STC7975-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7975-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2021-00098-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abadmitir [su] acci\u00f3n popular\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo formul\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Comit\u00e9 de Cafeteros de Risaralda (Caldas), que inadmiti\u00f3 el juzgado accionado con prove\u00eddo del 20 de mayo anterior, comoquiera que (i) el demandante \u00abal mencionar los intereses colectivos vulnerados, no precisa el art\u00edculo al cual se refiere, se limita a mencionar unos literales de la Ley 472 de 1998\u00bb; y (ii) \u00abno se acredita [con la presentaci\u00f3n] de la acci\u00f3n, la remisi\u00f3n de la misma a la contraparte, lo cual est\u00e1 claramente establecido en los art\u00edculos 3 y 6 del del decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2.2. Cumplido lo anterior, el actor popular alleg\u00f3 escrito de subsanaci\u00f3n, que consider\u00f3 insuficiente el estrado convocado, por lo que rechaz\u00f3 el libelo con prove\u00eddo del 31 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
2.3. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abla tutelada [le] exigi\u00f3 cumplir decreto 806 del 2020, pese a que la acci\u00f3n popular es ley especial y aut\u00f3noma\u00bb, conforme lo reconoci\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en sentencias CSJ STC4884-2017 y CSJ STC11370-2018. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Anserma defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto \u00abel querellante no utiliz\u00f3 el mecanismo ordinario con el que contaba para la salvaguarda de las garant\u00edas invocadas\u00bb, comoquiera que omiti\u00f3 censurar el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 su acci\u00f3n popular. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Destac\u00f3 el accionante que el Tribunal querellado desconoci\u00f3 la jurisprudencia de esta Sala Especializada, conforme a la cual el amparo resulta procedente: <\/p>\n
\u2026 cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra\u2026 una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y peligro para los atributos b\u00e1sicos, es posible la intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante, la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a predicar la inaplicabilidad del decreto 806 de 2020 a las acciones populares. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto el tutelante no hizo uso del medio de defensa que tuvo a su alcance, para exponer sus inconformidades ante el juez natural de la causa. <\/p>\n
2.1. En efecto, no interpuso el recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda conforme con el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 19981, contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 su demanda, proferido el 31 de mayo de 2021, incurriendo en incuria, en cuanto dej\u00f3 de ejercer el instrumento jur\u00eddico de defensa id\u00f3neo para censurar aquel auto, con lo que abandon\u00f3 la oportunidad que ten\u00eda para que el tema relativo al rechazo de su libelo agotara el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
En consecuencia, se reitera, la presente demanda constitucional est\u00e1 condenada al fracaso, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales acaecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC8898-2017, 21 jun. 2017, rad. 2017-00112-01). <\/p>\n
2.2. Por lo dem\u00e1s, respecto a los precedentes citados por el actor en su impugnaci\u00f3n, con fundamento en los cuales predica la viabilidad de su reclamo, ha de precisarse que esta Sala, en casos similares, ha decantado que: <\/p>\n
3. Referente a los precedentes citados por el se\u00f1or Mario Restrepo, se le recuerda que si bien en otrora la Corte pas\u00f3 por alto la incuria del petente de la salvaguarda en la interposici\u00f3n del remedio horizontal consagrado en la citada regla 36 frente a providencias como la ac\u00e1 examinada, esa postura de la Sala cambi\u00f3 recientemente, por cuanto permitir la inobservancia de los requisitos propios de este amparo constitucional terminar\u00eda desnaturaliz\u00e1ndolo. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, es viable activar este mecanismo contra decisiones judiciales notoriamente arbitrarias con incidencia directa y negativa en derechos fundamentales, siempre y cuando, quien recurre a esta especial forma de protecci\u00f3n, haya agotado los medios legales ordinarios de defensa a su disposici\u00f3n, en la respectiva actuaci\u00f3n litigiosa; permitirlo de otra forma desconocer\u00eda el art\u00edculo 86 Superior. <\/p>\n
Ahora, es factible soslayar en algunos casos el principio de subsidiariedad de la tutela cuando se est\u00e1 frente a un perjuicio irremediable; empero, el subj\u00fadice no es uno de ellos. (CSJ STC14623-2018) <\/p>\n
3. A pesar de que, lo previamente expuesto, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n, vale la pena a\u00f1adir que el resguardo tambi\u00e9n est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el prove\u00eddo del 31 de mayo de 2021, que rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 el quejoso, no luce arbitrario, pues en la citada decisi\u00f3n el juzgado accionado explic\u00f3 los motivos por lo que no se pod\u00eda dar curso a la demanda, respecto de lo cual precis\u00f3: <\/p>\n
En el auto por medio del cual se inadmiti\u00f3 la demanda, se indic\u00f3 <\/p>\n
: \u201c\u2026Revisado el escrito de ACCI\u00d3N POPULAR, se observa que el mismo no cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en la normativa antes transcrita, por las siguientes razones: <\/p>\n
– Al mencionar los intereses colectivos vulnerados, no precisa el art\u00edculo al cual se refiere, se limita a mencionar unos literales de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
– No se acredita con al presenta de la acci\u00f3n, la remisi\u00f3n de la misma a la contraparte, lo cual est\u00e1 claramente establecido en los art\u00edculos 3 y 6 del del decreto 806 de 2020, el cual, aplica para la jurisdicci\u00f3n constitucional, como bien lo manifiesta el mismo accionante en su escrito. Cabe anotar que la aplicaci\u00f3n del decreto es integral, y aplica para ambas partes de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal\u2026\u201d <\/p>\n
Al momento de subsanar la acci\u00f3n popular, el accionante lo hace respecto del primer punto, pero frente al \u00faltimo aspecto se pronuncia indicando que el Decreto 802 de 2020 (sic), no aplica en acciones populares, y que en ese sentido se ha pronunciado ya la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
No obstante, al hacer la revisi\u00f3n de las providencias citadas por el accionante: 11001-02-03-000-2020-02722-00 y 11001-02-03-000-2020- 02448-00, que corresponde a las que fueron las encontradas en el sistema de b\u00fasqueda de la p\u00e1gina de la Corte, por ser la \u00fanicas mencionadas con el radicado completo, observa esta c\u00e9lula judicial, que en la mismas, en parte alguna se menciona que el Decreto 806 de 2020, no sea aplicable a la jurisdicci\u00f3n constitucional o espec\u00edficamente a las acciones populares; pues lo que all\u00ed se explica es la forma en que procede el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, en donde concluy\u00f3 la Corte Suprema de Justicia que comoquiera ya las mismas ven\u00edan tramit\u00e1ndose bajo normativa anterior, con la que inclusive fue concedido el recurso, para la sustentaci\u00f3n debi\u00f3 aplicarse el C.G.P y no el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Lo anterior, contrario a lo considerado por el actor popular, lo que hace es reafirmar la aplicabilidad del Decreto 806 de 2020, pues en dichas sentencias lo que explica la Corte, es la forma como procede la aplicaci\u00f3n, conforme con las reglas que rige el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y como quiera que las acciones han sido presentadas en vigencia del Decreto 806 de 2020, no hay duda, que debe darse aplicaci\u00f3n al mismo. <\/p>\n
Ahora bien, menciona el accionante al momento de subsanar que desconoce la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la accionada. Al respecto cabe resaltar, que el mismo est\u00e1 contenido, bien en sus p\u00e1ginas oficiales o en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, e inclusive en los buscadores de navegaci\u00f3n de internet; pero si aun as\u00ed, no le es posible obtenerla, ello, no lo exime de remitir la acci\u00f3n, pues el Decreto 806 de 2020, en su art\u00edculo 6\u00ba que reza en lo pertinente: \u201c\u2026De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditar\u00e1 con la demanda el env\u00edo f\u00edsico de la misma con sus anexos\u2026\u201d <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la tutelante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el estrado criticado interpret\u00f3 el art\u00edculo 6\u00b0 el decreto 806 de 2020 y concluy\u00f3 que como el actor no acat\u00f3 la carga impuesta en dicha norma, en el sentido de remitir copia de la demanda a su contraparte, lo que tampoco hizo en el t\u00e9rmino concedido para subsanar el libelo, se impon\u00eda su rechazo. <\/p>\n
Tal deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abReposici\u00f3n. \u2026Contra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recurso de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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