STC7899-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7899-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2021-00310-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 10 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que Alfonso Rafael Herrera Roger le instaur\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, extensiva a los intervinientes en el consecutivo 2008-00155. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, se \u00abdecrete la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de fecha 11 de noviembre de 2008\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, adujo que V\u00edctor Rafael Villadiego Mendoza, en su condici\u00f3n de heredero, promovi\u00f3 la sucesi\u00f3n intestada de Elida Reyes Castillo (n\u00b0 2008-155), en la que el estrado encartado declar\u00f3 infundada la oposici\u00f3n que formul\u00f3, junto con su compa\u00f1era permanente (como poseedores) a la diligencia de secuestro del predio con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 060-19381, que hace parte del patrimonio relicto (10 mar. 2011). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, recurrida esa decisi\u00f3n, el a quo la mantuvo inc\u00f3lume y en segunda instancia, el Tribunal de Cartagena orden\u00f3 \u00abDeclarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 11 de noviembre de 2008, inclusive, emitido por la JUEZ TERCERO DE FAMILIA DE CARTAGENA, dentro del tr\u00e1mite impartido al proceso sucesorio de la causante ELIDA REYES CASTILLO. La se\u00f1ora Juez 3\u00b0 de Familia deber\u00e1 sanear las actuaciones procesales de conformidad con las consideraciones que anteceden\u00bb (25 oct.), lo que s\u00f3lo se acat\u00f3 el 2 de febrero de 2012. <\/p>\n
Sostuvo que ello ocurri\u00f3, sin estar \u00abdebidamente integrado el Litis consorcio necesario, ya que no han sido notificados en legal forma como lo indica norma, ni a sus herederos, por lo que queda fuera de discusi\u00f3n que el Despacho ni la parte demandante ha cumplido con su obligaci\u00f3n de notificar a todos los implicados dentro de la Litis\u00bb, lo cual deriva en vicio de las actuaciones surtidas. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 10 de diciembre de 2012 nuevamente se le neg\u00f3 el derecho a hacerse parte en el proceso como \u00abtercero opositor\u00bb y que el despacho accionado \u00abviene vulnerado mis derechos fundamentales, al no querer reconocer mi car\u00e1cter de poseedor leg\u00edtimo de la propiedad trabada en la Lites (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juez Tercero de Familia de Cartagena dijo desempe\u00f1ar dicho cargo desde noviembre de 2015 y anot\u00f3 que, de haberse presentado alguna irregularidad en la mortuoria cuestionada, esta debe estar saneada de conformidad a lo establecido en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso. Destac\u00f3 que la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb no est\u00e1 instituida para revivir t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
Liliana Patricia Jim\u00e9nez P\u00e9rez coadyuv\u00f3 las pretensiones del impulsor. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal de Cartagena desestim\u00f3 el ruego por no cumplir los requisitos de la \u00absubsidiariedad\u00bb e \u00abinmediatez\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 el precursor bajo los mismos argumentos inaugurales, agregando que \u00abLa nulidad o ilegalidad de la sentencia surge, del devenir impregnado de vicios que se ha mantenido en el tiempo, el NO darle el tr\u00e1mite en la forma en que fue ordenada y realizar la ritualidad correspondiente y que fue ordenado por el Superior cuando declar\u00f3 la nulidad de lo actuado posterior al auto de fecha 11 de noviembre de 2008, el vicio en que se ha mantenido los actos posteriores a la declaraci\u00f3n de nulidad es de tal magnitud que no puede ser posible que se pueda sostener inmaculada la sentencia en su impartici\u00f3n de justicia vulner\u00e1ndome mi derecho y los dem\u00e1s procesados. (\u2026) No se puede alegar que por haber transcurrido m\u00e1s de 8 a\u00f1os, el vicio quedo subsanado, lo que el Juez Constitucional debe de analizar es si el despacho viol\u00f3 las normas establecidas para este tipo de procesos y con ello vulner\u00f3 los derechos fundamentales de los ciudadanos implicados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se advierte el fracaso del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo opugnado, porque se inobserv\u00f3, sin excusa valida, el presupuesto temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que, en realidad lo anhelado por el gestor, es que se dejen sin validez los interlocutorios de 11 de noviembre de 2008, 10 de marzo y 25 de octubre de 2011, y 10 de diciembre de 2012 dictados en la sucesi\u00f3n de Elida Reyes Castillo, con los que, en su criterio, no se ha aceptado la oposici\u00f3n que interpuso a la diligencia de secuestro de un inmueble que hace parte de aquella, siendo evidente que desde la \u00faltima de tales decisiones (25 oct. 2011) hasta la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (25 may. 2021), se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la guarda. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC 3457-2021). <\/p>\n
Ahora, arguye el impugnante que la presunta vulneraci\u00f3n \u00abse ha mantenido en el tiempo\u00bb; sin embargo, al revisarse el expediente digital se observa que promovi\u00f3 incidente de nulidad en el que enunci\u00f3 circunstancias y hechos similares a los aqu\u00ed descritos, despachado desfavorablemente mediante audiencia de 25 de abril de 2018, confirmada en segunda instancia el 23 de mayo siguiente, providencia contra la que interpuso s\u00faplica declarada improcedente (12 jun. 2018). <\/p>\n
De suerte que, si en gracia de discusi\u00f3n se contabilizara el t\u00e9rmino de la \u00abinmediatez\u00bb a partir de esta \u00faltima resoluci\u00f3n, la inviabilidad del amparo ser\u00eda la misma, porque desde entonces corrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os al momento de ejercerse ese mecanismo excepcional. <\/p>\n
De modo que dicha dilaci\u00f3n, impide examinar el fondo del debate instado, porque si el interesado se \u00abdemor\u00f3\u00bb en elevar la petici\u00f3n supralegal, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida imputable al funcionario cuestionado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas esenciales invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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