STC7981-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7981-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00202-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Nilton Donavis Ruge Nieto frente al fallo proferido el 31 de mayo de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales, sin especificar de cu\u00e1les, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada en la acci\u00f3n popular que \u00e9l inco\u00f3 contra Audifarma S.A. (rad. 2017-00217)1, por la tardanza en atender la solicitud que le present\u00f3 para que autorice, a su favor, el pago del t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial que a \u00f3rdenes del Juzgado constituy\u00f3 la demandada por concepto de las costas a las cuales fue condenada como vencida en ese juicio. Rog\u00f3, entonces, se acceda a tal petici\u00f3n. <\/p>\n
2. La demanda de amparo se reparti\u00f3 el 13 de mayo de 2021 y se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira al d\u00eda siguiente. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Audifarma S.A. pidi\u00f3 denegar la salvaguarda porque \u00abno es [su] responsabilidad\u2026 lo acontecido con autorizaci\u00f3n y\/o expedici\u00f3n de t\u00edtulo judicial, resulta evidente que nos encontramos entonces en presencia de una falta de legitimaci\u00f3n en la causa pues no so[n] los llamados a dirimir este asunto\u00bb. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Medell\u00edn indic\u00f3 oponerse al reclamo constitucional debido a su falta de legitimaci\u00f3n en la causa, comoquiera que en el caso concreto \u00abno ha realizado conducta alguna cuya omisi\u00f3n o verificaci\u00f3n genere la violaci\u00f3n a un derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas resaltando que el pasado 19 de octubre \u00abaprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de Costas\u00bb; el 29 de abril \u00faltimo, \u00abluego que la parte demandada consignara a \u00f3rdenes del Juzgado el valor de las costas ($1.760.000), se dispuso su cancelaci\u00f3n a favor del demandante\u00bb; el 5 de mayo siguiente \u00abel antes nombrado alleg\u00f3 escrito cediendo el valor de las costas a favor del se\u00f1or\u2026 Bernal Mej\u00eda\u2026, pero no aport\u00f3 el documento de cesi\u00f3n\u00bb; el d\u00eda 11 posterior \u00abrequiri\u00f3 al actor popular para acreditar la [referida] cesi\u00f3n del cr\u00e9dito\u2026, auto que se notific\u00f3 por estado el 13 de mayo y que a\u00fan est\u00e1 notific\u00e1ndose, sin que hasta la fecha el actor\u2026 haya dado cumplimiento a lo all\u00ed dispuesto\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el quejoso, \u00ab[e]n tono amenazante\u2026, el 12 de mayo de 2021, present\u00f3 un nuevo escrito solicitando la cancelaci\u00f3n del t\u00edtulo judicial, so pena de interponer acci\u00f3n de tutela en contra de [ese] despacho\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n porque no promovi\u00f3 la aludida demanda popular y se le ha \u00abcomunicado el auto que admite la misma\u00bb para intervenir en ella, de considerarlo conveniente; sumado a que la situaci\u00f3n denunciada le resulta ajena porque su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada… en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 el resguardo al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad porque \u00abel accionante no le ha solicitado a la autoridad acusada proceder como en esta acci\u00f3n de tutela exige ordenarle\u00bb, en tanto que \u00abes falso que\u2026 le hubiera solicitado\u2026 autorizar, a nombre de \u00e9l, la entrega del dinero correspondiente a las costas de las que result\u00f3 beneficiario; distinto a eso, luego de que el 29 de abril de 2021, el juzgado ordenara ese pago en [su] favor\u2026, \u00e9l insistentemente ha manifestado que se las cede a\u2026 Bernal Mej\u00eda, as\u00ed lo hizo los d\u00edas 4, 5, 6, 11 y 12 de mayo. Frente a ello, con auto notificado el 13 de mayo siguiente, el despacho resolvi\u00f3: \u201cprevio a resolverse sobre la aceptaci\u00f3n o no de la cesi\u00f3n pedida, y toda vez de que se trata de una disposici\u00f3n de un derecho, se requiere al actor popular, para que allegue, prueba de la celebraci\u00f3n de la cesi\u00f3n, conforme a lo preceptuado en la ley, en el cual se denote, entre otras cosas, la autenticaci\u00f3n debida\u201d\u00bb; y \u00ab[n]ada nuevo ha ocurrido en ese juicio, y entonces, hasta ahora, la funcionaria que [lo] adelanta\u2026, solo sabe de la voluntad del actor de ceder las costas, y por eso, lo requiri\u00f3 para que allegara el respectivo acuerdo entre cedente y cesionario, es decir, que ella desconoce que el actor ahora desea que se le entregue a \u00e9l directamente dicho valor\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante indicando que \u00abnada [l]e han autorizado\u00bb, que \u00abla entrega de los dineros la h[a] realizado en m[\u00e1]s de 20 oportunidades diferentes y curioso q[ue] se deiga (sic) q[ue] nunca solicit[\u00f3]\u2026[,] es m[\u00e1]s[,] solicit[\u00f3] hasta continua[r] el ejecutivo y\u2026 nunca [l]e respondi[\u00f3] el despacho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, la presente solicitud de protecci\u00f3n resultaba inviable, pero por cuanto de los documentos obrantes en el expediente se desprende que en el curso de este tr\u00e1mite constitucional, el 31 de mayo \u00faltimo, ante la solicitud que de forma paralela a la interposici\u00f3n de esta tutela le formul\u00f3 el accionante, el Juzgado acusado resolvi\u00f3 acceder \u00aba la entrega de dineros a su nombre\u00bb, de ah\u00ed que ya exista el pronunciamiento echado de menos por \u00e9l. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la situaci\u00f3n denunciada como vulneradora de las garant\u00edas esenciales del actor, que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela, toda vez que aqu\u00e9lla se super\u00f3 en el tr\u00e1mite de este ruego supralegal, cumpli\u00e9ndose su pretensi\u00f3n constitucional, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que se emita una decisi\u00f3n que autorice el pago del t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial a su nombre, pues ello ya ocurri\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
3. Las anteriores razones, que no precisamente las del a-quo, imponen respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Sucursal de vulneraci\u00f3n: calle 37 Nro. 80 – 36 de Medell\u00edn. <\/p>\n
<\/p>\n
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