STC7973-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7973-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00271-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Edilberto Benavides Jim\u00e9nez frente a la sentencia de 2 de marzo pasado, emitida desde la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela que aquel promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial y, el Juzgado 14\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de esta capital. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
Y, en concreto, que se ordene dejar sin valor lo dirimido con relaci\u00f3n a la solicitud por \u00e9l allegada dentro del dossier n.\u00b0 \u00ab200800012 03\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado 14\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad se surte, bajo el consecutivo descrito a espacio, la vigilancia de la condena intramural impuesta contra el titular del resguardo, en sentencia de 31 de diciembre de 20081, por los delitos de \u00absecuestro extorsivo tentado, en concurso heterog\u00e9neo con extorsi\u00f3n y rebeli\u00f3n\u00bb, que est\u00e1 siendo purgada en el establecimiento carcelario La Picota. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dicho despacho judicial desestim\u00f3, mediante auto de 30 de noviembre de 2020, una petici\u00f3n del aqu\u00ed promotor dirigida a obtener la \u00abLIBERTAD CONDICIONAL\u00bb, aunque s\u00ed confiri\u00f3 la \u00abREDENCI\u00d3N DE PENA\u00bb paralelamente implorada, \u00aben proporci\u00f3n de doscientos cuarenta y ocho d\u00edas\u00bb, por actividades de trabajo. A su turno, el respectivo Tribunal Superior confirm\u00f3 la prenotada providencia con pronunciamiento de 26 de enero de 2021, tras desatar la apelaci\u00f3n del mismo solicitante. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El tutelante critic\u00f3, en apretada s\u00edntesis, que con las determinaciones acabadas de aludir se han trasgredido sus intereses, por desconocimiento del fondo de la controversia suscitada, pese a que s\u00ed tendr\u00eda derecho al beneficio de libertad contemplado en el art\u00edculo 64 \u00aboriginal\u00bb de la codificaci\u00f3n sustancial punitiva, en la medida en que \u00ablos hechos delictivos acontecieron el 31-03-2006 en Sincelejo (Sucre)\u00bb, poblado en el que la \u00abley 906 del 2004 empez\u00f3 a regir el 01-01-2008\u00bb. <\/p>\n
Adujo que lo zanjado por los juzgadores confutados desconocieron un auto del propio Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el precedente vertido en el veredicto CSJ STP1520-2016, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
Defendieron, por aparte, la pertinencia de sus decisiones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda al encontrar que los autos disentidos \u00abson fruto de autonom\u00eda e independencia propia de las autoridades judiciales, acorde con la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto, puesto a su conocimiento\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por el convocante, quien persisti\u00f3 en los reproches y a\u00f1adi\u00f3 que fueron contrariados los precedentes CSJ AP, 4 may. 2005, AP7843-2016 y STP16956-2018 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal y, T-402\/08 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los instrumentos comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, cada vez que sobrevenga el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el entendido de que los ataques del gestor est\u00e1n enfilados contra los autos de 30 de noviembre de 2020 y 26 de enero de 2021, con el cual los dispensadores de justicia recriminados optaron por rehusar la libertad condicional deprecada por aquel, se advierte que el estudio aqu\u00ed versar\u00e1 sobre el \u00faltimo pronunciamiento comentado, cual fue el que zanj\u00f3 el debate en torno a la materia. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo estrictamente medular, all\u00ed se acot\u00f3: <\/p>\n
\u2026Es claro que la situaci\u00f3n planteada por el sentenciado, se relaciona con el principio de favorabilidad de las normas restrictivas de los subrogados y beneficios de aquellos ciudadanos, que al tiempo de la comisi\u00f3n de sus delitos, no atendieron la pol\u00edtica criminal y optaron por la ejecuci\u00f3n de conductas que generaron ostensible alarma y ofensa a los intereses superiores de la comunidad. <\/p>\n
Por ello, la calificaci\u00f3n de la gravedad delictiva fue introducida como un elemento a examinar no solo al tiempo de la imposici\u00f3n de la sentencia, sino como exigencia presente en la valoraci\u00f3n previamente a resolver sobre la cantidad de pena cumplida entre otros factores (comportamiento carcelario, arraigo social, pago de penas accesorias, indemnizaciones, etc.), todo lo cual hace la diferencia con otros comportamientos legalmente considerados de menor intensidad y da\u00f1o social. <\/p>\n
Y como aduce el mismo recurrente, en la pr\u00e1ctica judicial hemos asistido a variedad de legislaci\u00f3n e interpretaciones sobre la vigencia de las normas, siendo lugar com\u00fan la fecha de los hechos en sus alcances de ultra y retroactividad; pues no desconocemos, que entre el original art. 64 de la Ley 699 de 2000; la ley 733 de 2002; la Ley 906 de 2004, ley 890 de 2004, ley 1121 de 200 y Ley 1709 de 2014, se presenta cierta fragmentariedad que incide en la aplicaci\u00f3n o no de (\u2026) condiciones para los sentenciados por los graves delitos como el secuestro y la extorsi\u00f3n, por lo que cada evento, puede tener respuesta diferente, v.gr, es un hecho cierto que acorde con las interpretaciones a que accedi\u00f3 la Corte Suprema, en algunos casos, para admitir por favorabilidad las normas de la Ley 906 de 2004 ante las de la Ley 600 de 2000, en distritos donde esta no hab\u00eda entrado a regir, pese a la restricci\u00f3n del estatuto, y en otros eventos, situaci\u00f3n diferente, o privilegiando la legislaci\u00f3n de 2000, por ejemplo en la cantidad de pena cumplida para la viabilidad del subrogado. <\/p>\n
Luego, no es viable la generalizaci\u00f3n como sugiere BENAVIDES JIMENEZ (sic), de que se le debe aplicar en todo, solo el original art. 64 de la ley 599 de 2000, como si el factor temporal de sus delitos no tuviese alcance alguno, para atender aquella normativa, y no es as\u00ed, justo, por la fecha de los hechos, se le recaba. <\/p>\n
Las conductas que convocaron esta causa sobrevinieron el 31 de marzo de 2006 en el municipio de San Onofre, Sucre, la investigaci\u00f3n se adelant\u00f3 bajo la \u00e9gida de la Ley 600 de 2000, porque el sistema penal acusatorio instituido en la Ley 906 de 2004 en ese distrito judicial se aplicar\u00eda desde el 1\u00ba de enero de 2008, acorde con el inciso 3\u00ba, del art. 530 ib\u00eddem. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Con base en ellas se considera, que para quien comet\u00eda un delito de secuestro extorsivo o extorsi\u00f3n entre el 1\u00ba de enero de 2005 y el 30 de diciembre de 2006, como es el caso de BENAVIDES JIM\u00c9NEZ, era admisible la concesi\u00f3n de la libertad condicional, cuyos requisitos se estudiar\u00edan con base en la legislaci\u00f3n vigente para ese interregno, es decir, con la modificaci\u00f3n introducida por el art. 5\u00ba de la Ley 890 de 2004 que exige (i) valoraci\u00f3n del delito, (ii) cumplimiento efectivo de las 2\/3 partes de la pena, (iii) resoluci\u00f3n de conducta favorable expedida por el establecimiento penitenciario, (iv) pago de la multa y (v) de perjuicios, es decir, que la versi\u00f3n original del art. 64 del C\u00f3digo Penal para estos efectos s\u00f3lo se tendr\u00eda en consideraci\u00f3n para eventos suscitados hasta el 31 de diciembre de 2004, como son los esgrimidos en los apartes jurisprudenciales vertidos como sustento de su pretensi\u00f3n y no se acompasan con el decurso procesal debatido ante esta sede. <\/p>\n
Entonces, pasa por alto BENAV[ID]ES JIM\u00c9NEZ, derivando en la improsperidad de la censura, que de una parte, las que cita, son sentencias de tutela y no de control constitucional o legal, que versando sobre unos hechos concretos en cada demanda diferenciables por la temporalidad, surge que conforme al art. 48 de la Ley 270 de 1996, incluyendo las proferidas en sede de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, s\u00f3lo tiene efectos inter partes, de otro modo, su decisi\u00f3n \u00fanicamente vincula a los interesados y no es factible extender sus efectos a la generalidad, como lo aduce sin sustento el replicante, dadas las particularidades que involucra esclarecer la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental por una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
De otro lado, como sucede con el pronunciamiento de una Sala de Decisi\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n que cit\u00f3 el recurrente, los sucesos all\u00ed evaluados en torno a la comisi\u00f3n del delito de secuestro extorsivo, acaecieron con anterioridad al 1\u00ba de enero de 2005, y con el advenimiento del art. 5\u00ba de la Ley 890 de 2004 y la Ley 906 de 2004, derogatorios de la enunciada prohibici\u00f3n del art. 11\u00ba de la Ley 733 de 2002, en aras de concatenar los postulados de legalidad y favorabilidad de la norma penal posterior, con fundamento en la fecha de los hechos que motivaron esas sentencias discerniendo, el problema de la sucesi\u00f3n de leyes en el tiempo con relaci\u00f3n a la procedencia de la libertad condicional de cada uno de esos casos, se zanjaba acudiendo a los presupuestos iniciales del art. 64 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
Ante este panorama, por la fecha de los hechos que determinaron la condena de BENAVIDES JIMENEZ -31 de marzo de 2006- y la sucesi\u00f3n favorable de normas acaecidas con respecto a la posibilidad de obtener la libertad condicional para quien comete un delito de secuestro extorsivo o extorsi\u00f3n, la misma debe verificarse con la reforma incorporada por el art. 5\u00ba de la Ley 890 de 2004, cuyas condiciones para su aquiescencia no fueron realmente atacadas y lo argumentado por el A quo, con respecto a esos t\u00f3picos se encuentra acorde con el factum procesal. <\/p>\n
Lo dicho, porque ni siquiera se tienen argumentos del apelante contra la valoraci\u00f3n de los hechos susceptible de tener en cuenta al tiempo de analizar los subrogados, infiriendo que asiente la gravedad, que ya hemos dicho, recog\u00eda antes, despu\u00e9s del 2006 y ahora, una pol\u00edtica criminal dirigida con mensaje claro a los actores armados para cierta clase de delitos de connotado impacto social, que para el caso que atendemos, no tuvo ninguna injerencia en el devenir criminoso, intencional y punitivo de BENAVIDES JIMENEZ. <\/p>\n
Lo esbozado porque revela el procesamiento, que obr\u00f3 contra otro ciudadano, en la ofensa y lesi\u00f3n efectiva a intereses superiores como la libertad f\u00edsica y su autonom\u00eda individual, por atreverse a extorsionarlo y secuestrarlo, solo (sic) por no plegarse la v\u00edctima a sus fines il\u00edcitos, superando y desafiando los poderes de las autoridades legalmente establecidas, cuyos efectos en la legislaci\u00f3n, en su potestad de configuraci\u00f3n constitucional, demanda cumplir la pena como fue discernida acorde con los fines de la prevenci\u00f3n especial, general y de expectante reinserci\u00f3n social, para restaurar en algo la confianza de la comunidad en torno a la seguridad institucional y el tratamiento penitenciario que se prodiga a ciertos actores superlativamente delictivos\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
Criterio que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones aducidas y, por ende, las r\u00e9plicas no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el juez de alzada revalid\u00f3, con base en los postulados del art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 890 de 2004 (modificatorio del 64 original de la codificaci\u00f3n penal) la negaci\u00f3n de la libertad condicional por \u00e9l suplicada; planteamientos que improbable es desaprobarlos de plano o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si [los] que [se] ha[n agotad]o no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 01050). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Total, la misma Sala de Casaci\u00f3n Penal (con posterioridad al invocado fallo de amparo CSJ STP1520-2016) acab\u00f3 por sostener, sobre la aplicaci\u00f3n y vigencia de la ley 890 de 2004 (con base en la que se abord\u00f3 lo pedido por el promotor), lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) [T]ampoco podr\u00eda alegarse [por el accionante] que en su caso resultaba aplicable el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000 original, sin el condicionamiento de la valoraci\u00f3n de la conducta punible, modificaci\u00f3n introducida por la Ley 890 de 2004, por cuanto su vigencia y aplicaci\u00f3n empez\u00f3 a partir del 1\u00ba de enero de 2005, es decir, antes de la realizaci\u00f3n de las conductas por las que result\u00f3 enjuiciado y posteriormente condenado\u2026 <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala de Casaci\u00f3n Penal se refiri\u00f3 [(CSJ AP5227-2014)] en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abSobre la vigencia del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 890 de 2004, que modific\u00f3 el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, debe retomar la Corte su estudio para se\u00f1alar que se encuentra rigiendo en todo el territorio nacional desde el 1\u00ba de enero de 2005, por no estar su incorporaci\u00f3n a la legislaci\u00f3n colombiana sujeta a la implementaci\u00f3n gradual del sistema penal acusatorio. <\/p>\n
Aunque la Ley 890 se public\u00f3 en el diario oficial el 7 de julio de 2004, el art\u00edculo 15 dispuso que regir\u00eda a partir del 1\u00b0 de enero de 2005, \u00abcon excepci\u00f3n de los art\u00edculos 7\u00ba a 13\u00bb, que entraron en vigencia en forma inmediata. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, la ley comentada no previ\u00f3 excepci\u00f3n o condicionamiento para que el art\u00edculo 5\u00ba empezara a regir el 1\u00ba de enero de 2005, junto con el resto del articulado\u00bb\u2026 <\/p>\n
De conformidad con lo se\u00f1alado, la Sala concluye (\u2026) la negativa del amparo\u2026 (Se resalt\u00f3 \/ STP, 24 mar. 2020, rad. 109722). <\/p>\n
De ah\u00ed que al aqu\u00ed petente no le sean de acogida sus cr\u00edticas sobre el desconocimiento del veredicto STP1520-2016. Baste, tambi\u00e9n, con precisar que los prove\u00eddos aludidos en la opugnaci\u00f3n, al margen de albergar hechos nuevos no coinciden con la problem\u00e1tica aqu\u00ed decantada y, a la postre, el precedente v\u00e1lido es el vertical, que no el horizontal sugerido por la censura. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo consignado, entonces, impone resolver de modo ratificatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 17 a\u00f1os y 4 meses de prisi\u00f3n, m\u00e1s multa de 1.299 s.m.l.m.v. <\/p>\n
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