STC7983-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7983-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01976-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, el accionante exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcadas por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, asevera que el decurso reprochado fue zanjado, en primera instancia, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, quien, en audiencia de 18 de julio de 2017, desestim\u00f3 sus pretensiones. <\/p>\n
Advierte que inco\u00f3 apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n en la misma diligencia, oportunidad donde su abogado \u201c(\u2026) sustent\u00f3 (\u2026) [tal remedio] vertical (\u2026) en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 322 del C. G. del Proceso (\u2026)\u201d, recurso concedido en el efecto suspensivo. <\/p>\n
El asunto arrib\u00f3 al tribunal querellado el 3 de agosto de 2017 y, seg\u00fan indica, su contraparte alleg\u00f3 un memorial al litigio el 20 de enero de 2021, el cual no se puso en su conocimiento. <\/p>\n
Afirma, la alzada se admiti\u00f3 el 8 de marzo de 2021, disponi\u00e9ndose la aplicaci\u00f3n del canon 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020; por tanto, le fueron conferidos cinco (5) d\u00edas para la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n propuesta; no obstante, \u201c(\u2026) se vino a enterar de dicho auto (\u2026) tard\u00edamente [cuando] los t\u00e9rminos vencieron (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Agrega, lo anterior ocurri\u00f3 no por negligencia de su mandatario, pues \u00e9ste \u201c(\u2026) ya (\u2026) hab\u00eda hecho uso de la sustentaci\u00f3n del recurso vertical de apelaci\u00f3n en audiencia de fecha 18 de julio del a\u00f1o 2017 y decantando su inconformismo y los reparos de acuerdo al art\u00edculo 322 del C. G. del P., [siendo in]necesario volver a repetir lo que ya hab\u00eda sustentado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 16 de abril de 2021, el colegiado denunciado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n por omitirse su fundamentaci\u00f3n en el plazo otorgado, determinaci\u00f3n no recurrida porque, seg\u00fan acota el censor, su \u201capoderado no se encontraba en la ciudad\u201d, adem\u00e1s, sostiene, de haberse incoado reposici\u00f3n, el tribunal \u201ciba a mantenerse en firme\u201d. <\/p>\n
A\u00f1ade, debi\u00f3 atenderse a la argumentaci\u00f3n realizada en la audiencia de fallo de 18 de julio de 2017 y, con todo, resultaba necesario esperar la normalizaci\u00f3n \u201c(\u2026) de la restricci\u00f3n a los despachos judiciales por el factor COVID 19, para hacer [nuevamente la fundamentaci\u00f3n] de manera oral (\u2026)\u201d; sin embargo, asevera, la corporaci\u00f3n censurada dict\u00f3 un \u201c(\u2026) pronunciamiento (\u2026) acelerado (\u2026)\u201d, cuando hab\u00eda tardado m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os en impulsar la instancia. <\/p>\n
3. Exige, por tanto, dejar sin efecto los prove\u00eddos refutados e imponer la definici\u00f3n de la alzada rese\u00f1ada. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El peticionario refuta, de manera directa, los prove\u00eddos de 8 de marzo y 16 de abril de 2021, dictados en el caso criticado, mediante los cuales el tribunal, en el primero, le otorg\u00f3 el t\u00e9rmino previsto en el canon 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020 para sustentar la apelaci\u00f3n incoada frente al fallo de primer grado; y, en el segundo, declar\u00f3 desierto tal medio de defensa por omitirse dicha fundamentaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Pronto se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n incoada, pues, respecto de los pronunciamientos censurados, el gestor ning\u00fan reparo elev\u00f3 ante el juez natural, aduciendo las cuestiones alegadas por esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Ciertamente, el solicitante contaba con el recurso de reposici\u00f3n para refutar la gesti\u00f3n aqu\u00ed controvertida, escenario id\u00f3neo para plantear las presuntas equivocaciones en torno a la aplicaci\u00f3n de la normatividad pertinente y en cuanto al alegato relativo a hallarse ya sustentada la comentada alzada; no obstante, desaprovech\u00f3 aquel mecanismo. <\/p>\n
Por tanto, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues el petente pretende un pronunciamiento, sobre aspectos que debieron ser puestos en conocimiento y solucionados por el funcionario competente. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Adem\u00e1s, nada evidencia la falta de idoneidad de la enunciada reposici\u00f3n, aspecto sobre el cual esta Corte, en casos equiparables, ha destacado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. En consecuencia, el auxilio impetrado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Fernel Barbosa Oyola frente a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, con ocasi\u00f3n del asunto de \u201cresponsabilidad civil contractual\u201d, iniciado por el aqu\u00ed tutelante contra Colpatria S.A. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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