STC7984-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7984-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01978-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la tutela impetrada por Andr\u00e9s Alfonso S\u00e1nchez Fl\u00f3rez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del asunto penal seguido en contra del aqu\u00ed quejoso por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso, cometidos en concurso de conductas punibles, con radicado n\u00b0. 2016-320. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su apoderado judicial, el accionante reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente violentada por el colegiado convocado. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que, el 31 de agosto de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3 a la pena de 84 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el 13 de diciembre siguiente. <\/p>\n
Aunque el actor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en providencia de 10 de marzo del a\u00f1o 2021, la Sala especializada dispuso no casar la misma. <\/p>\n
No obstante, de manera oficiosa, modific\u00f3 la sentencia de segundo grado, en lo atinente al delito falsedad en documento privado, reduciendo la pena de prisi\u00f3n de 84 a 78 meses. <\/p>\n
Para el accionante, con la decisi\u00f3n censurada se incurri\u00f3 en defecto procedimental, por cuanto, en su criterio la hom\u00f3loga penal debi\u00f3 declarar de oficio la nulidad de la sentencia de segundo grado, por cuanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 omiti\u00f3 el requisito de solicitar la interpretaci\u00f3n prejudicial ante el Tribunal Andino de Justicia, con el fin de determinar si la obra supuestamente plagiada reun\u00eda las condiciones de originalidad para reclamar la protecci\u00f3n legal de derechos patrimoniales de autor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Pide, en concreto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [i.] dejar sin efectos la decisi\u00f3n del 10 de marzo de 2021, por medio de la cual se decidi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n a que se ha hecho referencia en esta acci\u00f3n (\u2026) [y, en consecuencia, ii.] Anular la citada decisi\u00f3n y en su lugar disponer que, previo a la resoluci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, se escuche el concepto que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe emitir dentro de este asunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El Procurador 171 Penal II, pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, por cuanto \u00e9ste no se puede utilizar como v\u00eda alterna o complementaria a la acci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 58 Delegada ante el Tribunal de Bogot\u00e1 se limit\u00f3 a narrar la actuaci\u00f3n surtida. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El accionante cuestiona la sentencia SP887 de 10 de marzo de 2021, a trav\u00e9s de la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal no cas\u00f3 el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 13 de diciembre de 2017, mediante el cual confirm\u00f3 la sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, el 3 de agosto de 2017, conden\u00e1ndolo como autor de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso, cometidos en concurso de conductas punibles. <\/p>\n
2. Revisada la decisi\u00f3n censurada, de entrada, se descarta la irregularidad alegada, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
La Sala accionada empez\u00f3 precisando que, entre los hechos declarados como demostrados en la sentencia recurrida, Andr\u00e9s Alfonso S\u00e1nchez Fl\u00f3rez, entre los a\u00f1os 2006 y 2007, se desempe\u00f1aba como Notario \u00danico del C\u00edrculo de C\u00f3rdoba -Bol\u00edvar-. <\/p>\n
Para aquella \u00e9poca, contrat\u00f3 al abogado John Jairo Prieto Pulgar con el fin de que registrara, a su nombre, la obra titulada \u201cMedidas y reglamentos laborales que han incidido en el menor trabajador\u201d, en la Oficina de Registro de la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor. Gracias a dicha gesti\u00f3n, S\u00e1nchez Fl\u00f3rez obtuvo cinco (5) puntos adicionales dentro del concurso de notarios en el cual participaba. <\/p>\n
No obstante, se estableci\u00f3 \u201cque la citada obra en realidad hab\u00eda sido creaci\u00f3n intelectual de James Ben\u00edtez Mart\u00ednez y Rodolfo Jos\u00e9 Mart\u00ednez Bedoya, quienes la presentaron como requisito para la obtenci\u00f3n del t\u00edtulo de abogados en la facultad de derecho de la Universidad Sim\u00f3n Bol\u00edvar de Barranquilla\u201d. <\/p>\n
El accionante fundament\u00f3 la censura en que, por disposici\u00f3n de la Ley 457 de 1998, la condena no pod\u00eda emitirse sin elevarse solicitud de interpretaci\u00f3n prejudicial al Tribunal Andino de Justicia, con el fin de determinar si la obra supuestamente plagiada reun\u00eda las condiciones de originalidad para reclamar la protecci\u00f3n legal de derechos patrimoniales de autor. <\/p>\n
Dicho argumento fue desestimado por la hom\u00f3loga penal, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sobre la supuesta obligatoriedad de las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reclamada por el demandante, bastar\u00eda con mencionar, como ya lo ha puntualizado esta Sala, que en el Tratado de Creaci\u00f3n de esta instancia (reformado a trav\u00e9s del Protocolo Modificatorio que aparece en la Decisi\u00f3n 472 de 1996 y a su vez aprobado por medio de la Ley 457 de 1998, la cual fue declarada exequible en la sentencia C-227 de 1999), en el art\u00edculo 33, se dispone que \u00abLos jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Andina, podr\u00e1n solicitar, directamente, la interpretaci\u00f3n del Tribunal acerca de dichas normas\u00bb, y en el art\u00edculo 35 ib\u00eddem se establece que \u00abEl juez que conozca el proceso deber\u00e1 adoptar en su sentencia la interpretaci\u00f3n del Tribunal\u00bb, de donde se sigue que se trata de una alternativa que tienen los funcionarios judiciales de acudir ante dicho Tribunal y, de hacerlo, la hermen\u00e9utica all\u00ed plasmada debe ser acogida por el juez que ha realizado la consulta <\/p>\n
\u201cNo se trata, por lo tanto, de pronunciamientos que resulten vinculantes per se y erga omnes, sino solo inter partes y bajo la condici\u00f3n anotada de acudir de manera circunstancial a dicho \u00f3rgano a fin de dilucidar aspectos relativos a la interpretaci\u00f3n de alguna norma del ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Andina que sea objeto de controversia dentro del proceso judicial, como de manera pac\u00edfica lo ha entendido no solamente esta Sala sino tambi\u00e9n el Consejo de Estado. <\/p>\n
\u201cEn el presente caso ninguna controversia surge sobre el hecho concreto de haberse plagiado por el acusado la obra elaborada por James Ben\u00edtez Mart\u00ednez y Rodolfo Jos\u00e9 Mart\u00ednez Bedoya, intitulada \u00abNormas y Reglamentos que inciden en el menor trabajador\u00bb, presentada para optar al t\u00edtulo de abogados de la Universidad Sim\u00f3n Bol\u00edvar, lo que emerge con meridiana claridad del dictamen presentado por el perito document\u00f3logo Diego Alejandro Ciro Moreno. <\/p>\n
\u201cSe demostr\u00f3, adem\u00e1s, que fue esa la misma obra que bajo el t\u00edtulo de \u00abMedidas y reglamentos laborales que han incidido en el menor trabajador\u00bb, se registr\u00f3 en nombre del procesado S\u00c1NCHEZ FL\u00d3REZ ante la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor, con lo cual obtuvo el Certificado de registro de obra literaria in\u00e9dita, asentado en el libro 10, tomo 156, partida 152, expedido por el jefe de la oficina de registro de aquella Direcci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cComo se ha dicho, en virtud de un acto indemnizatorio el procesado obtuvo que se decretara la preclusi\u00f3n del delito de Violaci\u00f3n a los derechos morales de autor, lo cual no impide considerar, como un hecho demostrado, que el acusado registr\u00f3 a trav\u00e9s de abogado una obra de car\u00e1cter literario de la que no era titular y que, seg\u00fan fue sustentado por los jueces de instancia, cumpl\u00eda con las caracter\u00edsticas establecidas en el art\u00edculo 61 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y en la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993 correspondiente al r\u00e9gimen com\u00fan sobre derecho de autor y derechos conexos en Colombia. <\/p>\n
\u201cDe manera que, bajo esas condiciones, no exist\u00eda en el presente caso \u00abinseguridad jur\u00eddica\u00bb que, como lo plantea el recurrente, obligara a una solicitud de interpretaci\u00f3n prejudicial al Tribunal Andino de Justicia a fin de que se le brindara al juez de conocimiento \u00ablos elementos necesarios para dictar su sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no se advierte v\u00eda de hecho. La Corporaci\u00f3n accionada efectu\u00f3 un an\u00e1lisis juicioso del sublite, de donde coligi\u00f3 que, conforme a la normatividad y la jurisprudencia aplicable, los jueces, en efecto, cuentan con la posibilidad de solicitar la interpretaci\u00f3n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para dilucidar aspectos relativos a la interpretaci\u00f3n de alguna normativa de dicho organismo que sea objeto de controversia dentro del proceso judicial; no obstante, se trata de una facultad discrecional del funcionario judicial, por lo cual, no constituye una instancia obligatoria sino meramente alternativa. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19692, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d3, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio4. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-5, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales6; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas7. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por Andr\u00e9s Alfonso S\u00e1nchez Fl\u00f3rez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del asunto penal seguido en contra del aqu\u00ed quejoso por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso, cometidos en concurso de conductas punibles, con radicado n\u00b0. 2016-320. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
3\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
4\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 – 308. <\/p>\n
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