STC7989-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7989-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2021-00082-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 12 de abril de 2021, proferida por la Sala Civil Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Valledupar, dentro de la salvaguarda promovida por Fabriciana Mar\u00eda Arias contra el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Valledupar, la Personer\u00eda Municipal, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato adelantado en un amparo similar a \u00e9ste, impulsado por la aqu\u00ed actora frente a \u00faltima de las entidades mencionadas, con radicado n\u00b0. 2020-037-01. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente transgredida por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que, mediante sentencia de 22 de febrero del 2020, el juzgado confutado le orden\u00f3 a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Que una vez reciba en el correo electr\u00f3nico DOCUMENTACION@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO o en que disponga y efectivamente comunique a la se\u00f1ora FABRICIANA MAR\u00cdA ARIAS la documentaci\u00f3n faltante indicada en la comunicaci\u00f3n del 23 de junio de 2020 reanude en el t\u00e9rmino de 48 horas de manera inmediata sin dilaciones el tr\u00e1mite de la indemnizaci\u00f3n administrativa categorizando el caso como prioritario para la entrega. Una vez establecido el reconocimiento deber\u00e1 informar a la accionante la fecha cierta m\u00e1s pr\u00f3xima en que recibir\u00e1 el valor correspondiente a la indemnizaci\u00f3n administrativa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La actora refiere que, a la fecha de presentaci\u00f3n de este amparo, la tutelada no ha dado cumplimiento a la precitada orden judicial; pese a ello, el juzgado accionado no accedi\u00f3 a su solicitud de imponerle sanci\u00f3n por desacato. <\/p>\n
3. Aduciendo que es una anciana de 79 a\u00f1os, desplazada por la violencia y en grave estado de salud, pide, en concreto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1- Ordenar al Juez, primero de familia del circuito judicial de Valledupar sancionar a los tutelados por desacato a la Orden ya que han pasado el tiempo otorgado y estos no han hecho cumplir la orden judicial. <\/p>\n
\u201c2- que la unidad para las victimas me entregue la reparaci\u00f3n por homicidio de mi hijo sin m\u00e1s dilataciones de forma inmediata con su respectiva carta cheque para poder hacer el retiro enseguida al igual que a mis nietos hijos de la v\u00edctima [sic] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas se opuso a la prosperidad del ruego manifestando haber adelantado las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando vulnerar o poner en riesgo los derechos fundamentales del solicitante. <\/p>\n
2. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por improcedente, tras constatar que, en pret\u00e9rita oportunidad, la promotora acudi\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n, aduciendo circunstancias id\u00e9nticas a las ahora expuestas, amparo negado, en sede de primera instancia, por incumplir el requisito de subsidiariedad, mediante sentencia de 8 de marzo de 2021. <\/p>\n
Al respecto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dentro de dicha acci\u00f3n constitucional, esta Sala, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 8 de marzo de 2021, resolvi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n, por haberse incumplido la residualidad exigida para ese tipo de amparos. Esa decisi\u00f3n fue impugnada en tiempo por la parte actora, la que se concedi\u00f3 por auto del 26 de marzo de 2021, sin que a la fecha se haya notificado decisi\u00f3n de segunda instancia por el superior funcional\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La inco\u00f3 la querellante insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Fabriciana Mar\u00eda Arias pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo, se ordene (i) al estrado accionado imponer sanci\u00f3n por desacato a la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas por, supuestamente, incumplir el mandato constitucional impuesto mediante sentencia de 22 de febrero del 2020 y, a la (ii) entidad mencionada proceder al pago inmediato de la indemnizaci\u00f3n administrativa a ella reconocida. <\/p>\n
2. De entrada se advierte la improsperidad del resguardo, por cuanto la promotora, concurri\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n en otra ocasi\u00f3n, alegando cuestiones id\u00e9nticas a las de ahora. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, mediante providencia STC4198-2021, dictada el pasado 21 de abril de 2021, en el expediente radicado bajo el n\u00ba 20001-22-14-000-2021-00050-01, esta Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 el fallo de 8 de marzo de 2021 emitido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por la querellante frente Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad y la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV. <\/p>\n
En dicha oportunidad la Sala anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentada por la ciudadana Fabriciana Mar\u00eda, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar, en \u00faltimas, las decisiones proferidas por el Juzgado Primero de Familia de Valledupar el 22 de febrero y 2 de marzo del a\u00f1o en curso, a trav\u00e9s de las cuales se ampar\u00f3 el derecho a la vida e igualdad de \u00e9sta, y previo a abrir incidente por desacato, se requiri\u00f3 a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas para que informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto, respectivamente, en el marco de la salvaguarda que la aludida ciudadana promovi\u00f3 en contra de la citada entidad y otros, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de las hip\u00f3tesis previstas en los puntos 4.6.2.2 y 4.6.3.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
\u201cLa Sala, al examinar el tema, en punto a las diligencias que se surten a prop\u00f3sito del incidente que se origina por el supuesto incumplimiento del fallo de tutela, ha considerado improcedente una nueva revisi\u00f3n de la misma naturaleza constitucional, toda vez que, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 respecto del auto que lo encuentra procedente y, por tanto, impone o fija sanciones, el grado de consulta, exclusivamente\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cY para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, se advierte prematura la solicitud de amparo, toda vez que estando en tr\u00e1mite precisamente el incidente por desacato solicitado all\u00e1 por la tutelante, por el supuesto incumplimiento de las \u00f3rdenes constitucionales impartidas al interior de la acci\u00f3n donde le fueron protegidas sus garant\u00edas esenciales, resulta presuroso suplicar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la materia sea resuelta de forma definitiva por la autoridad correspondiente, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d\u0002. <\/p>\n
Se advierte a la tutelante la importancia en hacer uso correcto de este excepcional instrumento, pues invocar, supuestos f\u00e1cticos como sustento de un reclamo ya decidido, no s\u00f3lo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver el caso en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad para la cual el Constituyente implement\u00f31 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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