STC7987-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7987-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00978-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 24 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro de la salvaguarda promovida por Elda Marcela Velandia Forero a la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n del juicio de reorganizaci\u00f3n empresarial de la Ley 1116 de 2006, con radicado n\u00b067100, adelantado respecto a Euromotors S.A. -en reorganizaci\u00f3n-. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
La impulsora aduce que, junto a su progenitor, Plutarco Velandia Prada, demand\u00f3 a Euromotors S.A. y a Daimler Colombia S.A. ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la S.I.C., para exigir protecci\u00f3n al consumidor, en relaci\u00f3n con la compra de un veh\u00edculo y, mediante auto de 16 de julio de 2014, se admiti\u00f3 la demanda. <\/p>\n
De forma paralela a ese ritual, el 20 de octubre postrero, la Superintendencia de Sociedades acept\u00f3 la solicitud de Euromotors S.A., relativa a acogerse a los procedimientos de reorganizaci\u00f3n empresarial previstos en la Ley 1116 de 2006, en donde esa compa\u00f1\u00eda report\u00f3, entre otros, un pasivo por $120.000.000 en favor de la tutelante. <\/p>\n
En el precitado decurso, se design\u00f3 como promotor a Rafael Antonio Santamar\u00eda Uribe, quien, el 13 de noviembre de ulterior, notific\u00f3 a la precursora del inicio de los precitados tr\u00e1mites frente a Euromotors S.A., firma que hab\u00eda reportado, en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n respectivo, la referida acreencia en su beneficio. <\/p>\n
Para tal efecto, en la enunciada data, Santamar\u00eda Uribe alleg\u00f3 a la suplicante el aviso de apertura del decurso de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente, en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor adelantado en la S.I.C., en audiencia de conciliaci\u00f3n surtida el 31 de agosto de 2016, Euromotors S.A. -en reorganizaci\u00f3n-, se oblig\u00f3 a pagar a la actora y a Plutarco Velandia Prada $125.000.000 en cinco (5) cuotas de $25.000.000. <\/p>\n
Euromotors S.A. -en reorganizaci\u00f3n-, cancel\u00f3 a la quejosa $90.000.000 y, al estar en mora del saldo, la accionante pidi\u00f3 el cumplimiento del acuerdo a la S.I.C., entidad que se declar\u00f3 incompetente para hacerlo efectivo. <\/p>\n
Lo anterior, en virtud del reconocimiento, graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de la acreencia como de \u201cquinta clase\u201d, en el proceso de reorganizaci\u00f3n, realizado ante la Superintendencia de Sociedades, quien, seg\u00fan le indic\u00f3 la S.I.C., deb\u00eda conocer del caso. <\/p>\n
Mediante auto de 10 de junio de 2020, la Superintendencia de Sociedades orden\u00f3 a la reclamante devolver los $90.000.000 pagados por Euromotors S.A. -en reorganizaci\u00f3n-, dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes, por cuanto la conciliaci\u00f3n entre ella y dicha empresa, se realiz\u00f3 durante la vigencia del acuerdo de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, al haberse establecido que los cr\u00e9ditos de quinta clase se cancelar\u00edan en cuotas a partir del 31 de marzo de 2022 y hasta al 30 de diciembre de 2025, se tornaba forzoso el reintegro del dinero en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, la precursora impetr\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, alegando que su acreencia emanaba de una conciliaci\u00f3n contenida una providencia de car\u00e1cter judicial que no pod\u00eda ser desconocida por la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3 que el mencionado acuerdo tambi\u00e9n fue suscrito por Plutarco Velandia Prada, quien, en su decir, se encontraba fallecido y, en esa medida, sus herederos deb\u00edan ser convocados al ritual reprochado. <\/p>\n
El 30 de agosto de 2020, se desestim\u00f3 la primera defensa y no se concedi\u00f3 la segunda por improcedente. <\/p>\n
Para la petente, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto no pudo tener acceso a la mencionada providencia, dada las dificultades que presenta el portal web de la Superintendencia de Sociedades, pudiendo revisar tal decisi\u00f3n solo hasta el mes de enero de 2021. <\/p>\n
Asimismo, reprocha la exigencia de reintegrar las sumas que recibi\u00f3, por cuanto las mismas tuvieron venero en un acuerdo de conciliaci\u00f3n que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada por $125.000.000, m\u00e1s no por $120.000.000, cifra \u00faltima que no incluye los intereses acordados con Euromotors S.A. -en reorganizaci\u00f3n-. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
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1. La Superintendencia de Sociedades defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Daimler Colombia S.A. y, la S.I.C. adujeron, por separado, carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al estimar razonadas las decisiones de la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, la Sala descarta la aducida imposibilidad de la accionante de enterarse del contenido del auto de 30 de agosto de 2020, mediante el cual la Superintendencia de Sociedades, de un lado, desestim\u00f3 la reposici\u00f3n al prove\u00eddo de 10 de junio anterior, que le orden\u00f3 devolver $90.000.000, y, de otro, deneg\u00f3 la alzada respecto de tal prove\u00eddo. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la actora s\u00ed se enter\u00f3, tempestivamente, de la decisi\u00f3n de 10 de junio de 2020, al punto que pudo impetrar las defensas referidas, luego, no resulta coherente el alegato de desconocer el pronunciamiento donde se provey\u00f3 sobre dichos recursos, por causa de las dificultades del portal web respectivo para acceder al contenido de la providencia en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En adici\u00f3n, la p\u00e1gina electr\u00f3nica de esa entidad cuenta con varias rutas que permiten el ingreso expedito y fluido a los procesos y a los estados electr\u00f3nicos, a trav\u00e9s de la denominada \u201cbaranda virtual\u201d, existiendo una l\u00ednea l\u00f3gica y fluida y expedita con iconos visibles que permiten ubicar r\u00e1pidamente el expediente y las comunicaciones que se surten en cada ritual, siendo, por tanto, corolario, la ausencia de obst\u00e1culos para lograr enterarse de la providencia de 30 de agosto de 2020, satisfaci\u00e9ndose as\u00ed los par\u00e1metros se\u00f1alados en el art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto Legislativo 806 de 2020, relativo a las notificaciones electr\u00f3nicas por estado. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha precisado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Del citado canon es irrebatible que para formalizar la \u00abnotificaci\u00f3n por estado\u00bb de las disposiciones judiciales no se requiere, de ninguna manera, el env\u00edo de \u00abcorreos electr\u00f3nicos\u00bb, amen que se exige solamente, como ya se dijo, hacer su publicaci\u00f3n web y en ella hipervincular la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional\u201d. <\/p>\n
\u201cAcorde con esto no resulta reprochable la actuaci\u00f3n llevada a cabo por el colegiado demandado, ya que conforme a las comprobaciones referenciadas previamente, se encuentran en estricta alineaci\u00f3n con lo regulado por la normativa aludida, toda vez que el \u00abestado electr\u00f3nico\u00bb de esa fecha bien refleja la respectiva \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, y adem\u00e1s, con ella fue adjuntado el auto que corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n de la alzada (art. 9 del Decreto 806 del 2020, en consonancia con el 14 de la misma), acatando en estricto orden los par\u00e1metros de motivaci\u00f3n y necesidad constitucional de la mentada disposici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cAgr\u00e9guese a ello que librar la providencia emitida como mensaje de datos a la \u00abdirecci\u00f3n electr\u00f3nica\u00bb, o f\u00edsica mutar\u00eda en otra tipolog\u00eda de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, como es la personal, pues son los par\u00e1metros anunciados por el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso y 8\u00b0 del Decreto en menci\u00f3n (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Bajo ese panorama, el auxilio carece de vocaci\u00f3n de \u00e9xito, al desatenderse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. Sobre el primero, se evidencia, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, acaecida el 8 de marzo de 2021, y el auto de 30 de agosto de 2020, relativo a la denegaci\u00f3n del mecanismo de defensa horizontal entablado por la censora respecto al auto de 10 de junio anterior, han trascurrido m\u00e1s de seis (6) meses, tiempo que supera el t\u00e9rmino establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por tanto, si la petente se demor\u00f3 en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las entidades confutadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
2.2. En cuanto al segundo, se observa que la quejosa en el decurso criticado, nada refiri\u00f3 en torno a la diferencia entre al monto conciliado y la suma reconocida en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, planteamiento novedoso enarbolado en este auxilio. <\/p>\n
Este instrumento constitucional impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)4\u201d. <\/p>\n
3. Con todo, en el auto de 30 de agosto de 2020, la Superintendencia Sociedades enfatiz\u00f3 en la desatenci\u00f3n al acuerdo de reorganizaci\u00f3n, por parte de la accionante y Euromotors S.A., pues la conciliaci\u00f3n celebrada entre ellos en la S.I.C., el 31 de agosto de 2016, fue posterior al inicio de los tr\u00e1mites cuestionados. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, en la demanda de amparo la suplicante reconoce que el 13 de noviembre de 2014, fue notificada del inicio del procedimiento de reorganizaci\u00f3n, a cuyo efecto se le alleg\u00f3 el respectivo aviso de apertura del proceso concursal respecto de Euromotors S.A.; adem\u00e1s, se le indic\u00f3 que hab\u00eda sido reconocida como acreedora de esa compa\u00f1\u00eda por $120.000.000. <\/p>\n
En esa medida, en virtud de los efectos generales del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, \u00e9ste no pod\u00eda ser desatendido por la precursora y, menos a\u00fan, por Euromotors S.A., seg\u00fan lo establecido en el inciso \u00fanico del art\u00edculo 40 de la Ley 1116 de 20065. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, as\u00ed discurri\u00f3 la Superintendencia atacada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a demanda presentada ante la SIC por la se\u00f1ora Elda Marcela Velandia en contra de la concursada, corresponde a la misma obligaci\u00f3n contenida en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, lo cual demuestra que era de pleno conocimiento tanto del deudor como de la acreedora, que la obligaci\u00f3n objeto de demanda ya se encontraba reconocida entre las acreencias a cargo de la concursada, hecho evidenciado en el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, radicado 2015-01-005008 de 13 de enero de 2015, raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda presentarse proceso de cobro sobre dicho cr\u00e9dito con el fin de lograr un pago de manera anticipada (\u2026). <\/p>\n
\u201cComo evidencia de lo anterior, es importante se\u00f1alar que la demanda ante la SIC fue presentada el 11 de abril de 2014, admitida por dicha Entidad el 16 de julio de 2014 y notificada a Eutomotors S.A. el 17 de julio de 2014, fechas anteriores al inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n (20 de octubre de 2014), por tal raz\u00f3n, la obligaci\u00f3n fue incluida en el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto\u201d. <\/p>\n
\u201cNo puede entonces pretender el recurrente, que el juez del concurso tenga en cuenta una conciliaci\u00f3n llevada a cabo el 31 de agosto de 2016, dentro de la demanda de protecci\u00f3n de los derechos del consumidor, cuando era de pleno conocimiento de la demandante, que la sociedad concursada se encontraba adelantando un proceso de reorganizaci\u00f3n bajo las normas de la Ley 1116 de 2006, y que la obligaci\u00f3n ya estaba reconocida dentro del pasivo reestructurable, situaci\u00f3n que hace a\u00fan m\u00e1s gravoso el actuar de las partes\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien, la manifestaci\u00f3n del recurrente respecto del trato que ha debido darse a la acreencia a favor de la demandante, de un cr\u00e9dito litigioso, es un tema que no puede ser tratado en la resoluci\u00f3n del presente recurso, habida cuenta que, el proceso de reorganizaci\u00f3n como todo tr\u00e1mite jurisdiccional, tiene etapas procesales que deben respetarse y no pueden reabrirse, lo que significa que el desacuerdo en cuanto a la manera como fue calificado y graduado el cr\u00e9dito, debi\u00f3 reclamarse en la etapa oportuna, es decir en la de objeciones, lo cual no ocurri\u00f3\u201d. <\/p>\n
\u201cLa acreencia a favor de la se\u00f1ora Velandia, como ya se manifest\u00f3, qued\u00f3 reconocida en las de quinta clase, por lo tanto, el pago de la misma debi\u00f3 efectuarse de manera estricta en las fechas y los t\u00e9rminos del acuerdo, que por dem\u00e1s es aprobado por los acreedores y confirmado por el juez del concurso, de tal forma que realizarlo de manera diferente en virtud de una conciliaci\u00f3n, conlleva a la vulneraci\u00f3n de normas legales, y en el caso en estudio, existe una clara transgresi\u00f3n al principio de igualdad contemplado en el art\u00edculo 4.2 de la Ley 1116 de 2006 y a la prelaci\u00f3n legal de cr\u00e9ditos establecida en el C\u00f3digo Civil, en el entendido que se trata precisamente de un orden para el pago de los cr\u00e9ditos que conforman el pasivo reestructurable a cargo del deudor de la concursada, unido adem\u00e1s, a la violaci\u00f3n a la igualdad respecto de los dem\u00e1s acreedores de esa clase\u201d <\/p>\n
\u201cEn ese entendido, en el presente caso, es claro que la demandante con la conciliaci\u00f3n ante la SIC, pretendi\u00f3 que su pago se realizara de una manera preferente, tanto as\u00ed que recibi\u00f3 unos abonos de su cr\u00e9dito reconocido en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, actuaci\u00f3n que remite a lo dispuesto en el art\u00edculo 69 de la mencionada Ley 1116 de 2006, norma que contempla los cr\u00e9ditos que quedan legalmente postergados en el proceso de reorganizaci\u00f3n, entre ellos, el mencionado en el numeral 3, \u201cCr\u00e9ditos de los acreedores que intenten pagarse por su propia cuenta a costa de bienes o derechos del deudor, o que incumplan con las obligaciones pactadas en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n o del proceso de liquidaci\u00f3n judicial.\u201d De tal forma, que no hay lugar a revocar la providencia impugnada y de no cumplirse con lo ordenado en la misma, se proceder\u00e1 a dar aplicaci\u00f3n a la sanci\u00f3n prevista en el citado art\u00edculo 69.3 de la mencionada ley\u201d. <\/p>\n
\u201cEn relaci\u00f3n con la manifestaci\u00f3n del recurrente, de que no se puede tomar decisi\u00f3n alguna sobre el acuerdo de conciliaci\u00f3n, teniendo en cuenta que dicho acuerdo fue suscrito tambi\u00e9n por el se\u00f1or Plutarco Velandia quien falleci\u00f3, y que se requerir\u00eda citaci\u00f3n a audiencia de sus herederos, el Despacho no se pronunciar\u00e1 sobre el particular, en el entendido de que si bien el mencionado se\u00f1or actu\u00f3 en representaci\u00f3n de la deudora en su momento, dichas actuaciones quedan recogidas dentro del proceso de la concursada, las cuales son de conocimiento de todas las partes del proceso y se est\u00e1 frente a un recurso que imparti\u00f3 una orden a la acreedora reconocida dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Sala no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, porque si la demandante sab\u00eda del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n y fue convocada al litigio, no pod\u00eda desconocer los alcances de esa situaci\u00f3n, para pactar, aparte, con la empresa la deudora, el pago anticipado de dineros a espaldas del juez del concurso y de los dem\u00e1s acreedores. <\/p>\n
Ahora, como el cr\u00e9dito de la quejosa se gradu\u00f3 de quinta clase, sin haber formulado reparo alguno en el momento oportuno, sus alegatos resultaban tard\u00edos, como en efecto lo se\u00f1al\u00f3 la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
Asimismo, no se pierde vista que la censora acept\u00f3 haber recibido de Euromotors S.A., en reorganizaci\u00f3n, los dineros que debe devolver y, si la acreencia por $120.000.000 tambi\u00e9n fue reconocida, exclusivamente, a favor de ella en el ritual concursal, en nada incide que la conciliaci\u00f3n tambi\u00e9n la hubiese suscrito con su padre Plutarco Velandia Prada, porque, en \u00faltimas, ese acuerdo no fue tenido en cuenta en la reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
En esa medida, la Sala encuentra que la determinaci\u00f3n de la superintendencia encausada no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues se adopt\u00f3 en observancia de particularidades de la contienda y de la normatividad aplicable en la materia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC5158-2020, 5 ago. 2020, rad. 01477-00, reiterada en STC9383-2020, 30 oct. 2020, rad. 02669-00 <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
5\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 40. Efecto general del acuerdo de reorganizaci\u00f3n y del acuerdo de adjudicaci\u00f3n. Como consecuencia de la funci\u00f3n social de la empresa, los acuerdos de reorganizaci\u00f3n y los acuerdos de adjudicaci\u00f3n celebrados en los t\u00e9rminos previstos en la presente ley, ser\u00e1n de obligatorio cumplimiento para el deudor o deudores respectivos y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociaci\u00f3n del acuerdo o que, habi\u00e9ndolo hecho, no hayan consentido en \u00e9l (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
7\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7987-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7987-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00978-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 24 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55369","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55369","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55369"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55369\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55369"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55369"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55369"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}