STC7992-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7992-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00141-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto a la sentencia de 21 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Augusto Becerra, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda y la IPS -Colsubsidio-, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular incoada por el aqu\u00ed quejoso a la referida instituci\u00f3n promotora, con radicado n\u00b0 2019-0183. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente quebrantada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Asegura el actor que, la juez confutada ha omitido aplicar el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 19981, en la causa mencionada. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar a la funcionaria querellada cumplir lo consagrado en el referido precepto normativo y emitir fallo perentoriamente \u201ca fin q (sic) se acabe la mora judicial\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La titular de la c\u00e9lula judicial demandada relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y puso de presente la emisi\u00f3n de la sentencia de 15 de julio de 2020, en el asunto cuestionado, providencia donde se denegaron las pretensiones del actor, sin que la misma hubiese sido impugnada. <\/p>\n
2. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda ante la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada. Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n la acci\u00f3n popular que el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga mencion\u00f3 en la demanda, tal como inform\u00f3 el Juzgado, ya se profiri\u00f3 sentencia desde el 15 de julio de 2020, y contra esa decisi\u00f3n no se formul\u00f3 ning\u00fan recurso, de ah\u00ed el desenfoque al solicitar celeridad para la emisi\u00f3n del fallo en ese caso, o la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, que ata\u00f1e con el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, cuando no hubo tal impugnaci\u00f3n. En suma, son falsas las quejas que se formulan e inexistente la vulneraci\u00f3n que aqu\u00ed se denuncia, lo cual conduce a la improcedencia de la protecci\u00f3n. <\/p>\n
Es que si una acci\u00f3n de esta estirpe tiene como objetivo la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando se vean resquebrajados por acciones u omisiones de parte de quien se demanda, en el caso concreto no hay de d\u00f3nde colegir una situaci\u00f3n semejante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 el quejoso solicitando prueba de la notificaci\u00f3n del fallo emitido en el proceso reprochado, as\u00ed como la emisi\u00f3n del link del expediente; adem\u00e1s, adujo, \u201csi la tutela se notifica por correo electr\u00f3nico, igual debe hacese (sic) con la a popular\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El actor cuestiona que, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular por \u00e9l incoada frente a la Caja Colombiana de Subsidio Familiar -Colsubsidio-, con radicado n\u00b0 2019-0183, la juez acusada no haya dado aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 19982. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas aqu\u00ed adosadas, de entrada, se advierte la imposibilidad de atribuir vulneraci\u00f3n o irregularidad al proceder de la c\u00e9lula judicial confutada, pues, en el asunto reprochado, se emiti\u00f3 sentencia el 15 de julio de 2020, notificada por estado n\u00ba 054 del d\u00eda 16 del mismo mes y a\u00f1o, prove\u00eddo frente al cual ninguna de las partes interpuso recurso de apelaci\u00f3n, por tanto, no se encuentra alzada pendiente de tr\u00e1mite. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n al respecto, por cuanto el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada no se gest\u00f3 ni siquiera antes de la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por la accionada. <\/p>\n
En consecuencia, queda en evidencia la conducta del censor, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados como sustento de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f34 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de auxilios sustentados en circunstancias \u201cinfundadas e inexistentes\u201d, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Se le advierte, asimismo que, de continuar, en lo sucesivo, con la presentaci\u00f3n de amparos temerarios y carentes de fundamento legal, se le impondr\u00e1n las sanciones del caso. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, se memora, el inciso 1\u00b0, art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagra: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Actuaci\u00f3n Temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, por su parte, el inciso final del canon del mismo estatuto, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De igual modo, el numeral 1\u00b0 del precepto 79 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en materia de tutela, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, expresa: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci\u00f3n, recurso, oposici\u00f3n o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Como lo ha indicado esta Corte, quien acude a la administraci\u00f3n de justicia, est\u00e1 compelido a <\/p>\n
\u201c(\u2026) acatar los principios que orientan la actuaci\u00f3n procesal, entre los que se encuentra la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia y obrar con absoluta lealtad y buena fe, pues no se compadece con esas directrices promover peticiones infundadas seg\u00fan aconteci\u00f3, entre otros, con las acciones constitucionales impetradas, so pena de incurrir en conductas que den lugar a acudir a facultades correccionales cuyo empleo debe abocarse por los funcionarios encargados del tr\u00e1mite, de perseverar en comportamientos ajenos a la rectitud inherente al ejercicio del derecho (Cfr. CSJ AP 2215-2014) (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Atendiendo a lo esbozado, esta Corporaci\u00f3n, en un caso equiparable, determin\u00f3 que, como el proceder del interesado tocaba <\/p>\n
\u201c(\u2026) los l\u00edmites de la temeridad, previstos en el art\u00edculo 79, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, al hacer peticiones con absoluta carencia de fundamento legal, como previene la norma (\u2026), en evidente perjuicio, no solo de la parte sino tambi\u00e9n de la administraci\u00f3n de justicia, (\u2026) [orden\u00f3] que, por Secretar\u00eda, se compulsen copias de las actuaciones realizadas por aqu\u00e9l en estas diligencias [para las investigaciones del caso] (\u2026)6\u201d. <\/p>\n
Se observa c\u00f3mo la disposici\u00f3n del C. G. del P. es en un todo coherente con las normas especiales que regulan la acci\u00f3n de tutela, especialmente con el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 y el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, como instrumentos para la racionalidad y el buen uso de los medios de protecci\u00f3n dise\u00f1ados por el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 37. Recurso de Apelaci\u00f3n. El recurso de apelaci\u00f3n proceder\u00e1 contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad se\u00f1alada en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y deber\u00e1 ser resuelto dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 37. \u201cRECURSO DE APELACI\u00d3N. El recurso de apelaci\u00f3n proceder\u00e1 contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad se\u00f1alada en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y deber\u00e1 ser resuelto dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente. <\/p>\n
<\/p>\n
La pr\u00e1ctica de pruebas durante la segunda instancia se sujetar\u00e1, tambi\u00e9n, a la forma prevista en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil; en el auto que admite el recurso se fijar\u00e1 un plazo para la pr\u00e1ctica de las pruebas que, en ning\u00fan caso, exceder\u00e1 de diez (10) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de dicho auto; el plazo para resolver el recurso se entender\u00e1 ampliado en el t\u00e9rmino se\u00f1alado para la pr\u00e1ctica de pruebas\u201d. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
4\u0002 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. AHP1375-2015 de 18 de marzo de 2015. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. AL5367-2018 de 10 de diciembre de 2018. <\/p>\n
7\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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