STC7985-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7985-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00932-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 19 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro de la salvaguarda promovida por Lorena Aracely Valero Navarrete al Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, Scotiabank Colpatria S.A. y Pineda Jaramillo S.A.S., con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario con radicado n\u00b02020-00220-00, incoado por la primera sociedad mencionada contra la gestora. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Scotiabank Colpatria S.A. demand\u00f3 compulsivamente a la promotora ante el estrado del circuito confutado, para exigirle la cancelaci\u00f3n de una obligaci\u00f3n de dar dinero, contenida en un pagar\u00e9 y respaldada con garant\u00eda hipotecaria respecto a un inmueble de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
El 14 de agosto de 2020, se libr\u00f3 apremio ejecutivo y se dispuso el embargo del aludido predio y, actualmente, la mencionada firma se encuentra realizando gestiones para acreditar la notificaci\u00f3n por aviso a la impulsora. <\/p>\n
De forma paralela a ese tr\u00e1mite, la censora, v\u00eda e-mail, el 20 octubre 2020 solicit\u00f3 a Scotiabank Colpatria S.A. suministrarle un \u201cresumen completo de su estado su cr\u00e9dito a la fecha\u201d, sin haber recibido, seg\u00fan acota, respuesta alguna. <\/p>\n
Asimismo, afirma, entabl\u00f3 conversaciones con Pineda Jaramillo S.A.S. en su calidad de mandataria de la acreedora y, con esta \u00faltima, con el prop\u00f3sito de reliquidar la deuda o, llegar a un acuerdo de pago. <\/p>\n
La actora, conforme alega, se reuni\u00f3 con una representante de Scotiabank Colpatria S.A., quien le indic\u00f3 que, \u201cpara terminar el proceso y quedar al d\u00eda\u201d, deb\u00eda cancelar $55.000.000. <\/p>\n
Asevera la tutelante que consign\u00f3 a esa entidad (i) $50.827.000 el 23 de febrero de 2021; (ii) $5.000.000 el 23 de febrero postrero; y (iii) para normalizar el cr\u00e9dito, $5.000.000 el 3 de marzo ulterior. <\/p>\n
Indica que pidi\u00f3 a Scotiabank Colpatria S.A. la expedici\u00f3n de un \u201cpaz y salvo\u201d y la notificaci\u00f3n de cualquier proceso en curso, a cuyo efecto esa compa\u00f1\u00eda guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Para la quejosa, se lesionaron sus prerrogativas, pues en su sentir, aun cuando efectu\u00f3 los pagos convenidos con la enunciada sociedad, el 28 de abril siguiente, recibi\u00f3 una citaci\u00f3n de notificaci\u00f3n personal del ritual atacado, en donde se hac\u00eda alusi\u00f3n al mandamiento all\u00ed librado, por unos montos ya cancelados. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar (i) \u201crespetar y hacer cumplir, el acuerdo verbal que la representante de Pineda Jaramillo Abogados S.A.S, en representaci\u00f3n de Scotiabank Colpatria S.A.\u201d, relativo al pago de la deuda materia de controversia; (ii) culminar toda actuaci\u00f3n judicial o administrativa adelantada sobre el cr\u00e9dito en cuesti\u00f3n; (iii) informar, por escrito y de manera clara, la cuant\u00eda de su saldo \u201ca la fecha\u201d, el monto de la cuota mensual correspondiente y, el porcentaje de inter\u00e9s que debe pagar por cada instalamento, hasta la finalizaci\u00f3n de la acreencia; (iv) indicar qui\u00e9nes son las personas y las sumas se\u00f1aladas en la citaci\u00f3n del proceso objeto de disenso y en el mandamiento de pago respectivo; y (v) entregar el paz y salvo de las cuotas canceladas y endilgadas como debidas. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El juzgado del circuito encausado efectu\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Scotiabank Colpatria S.A. explic\u00f3 que ha dado respuesta a todos los requerimientos de la gestora, sin conculcar sus derechos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Facundo Pineda Mar\u00edn manifest\u00f3 que, en su condici\u00f3n de apoderado de Scotiabank Colpatria S.A., ha efectuado las gestiones pertinentes ante el citado estrado para impulsar la ejecuci\u00f3n en comento, sin quebrantar garant\u00eda alguna. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, en cuanto a la ejecuci\u00f3n reprochada, pues la misma, adujo, era el escenario id\u00f3neo para plantear los quejas y pretensiones aqu\u00ed esbozadas; y, frente a la petici\u00f3n elevada por la demandante el 20 de octubre de 2020, concedi\u00f3 el amparo. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, porque si bien Scotiabank Colpatria S.A., el 30 de noviembre postrero, le suministr\u00f3 la informaci\u00f3n por ella deprecada, lo hizo de manera incompleta, pues nada se le dijo acerca del \u201cresumen completo del estado de su cr\u00e9dito a la fecha\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, le orden\u00f3 a esa compa\u00f1\u00eda que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, procediera a \u201c(\u2026) dar respuesta a la solicitud que por v\u00eda mail realiz\u00f3 la accionante el d\u00eda 20 de octubre de 2020, en relaci\u00f3n con \u201cel resumen del actual estado del cr\u00e9dito (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 Scotiabank Colpatria S.A., reprochando al a quo constitucional el acogimiento de una pretensi\u00f3n que no fue enarbolada por la precursora. <\/p>\n
Con todo, rese\u00f1\u00f3, el 24 de mayo pasado, puso en conocimiento de aqu\u00e9lla lo ordenado en primer grado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
En efecto, entre las pruebas allegadas por la petente, se avista la comunicaci\u00f3n suministrada en la precitada data, en donde se le indic\u00f3 que ten\u00eda pendiente de pago (i) $532.470.044 de saldo total; (ii) $494.960.603 por capital; (iii) $48.295.359 a causa de la mora en los instalamentos, incluida diciembre; (iv) $38.840 de intereses y seguros; y (v) diecisiete (17) cuotas facturadas y diez (10) insolutas. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, el auxilio no deb\u00eda ser concedido por ese aspecto, al ser inexistente hecho apreciado por el colegiado de primer grado, como vulnerador de las garant\u00edas superlativas de la inicialista. <\/p>\n
Al punto, la Corte Constitucional ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares [de conformidad con lo establecido en el Cap\u00edtulo III del Decreto 2591 de 1991]\u201d. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u201d. <\/p>\n
\u201cY lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela (\u2026)1\u201d. <\/p>\n
Por tanto, el cargo denunciado en sede impugnaci\u00f3n prospera. <\/p>\n
2. Como colof\u00f3n, frente a las cuestiones relacionadas con la ejecuci\u00f3n incoada contra la impulsora, se ratificar\u00e1 el fallo opugnado, pues sus alegatos, como lo expuso el tribunal, deben ser expuestos en ese ritual. <\/p>\n
Por tanto, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues la petente pretende un pronunciamiento sobre aspectos que deben ser puestos en conocimiento y solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1, parcialmente, el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo del ac\u00e1pite decisorio de la sentencia impugnada, para NEGAR la protecci\u00f3n all\u00ed otorgada y CONFIRMAR, en lo dem\u00e1s el prove\u00eddo recurrido. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional, sentencia T-130-14 de 11 de marzo de 2014, exp. T-4.108.100 <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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