d. <\/p>\n
De suyo, entonces, que en toda acusaci\u00f3n planteada con estribo en las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 de la obra en cita, resulta imperioso atender esa exigencia. <\/p>\n
2. La Sala, de forma constante ha se\u00f1alado que, para los efectos del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, \u201ctienen el car\u00e1cter de norma sustancial aquellas que \u2018\u2026en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2026\u2019, de manera que no son de esa naturaleza aquellas que se \u2018limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u2019 (CSJ AC, 5 may. 2000)\u201d (CSJ, SC 5105 del 14 de diciembre de 2020, Rad. n.\u00b0 2010 00177-01). <\/p>\n
3. Ninguna de las normas se\u00f1aladas como violadas en el cargo que se resuelve ostentan linaje sustancial, como pasa a establecerse. <\/p>\n
3.1. Los art\u00edculos 94 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito (Ley 769 de 2002) y 3\u00ba de la Ley 1239 de 2008, modificatorio del 96 de aquel estatuto, establecen, en lo pertinente, el primero, que \u201c[l]os conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estar\u00e1n sujetos a las siguientes normas: (\u2026) Deben transitar por la derecha de las v\u00edas a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las v\u00edas exclusivas para servicio p\u00fablico colectivo\u201d; y el segundo, que \u201c[l]as motocicletas se sujetar\u00e1n a las siguientes normas espec\u00edficas: 1. Deben transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los art\u00edculos 60 y 68 del presente C\u00f3digo\u201d. <\/p>\n
Como se aprecia, esos mandatos del legislador se limitan a se\u00f1alar el comportamiento que deben observar los conductores de los veh\u00edculos en ellos enlistados, al transitar por las v\u00edas p\u00fablicas, sin que de su aplicaci\u00f3n se derive el surgimiento de derechos subjetivos espec\u00edficos para los obligados a respetar esas directrices. <\/p>\n
Con otras palabras, como ya lo puso de presente la Sala en relaci\u00f3n con una norma de similar temperamento, esto es, el art\u00edculo 82 del mismo C\u00f3digo, \u201cde su mera lectura es f\u00e1cil concluir que tales preceptos normativos no atienden a la naturaleza de la \u2018norma sustancial\u2019, en tanto que no \u2018crean, modifican o extinguen\u2019 relaciones jur\u00eddicas concretas, pues se limitan a reglamentar una conducta en materia de tr\u00e1nsito, sin que sean atributivos de derechos subjetivos\u201d (CSJ, AC 4426 del 9 de octubre de 2018, Rad. n.\u00b0 2011-00701-01). <\/p>\n
3.2. A su turno, las disposiciones de la Ley 153 de 1887 cuyo quebranto igualmente se denunci\u00f3, son del siguiente contenido: <\/p>\n
Art. 1\u00ba.- Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurra oposici\u00f3n entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecerse el tr\u00e1nsito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la rep\u00fablica, y especialmente las judiciales, observar\u00e1n las reglas contenidas en los art\u00edculos siguientes. <\/p>\n
Art. 2\u00ba.- La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicar\u00e1 la ley posterior. <\/p>\n
Art. 3\u00ba.- Estimase insubsistente una disposici\u00f3n legal por declaraci\u00f3n expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula \u00edntegramente la materia a que la anterior disposici\u00f3n se refer\u00eda. <\/p>\n
Es n\u00edtido, entonces, que las previsiones precedentemente reproducidas corresponden a reglas de obligatoria observancia por parte de las autoridades p\u00fablicas, en los casos de \u201cincongruencia\u201d de las leyes o de oposici\u00f3n de normas proferidas en distintos momentos, sin que ellas, por regla de principio, consagren prerrogativas concretas para los particulares, lo que descarta que disciplinen relaciones jur\u00eddicas concretas entre sujetos determinados y que, por ende, ostenten linaje sustancial. <\/p>\n
4. Traduce lo anterior que, en el cargo examinado, pese a estar fundado en la causa primera de casaci\u00f3n, no se indicaron los preceptos sustantivos presuntamente vulnerados por el Tribunal, omisi\u00f3n que por s\u00ed sola impide la prosperidad de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
5. De admitirse, en gracia de discusi\u00f3n, que los art\u00edculos 94 y 96 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito tienen car\u00e1cter sustancial en el caso concreto, habida cuenta que fue en relaci\u00f3n con ellos, particularmente con el primero, que el Tribunal coligi\u00f3 su infracci\u00f3n por parte de la v\u00edctima directa del accidente de tr\u00e1nsito sobre el que vers\u00f3 el proceso, se\u00f1or Edward Alexander Hern\u00e1ndez Arango (q.e.p.d.), se impone colegir el desenfoque y, aparejadamente, la intrascendencia de la acusaci\u00f3n, como pasa a verse. <\/p>\n
5.1. Si bien es verdad que el ad quem, en principio estim\u00f3 que \u201cla motocicleta deb\u00eda transitar por el centro del carril derecho que no estuviese ocupado por el de servicio p\u00fablico colectivo, o sea, que de ninguna manera pod\u00eda ocupar el carril izquierdo como lo ven\u00eda haciendo\u201d, conducta de la que infiri\u00f3 \u201cun primer incumplimiento de las normas de tr\u00e1nsito\u201d por parte del conductor de ese aparato, tambi\u00e9n lo es que, seguidamente clarific\u00f3 que \u201cla Ley 1239 de 2008 no derog[\u00f3] el art\u00edculo 94\u201d del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito; que, por lo tanto, la precitada norma y el art\u00edculo 96 ibidem \u201cse deben analizar en conjunto\u201d; que ese primer precepto \u201ces general\u201d, el segundo \u201ces especial\u201d y los art\u00edculos 60 y 68 del mismo ordenamiento jur\u00eddico, son aplicables \u201ca todo tipo de veh\u00edculo\u201d; y que \u201c[e]ntonces, seg\u00fan eso, concordando estas cuatro normas, los motociclistas deben andar por el centro del carril\u201d (se subraya). <\/p>\n
Con tal base, posteriormente observ\u00f3: <\/p>\n
Ahora, seg\u00fan el croquis de tr\u00e1nsito, prueba aceptada por todas las partes, la motocicleta qued\u00f3 a cuatro metros del and\u00e9n izquierdo, cuando los tres carriles ocupaban 10,60 metros, lo que significa que no iba por el centro del carril izquierdo, sino por el costado del mismo, casi invadiendo el carril central que era ocupado por el tracto cami\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Transitando el cami\u00f3n por el carril central, el campero por el izquierdo y la moto por el centro del carril izquierdo, no hubiera sido posible que la moto golpeara con el troque(\u2026) trasero del cami\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan si [\u00e9]ste lo adelant\u00f3 antes de sobrepasar la camioneta. La huella de arrastre entre los carriles izquierdo y central, indica que al caer la moto rod\u00f3 sobre s\u00ed y se golpe\u00f3 contra el cami\u00f3n, quien al sentir el impacto fren\u00f3 dejando una marca de 7.40 metros. <\/p>\n
Lo anterior, permite entrever, que el desplazamiento de la motocicleta al momento del accidente se efectuaba por una senda no permitida, esto es, entre los carriles izquierdo y central de la v\u00eda, conclusi\u00f3n que refrenda el hecho de que entre los automotores involucrados no se encontraron vestigios de colisiones directas (\u2026). <\/p>\n
Supuestos y comprobaciones con soporte en los cuales es dable colegir, que la conducta imprudente de la v\u00edctima al desplazarse entre carriles, proscrita por el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito, fue la causa o conducta imprudente con incidencia \u00fanica, exclusiva y determinante del resultado da\u00f1oso, no as\u00ed la velocidad en que circulaban los automotores, ni los antecedentes contravencionales del conductor del campero, o su presunto estado psicotr\u00f3pico al tiempo del accidente, supuesto \u00e9ste no acreditado ac\u00e1 ni al interior del tr\u00e1mite contravencional, pues la prueba id\u00f3nea, el respectivo examen cl\u00ednico, no fue practicado (se subraya). <\/p>\n
Luego de poner de presente que, \u201cpor cuanto el tr\u00e1nsito por las v\u00edas p\u00fablicas es una actividad especializada, en la que para la seguridad de todos sus intervinientes, a cada cual le corresponde observar los deberes inherentes al rol como conductor o peat\u00f3n\u201d, de modo que \u201cpara ser excusado con base en el principio de confianza respecto de un evento da\u00f1oso producido o materializado en una confluencia de acciones pertenecientes a esa esfera, es preciso estar ajustado a la estricta observancia de los par\u00e1metros que gobiernan el respectivo proceder\u201d, postura que sustent\u00f3 con la transcripci\u00f3n de un fallo de esta Corporaci\u00f3n, en definitiva concluy\u00f3: <\/p>\n
Es que, aunque puedan ser m\u00faltiples las causas, en el plenario solo aparece acreditada una como eficiente para la producci\u00f3n del mismo, la ubicaci\u00f3n del conductor de la motocicleta en el extremo derecho de carril izquierdo, casi invadiendo el carril central por donde se desplazaba el cami\u00f3n. <\/p>\n
En suma, el se\u00f1or Edwar Alexander Hern\u00e1ndez Arango, con su actuar, desatendi\u00f3 el principio de confianza leg\u00edtima que exige el ordenamiento a los agentes ejecutores de actividades riesgosas como la conducci\u00f3n de automotores, en virtud del cual deb\u00eda transitar por la senda adecuada para la clase de veh\u00edculo utilizado. <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita desde la \u00f3ptica jur\u00eddica traduce causa extra\u00f1a por culpa exclusiva de la v\u00edctima[,] eximente de responsabilidad para los demandados, quienes uniformemente as\u00ed la alegaron, debi\u00e9ndose ratificar por ende lo resuelto en la decisi\u00f3n hostigada, en tanto as\u00ed se defini\u00f3 (se subraya). <\/p>\n
5.2. Se infiere de las menciones anteriormente rese\u00f1adas y resaltadas, que el reproche efectuado por el ad quem al se\u00f1or Hern\u00e1ndez Arango (q.e.p.d.), conductor de la motocicleta, en su verdadera esencia, consisti\u00f3 en que, al momento del accidente, circulara \u201centre carriles\u201d, queriendo significar con ello, que lo hac\u00eda por el \u201cel extremo derecho del carril izquierdo, casi invadiendo el carril central\u201d, y no por el centro del mismo. <\/p>\n
5.3. As\u00ed las cosas, ninguna influencia decisoria tuvo la infracci\u00f3n de tr\u00e1nsito que, como se vio, el Tribunal, en principio, atribuy\u00f3 al conductor de la motocicleta, consistente en que no transitara al momento del accidente por el carril derecho de la v\u00eda donde el mismo tuvo ocurrencia, como lo contempla el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito, en tanto que no fue con base en esa presunta falta que hall\u00f3 estructurada la culpa exclusiva del se\u00f1or Hern\u00e1ndez Arango (q.e.p.d.), sino en un comportamiento diverso, esto es, se reitera, que se desplazara por el costado derecho de carril izquierdo, en proximidades del carril central, y no por la mitad de ese primer corredor. <\/p>\n
5.4. Es patente, entonces, la intrascendencia de la acusaci\u00f3n, pues as\u00ed se aceptara que el prenombrado motociclista no infringi\u00f3 el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo Nacional de Transito, toda vez que dicho precepto qued\u00f3 insubsistente al entrar a regir el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1239 de 2008, modificatorio del art\u00edculo 96 del precitado c\u00f3digo, esa inferencia no traer\u00eda consigo el resquebrajamiento de la genuina circunstancia en la que, como se vio, el Tribunal soport\u00f3 el reconocimiento que hizo de la excepci\u00f3n de \u201cculpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d, determinaci\u00f3n que por tanto se mantendr\u00eda en pie. <\/p>\n
5.5. Al tiempo, se advierte el desenfoque del cuestionamiento auscultado, en tanto que \u00e9l, por haberse centrado en desvirtuar la infracci\u00f3n de tr\u00e1nsito imputada por el ad quem al se\u00f1or Hern\u00e1ndez Arango (q.e.p.d.), no se ocup\u00f3 de controvertir la genuina raz\u00f3n sobre la que el sentenciador de segunda instancia edific\u00f3 el acogimiento del referido mecanismo defensivo de los demandados, argumento eminentemente f\u00e1ctico que, al estar montado el cargo en la causal primera de casaci\u00f3n (violaci\u00f3n directa), debe entenderse aceptado por la parte impugnante, esto es, por los actores. <\/p>\n
6. Notorio es, por consiguiente, el fracaso del reproche que se deja examinado. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En pro del ataque, su gestor expuso: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Dej\u00f3 en claro que al momento en el que se dio tr\u00e1mite a la demanda y a las contestaciones de la misma, reg\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con las modificaciones que le introdujo la Ley 1395 de 2010. <\/p>\n
2. Con dicho fundamento, memor\u00f3 que Seguros Generales Suramericana S.A., con el escrito de respuesta del libelo introductorio, alleg\u00f3 el \u201cINFORME T\u00c9CNICO PERICIAL DE RECONSTRUCCI\u00d3N DE ACCIDENTE\u201d, sin haber aportado los documentos que acreditaban la idoneidad, experiencia y localizaci\u00f3n de los autores del mismo, como lo preve\u00eda el art\u00edculo 116 de la Ley 1395 de 2010, y solicit\u00f3 escuchar su testimonio; que el a quo, debido al referido incumplimiento, descart\u00f3 la apreciaci\u00f3n de tal probanza y, como consecuencia de ello, neg\u00f3 las declaraciones solicitadas; que al desatar la reposici\u00f3n que la precitada demandada interpuso, modific\u00f3 su decisi\u00f3n en el sentido de tener el indicado informe \u201ccomo dictamen pericial\u201d, brind\u00f3 a su aportante la oportunidad de allegar los documentos echados de menos y decret\u00f3 el testimonio de los expertos que lo elaboraron. <\/p>\n
3. En ese orden de ideas, subray\u00f3 que \u201c[d]e tal prueba valorada como dictamen pericial el juez no corri\u00f3 traslado a la contraparte, es decir, al demandante, para que lo objetara\u201d y puso de presente que para su contradicci\u00f3n, s\u00f3lo hab\u00eda dos caminos: aportar otro dictamen o pedir su ratificaci\u00f3n, premisas que llevaron al censor a reprocharle tanto al sentenciador de primera instancia como al de segunda, haber valorado esa prueba pese a \u201cque fue allegada al proceso de manera irregular\u201d y a que no existi\u00f3 la \u201cposibilidad de contradicci\u00f3n\u201d, anomal\u00edas que la tornaron nula o carente de validez. <\/p>\n
4. Advirti\u00f3 que el an\u00e1lisis del ad quem, consistente en que la parte actora \u201cs\u00ed tuvo oportunidad de contradecir el dictamen pericial, pues debi\u00f3 haber solicitado la ratificaci\u00f3n o haber aportado un dictamen en el traslado de la excepciones de m\u00e9rito\u201d, equivale a predicar que dicha parte ten\u00eda que \u201chaber adivinado que el juez iba a decretar tal prueba que no ten\u00eda los requisitos para ser decretada\u201d, como quiera que no fue acompa\u00f1ada de los documentos establecidos en el art\u00edculo 116 de la Ley 1395 de 2010, y que \u201cla cuesti\u00f3n radic[\u00f3] en que el juez, arbitrariamente, permiti\u00f3 que el demandado aportase tales documentos en b\u00fasqueda de la protecci\u00f3n de un principio que no aplicaba para el caso especial\u201d. <\/p>\n
5. A continuaci\u00f3n, con transcripci\u00f3n de los art\u00edculos 174, 183 y 238 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, observ\u00f3 el quebranto de los mismos, habida cuenta que \u201cno haber corrido traslado de la prueba decretada como dictamen pericial[,] como lo indica la norma invocada como violada, hace que la misma prueba carezca de validez dentro del proceso, pues no pudo ser sometida a contradicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
6. Luego de una nueva reproducci\u00f3n de la totalidad de las normas indicadas como violadas, el recurrente asever\u00f3 que los \u201cerrores probatorios denunciados son trascedentes e influye[ron] en la parte resolutiva de la sentencia, toda vez que condujeron al Tribunal a tener por probada una conducta culposa por parte del motociclista, evento que no fue demostrado por los demandados, y como consecuencia de ello l[o] llev\u00f3 a declarar el hecho exclusivo de la v\u00edctima\u201d. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Fincado en la misma causal invocada en la acusaci\u00f3n anterior, se enrostr\u00f3 a la sentencia fustigada el quebranto indirecto de los art\u00edculos 197, 237 y 241 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como del canon 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, todo \u201ccomo consecuencia de error de derecho, manifiesto y trascedente, en que incurri\u00f3 el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de la prueba que m\u00e1s adelante se relacionar\u00e1\u201d. <\/p>\n
La censura la soport\u00f3 el recurrente en las premisas que pasan a compendiarse: <\/p>\n
1. Tras recordar las apreciaciones del ad quem, tocantes con la forma como se verific\u00f3 la contradicci\u00f3n del experticio aportado por una de las demandadas y con el significado de la ubicaci\u00f3n en que quedaron los automotores implicados en el accidente, seg\u00fan el \u201ccroquis del tr\u00e1nsito\u201d, el impugnante le imput\u00f3 a dicho sentenciador la \u201cindebida apreciaci\u00f3n del expediente contravencional y de la prueba pericial o informe pericial\u201d. <\/p>\n
2. Como la decisi\u00f3n de segunda instancia fue confirmatoria del fallo del a quo, recab\u00f3 en que \u00e9ste hall\u00f3, por una parte, desvirtuado el nexo de causalidad, y por otra, acreditada la culpa exclusiva de la v\u00edctima, fundado en que \u201cel conductor de la motocicleta\u201d transitaba \u201centre dos carriles\u201d y \u201cperdi\u00f3 el control\u201d de la misma, para lo cual se apoy\u00f3 en el \u201cbosquejo topogr\u00e1fico o croquis de tr\u00e1nsito del accidente\u201d y en el \u201cdictamen pericial\u201d aportado por una de la demandadas. <\/p>\n
2.1. Sobre la primera de esas pruebas, estim\u00f3: <\/p>\n
2.1.1. Que no era demostrativa de las anotadas circunstancias f\u00e1cticas. <\/p>\n
2.1.3. Que ni la huella de arrastre dejada por el segundo de tales automotores, ni la posici\u00f3n final del mismo, informan el carril por donde transitaba. <\/p>\n
2.1.4. Y que los sentenciadores de instancia erraron gravemente al colegir que la motocicleta cay\u00f3 por el lado izquierdo, cuando lo cierto fue que ello aconteci\u00f3, al contrario, habida cuenta que los da\u00f1os del veh\u00edculo y las lesiones en antebrazo y la mano de la v\u00edctima, se presentaron en el lado derecho de uno y otra. <\/p>\n
2.2. Respecto del aludido \u201cdictamen pericial\u201d, de entrada puso de presente su decreto irregular, la pobreza de sus fundamentos, la precariedad de las t\u00e9cnicas utilizadas para su elaboraci\u00f3n y la falta de valoraci\u00f3n del tiempo de reacci\u00f3n del conductor del campero, habida cuenta que \u201cdio como positivo para marihuana\u201d. <\/p>\n
Luego, con amplitud, aludi\u00f3 a los siguientes aspectos: <\/p>\n
2.2.1. Volvi\u00f3 a memorar la forma como fue solicitado, la decisi\u00f3n que en principio adopt\u00f3 el a quo, la reposici\u00f3n que contra esa determinaci\u00f3n interpuso la demandada que la aport\u00f3 y la forma como se resolvi\u00f3 dicho recurso. <\/p>\n
2.2.2. A\u00f1adi\u00f3 que como en el mismo auto se decret\u00f3 el testimonio de los autores de la prueba, con la posibilidad de que las partes los interrogaran en audiencia, la parte actora no hizo ninguna manifestaci\u00f3n, pero result\u00f3 que cuando se escuch\u00f3 el testimonio del se\u00f1or L\u00f3pez Morales, \u00fanico que concurri\u00f3 a declarar, \u201cno se le permiti\u00f3 hacerlo, bajo el argumento de que no hab\u00eda sido solicitado, con lo que efectivamente se impidi\u00f3 la contradicci\u00f3n de la prueba, por lo que la misma es IL\u00cdCITA y su sanci\u00f3n es la NULIDAD DE PLENO DERECHO\u201d. <\/p>\n
2.2.3. Trajo a colaci\u00f3n los argumentos que, en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n de ese medio de convicci\u00f3n, se esgrimieron en la apelaci\u00f3n introducida contra el fallo de primera instancia, as\u00ed como los que expuso el ad quem para desatar tal inconformidad, tras lo cual acot\u00f3 que con esa \u201c[i]nterpretaci\u00f3n (\u2026) se pretende validar una prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso, pues no s\u00f3lo dej\u00f3 de lado que la prueba no fue aportada como DICTAMEN PERICIAL sino como un DOCUMENTO\u201d am\u00e9n que, adicionalmente, se desconoci\u00f3 la previsi\u00f3n del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 116 de la Ley 1395 de 2010, en la medida que la norma no exige que la parte solicite la ratificaci\u00f3n \u201cpara detentar la facultad de interrogar al perito que el juez, de oficio, cit\u00f3 a la audiencia, sin que el int\u00e9rprete pueda imponer requisitos adicionales a los que una norma trae para reconocer una facultad o derecho\u201d. <\/p>\n
2.2.4. Invoc\u00f3 el mandato del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 432 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y puntualiz\u00f3 que esa norma \u201cfue citada por la misma juez de instancia en el auto que decret\u00f3 la prueba para indicar que no se le estaba violando el derecho de contradicci\u00f3n a la parte; por lo que no pod\u00eda posteriormente sorprenderla con una decisi\u00f3n contraria que, adem\u00e1s, y m\u00e1s grave a\u00fan, le cercenaba el derecho al DEBIDO PROCESO, puesto que una prueba obtenida con violaci\u00f3n al mismo es NULA DE PLENO DERECHO, nulidad que, por dem\u00e1s, es insaneable\u201d. <\/p>\n
2.2.5. Con apoyo en la sentencia C-159 de 2007 de la Corte Constitucional, que reprodujo en lo pertinente, destac\u00f3 que las pruebas decretadas de oficio \u201cdeben ser sometidas a la contradicci\u00f3n de las partes\u201d, previsi\u00f3n hoy en d\u00eda expl\u00edcita, contenida en el art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.2.6. Y coligi\u00f3 que, por lo mismo, los argumentos del ad quem, seg\u00fan los cuales \u201clas partes no pueden interrogar al perito que fue citado de oficio [si no] lo solicitaron previamente, contraviene[n] los postulados del debido proceso, derecho de rango constitucional\u201d. <\/p>\n
3. Para terminar, indic\u00f3 la trascendencia de los errores denunciados, como quiera que condujeron al sentenciador de segunda instancia a tener por acreditada la culpa exclusiva de la v\u00edctima, sin estar, en verdad, demostrada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como se ver\u00e1, similares razones conducen a colegir el fracaso de las acusaciones cuyo estudio emprende la Sala, raz\u00f3n que justifica su conjunci\u00f3n sin perjuicio, claro est\u00e1, que en relaci\u00f3n con cada cargo, se identifiquen, adicionalmente, otras causas que tambi\u00e9n conducen a su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
2. D\u00edjose atr\u00e1s, y ahora se reitera, que todos los cargos en los que se denuncie la violaci\u00f3n de la ley sustancial, deben indicar las normas de ese car\u00e1cter vulneradas, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa, como quiera que es suficiente invocar uno cualquiera de esos preceptos que fue, o debi\u00f3 ser, base esencial de las decisiones adoptadas en la sentencia confutada. <\/p>\n
Igualmente se puso de presente que para los fines del recurso de que se trata, tienen tal condici\u00f3n los mandatos legales que en situaciones concretas \u201cdeclaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas\u201d espec\u00edficas para las personas que intervienen en ellas, sin que, por lo tanto, se reputen tales, las normas procesales, y mucho menos las de disciplina probatoria. <\/p>\n
Esta regla no aparece cumplida en ninguno de los dos cargos estudiados: <\/p>\n
2.1. Los art\u00edculos 116 de la Ley 1395 de 2010, 174, 183, 236 y 238 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuya violaci\u00f3n se denunci\u00f3 en el cargo segundo, como los c\u00e1nones 197, 237 y 241 de ese mismo estatuto, se\u00f1alados en el tercer reproche, son normas de linaje procesal, y particularmente probatorio, naturaleza que impide reconocerles naturaleza sustancial. <\/p>\n
2.2. En efecto, como lo puso de presente el propio recurrente, en el primero de esos mandatos el legislador colombiano habilit\u00f3 a las partes para que, en \u201ccualquiera de las oportunidades para pedir pruebas\u201d, puedan aportar \u201cexperticios\u201d, previendo los requisitos de los mismos y la forma como pueden ser controvertidos; a su turno, los art\u00edculos 174 y 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil consagraban, en ese orden, el principio de la necesidad de las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y las oportunidades probatorias; y los art\u00edculos 197, 236, 237, 238 y 241 ib\u00eddem se ocupaban, el primero, de la confesi\u00f3n por apoderado judicial y, los restantes, de la prueba pericial. <\/p>\n
2.3. Ahora bien, el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, invocado por igual en las dos acusaciones, no puede considerarse sustancial en todos los supuestos, a efecto de la debida estructuraci\u00f3n del recurso extraordinario de que se trata, pues siendo consagratorio del debido proceso, por regla general, tiene desarrollo en normas espec\u00edficas que son, por ende, las que eventualmente pueden resultar desconocidas por los sentenciadores de instancia, de donde su infracci\u00f3n por rebote no lo reviste de la condici\u00f3n aqu\u00ed investigada, al menos en este caso, aunque existen en que si se cumplen como tales y sirven para fundamentar en forma directa el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto al precepto 29 (debido proceso), debe indicarse, adem\u00e1s de lo anterior, que si la norma sustancial es la que disciplina una situaci\u00f3n jur\u00eddica y sus consecuencias, que es precisamente la que se le presenta al juez como problema o conflicto inter subjetivo y por ende, tema de investigaci\u00f3n y decisi\u00f3n, cuando el funcionario y las partes utilizan el derecho instrumental, esto es, el procedimiento establecido en la ley procesal para resolver ese litigio, el debido proceso corresponder\u00e1 entonces al desarrollo del tr\u00e1mite del proceso conforme a la normatividad ritual que le concierne, la cual no da la soluci\u00f3n sino que facilita que se adopte, pues su prop\u00f3sito \u2018es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u2019, como bien lo dice el art\u00edculo 4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En esa medida, si bien es cierto que el art\u00edculo 29 C.P. consagra el derecho fundamental [al] debido proceso, no por ello debe concluirse que su eventual vulneraci\u00f3n por la v\u00eda de la transgresi\u00f3n a las normas procesales que lo reglamentan y desarrollan, esto es, en esa forma indirecta, resulta suficiente para fundar un cargo por la causal primera, pues no es sustancial en el sentido anotado y requiere de ley que lo desarrolle. <\/p>\n
En efecto, y para completar la \u00faltima idea, as\u00ed una norma constitucional que consagre derechos fundamentales cumpla el requisito, a los efectos del recurso de casaci\u00f3n y de la causal primera, de ser tambi\u00e9n norma sustancial, ello no significa que su invocaci\u00f3n en el cargo le abra camino a su estudio de fondo por la Corte, pues dos cuestiones deben superarse: la primera, que dicha norma pueda ser aplicada directamente sin necesidad de desarrollo legal, dada la usual tesitura abierta que ostentan. Y segundo, que ese precepto directamente se ocupe o haya debido ocuparse del asunto decidido en la sentencia impugnada (Cfr. auto de 5 de agosto de 2009, Exp N\u00b0 13430-3103-002-2004-00359-01) (CSJ, AC 3883 del 16 de septiembre de 2019, Rad. n.\u00b0 2011 00266 02). <\/p>\n
2.4. Si, en gracia de discusi\u00f3n, se entendiera, habida cuenta de que en el desarrollo de los dos cargos se adujo, con cierta insistencia, que el dictamen pericial apreciado por el ad quem correspond\u00eda a una prueba il\u00edcita, y por ende nula, que la invocaci\u00f3n de la precitada norma superior obedeci\u00f3 al contenido de su inciso final, es evidente que en este aspecto ella es meramente procedimental, sin que entra\u00f1e alg\u00fan efecto sustancial para los intervinientes y, mucho menos, para el extremo recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. El vac\u00edo en precedencia rese\u00f1ado impide, por s\u00ed solo, reconocer prosperidad a los ataques explorados. <\/p>\n
3. A voces del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, todos los cargos que se propongan en casaci\u00f3n deben formularse \u201cpor separado\u201d y sustentarse \u201ccon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n en forma clara, precisa y completa\u201d. <\/p>\n
De ese mandato se desprenden dos subreglas, a saber: en primer lugar, que no es dable el entremezclamiento de causales, esto es, que al interior de una misma acusaci\u00f3n se propongan quejas que, por su propia naturaleza, pertenezcan a motivos de casaci\u00f3n dis\u00edmiles; y, en segundo lugar, cuando el cargo viene edificado en la causal segunda de casaci\u00f3n, no pueden confundirse los errores de hecho con los de derecho. <\/p>\n
Sobre estos particulares, tiene establecido la Sala que: <\/p>\n
El art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso ordena que los cargos sean formulados de manera separada, esto es, sin mezcla entre las diversas causales, v\u00edas o errores; por tanto, cada acusaci\u00f3n debe responder a un motivo concreto y espec\u00edfico, fuera de divagaciones que puedan conducir a que la v\u00eda seleccionada sea inadecuada a la sustentaci\u00f3n esbozada. <\/p>\n
Regla explicable por la disimilitud de las causales, en tanto cada una de ellas est\u00e1 destinada a cuestionar t\u00f3picos particulares de la sentencia atacada, siendo incompatible su amalgamiento. De all\u00ed que esta Sala, en palabras que tienen renovada actualidad, haya manifestado que: <\/p>\n
Los diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser aut\u00f3nomos e individuales, lo que igualmente se infiere del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho (AC6341, 21 oct. 2014, rad. n.\u00b0 2007-00145-01) (CSJ, AC 2707 del 10 de julio de 2019, Rad. n.\u00b0 2016-46013-01; se subraya). <\/p>\n
Y que, \u201cen trat\u00e1ndose de tales ataques, esto es, los soportados en la infracci\u00f3n indirecta de mandatos con el advertido car\u00e1cter, no es plausible en ning\u00fan caso confundir o entremezclar el error de hecho y el de derecho, pues hacerlo, ri\u00f1e con la exigencia de claridad y precisi\u00f3n en la fundamentaci\u00f3n del cargo\u201d (CSJ, AC 6421 del 3 de noviembre de 2015, Rad. n.\u00b0 2009-00519-02; se subraya), como quiera que \u201c[l]as dos especies de error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en un mismo cargo la concurrencia de ambos respecto de id\u00e9nticos medios de prueba, ni resulta id\u00f3neo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de derecho, o viceversa, am\u00e9n de que el cargo se torna oscuro e impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentaci\u00f3n\u201d (CSJ, SC del 10 de agosto de 2001, Rad. n\u00b0. 6898; se subraya). <\/p>\n
Clara es la insatisfacci\u00f3n de las formalidades que vienen de explicarse. <\/p>\n
4. Sobre lo primero, el entremezclamiento de causales, se encuentra: <\/p>\n
4.1. Como qued\u00f3 registrado en el compendio que se hizo de los cargos ahora examinados, en los dos se denunci\u00f3 el quebranto indirecto de las normas en cada uno enlistadas, como consecuencia de los errores, el segundo, de hecho, consistente en la suposici\u00f3n de una prueba; y el tercero, de derecho, en la indebida ponderaci\u00f3n jur\u00eddica de un medio de convicci\u00f3n. <\/p>\n
4.2. No obstante, el recurrente, en la primera de esas acusaciones, se quej\u00f3 de que el \u201cINFORME T\u00c9CNICO PERICIAL DE RECONSTRUCCI\u00d3N DE ACCIDENTE\u201d, apreciado por el Tribunal como un dictamen propiamente dicho, \u201cfue allegad[o] al proceso de manera irregular, es decir, fue una prueba no allegada en debida forma al proceso, y por lo tanto tal prueba es nula. (\u2026). Ha sido clara la jurisprudencia y la doctrina en se\u00f1alar que la prueba allegada al proceso sin posibilidad de contradicci\u00f3n es nula, y su consecuencia es que no ser\u00e1 valorada en la sentencia, p\u00faes la misma no es v\u00e1lida\u201d (se subraya). <\/p>\n
Y en la \u00faltima, que ese elemento de juicio \u201cresult\u00f3 relevante para determinar la culpa exclusiva de la v\u00edctima; dictamen que no fue sometido a contradicci\u00f3n y que por, ende, constituye PRUEBA IL\u00cdCITA en voces del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y del art\u00edculo 174 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d; y que \u201c[d]ado que la misma funcionaria judicial cit\u00f3 a los peritos a la audiencia y manifest\u00f3 que las partes podr\u00edan interrogarlos en audiencia, la (\u2026) apoderada [de la parte actora] no realiz\u00f3 ninguna manifestaci\u00f3n, sin embargo, el d\u00eda de la audiencia, a la que s\u00f3lo compareci\u00f3 uno de los citados, DIEGO MANUEL L\u00d3PEZ MORALES, no se le permiti\u00f3 hacerlo, bajo el argumento de que no hab\u00eda sido solicitado, con lo que efectivamente se impidi\u00f3 la contradicci\u00f3n de la prueba, por lo que la misma es IL\u00cdCITA y su sanci\u00f3n es la NULIDAD DE PLENO DERECHO\u201d (se subraya). <\/p>\n
5. Respecto de lo segundo, la confusi\u00f3n de los errores de hecho y de derecho, se constata que: <\/p>\n
5.1. En el cargo segundo se esgrimi\u00f3 el quebranto indirecto de las normas que \u00e9l indica, \u201ccomo consecuencia de error de hecho, manifiesto y trascedente, en que incurri\u00f3 el Tribunal en la suposici\u00f3n de la prueba que m\u00e1s adelante se relacionar\u00e1\u201d, la cual en definitiva correspondi\u00f3 al \u201cdictamen pericial aportado por la codemandada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.\u201d. <\/p>\n
Empero resulta que en la fundamentaci\u00f3n del cargo su proponente, en s\u00edntesis, lo que expuso fue que ese medio de convicci\u00f3n, apreciado por los sentenciadores de instancia como dictamen pericial, no satisfac\u00eda las exigencias del art\u00edculo 116 de la Ley 1395 de 2010, por lo que no pod\u00eda ser tenido como tal, y que, de la mano de ello, no se garantiz\u00f3 dentro del proceso su contradicci\u00f3n, pues el a quo \u201cno corri\u00f3 traslado a la contraparte\u201d del mismo y, en la ratificaci\u00f3n que se verific\u00f3, no se permiti\u00f3 a la parte actora contrainterrogar al coautor de la experticia que compareci\u00f3 a rendir declaraci\u00f3n. <\/p>\n
Esa argumentaci\u00f3n, como es f\u00e1cil comprenderlo, devela defectos concernientes con la aportaci\u00f3n, decreto y contradicci\u00f3n de la prueba, que ser\u00edan constitutivos de errores de derecho. <\/p>\n
En suma, planteado el cargo por yerro f\u00e1ctico consistente en la suposici\u00f3n de una prueba, la sustentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n se desvi\u00f3 por un camino completamente diverso a ese, como fue la infracci\u00f3n de normas de estirpe probatoria disciplinantes de los aspectos de la prueba atr\u00e1s advertidos, hibridismo que torn\u00f3 confusa la acusaci\u00f3n y que impide su reconocimiento. <\/p>\n
5.2. En la tercera acusaci\u00f3n, formulada por error de derecho, aconteci\u00f3 todo lo contrario. <\/p>\n
5.2.1. En cuanto hace a la indebida ponderaci\u00f3n del proceso contravencional que se adelant\u00f3 por los mismos hechos y, m\u00e1s concretamente, del \u201cbosquejo topogr\u00e1fico o croquis de tr\u00e1nsito del accidente\u201d que form\u00f3 parte del mismo, se adujo que de este elemento de juicio no se desprende que la v\u00edctima transitara \u201centre carriles\u201d, ni que hubiere perdido el control de la motocicleta que conduc\u00eda; que con \u00e9l se demostr\u00f3 que el campero y dicho aparato pod\u00edan circular por el carril izquierdo, conforme la anchura de ese corredor y de los automotores; y que ni de la huella de arrastre dejada por el segundo veh\u00edculo mencionado, ni de la posici\u00f3n final del mismo, puede deducirse el carril por donde se movilizaba. <\/p>\n
Como se ve, la sustentaci\u00f3n de ese aspecto de la censura concierne con el contenido y significado objetivo de la prueba, postura que ri\u00f1e con la formulaci\u00f3n del cargo, alusivo a la comisi\u00f3n de yerros en la aplicaci\u00f3n de las normas probatorias. <\/p>\n
5.2.2. Algo parecido ocurri\u00f3 con lo restante de la acusaci\u00f3n, segmento relacionado con el experticio aportado por una de las demandadas, en el que tambi\u00e9n se combatieron las conclusiones f\u00e1cticas del ad quem, toda vez que, en sentir del impugnante, esa probanza no acredit\u00f3 \u201cen ning\u00fan momento la realidad\u201d, ni evidenci\u00f3 la forma c\u00f3mo se produjo el accidente, ni la genuina causa del mismo. <\/p>\n
Pese a que se insisti\u00f3 en la indebida aportaci\u00f3n, decreto y contradicci\u00f3n de la mencionada prueba, la sustentaci\u00f3n del reproche, sobre la base de que ella se apoy\u00f3 tambi\u00e9n en \u201clos registros de los da\u00f1os de los veh\u00edculos\u201d, incluy\u00f3 planteamientos como los que siguen a reproducirse: <\/p>\n
Frente a los registros de da\u00f1os de los veh\u00edculos, se debe advertir el da\u00f1o que presenta el veh\u00edculo tipo campero de placa FCR \u2013 638 conducido por el se\u00f1or JULIO C\u00c9SAR CORT\u00c9S OSPINA, pues este no fue valorado, ya que el guardapolvo de la llanta trasera derecha del veh\u00edculo, como se puede notar, est\u00e1 doblado totalmente (as\u00ed se puede ver en el registro fotogr\u00e1fico realizado por la polic\u00eda judicial), lo que necesariamente indica un golpe, y ello sumado a los restos biol\u00f3gicos encontrados en la llanta de similar posici\u00f3n, da la conclusi\u00f3n l\u00f3gica de que la cabeza del occiso golpe\u00f3 tal llanta. <\/p>\n
Queda claro que las t\u00e9cnicas utilizadas por los peritos son absolutamente precarias, pues no demuestran en ning\u00fan momento la realidad. Se hace una reconstrucci\u00f3n en tercera dimensi\u00f3n del accidente en la que da como resultado final, a diferencia del croquis, una l\u00ednea diagonal de huella de frenado del tractocami\u00f3n, mientras que en el croquis se ve claramente una l\u00ednea recta. <\/p>\n
Se afirma que es imposible que el veh\u00edculo tipo campero haya golpeado la motocicleta porque no presenta abolladuras en su carrocer\u00eda. Pero se debe pensar, \u00bfacaso la llanta de este veh\u00edculo no es lo suficientemente alta como para poder colisionar una motocicleta que tiene una altura aproximada de 1 metro? <\/p>\n
No queda duda de que, en todo caso, en el dictamen pericial se confunde constantemente la \u2018p\u00e9rdida de control\u2019 con \u2018el atropello\u2019, pues no se tiene clara la causa exclusiva de la ocurrencia de los hechos. Adem\u00e1s, tampoco queda claro en el dictamen pericial, c\u00f3mo se valora el tiempo de reacci\u00f3n del conductor del veh\u00edculo tipo campero con el de una persona promedio, pues es objetivo y es claro que el examen m\u00e9dico que se le hizo el d\u00eda del accidente al conductor del veh\u00edculo tipo campero dio como positivo para marihuana. <\/p>\n
Es decir, los efectos de las drogas psicotr\u00f3picas alteran el estado de conciencia, as\u00ed como el de los sentidos del consumidor. Condici\u00f3n esta que se pretermiti\u00f3 en la valoraci\u00f3n de la prueba, pues es claro, como se dijo, que dicha condici\u00f3n tuvo incidencia de manera directa en el accidente de tr\u00e1nsito, tanto as\u00ed que el mismo conductor, como lo afirm\u00f3 en el interrogatorio de parte absuelto en la primera instancia, indic\u00f3 que no se percat\u00f3 del accidente hasta segundos despu\u00e9s del mismo, lo que demuestra el alto grado de alteraci\u00f3n y enajenaci\u00f3n mental de [\u00e9]ste, como efecto de las sustancias il\u00edcitas por \u00e9l consumidas. <\/p>\n
No queda claro c\u00f3mo se tiene como hallazgo de la posici\u00f3n relativa de la motocicleta y de la supuesta p\u00e9rdida de control por parte del conductor, que la motocicleta se desplazaba entre carriles. Es decir, como da como un hecho indiscutible la p\u00e9rdida de control de la motocicleta, lo que conlleva un yerro constante. <\/p>\n
Seg\u00fan se aprecia, con todas estas argumentaciones el censor intent\u00f3 desvirtuar las inferencias a que, en el campo de los hechos, arrib\u00f3 el ad quem, pretextando la indebida apreciaci\u00f3n objetiva del experticio y de los elementos que le sirvieron de fundamento, unas veces por preterici\u00f3n, otras por tergiversaci\u00f3n, extract\u00e1ndose la indebida hibridaci\u00f3n del error de derecho, denunciado en el cargo, con los desatinos f\u00e1cticos se\u00f1alados para fundamentar el mismo. <\/p>\n
6. En definitiva, la falta de menci\u00f3n de las normas sustanciales presuntamente vulneradas por el Tribunal, impide un estudio de fondo de las acusaciones auscultadas, a lo que se a\u00f1ade la obscuridad de su fundamentaci\u00f3n, derivada del entremezclamiento de causales, como de las dos clases de error que sirven a la configuraci\u00f3n de la infracci\u00f3n indirecta de preceptos del advertido linaje, defectos todos que signan el fracaso de los cargos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2017, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, en el proceso verbal que se dej\u00f3 plenamente identificado al comienzo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n, como quiera que a los demandantes recurrentes se les concedi\u00f3 amparo de pobreza. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-012-2015-00149-01 <\/p>\n
1. Remem\u00f3rese que, seg\u00fan la decisi\u00f3n mayoritaria, la opugnante no invoc\u00f3 oportunamente la irregularidad, actu\u00f3 sin proponerla y el acto cuestionado cumpli\u00f3 su finalidad sin comprometer \u00abel derecho de defensa\u00bb porque, si bien solicit\u00f3 al Tribunal la aplicaci\u00f3n de los efectos previstos en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, omiti\u00f3 impugnar los prove\u00eddos posteriores y, en todo caso, hacer valer el vicio durante la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. <\/p>\n
2. Los anteriores razonamientos desconocen que es propio del debido proceso y del acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, garant\u00edas de raigambre fundamental, que las actuaciones de los jueces deben adelantarse, y las resoluciones adoptarse, en un lapso prudencial, en tanto los ciudadanos no pueden estar bajo la zozobra de la incertidumbre judicial y a la espera de una respuesta indefinida en el tiempo. <\/p>\n
Est\u00e1ndar que hunde sus ra\u00edces, entre otros instrumentos internacionales, en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, la cual previ\u00f3 como garant\u00eda judicial que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u00bb (negrilla fuera de texto, art\u00edculo 8-1). <\/p>\n
Esta \u00abrazonabilidad\u00bb se expresa en la garant\u00eda a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, esto es, en un plazo razonable1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo los lineamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asegur\u00f3: <\/p>\n
El art\u00edculo 8.1 de la Convenci\u00f3n tambi\u00e9n se refiere al plazo razonable. Este no es un concepto de sencilla definici\u00f3n. Se pueden invocar para precisarlo los elementos que ha se\u00f1alado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analiz\u00f3 este concepto, pues este art\u00edculo de la Convenci\u00f3n Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del Convenio Europeo para la Protecci\u00f3n de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (Ver entre otros, Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A, p\u00e1rr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, p\u00e1rr. 30)\u20262. <\/p>\n
Y despu\u00e9s puntualiz\u00f3: <\/p>\n
[E]n su jurisprudencia la Corte ha establecido que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinaci\u00f3n de los derechos de la persona en un tiempo razonable. La falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por s\u00ed misma, una violaci\u00f3n de las garant\u00edas judiciales. Asimismo, este Tribunal ha se\u00f1alado que el \u2018plazo razonable\u2019 al que se refiere el art\u00edculo 8.1 de la Convenci\u00f3n se debe apreciar en relaci\u00f3n con la duraci\u00f3n total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva\u2026 <\/p>\n
La Corte usualmente ha considerado los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del plazo del proceso judicial: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectaci\u00f3n generada en la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la persona involucrada en el proceso\u2026 <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte destaca que los retrasos causados por las acciones u omisiones de cualquiera de las dos partes se deben tomar en cuenta al analizar si el proceso ha sido llevado a cabo en un plazo razonable\u2026 <\/p>\n
La Corte recuerda que es el Estado, a trav\u00e9s de sus autoridades judiciales, quien debe conducir el proceso. Al respecto, conforme la legislaci\u00f3n procesal civil aplicable al presente caso, el juez tiene el deber de dirigir el procedimiento, manteniendo la igualdad de las partes en el proceso, vigilando que la tramitaci\u00f3n de la causa procure la mayor econom\u00eda procesal y evitando la paralizaci\u00f3n del proceso\u20263 <\/p>\n
3. La ant\u00edtesis a la oportuna resoluci\u00f3n de los asuntos sometidos a composici\u00f3n jurisdiccional es la denominada mora judicial, entendida como la desatenci\u00f3n del funcionario judicial o administrativo \u00abde impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento\u2026 sin motivo justificado\u00bb (STC5316, 13 may. 2021, rad. n.\u00b0 2021-00015-02). <\/p>\n
La mora judicial es uno de los principales problemas que aqueja a la administraci\u00f3n de justicia del pa\u00eds. De acuerdo con datos del Banco Mundial, la prolongada duraci\u00f3n de los procesos judiciales es una de las razones para que la administraci\u00f3n de justicia colombiana ocupe el puesto 177, entre 190 Estados, es decir, se encuentra entre los \u00faltimos lugares del mundo y solamente supera a Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, Comoras, Gab\u00f3n, Afganist\u00e1n, Camboya, Rep\u00fablica Centroafricana, Micronesia (Estados Federados), Santo Tom\u00e9 y Pr\u00edncipe, Angola y Myanmar 4. <\/p>\n
Esta realidad indiscutible y apremiante demuestra que la mora judicial es un problema estructural (no coyuntural), que amerita soluciones basilares basadas en pol\u00edticas p\u00fablicas como las incorporadas en el C\u00f3digo General del Proceso, con el prop\u00f3sito de, entre otros m\u00f3viles, sortear el problema de congesti\u00f3n judicial y, de esta forma, menguar la sensaci\u00f3n de injusticia ocasionada por la demora de la rama judicial en la resoluci\u00f3n de las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
Dentro de tales instrumentos se encuentra el se\u00f1alamiento de t\u00e9rminos de duraci\u00f3n para el proferimiento de la sentencia de \u00fanica, primera o segunda instancia, con consecuencias precisas en los casos en que sean desatendidos por la corporaci\u00f3n judicial, a saber: <\/p>\n
Art\u00edculo 121. Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal. <\/p>\n
Vencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual\u2026 deber\u00e1\u2026 remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses\u2026 <\/p>\n
Excepcionalmente el juez o magistrado podr\u00e1 prorrogar por una sola vez el t\u00e9rmino para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses m\u00e1s, con explicaci\u00f3n de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso. <\/p>\n
Ser\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia (subrayado declarado inexequible por sentencia C-443\/19). <\/p>\n
Esta norma, en verdad, incorpora una pol\u00edtica p\u00fablica dirigida a hacer efectivo el derecho sustancial a \u00abun debido proceso de duraci\u00f3n razonable\u00bb y \u00absin dilaciones injustificadas\u00bb (arts. 2\u00ba del CGP y 29 de la CP), por medio de las siguientes medidas: <\/p>\n
(i) fijar un lapso m\u00e1ximo dentro del cual deben proferirse las decisiones de \u00fanica, primera o segunda instancia; <\/p>\n
(ii) consagrar la \u00abnulidad de pleno derecho\u00bb de las actuaciones surtidas luego del fenecimiento de ese per\u00edodo; <\/p>\n
(iii) establecer la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia del funcionario que ven\u00eda conociendo el asunto junto con la consecuente remisi\u00f3n del expediente al despacho judicial que sigue en turno; y <\/p>\n
(iv) disponer que el cumplimiento de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de las instancias ser\u00eda criterio obligatorio para evaluar el desempe\u00f1o de los falladores. <\/p>\n
Tales medidas fueron sometidas al escrutinio de la Corte Constitucional que, mediante sentencia C-443 de 2019, declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n \u00ab\u2018de pleno derecho\u2019 contenida en el inciso 6\u00bb de la referida disposici\u00f3n y la exequibilidad condicionada \u00abdel resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; del \u00abinciso 2\u00ba del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, en el sentido de que la p\u00e9rdida de competencia del funcionario judicial correspondiente s\u00f3lo ocurre previa petici\u00f3n de parte\u00bb; y \u00abdel inciso 8\u00ba del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, en el sentido de que el vencimiento de los plazos contemplados en dicho precepto no implica una descalificaci\u00f3n autom\u00e1tica en la evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o de los funcionarios judiciales\u00bb. <\/p>\n
Rem\u00e1rquese, el citado pronunciamiento mantuvo inc\u00f3lume el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de los procesos, as\u00ed como la nulidad de las actuaciones realizadas con posterioridad y la p\u00e9rdida de competencia, pero sometidas al principio de la saneabilidad; dicho en otras palabras, las consecuencias del vencimiento del t\u00e9rmino para decidir no se alcanzar\u00e1n de pleno derecho, sino que est\u00e1n subordinadas a que sean alegadas antes de la expedici\u00f3n de la sentencia. De forma literal, el \u00f3rgano de cierre constitucional manifest\u00f3: <\/p>\n
[L]a declaratoria no tienen ninguna repercusi\u00f3n en las reglas contenidas en los incisos 1 y 5, que establecen la duraci\u00f3n de los procesos, pues lo que la Corte consider\u00f3 contrario a la Carta Pol\u00edtica es el hecho de que la nulidad de las actuaciones que se adelantan por el funcionario que perdi\u00f3 la competencia por no concluir la instancia oportunamente, opere de pleno derecho, m\u00e1s no que el legislador haya fijado un l\u00edmite temporal a los tr\u00e1mites que se surten en la Rama Judicial\u2026 <\/p>\n
la p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad originada en este vicio debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, esto es, cuando expiren los t\u00e9rminos legales contemplados en el art\u00edculo 121 del CGP. Con ello se pone fin a la pr\u00e1ctica denunciada en este proceso por algunos intervinientes, en la que las partes permiten el vencimiento del plazo legal y guardan silencio sobre la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia, para luego alegar la nulidad del fallo que es adverso a una de ellas (idem). <\/p>\n
<\/p>\n
Explicado de otra manera, de acuerdo con el actual estado de cosas constitucional y la ratio decidendi de la citada decisi\u00f3n, cuando la parte respectiva solicita aplicar los efectos del art\u00edculo 121 ibidem, luego del vencimiento del plazo de duraci\u00f3n de la instancia y antes de la expedici\u00f3n de la sentencia, indefectiblemente se configura una nulidad que conduce al quiebre del fallo y la imperatividad de renovar las actuaciones viciadas. <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia explic\u00f3 que, despu\u00e9s de conocido \u00abque la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n de \u2018pleno derecho\u2019 contenida en el inciso sexto del art\u00edculo 121 del CGP, \u2026 significa que la nulidad no opera de pleno derecho, por tanto, debe ser alegada por las partes antes de proferirse la correspondiente sentencia, y esta puede sanearse de conformidad con la normatividad procesal civil (art. 132 y subsiguientes del CGP)\u00bb (AC5149, 4 dic. 2019, rad. n.\u00b0 2011-00299-01). <\/p>\n
Poco tiempo despu\u00e9s reiter\u00f3: <\/p>\n
4. En sub examine, conforme a las reflexiones precedentes, refulge que el cargo cuarto estaba llamado a abrirse paso, por cuanto se encuentran satisfechos los requisitos para acceder al pedimento de nulidad por vencimiento del t\u00e9rmino para fallar, a saber: (i) al proferirse la sentencia de 11 de diciembre de 2017 se hab\u00eda excedido el plazo para resolver la alzada; (ii) los demandantes invocaron la nulidad antes de que se profiriera el veredicto de segundo grado; y (iii) el yerro procesal no fue saneado expresamente. <\/p>\n
4.1. En efecto, el expediente arrib\u00f3 a la secretar\u00eda del Tribunal el 15 de abril de 2016, sin que se registrara ninguna actuaci\u00f3n hasta el 24 de octubre del mismo a\u00f1o, data para la cual los demandantes solicitaron al magistrado ponente remitir la actuaci\u00f3n al siguiente en turno como consecuencia de la p\u00e9rdida de competencia, con la expresa advertencia de que las actuaciones posteriores ser\u00edan nulas. <\/p>\n
En raz\u00f3n de este llamado, el 2 de noviembre de id\u00e9ntica anualidad el ad quem admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n; sin embargo, dej\u00f3 transcurrir casi un (1) a\u00f1o para convocar audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, lo que efectu\u00f3 por auto de 3 de octubre de 2017, la cual reprogram\u00f3 por prove\u00eddo de 21 de noviembre siguiente. <\/p>\n
El 11 de diciembre se adelant\u00f3 la vista p\u00fablica, con intervenci\u00f3n de los demandantes, quienes sustentaron sus reparos concretos sin mencionar, ni invocar, la nulidad a que se refiere el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4.2. El anterior recuento de actuaciones muestra que los interesados, despu\u00e9s de la extinci\u00f3n del plazo de seis (6) meses para proferirse la sentencia de alzada y antes de que as\u00ed se procediera, reclamaron los efectos invalidantes de la demora judicial, lo cual, en los t\u00e9rminos del referido pronunciamiento de constitucionalidad, era suficiente para aceptar los irrefutables efectos nulitativos. <\/p>\n
M\u00e1xime porque no se configur\u00f3 ninguno de los motivos de saneamiento a que se refiere el art\u00edculo 136 del CGP, en tanto: (i) la parte afectada aleg\u00f3 oportunamente la nulidad pretendida, huelga decirlo, despu\u00e9s de que se configurara y antes de actuar en el proceso, (ii) no hubo convalidaci\u00f3n expresa del vicio, pues ninguna manifestaci\u00f3n hizo en este sentido, (iii) el acto procesal no cumpli\u00f3 con su finalidad, ya que al final de cuentas se desconoci\u00f3 el plazo m\u00e1ximo se\u00f1alado por el legislador para decidir, y (iv) se viol\u00f3 el derecho de defensa de los impugnantes, al punto que ni siquiera se resolvi\u00f3 su pedimento. <\/p>\n
4.3. Ciertamente, como se dijo en el fallo de la Sala, despu\u00e9s de que los recurrentes alegaran la nulidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, el magistrado ponente emiti\u00f3 tres (3) autos y adelant\u00f3 la audiencia de alegaci\u00f3n y fallo, sin que se reiterara el pedimento de invalidez; empero, esta \u00faltima constataci\u00f3n no puede considerarse como una ratificaci\u00f3n t\u00e1cita de las actuaciones viciadas, pues bastaba que los interesados invocaran la causal para que los actos subsiguientes resultaran afectados. <\/p>\n
En realidad, los recurrentes solicitaron oportunamente la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues lo hicieron despu\u00e9s de vencido el t\u00e9rmino respectivo y antes de la expedici\u00f3n del fallo, lo cual, en los t\u00e9rminos del referido pronunciamiento de constitucionalidad, era suficiente para considerar que la irregularidad se mantiene y no fue subsanada. <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 136 del CGP, el saneamiento se produce cuando la parte \u00abque pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u00bb, por lo que bastaba que los dolientes invocaran la invalidaci\u00f3n para excluir de plano la ratificaci\u00f3n t\u00e1cita. <\/p>\n
Esto debido a que la convalidaci\u00f3n deviene de la decisi\u00f3n del interesado de ratificar \u00abla actuaci\u00f3n viciada en la medida en que s\u00f3lo es su propio inter\u00e9s el que se encuentra afectado\u00bb, como cuando \u00abel vicio no se alega tan pronto como se tiene ocasi\u00f3n para ello\u00bb (SC069, 29 jul. 2004, rad. n.\u00b0 2002-00075-01); lo que no aconteci\u00f3 en el caso, por cuanto los impugnantes se dolieron frente al sentenciador de alzada sobre los efectos indeseables de la intempestividad de su decisi\u00f3n. <\/p>\n
4.4. Frente a lo anterior, deviene excesivo exigirles a los afectados que invocaran la nulidad de forma sucesiva, frente a cualquier determinaci\u00f3n judicial proferida en lo subsiguiente o previo a intervenir en el juicio de cualquier manera. <\/p>\n
Esto debido a que el art\u00edculo 136 \u00fanicamente exige, para evitar el saneamiento, como ya se dilucid\u00f3, que la nulidad sea alegada antes de que la parte interesada act\u00fae en el tr\u00e1mite o de que se profiera la determinaci\u00f3n judicial afectada por la misma, actuaci\u00f3n que ciertamente realizaron los demandantes en el sub lite. <\/p>\n
Tesis que encuentra asidero en la doctrina decantada de la Corporaci\u00f3n, seg\u00fan la cual el saneamiento s\u00f3lo se produce cuando la invalidez \u00abno [sea] propuesta antes de dictarse la sentencia de segundo nivel\u00bb (AC791, 6 mar. 2020, rad. n.\u00b0 2014-00033-01), lo que a contrario sensu se traduce en que basta su simple formulaci\u00f3n para impedir dicho efecto, sin m\u00e1s requisitos. <\/p>\n
De vieja data se ha dicho que la convalidaci\u00f3n t\u00e1cita \u00abconsulta particularmente la actitud o comportamiento que la parte interesada adopte frente a la misma, para lo que importa sobremanera conocer la oportunidad que se tiene para alegarla; a este respecto, y sin perjuicio de un estudio m\u00e1s a espacio, se puede decir que existe una regla de oro, consistente en que la convalidaci\u00f3n t\u00e1cita adviene cuando no se aduce la nulidad una vez que se tiene ocasi\u00f3n para ello\u00bb (SC, 11 mar. 1991). <\/p>\n
En consecuencia, y a t\u00edtulo de reiteraci\u00f3n, una vez Herney Hern\u00e1ndez Mar\u00edn, Liliam del Socorro Arango Arboleda, Daniel Esteban Hern\u00e1ndez Arango y Juliana Hern\u00e1ndez Arango alegaron el vencimiento del t\u00e9rmino para proferir sentencia de segundo grado, as\u00ed como sus efectos invalidantes, despu\u00e9s de configurado el vicio y de forma previa a intervenir en el juicio, se evit\u00f3 la convalidaci\u00f3n t\u00e1cita. <\/p>\n
5. Por las razones precedentes me separo del argumento planteado en el fallo aprobado por la Sala mayoritariamente, en el sentido de que los recurrentes sanearon la irregularidad al no recurrir los autos que fijaron la fecha para la audiencia de segundo grado o por intervenir en la vista p\u00fablica sin invocar el defecto adjetivo. <\/p>\n
El entendimiento precedente, en verdad, impuso una carga procesal que resulta alejada al claro contenido de los art\u00edculos 121 y 136-1 ejusdem y la ratio decidendi de la sentencia C-443 de 2019; y cre\u00f3 una formalidad innecesaria violatoria del canon 11 ibid, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l juez se abstendr\u00e1 de exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
6. En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignadas las motivaciones que en esta oportunidad me llevan a salvar parcialmente mi voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Eduardo Oteiza, Jurisprudencia y debido proceso. La Corte Suprema argentina y la Corte Interamericana. En Michele Taruffo et. al., La misi\u00f3n de los Tribunales Supremos, Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 132. <\/p>\n
2\u0002 Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, sentencia 29 en. 1997. <\/p>\n
3\u0002 Caso M\u00e9moli Vs. Argentina, sentencia 22 ag. 2013. <\/p>\n