STC7986-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7986-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00943-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 14 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro de la salvaguarda promovida Hernando Rodr\u00edguez Uma\u00f1a al Registrador Nacional del Estado Civil, con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite administrativo adelantado por el gestor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de su prerrogativa a la informaci\u00f3n, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El impulsor aduce que, al no haber en la p\u00e1gina web de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil un canal para poder comunicarse con la entidad, solicit\u00f3, el 17 y 30 de noviembre de 2020, conocer (i) \u201c\u00bfqu\u00e9 normas (\u2026) autorizan [a la entidad para] no publicar ni un correo electr\u00f3nico?\u201d; y (ii) si ninguna ley lo autoriza \u201c\u00bfqu\u00e9 medidas adoptar\u00e1 para corregirlo?\u201d. <\/p>\n
En las enunciadas calendas, recibi\u00f3 a su email el siguiente mensaje: <\/p>\n
El censor asevera que, en diciembre de 2020, extravi\u00f3 su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y, por tanto, pidi\u00f3 a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil la expedici\u00f3n de un duplicado de ese documento. <\/p>\n
Conforme advierte, el 18 de enero de 2021, reiter\u00f3 todos sus pedimentos, agregando <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) \u00bfqu\u00e9 norma le autoriza a responder en ingl\u00e9s?; (ii) \u00bfqu\u00e9 reglamento le autoriza a s\u00f3lo permitir que pueda escribirle un \u201cautorizado\u201d ?; (iii) en caso de haber tal norma, \u00bfqui\u00e9nes son los ciudadanos autorizados a escribir a tan encumbrado personaje?; (iv) \u00bfqu\u00e9 medidas va a tomar para que sus sistemas funcionen bien y no pretendan que lo que est\u00e1 bien no lo est\u00e1? (v) \u00bfqu\u00e9 medidas va a tomar para que yo pueda obtener el duplicado de mi c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, para lo cual me dieron el PIN de pago 7768792470? (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para el demandante, se lesionaron sus garant\u00edas pues no ha recibido respuesta a sus requerimientos. <\/p>\n
3. Exige, por tanto, ordenar absolver sus reclamos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil se\u00f1al\u00f3 que, en virtud de esta salvaguarda, le indic\u00f3 al tutelante no haber recibido solicitud alguna relacionada con los hechos expuestos y, de cualquier modo, a trav\u00e9s del enlace https:\/\/wsp.registraduria.gov.co\/contacto\/ pod\u00eda elevar las peticiones, quejas y reclamos pertinentes. <\/p>\n
Asimismo, refiri\u00f3 que, en el aplicativo de b\u00fasqueda de la entidad, el accionante escribi\u00f3 sus nombres y apellidos con tilde, lo cual le impidi\u00f3 obtener un resultado, pues tales datos deben digitarse en la forma como aparece en el documento, esto es, \u201cHernando Rodriguez Uma\u00f1a\u201d (sic). <\/p>\n
Con todo, destac\u00f3, la Direcci\u00f3n Nacional de Identificaci\u00f3n emiti\u00f3 concepto favorable para tramitar la reimpresi\u00f3n de la c\u00e9dula, al verificarse el pago por tal derecho, encontr\u00e1ndose el cartulario en proceso de \u201cproducci\u00f3n\u201d y, ello, fue puesto en conocimiento del querellante. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al avizorar la carencia actual de objeto del resguardo. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el impulsor, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo y rese\u00f1ando que al revisar la p\u00e1gina web de la Registradur\u00eda, su documento aparece sin tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se observa que, en el caso, se disipan los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales el actor endilg\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas. <\/p>\n
En efecto, el reclam\u00f3 se fund\u00f3 en la falta de respuesta en torno la expedici\u00f3n del duplicado de su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, as\u00ed como en la ausencia de canales para elevar solicitudes, a cuyo efecto la autoridad acusada le inform\u00f3 al reclamante que hab\u00eda autorizado emitir dicho documento, estando en tr\u00e1mite su \u201cproducci\u00f3n\u201d e, igualmente, le se\u00f1al\u00f3 el hiperv\u00ednculo para poder comunicarse con la entidad; por tanto, administrar justicia constitucional sobre esos aspectos, se torna inane. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Tocante a la falta de respuesta a los e-mails que promotor, alega, envi\u00f3 el 17 y 30 de noviembre de 2020 a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, la salvaguarda no prospera, por cuanto los hechos blandidos como lesivos en la demanda de amparo, no fueron demostrados. <\/p>\n
Lo anterior, porque el precursor recibi\u00f3 a su correo electr\u00f3nico una notificaci\u00f3n, en ingl\u00e9s, relativa en la falla en la entrega del mensaje, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(\u2026) delivery has failed to these recipients or groups: Your message can’t be delivered because you do not have permissions to send to this email address. Ask the recipient\u2019s e-mail administrator to grant you permissions and then try again. For more information about this issue see DSN code 5.7.1 in Exchange Online. Diagnostic information for administrators: Generating server: RNEC-MSG-01. registraduria.gov.co. despacho@registraduria.gov.co. Remote Server returned 550 5.7.1 RESOLVER.RST.NotAuthorized; not authorized Original message (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, si la entidad convocada no tuvo conocimiento de las solicitudes del gestor, ninguna conducta lesiva puede predicarse de la instituci\u00f3n fustigada frente al inicialista. <\/p>\n
Adicionalmente, aqu\u00e9l tampoco demostr\u00f3 el aducido envi\u00f3 de los requerimientos realizados el 18 de enero de 2021 y, de igual modo, la Registradur\u00eda se\u00f1al\u00f3 que no fue destinaria de los requerimientos all\u00ed plasmados, coligi\u00e9ndose as\u00ed la inexistencia de la vulneraci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Corte Constitucional ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares [de conformidad con lo establecido en el Cap\u00edtulo III del Decreto 2591 de 1991]\u201d. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u201d <\/p>\n
\u201cY lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela (\u2026)2\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional, sentencia T-130-14 de 11 de marzo de 2014, exp. T-4.108.100 <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7986-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7986-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00943-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 14 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55368","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55368","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55368"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55368\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55368"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55368"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55368"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}