STC7979-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7979-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00034-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Dellana Socorro Tafur Atique frente a la sentencia de 18 de mayo pasado, emitida desde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, Sala Civil-Familia-Laboral, en la acci\u00f3n de tutela que aquella impuls\u00f3 contra los Juzgados Promiscuo de Familia y Segundo Promiscuo Municipal, ambos de Maicao; tr\u00e1mite al que fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por los despachos repelidos. <\/p>\n
Y, en concreto, que se conmine a dejar sin valor las providencias proferidas dentro del dossier n.\u00b0 \u00ab2019-00341\u00bb. <\/p>\n
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1. Ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao se surti\u00f3, bajo la radicaci\u00f3n descrita a espacio, incidente instaurado por Omaida Z\u00fa\u00f1iga \u00c1lvarez respecto a la titular del presente resguardo (como representante legal de Aseocolba S.A.), al estimar desacatada la orden impartida en el fallo constitucional de 17 de octubre de 2019, de cuyo cauce provino auto sancionatorio (10 d\u00edas de arresto y multa de 7 s.m.l.m.v.) el 13 de enero de 2020, que el estrado Promiscuo de Familia \u00eddem anul\u00f3 junto a todo lo actuado, en grado de consulta, con prove\u00eddo del 24 del mismo mes, menos \u00abla etapa previa a su iniciaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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2. Luego de lo anterior, la agencia judicial cognoscente se abstuvo de abrir el rito incidental y dispuso archivarlo el 3 de febrero posterior; empero (en cumplimiento del mandato supralegal del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao1) volvi\u00f3 a amonestar a la aqu\u00ed tutelante por desacato, mediante interlocutorio de 15 de mayo siguiente, esta vez con arresto de 5 d\u00edas y multa de 5 s.m.l.m.v., decurso igualmente invalidado por el superior el 30 de junio subsecuente, desde la apertura. <\/p>\n
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3. Una vez m\u00e1s, al estimar superadas las anomal\u00edas declaradas, el despacho municipal fustigado sancion\u00f3 a la promotora del actual amparo a 10 d\u00edas de arresto y multa de 7 s.m.l.m.v., por medio de auto de 20 de agosto del citado 2020, ratificado por el de familia, en alzada jurisdiccional, el 14 de septiembre postrero. <\/p>\n
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4. La quejosa critic\u00f3, en s\u00edntesis, que los juzgadores rehusaron verificar una \u00abimposibilidad\u00bb suya de dar \u00abcumplimiento\u00bb al fallo de 17 de octubre de 2019, al momento de impartirle las amonestaciones por desacato, pues a m\u00e1s de que Banco Agrario de Colombia y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se han rehusado a integrar a Omaida Z\u00fa\u00f1iga \u00c1lvarez a un puesto de labores, Aseocolba S.A. no tiene m\u00e1s contratos de \u00abprestaci\u00f3n de servicios\u00bb en Maicao, mientras que en Riohacha aquella no quiso ser trasladada. <\/p>\n
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3. Rog\u00f3, para precaver un perjuicio irremediable, la suspensi\u00f3n de la sanci\u00f3n incidental, no conferida por el tribunal a-quo en los pronunciamientos admisorios (16 feb. y 6 may. 21), sin objeci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Segundo Promiscuo de Municipal de Maicao se opuso a la clama en tanto que no trasgredi\u00f3 garant\u00eda alguna y por la \u00abtemeridad y mala fe\u00bb de la gestora, soportada en que \u00abcon esta son dos las acciones (\u2026) interpuestas\u2026, siendo el primer accionante el se\u00f1or JORGE ELIAS GONZ\u00c1LEZ MOLINARES\u00bb (rad. \u00ab2020-00094\u00bb). <\/p>\n
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2. Omaida Z\u00fa\u00f1iga \u00c1lvarez enunci\u00f3, con la vocer\u00eda de apoderado, entre m\u00faltiples cuestiones, que el extremo incidentado en el plenario n.\u00b0 \u00ab2019-00341\u00bb a\u00fan no ha acatado el fallo de 17 de octubre de 2019, por lo que no son descabellados el arresto y multa infligidos. <\/p>\n
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3. Banco Agrario de Colombia y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Direcci\u00f3n Regional de La Guajira, acotaron, por separado, que los embates les son ajenos. <\/p>\n
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4. Los dem\u00e1s involucrados prefirieron guardar silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda, luego de superada la nulitaci\u00f3n que decretara la Corte en prove\u00eddo CSJ ATC510-20212, \u00abpor cuanto al interior de la primigenia acci\u00f3n\u2026, es decir, la identificada [bajo] radicado 440012214000202000009400\u00bb, de Jorge El\u00edas Gonz\u00e1lez Molinares en representaci\u00f3n de Aseocolba S.A. \u00abcon los mi[s]mos hechos, pretensiones y partes\u00bb (descartando \u00abtemeridad\u00bb en la actual actora), a\u00fan \u00abno se ha surtido la revisi\u00f3n ante la H. Corte Constitucional\u2026, lo cual torna improcedente el estudio de fondo\u00bb urgido. <\/p>\n
Fue intentada por la promotora, quien, sin m\u00e1s, persisti\u00f3 en su reproche y pedimentos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Es de lineamiento doctrinario que, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desm\u00e1n, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, cada que sobrevenga el mandato de inmediatez. <\/p>\n
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2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, que no es venturosa la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u2026\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n supralegal frente a determinaciones adoptadas en los referidos tramites incidentales, \u00abparticularmente por \u201causencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u201d\u00bb3 o en vista de la pretermisi\u00f3n del \u00abtramite que en derecho corresponde\u2026\u00bb (CSJ STC11880-2018, 13 sep., rad. 01400-01) <\/p>\n
Singularidad que consecuentemente se ha extendido a otros contextos, tales como: <\/p>\n
\u2026si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
N\u00f3tese, la dimensi\u00f3n teleol\u00f3gica del rito incidental en cita se funda en que, <\/p>\n
si bien una de las consecuencias derivadas (\u2026) es la imposici\u00f3n de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su aut\u00e9ntico prop\u00f3sito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada; de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino que \u00e9sta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a trav\u00e9s de una medida de reconvenci\u00f3n cuya (sic) objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acci\u00f3n impetrada y, con ella, la reivindicaci\u00f3n de los derechos quebrantados\u2026 (\u00c9nfasis ajeno. CC SU-034\/18). <\/p>\n
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3. De cara al sub examine, en el entendido de que las cr\u00edticas est\u00e1n enfiladas contra la sanci\u00f3n por desacato impuesta frente a la tutelante, dentro del consecutivo n.\u00b0 \u00ab2019-00341\u00bb, conducente es advertir que el estudio lo acaparar\u00e1 el auto de 14 de septiembre de 2020, al ser el que en grado de consulta zanj\u00f3 la discusi\u00f3n sobre la prenotada materia. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)[D]ebe decirse que el proceder del juzgador de primera instancia despu\u00e9s de las nulidades advertidas por este [d]espacho estuvo ajustado a derecho frente a los presupuestos jurisprudenciales tra\u00eddos en cita, toda vez, individualiz\u00f3 contra qui\u00e9n se dirig\u00eda el tr\u00e1mite incidental[;] posterior, se cumpli\u00f3 con la notificaci\u00f3n del auto de requerimiento y admisi\u00f3n por el cual se corri\u00f3 traslado del escrito de desacato y de las pruebas decretadas. En ese orden, el obrar judicial que procedi\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta garantiz\u00f3 el debido proceso y los derechos de contradicci\u00f3n y defensa de la funcionaria a qui\u00e9n le correspond\u00eda dar cumplimiento al fallo de tutela. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026[B]ajo tales precisiones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas, previa valoraci\u00f3n probatoria y siguiendo la jurisprudencia aplicable al asunto que nos ocupa, (\u2026) en aras de brevedad debe revelar que comparte en su integralidad la decisi\u00f3n que viene en consulta pero estima necesario reforzar el argumento medular que desarroll\u00f3 el iudex a quo para culminar el tr\u00e1mite incidental con sanci\u00f3n a la Dra. DELLANA TAFUR ATIQUE[;] en particular, porque a l\u00ednea de an\u00e1lisis no profundiz\u00f3 lo suficiente respecto a la responsabilidad subjetiva de la precitada funcionaria de cara a los elementos de prueba que present\u00f3 para desligarse del cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela y la imposibilidad jur\u00eddica y f\u00e1ctica para el efecto. <\/p>\n
Respecto a la denominada figura de imposibilidad jur\u00eddica y material para cumplir \u00f3rdenes en sede de tutela, la Guardiana de nuestra Constituci\u00f3n tuvo oportunidad de pronunciarse en concreto sobre su estructuraci\u00f3n bajo los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026Aun cuando el cumplimiento inmediato del fallo de tutela es la regla general, esta Corporaci\u00f3n ha admitido que, excepcionalmente, puede darse la circunstancia de que la decisi\u00f3n de tutela sea de imposible cumplimiento. En ese caso el destinatario de la orden est\u00e1 obligado a demostrar tal circunstancia en forma inmediata, eficiente, clara y definitiva. As\u00ed, ha dicho la jurisprudencia que ante la orden impartida en un fallo de tutela su destinatario tiene dos opciones: una, que es la regla, cumplirla de manera inmediata y adecuada (art. 86 CP) y, dos, que es la excepci\u00f3n, probar de manera inmediata, eficiente, clara y definitiva la imposibilidad de cumplirla\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De lo expuesto se concluye que, esta Corporaci\u00f3n ha reconocido la existencia de eventos en los cuales hay imposibilidad f\u00edsica y\/o jur\u00eddica por parte del particular o la autoridad accionada para dar cumplimiento a las \u00f3rdenes dadas en los fallos de tutela, por lo que incluso es procedente acudir a otros medios que permitan equiparar la protecci\u00f3n del derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia o que mitiguen los da\u00f1os causados a la persona afectada. Lo anterior se permite siempre y cuando se haya probado, de forma clara y precisa, la existencia de la imposibilidad jur\u00eddica\u2026 <\/p>\n
\u2026[A] partir de la valoraci\u00f3n efectuada, surge patente que la accionada no logr\u00f3 demostrar imposibilidad material y jur\u00eddica para apartarse del cumplimiento del fallo de tutela, en tanto, las afirmaciones realizadas con relaci\u00f3n a la resistencia del Banco de Agrario de aceptar a la se\u00f1ora Omaida Z[\u00fa]\u00f1iga \u00c1lvarez en su planta de personal carecen de prueba id\u00f3nea que conduzca a acreditarlo, bien sea porque no se avizora pronunciamiento de la precitada entidad bancaria o al menos requerimiento o solicitud de ingreso de la accionante en virtud del contrato suscrito entre ambas, el cual valga reiterar, se desarrolla en Maicao (La Guajira), donde le fue reconocid[a] la orden de protecci\u00f3n a la accionante y resiste la accionada en ubicarla; como tampoco prueba que evidencie que tal como lo manifiesta, fue precisamente el Banco Agrario, quien solicit\u00f3 formalmente la desvinculaci\u00f3n laboral de la accionante de la entidad. <\/p>\n
Visto as\u00ed, rep\u00edtase, la accionada no prob\u00f3 ninguno de los supuestos de hecho mencionados, motivo por el cual resulta imposible para este Juzgado constatar dicha situaci\u00f3n y, en consecuencia, eximir de responsabilidad a la incidentada en el asunto de autos. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese seg\u00fan lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional que si la imposibilidad jur\u00eddica- material alegada no aparece acreditada en el expediente, siquiera sumariamente, no es posible determinar que se presenta, toda vez, el juez de tutela no est\u00e1 en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar por s\u00ed mismo el contexto f\u00e1ctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto fen\u00f3meno jur\u00eddico, sin que estime suficientes afirmaciones de hecho. <\/p>\n
Como ya fue explicado, las razones defensa esbozadas por la incidentada referentes a la estructuraci\u00f3n de imposibilidad jur\u00eddica y f\u00e1ctica para cumplir fallos de tutela no tuvieron vocaci\u00f3n de prosperidad puesto que no se comprob\u00f3 el cumplimiento o debida diligencia para acatar la orden de reintegro en Maicao de la se\u00f1ora Omai[d]a Z[\u00fa]\u00f1iga \u00c1lvarez por parte de la funcionaria encargada ni de su superior jer\u00e1rquico como vocero de la empresa ASEOCOLBA S.A. toda vez, pese a las notificaciones y requerimientos realizados en el tr\u00e1mite incidental, am\u00e9n de las m\u00faltiples nulidades que han sido decretadas en esta instancia, no se demostr\u00f3 una raz\u00f3n valedera del por[ qu\u00e9] no se ha llevado a cabo la materializaci\u00f3n del amparo m\u00e1s all\u00e1 de la tan aludida situaci\u00f3n de imposibilidad jur\u00eddica. <\/p>\n
Con todo, el lapso transcurrido desde la fecha de la sentencia a la consulta de esta sanci\u00f3n casi alcanza un a\u00f1o, ciertamente tiempo prolongado en el que las garant\u00edas superiores de la accionante contin\u00faan menoscab\u00e1ndose a causa de la negligencia injustificada de la Dra. DELLANA TAFUR ATIQUE, como gerente de la empresa ASEOCOLBA S.A., lo que amerita como a bien lo estim[\u00f3] el juzgado de primera instancia, tomar las medidas necesarias y viables para que se proteja el derecho fundamental tutelado\u2026 <\/p>\n
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4. As\u00ed, vislumbra la Corte que el juzgador de familia encartado incurri\u00f3 en un desafuero que amerita la injerencia de esta especial\u00edsima jurisdicci\u00f3n, en tanto que en procura de desatar la consulta frente al auto sancionatorio del despacho de rango municipal, opt\u00f3 por aseverar, sin m\u00e1s (al igual que este \u00faltimo dispensador de justicia), que no fue probada la tan mentada imposibilidad de cumplimiento respecto al fallo de 17 de octubre de 2019, sin reparar totalmente en los informes rendidos por Aseocolba S.A. (de la que la ahora tutelante es representante legal), a lo largo del rito incidental. <\/p>\n
Refulge palpable, por consiguiente, una falencia de fundamentaci\u00f3n del prove\u00eddo venido de analizarse, toda vez que all\u00ed se omiti\u00f3 analizar a fondo las circunstancias plasmadas por el extremo incidentado tendientes a acreditar, entre otros aspectos, que no mantiene contrato de prestaci\u00f3n de servicios con entidades distintas de Banco Agrario de Colombia en Maicao (localidad de acatamiento del mandato de amparo que se aduce deso\u00eddo), mismo organismo financiero que aparentemente se ha opuesto a la vinculaci\u00f3n de Omaida Z\u00fa\u00f1iga \u00c1lvarez (cobijada con aquella orden supralegal) como empleada en sus instalaciones, ni mucho menos sobre la correspondencia electr\u00f3nica a trav\u00e9s de la que el descrito establecimiento bancario peticion\u00f3 a Aseocolba \u00abel cambio de (\u2026) operarias\u00bb de aseo, por \u00abrequerimiento de la oficina de Seguridad\u00bb4. <\/p>\n
Es que si bien en el auto estudiado fue parafraseada la situaci\u00f3n ata\u00f1edera al s\u00f3lo v\u00ednculo contractual con Banco Agrario y, asimismo, se pregon\u00f3 como improbada la negativa de ese ente a recibir a Z\u00fa\u00f1iga \u00c1lvarez en sus instalaciones (con muestras de solicitudes al respecto), lo cierto es que tal afirmaci\u00f3n tampoco se cotej\u00f3 con la documental anteriormente citada, en punto a que la corporaci\u00f3n bancaria habr\u00eda insistido en el cambio de operarias a su servicio (entre ellas Omaida, pudiera pensarse), lo que supuestamente sucedi\u00f3. <\/p>\n
Luego, las alegaciones acabadas de compendiar debieron suscitar una determinaci\u00f3n valedera por parte del Juzgado Promiscuo de Familia de Maicao a la hora de indagar frente a las sanciones infligidas por el despacho municipal contra Dellana Socorro Tafur Atique, con apego en el material suasorio compilado en las foliaturas del incidente de desacato de marras y sobre el referente de lo ordenado en la sentencia de 17 de octubre de 2019, sin que la apertura del actual resguardo implorado por aquella implique el direccionamiento del sentido en el que la primera sede judicial enunciada tenga que desatar lo tocante al grado de consulta, sino que ha de volver a pronunciarse sujeta a la apreciaci\u00f3n argumentativa y probatoria echada de menos. <\/p>\n
P\u00f3ngase de relieve que no existe plena identidad jur\u00eddica entre el expediente tutelar n.\u00b0 \u00ab2020-00094\u00bb y el presente, en la medida en que aun cuando ambos versan sobre el mismo asunto, aquel diligenciamiento fue incoado por Jorge El\u00edas Gonz\u00e1lez Molinares, mientras que el de marras lo invoca Dellana Socorro Tafur Atique; de donde no puede admitirse la argumentaci\u00f3n del tribunal a-quo para haber denegado este resguardo, m\u00e1xime si a Gonz\u00e1lez Molinares se le acab\u00f3 desestimando su acudida por falta de legitimaci\u00f3n (es la aqu\u00ed censora la verdadera interesada en repeler las sanciones impuestas). <\/p>\n
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1. Total, acerca del postulado de la motivaci\u00f3n judicial esta Sala tiene labrado que \u00ab(\u2026)es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 01931-00). <\/p>\n
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2. Mismo punto por el que la m\u00e1xima guardiana de la Carta Pol\u00edtica, tambi\u00e9n ha decantado que, <\/p>\n
\u2026es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09). <\/p>\n
\u2026En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales. <\/p>\n
(\u2026)Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas. <\/p>\n
\u2026Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
La comprensi\u00f3n del razonamiento en materia de hechos como uno de car\u00e1cter primordialmente inductivo, dirigido m\u00e1s a fortalecer la probabilidad de una hip\u00f3tesis que a lograr la certeza sobre \u00e9sta, la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis individual de cada medio de convicci\u00f3n y el posterior an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa f\u00e1ctica. (C-202\/05, T589\/10, T-1015\/l0). <\/p>\n
\u2026La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem). <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u2026 (Destacado con intenci\u00f3n – CC T-214\/12). <\/p>\n
<\/p>\n
5. En conclusi\u00f3n, la providencia de 14 de septiembre de 2020 deviene carente de una debida motivaci\u00f3n, por cuanto con ella la c\u00e9lula judicial de familia repelida omiti\u00f3 dirimir a fondo los descargos apertrechados dentro del decurso incidental aqu\u00ed examinado; todo lo cual supone una trasgresi\u00f3n susceptible de enmendar, tal como se dispondr\u00e1, a partir de la infirmaci\u00f3n del veredicto del tribunal a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, concede el resguardo aclamado por Dellana Socorro Tafur Atique. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena al Juzgado Promiscuo de Familia de Maicao que, en el lapso impostergable de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de que reciba el expediente n.\u00b0 \u00ab2019-00341\u00bb y, tras dejar sin valor el auto de 14 de septiembre de 2020, as\u00ed como todas las actuaciones que de ello dependan, adopte la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda, con apego en las motivaciones vertidas en precedencia. <\/p>\n
Al despacho Segundo Promiscuo Municipal del mismo poblado guajiro se le conmina para que, a m\u00e1s tardar dos (2) d\u00edas despu\u00e9s de su notificaci\u00f3n, env\u00ede a la sede judicial arriba citada el dossier objeto de la controversia, a efectos de que pueda darse cumplimiento a lo aqu\u00ed resuelto. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Sentencia de tutela: (12 mar. 20). <\/p>\n
2\u0002 20 abr. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00; reiterada en STC, 11 jun. 2015, rad. 01205-00. <\/p>\n
4\u0002 Folio 116 y ss., del cuaderno: \u00abincidente Omaida 2 parte\u00bb (sic). <\/p>\n
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STC7979-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7979-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2021-00034-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Dellana Socorro Tafur Atique frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55362","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55362"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55362\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}