STC7976-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7976-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00183-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de mayo de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Francisco M\u00e9ndez Figueroa contra el Juzgado de Familia de Funza y la Comisar\u00eda de Familia de Cota, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso e igualdad, que dice vulneradas por las autoridades acusadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdeclarar la nulidad y\/o dejar sin efecto jur\u00eddico\u2026, las decisiones tomadas el 15 de abril de 2021 por la Comisar\u00eda de Familia de Cota\u2026 y el 26 de abril de 2021 por el Juzgado de Familia\u2026 de Funza\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, reclam\u00f3 que se ordene a la comisar\u00eda convocada \u00abinvestigar los presuntos hechos de violencia que informa\u2026 Natalia Escobar, sucedieron el 10 de enero de 2021, por cuanto no pod\u00eda tramitarse incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n definitiva tomada el 20 de octubre de 2015, por hallarse prescrita\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Mediante providencia del 26 de marzo de 2015, la comisar\u00eda de familia criticada concedi\u00f3 medidas de protecci\u00f3n en favor de Natalia Andrea Escobar Chaux y Javier Francisco M\u00e9ndez Figueroa, por lo que les orden\u00f3 \u00abcesar todo acto de violencia, agresi\u00f3n, maltrato, amenaza u ofensa en contra uno del otro\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 12 de agosto de 2020, se inici\u00f3 el tr\u00e1mite de un primer incidente de desacato contra Javier Francisco M\u00e9ndez Figueroa, que fue desestimado con providencia del 25 de agosto de 2020, en la que, adicionalmente y entre otras determinaciones, se adopt\u00f3, \u00abcomo medida [de protecci\u00f3n] adicional\u00bb, \u00abprohibir a\u2026 M\u00e9ndez Mu\u00f1oz\u2026 seguir, perseguir, espiar, acosar, escandalizar a\u2026 Natalia Andrea Escobar Chaux en cualquier lugar donde se encuentre\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, ante reclamaci\u00f3n presentada por Javier Francisco M\u00e9ndez Figueroa, la comisar\u00eda convocada, con prove\u00eddo del 24 de febrero de 2021, orden\u00f3 la verificaci\u00f3n de derechos de los dos hijos menores procreados entre M\u00e9ndez Figueroa y Escobar Chaux, la cual se llev\u00f3 a cabo por parte del equipo interdisciplinario de dicha entidad, el 2 de marzo siguiente. <\/p>\n
2.4. De otro lado, Natalia Andrea Escobar Chaux promovi\u00f3 un nuevo incidente de desacato contra Javier Francisco M\u00e9ndez Figueroa, por el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n a ella concedidas en el tr\u00e1mite acusado, que se declar\u00f3 pr\u00f3spero con providencia del 15 de abril de 2021, por lo que se sancion\u00f3 al incidentado al pago de una multa equivalente a cuatro salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, decisi\u00f3n confirmada por el juzgado convocado, en sede de consulta, a trav\u00e9s de determinaci\u00f3n del 26 de abril de los corrientes. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la \u00abpresunta violencia intrafamiliar\u00bb de la que fue acusado por Natalia Andrea Escobar Chaux, \u00abno fue probada por la comisaria de familia\u00bb; que no fueron apreciadas las pruebas por \u00e9l aportadas; que se valoraron elementos de juicio que fueron allegados de forma \u00abirregular\u00bb; y que no se tuvieron en cuenta las contradicciones en las que incurrieron la denunciante y los testigos aportados por ella. <\/p>\n
2.6. Adicion\u00f3 que \u00abla medida de protecci\u00f3n definitiva\u2026, data del 20 de octubre 2015 y los presuntos hechos denunciados por\u2026 Natalia Escobar, como incumplimiento a la mencionada medida de protecci\u00f3n sucedieron el 10 de enero de 2021, es decir, que la sanci\u00f3n decretada\u2026 se encontraba prescrita\u00bb, habida cuenta que \u00abel inciso 3\u00ba del art\u00edculo 52 de la Ley 1437 de 2011, [establece] que \u00abLa sanci\u00f3n decretada por acto administrativo prescribir\u00e1 al cabo de cinco (5) a\u00f1os contados a partir de la fecha de la ejecutoria\u00bb\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador 128 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 negar el resguardo, toda vez que el accionante \u00abno formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la resoluci\u00f3n que impuso la medida de protecci\u00f3n definitiva\u2026, [ni] formul\u00f3 nulidad del proceso\u2026 por las presuntas irregularidades en el tr\u00e1mite de incumplimiento de la medida definitiva\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda de Familia de Cota defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dijo acogerse \u00aba lo que se pruebe y ordene dentro de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado de Familia de Funza destac\u00f3 que la actuaci\u00f3n que adelant\u00f3 \u00abse llev\u00f3 a cabo de conformidad con la normatividad vigente aplicable al caso\u2026; no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n al derecho al debido proceso; y las decisiones tomadas en la providencia del veintis\u00e9is\u2026 de abril de 2021, se encuentran acordes al material probatorio arrimado\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto \u00abno se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por el convocante, por el contrario, la providencia que confirma la sanci\u00f3n impuesta se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o capricho, e independiente de que esta Corporaci\u00f3n la proh\u00edje o no\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, \u00aben cuanto a que la medida de protecci\u00f3n definida el 20 de octubre de 2015 se encuentra prescrita\u00bb, destac\u00f3 que esa circunstancia no fue alegada ante los falladores ordinarios y que las medidas protecci\u00f3n \u00abtendr\u00e1n vigencia por el tiempo que se mantengan las circunstancias que dieron lugar a estas y ser\u00e1n canceladas mediante incidente\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la valoraci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria efectuada en los prove\u00eddos que resolvieron el incidente de desacato adelantado en su contra, as\u00ed como tambi\u00e9n sobre la supuesta prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n a \u00e9l impuesta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De entrada ha de precisarse que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo de 26 de abril de 2021, que resolvi\u00f3 la consulta al que fue sometida la decisi\u00f3n del 15 de abril de estas mismas calendas, toda vez que fue esa determinaci\u00f3n la que finiquit\u00f3 la controversia suscitada en el asunto objeto de reproche constitucional. <\/p>\n
3. Bajo esa \u00f3ptica, se advierte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que la prenotada providencia de 26 de abril no denota arbitrariedad, toda vez que en dicha determinaci\u00f3n el estrado querellado expres\u00f3 las razones por las que consideraba viable imponer a Javier Francisco M\u00e9ndez Figueroa sanci\u00f3n por desacato de la medida de protecci\u00f3n dictada en el asunto criticado. <\/p>\n
Ciertamente, en la providencia cuestionada, tras relacionar las pruebas recaudadas en el prenotado tr\u00e1mite, en especial, las declaraciones rendidas por los contendientes, as\u00ed como tambi\u00e9n los testimonios de Catalina Rojas Segura, Eliana Carolina Carpintero, Pedro David M\u00e9ndez Figueroa y Emiliano Andr\u00e9s Su\u00e1rez, destac\u00f3 que: <\/p>\n
Considera entonces el Despacho que de los informes y la documental aportada por la Comisaria, tal y como se observa, configuran un incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, atendiendo a que el demandado agredi\u00f3 verbal y f\u00edsicamente a la incidentante, y no han cesado las agresiones en contra de la incidentada, siendo esta una medida impuesta de marras. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
El despach\u00f3, a la luz del acervo probatorio obrante analizar las manifestaciones vertidas, en el incidente que ahora ocupa la atenci\u00f3n del Juzgado, se puede concluir sin mayor esfuerzo que\u2026 Javier M\u00e9ndez incumpli\u00f3 la medida de protecci\u00f3n que le fuera impuesta en providencia proferida el d\u00eda veintis\u00e9is (26) de marzo de 2015. <\/p>\n
Se observa del estudio de las manifestaciones Natalia Escobar Chaux, que efectivamente existi\u00f3 maltrato verbal y f\u00edsico en su contra, violencia en la que sus hijos se est\u00e1n viendo involucrados pues est\u00e1n utilizando a los ni\u00f1os, para hacerse da\u00f1o desconociendo que a los que est\u00e1n afectando de manera directa es a los menores, por lo que [se] determina que no existe motivo alguno justificable para permitir que ocurran dichos actos de violencia y maltrato, que comportan un grado afectaci\u00f3n mayor tanto para los intervinientes, como para el hijo en com\u00fan de la pareja, siendo un actuar inaceptable. <\/p>\n
Se concluye de lo anterior, entonces, que el accionado ten\u00edan una obligaci\u00f3n impuesta a favor de la denunciante, evidenciando que del an\u00e1lisis probatorio la Comisaria estableci\u00f3 el incumplimiento por el demandado, que\u2026 M\u00e9ndez Figueroa incumpli\u00f3 lo orden dada por la Comisar\u00eda de Familia de Cota Cundinamarca, consecuencia de lo cual, a juicio del juzgado se ajust\u00f3 a derecho y a la realidad f\u00e1ctica del proceso la sanci\u00f3n impuesta, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del art\u00edculo 7\u00ba de la ley 294 de 1996, modificado por el art\u00edculo 4o. de la Ley 575 de 2.000, raz\u00f3n por la que habr\u00e1 de confirmarse la providencia de primer grado. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del tutelante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el estrado criticado valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluyo que se demostr\u00f3 el incumplimiento de las medidas protecci\u00f3n concedidas en favor de Natalia Andrea Escobar Chaux y a cargo de Javier Francisco M\u00e9ndez Figueroa, hecho que encontr\u00f3 acreditado, en especial, con la testimonial recaudada en el decurso procesal. <\/p>\n
Tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Finalmente, respecto a la supuesta \u00abprescripci\u00f3n\u00bb de la sanci\u00f3n impuesta al tutelante, baste con decir que tal alegaci\u00f3n no fue planteada por el quejoso en el curso del proceso cuestionado, lo que hace inviable el resguardo, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
6 <\/p>\n
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