STC7993-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7993-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00142-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 20 de mayo de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Uner Augusto Becerra Largo contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia; con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular incoada por el aqu\u00ed quejoso contra Bancolombia S.A., con radicado n\u00b0. 2021-00230. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor suplica la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente quebrantada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja manifiesta que, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular materia de resguardo, el apoderado de la entidad accionada nunca le remiti\u00f3 la respuesta a la demanda, inaplicando el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso1 y el art\u00edculo 3 del Decreto Legislativo 806 de 20202. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) al apoderado de la entidad accionada, remitir y compartir todos los recursos, escritos y memoriales que haya presentado en la acci\u00f3n popular al correo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com; y, (ii) a quien corresponda, aplicar el art\u00edculo 78 numeral 14 del CGP y sancionar en 1 smmlv al apoderado de la entidad demandada, por incumplir lo ordenado en dicho art\u00edculo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La titular de la c\u00e9lula judicial demandada relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y puso de presente que, en el asunto cuestionado, mediante prove\u00eddo de 21 de abril de 2021, declar\u00f3 la nulidad del auto admisorio y, en su lugar, rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia, ordenando la remisi\u00f3n de la acci\u00f3n a los Juzgados Civiles del Circuito de Cali. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda Municipal de la Virginia pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda se\u00f1alando que la queja del actor se basaba en supuestos inexistentes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 el promotor pidiendo \u201c(\u2026) PROBAR que t[iene] 1421 acciones populares en el despacho tutelado, ya q (sic) es muy f\u00e1cil decir que t[iene] 100 mil o un mill\u00f3n [sic] (\u2026)\u201d <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El actor cuestiona que, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular por \u00e9l incoada frente a Bancolombia S.A., con radicado n\u00b0. 2021-00230, no se haya dado aplicaci\u00f3n al numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso y al canon 3\u00b0 del Decreto Legislativo 806 de 2020. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas aqu\u00ed adosadas, de entrada, se advierte la imposibilidad de atribuir vulneraci\u00f3n o irregularidad al proceder de la c\u00e9lula judicial confutada, pues en el asunto cuestionado, si bien inicialmente se admiti\u00f3 la demanda popular, posteriormente, por auto de 21 de abril de 2021, se rechaz\u00f3 por competencia, sin que se haya realizado notificaci\u00f3n alguna a la entidad accionada, por lo cual no habr\u00eda lugar para la conducta reprochada. <\/p>\n
Por tanto, resulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n al respecto, por cuanto el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada no se gest\u00f3 ni siquiera antes de la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por la accionada. <\/p>\n
En consecuencia, queda en evidencia la conducta del censor, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados como sustento de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f34 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de auxilios sustentados en circunstancias \u201cinfundadas e inexistentes\u201d, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Se le advierte, asimismo que, de continuar, en lo sucesivo, con la presentaci\u00f3n de amparos temerarios y carentes de fundamento legal, se le impondr\u00e1n las sanciones del caso. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, se memora, el inciso 1\u00b0, art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagra: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Actuaci\u00f3n Temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, por su parte, el inciso final del canon del mismo estatuto, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De igual modo, el numeral 1\u00b0 del precepto 79 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en materia de tutela, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, expresa: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci\u00f3n, recurso, oposici\u00f3n o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Como lo ha indicado esta Corte, quien acude a la administraci\u00f3n de justicia, est\u00e1 compelido a <\/p>\n
\u201c(\u2026) acatar los principios que orientan la actuaci\u00f3n procesal, entre los que se encuentra la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia y obrar con absoluta lealtad y buena fe, pues no se compadece con esas directrices promover peticiones infundadas seg\u00fan aconteci\u00f3, entre otros, con las acciones constitucionales impetradas, so pena de incurrir en conductas que den lugar a acudir a facultades correccionales cuyo empleo debe abocarse por los funcionarios encargados del tr\u00e1mite, de perseverar en comportamientos ajenos a la rectitud inherente al ejercicio del derecho (Cfr. CSJ AP 2215-2014) (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Atendiendo a lo esbozado, esta Corporaci\u00f3n, en un caso equiparable, determin\u00f3 que, como el proceder del interesado tocaba <\/p>\n
\u201c(\u2026) los l\u00edmites de la temeridad, previstos en el art\u00edculo 79, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, al hacer peticiones con absoluta carencia de fundamento legal, como previene la norma (\u2026), en evidente perjuicio, no solo de la parte sino tambi\u00e9n de la administraci\u00f3n de justicia, (\u2026) [orden\u00f3] que, por Secretar\u00eda, se compulsen copias de las actuaciones realizadas por aqu\u00e9l en estas diligencias [para las investigaciones del caso] (\u2026)6\u201d. <\/p>\n
Se observa c\u00f3mo la disposici\u00f3n del C. G. del P. es en un todo coherente con las normas especiales que regulan la acci\u00f3n de tutela, especialmente con el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 y el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, como instrumentos para la racionalidad y el buen uso de los medios de protecci\u00f3n dise\u00f1ados por el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) ART\u00cdCULO 78. DEBERES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS. Son deberes de las partes y sus apoderados: \u201c(\u2026) 14. Enviar a las dem\u00e1s partes del proceso despu\u00e9s de notificadas, cuando hubieren suministrado una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico o un medio equivalente para la transmisi\u00f3n de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se except\u00faa la petici\u00f3n de medidas cautelares. Este deber se cumplir\u00e1 a m\u00e1s tardar el d\u00eda siguiente a la presentaci\u00f3n del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuaci\u00f3n, pero la parte afectada podr\u00e1 solicitar al juez la imposici\u00f3n de una multa hasta por un salario m\u00ednimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 \u201c(\u2026) ART\u00cdCULO 3o. DEBERES DE LOS SUJETOS PROCESALES EN RELACI\u00d3N CON LAS TECNOLOG\u00cdAS DE LA INFORMACI\u00d3N Y LAS COMUNICACIONES. Es deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a trav\u00e9s de medios tecnol\u00f3gicos. Para el efecto deber\u00e1n suministrar a la autoridad judicial competente, y a todos los dem\u00e1s sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso o tr\u00e1mite y enviar a trav\u00e9s de estos un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, simult\u00e1neamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial. <\/p>\n
Identificados los canales digitales elegidos, desde all\u00ed se originar\u00e1n todas las actuaciones y desde estos se surtir\u00e1n todas las notificaciones, mientras no se informe un nuevo canal. Es deber de los sujetos procesales, en desarrollo de lo previsto en el art\u00edculo 78 numeral 5 del C\u00f3digo General del Proceso, comunicar cualquier cambio de direcci\u00f3n o medio electr\u00f3nico, so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo v\u00e1lidamente en la anterior. <\/p>\n
Todos los sujetos procesales cumplir\u00e1n los deberes constitucionales y legales para colaborar solidariamente con la buena marcha del servicio p\u00fablico de administraci\u00f3n de justicia. La autoridad judicial competente adoptar\u00e1 las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
4\u0002 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. AHP1375-2015 de 18 de marzo de 2015. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. AL5367-2018 de 10 de diciembre de 2018. <\/p>\n
7\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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