STC7995-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7995-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00177-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 27 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular con radicado n\u00b02015-01161-00, incoada por el gestor contra la Fundaci\u00f3n Delamujer Colombia S.A.S. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El 20 de noviembre de 2015, el impulsor demand\u00f3 a la Fundaci\u00f3n Delamujer Colombia S.A.S. ante el estrado del circuito confutado, para exigir la protecci\u00f3n colectiva de las personas sordas, ciegas y sordociegas, por cuanto, en su sentir, en la sede de esa entidad ubicada en Arauca, no existen instalaciones adecuadas para prestar servicios a quienes se encuentran en esa condici\u00f3n. <\/p>\n
El 3 de diciembre de 2015, dicho estrado rechaz\u00f3 el libelo al estimar no ser competente, territorialmente, para rituarlo y, por tanto, remiti\u00f3 las diligencias a la mencionada ciudad. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, el promotor impetr\u00f3 reposici\u00f3n, defensa desestimada el 25 de enero de 2016. <\/p>\n
El 24 de febrero postrero, el Juzgado Civil del Circuito de Arauca manifest\u00f3 que no deb\u00eda tramitar la controversia y, en consecuencia, alleg\u00f3 el dossier a esta Sala. <\/p>\n
En pronunciamiento de 11 de abril ulterior, se decidi\u00f3 que la contienda deb\u00eda ser zanjada por el despacho fustigado. <\/p>\n
El 19 de mayo siguiente, la sede judicial acusada admiti\u00f3 el pliego introductor. <\/p>\n
En auto de 25 de abril de 2018, se otorgaron treinta (30) d\u00edas al suplicante para efectuar los avisos correspondientes y, vencido ese t\u00e9rmino, el 25 de junio de ese a\u00f1o, se declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Contra ese pronunciamiento, el actor entabl\u00f3 reposici\u00f3n, mecanismo de contradicci\u00f3n denegado el 1\u00b0 de agosto postrero. <\/p>\n
Frente a ello, el tutelante formul\u00f3 otra salvaguarda y, en sentencia STC16069-2018 de 7 de diciembre de 2018, esta Colegiatura le concedi\u00f3 el amparo rogado y orden\u00f3 la continuidad del decurso criticado. <\/p>\n
Posteriormente, el accionante manifest\u00f3 al juzgado del circuito atacado \u201cdesistir\u201d de la reclamaci\u00f3n colectiva, solicitud que no fue acogida en prove\u00eddo de 3 de septiembre de 2019. <\/p>\n
Enterada del auto admisorio, Fundaci\u00f3n Delamujer Colombia S.A.S., el 21 de octubre de 2019, se opuso a las pretensiones del pliego inaugural blandiendo excepciones perentorias. <\/p>\n
El 18 de diciembre postrero, el quejoso deprec\u00f3 aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, requerimiento que tuvo respuesta negativa en determinaci\u00f3n de 13 de marzo de 2020 y, el 8 de septiembre ulterior, se surti\u00f3 la audiencia de pacto de cumplimiento. <\/p>\n
En decisi\u00f3n de 13 de octubre siguiente, se corri\u00f3 traslado para alegar de conclusi\u00f3n y, el 18 de octubre de dicha anualidad, el petente recus\u00f3 a la directora del juzgado enjuiciado alegando haberla denunciado disciplinariamente. <\/p>\n
En pronunciamiento de 27 de octubre de 2020, la funcionaria encausada no acept\u00f3 el planteamiento esbozado por el gestor y, en consecuencia, dispuso la remisi\u00f3n del paginario a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, para zanjarlo. <\/p>\n
El 22 de enero de 2021, el quejoso insisti\u00f3 en su \u201cdesistimiento\u201d de la acci\u00f3n popular y en la aplicaci\u00f3n del canon 121 \u00eddem. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 10 de mayo anterior, se denegaron las peticiones del impulsor. <\/p>\n
Para el promotor, se lesionaron sus garant\u00edas porque (i) existe una demora injustificada en la definici\u00f3n de la contienda, al punto que no existe decisi\u00f3n de segundo grado; (ii) se le impidi\u00f3 desistir de la demanda; (iii) tampoco se aplica el canon 121 \u00eddem ni los art\u00edculos 5, 34 y 84 de la Ley 472 de 1998; (iv) sus pedimentos no son atendidos tempestivamente; y (v) se le ha sancionado sin incidente previo. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar (i) cumplir lo dispuesto en los precitados preceptos; (ii) aportar \u201ctodas las tutelas que ha presentado\u201d respecto al ritual censurado; (iii) referir los radicados de los resguardos colectivos en donde se ha decretado desistimiento t\u00e1cito; (iv) vincular a la Corte Constitucional; (v) designar un abogado de la Defensor\u00eda del Pueblo para que lo represente en una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia; (vi) remitir copia del ruego tuitivo a la C.I.D.H.; (vii) convocar a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda Delegada correspondiente para que acredite c\u00f3mo han garantizado sus prerrogativas superlativas; (viii) digitalizar el expediente; (ix) tener en cuenta el precedente de la Sala en casos an\u00e1logos; y (x) aportar la reproducci\u00f3n de varios pronunciamientos emitiditos por esta Corporaci\u00f3n frente a la tem\u00e1tica bajo examen. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
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1. El estrado enjuiciado remiti\u00f3 el expediente y el link para acceder a \u00e9l \u201cen l\u00ednea\u201d, as\u00ed como los cinco (5) \u201cderechos de petici\u00f3n\u201d presentados por el actor y las respuestas dada a los mismos. <\/p>\n
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2. La Personer\u00eda de Pereira se\u00f1al\u00f3 que no ha conculcado derecho alguno al demandante. <\/p>\n
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3. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Arauca y, Delamujer Colombia S.A.S., manifestaron, por separado, carecer de legitimidad en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, por cuanto no observaba una tardanza injustificada sobre la resoluci\u00f3n del procedimiento refutado y al desatenderse el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, reiterando los argumentos enarbolados en la demanda de amparo y solicitando enviarle copia \u201caut\u00e9ntica\u201d de todo lo actuado e, igualmente, nulidad, por no haberse integrado a la Corte Constitucional al contradictorio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se descarta la invalidez de formulada por el censor dada su clara improcedencia, pues el mero pedido de convocatoria al litigio de una entidad determinada, no la hace consorte necesaria, en tanto ello depende de la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal con el caso o de la formulaci\u00f3n de quejas concretas y directas en su contra, lo cual, aqu\u00ed, ni por asomo, se predica de la Corte Constitucional, al no haber actuado o intervenido en el ritual cuestionado. <\/p>\n
Sobre situaciones como estas, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o puede asumirse que, por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya (a los accionados) hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Ahora, se resalta, la mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n2 y de la Corte Constitucional3, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura comparte y hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana4 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos5, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los negocios dentro de un plazo razonable6 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional; obligaciones internacionales adquiridas por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
3. En el caso, si bien es clara una tardanza en la definici\u00f3n del litigio controvertido, ello no obedece a una conducta negligente del estrado del circuito confutado. <\/p>\n
En efecto, tal como se iter\u00f3 en el ac\u00e1pite de los antecedentes, el decurso criticado fue presentado el 20 de noviembre de 2015, luego se suscit\u00f3 un conflicto negativo de competencia que fue dirimido por la Sala el 11 de abril de 2016, habi\u00e9ndose admitido el libelo el 19 de mayo postrero. <\/p>\n
Se destaca, en aquella \u00e9poca, aun no estaba vigente la nueva doctrina de la Corte relativa al impulso oficioso de las acciones populares7 y, por tanto, en auto de 25 de abril de 2018, se otorgaron treinta (30) d\u00edas al suplicante para efectuar los avisos correspondientes y, vencido ese t\u00e9rmino, el 25 de junio de ese a\u00f1o, se declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del amparo colectivo. <\/p>\n
Frente a esa situaci\u00f3n, el accionante entabl\u00f3 otra salvaguarda, la cual fue concedida por esta Corporaci\u00f3n sentencia STC16069-2018 de 7 de diciembre de 2018, orden\u00e1ndole al juzgado fustigado, continuar con el decurso refutado. <\/p>\n
Surtidas las notificaciones de rigor, el gestor deprec\u00f3, de un lado, aceptar el desistimiento del ritual atacado y, de otro, aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, peticiones denegadas oportunamente. <\/p>\n
Por causa de la pandemia producida por la \u201cCODIV-19\u201d, se suspendieron los t\u00e9rminos judiciales, desde el 16 de marzo de 2020 y hasta el 1\u00b0 de julio de ese a\u00f1o. <\/p>\n
Una vez surtida la audiencia de pacto de cumplimiento y tras darse la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n, el querellante recus\u00f3 a la directora del juzgado cuestionado y, actualmente, dicho tr\u00e1mite se encuentra pendiente de definici\u00f3n, por parte de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
Sin haberse decidido lo pertinente, el precursor, nuevamente, manifest\u00f3 desistir de la acci\u00f3n popular y exigi\u00f3 aplicar el canon 121 \u00eddem, ruego denegado el 10 de mayo pasado. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, esta Colegiatura advierte que han sido cuestiones procesales, solicitudes contradictorias del actor, cinco (5) \u201cderechos de petici\u00f3n\u201d formulados por \u00e9l, la pandemia generada por la \u201cCOVID19\u201d y la recusaci\u00f3n recientemente formulada, las vicisitudes que han frustrado el normal desarrollo del proceso. <\/p>\n
Para la Corte, este \u00faltimo aspecto resulta reprensible porque el actor pide la separaci\u00f3n de la funcionaria reprochada del conocimiento del debate alegando un impedimento y, a la vez, le exige dar celeridad a la contienda, conducta lejana a la buena fe procesal y, de contera, generadora de la tardanza ahora denunciada, a trav\u00e9s de esa especial acci\u00f3n. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el auxilio no prospera, pues, las situaciones de dilaci\u00f3n, am\u00e9n de ser injustificadas, deben tornar ineficaz el derecho de defensa, lo cual no se vislumbra en este caso. <\/p>\n
En un asunto con perfiles an\u00e1logos al aqu\u00ed analizado, en donde el ac\u00e1 querellante fung\u00eda como demandante, la Sala enfatiz\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Del anterior relato se constata que el despacho ha sido diligente, impulsando las gestiones del caso de manera oficiosa, todo en aras de lograr la finalizaci\u00f3n del juicio; no obstante, han sido las constantes reclamaciones del censor, aunadas, ahora, al impedimento recientemente formulado, las que han impedido la emisi\u00f3n de la sentencia correspondiente (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
4. Tocante al embate seg\u00fan el cual, el despacho encartado no ha aceptado el desistimiento del ritual recriminado y se ha negado a aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, el resguardo tampoco progresa, por cuanto en prove\u00eddo de 10 de mayo de 2021, la sede judicial criticada deneg\u00f3 un pedimento en tal sentido y, frente a esa determinaci\u00f3n, el censor guard\u00f3 silencio, aun cuando ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la idoneidad del anotado remedio, la Sala ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)11\u201d. <\/p>\n
5. En cuanto a la definici\u00f3n oportuna de la tramitaci\u00f3n acusada, el auxilio es prematuro, pues se encuentra pendiente de definici\u00f3n la recusaci\u00f3n promovida por el petente contra la funcionaria encausada, luego darse traslado para alegar de conclusi\u00f3n; por tanto, una vez se dirima el tr\u00e1mite adelantado por aqu\u00e9l, podr\u00e1 emitirse la sentencia correspondiente. <\/p>\n
Esta jurisdicci\u00f3n tiene vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos asignados al fallador de la causa, porque no puede arrogarse facultades ajenas. Al respecto, esta Corte manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
6. Frente a las pretensiones encaminadas a (i) designar un abogado de la Defensor\u00eda del Pueblo para que represente al tutelante en una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia; (ii) remitir copia del ruego tuitivo a la C.I.D.H.; y (iii) convocar a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda Delegada correspondiente, para que acrediten c\u00f3mo han garantizado las prerrogativas superlativas de aqu\u00e9l, el resguardo tampoco prospera por cuanto \u00e9ste puede acudir, directamente y sin intermediaci\u00f3n alguna, ante esas entidades y organismos para efectuar las manifestaciones que estime pertinentes. <\/p>\n
Atinente a los ruegos del quejoso, encaminados a (i) aplicar los art\u00edculos 5, 34, y 84 de la Ley 472 de 1998; (ii) aportar \u201ctodas las tutelas que ha presentado\u201d respecto al ritual censurado; (iii) referir los radicados de los resguardos colectivos en donde se ha decretado desistimiento t\u00e1cito; (iv) digitalizar el expediente; (v) tener en cuenta el precedente de la Sala en casos an\u00e1logos; y (vi) aportar la reproducci\u00f3n de varios pronunciamientos emitiditos por esta Corporaci\u00f3n frente a la tem\u00e1tica bajo examen, el auxilio deviene frustr\u00e1neo porque esos ruegos no enmarcan un hecho o aspecto jur\u00eddico relacionado con un perjuicio irremediable que amerite ser conjurado o, siquiera, estudiado; adem\u00e1s, desbordan el objeto de la acci\u00f3n de tutela, cual es, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
En adici\u00f3n, la referencia de los consecutivos de las acciones populares que fueron sujetas al art\u00edculo 317 del C. G. del P. y, el criterio de la Corte echado de menos, son tareas y cargas que le ata\u00f1en al quejoso, exclusivamente, para fundamentar sus reclamos, sin serle dable trasladarlas a la administraci\u00f3n de justicia, pues si bien existe un deber oficioso en materia probatoria y, de aplicaci\u00f3n del precedente en virtud del principio iura novit curia, ello no lo releva de adosar e, indicar, los evidencias y los precedentes que sirven de soporte a sus ruegos. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d13 (negrillas originales). <\/p>\n
7. Lo anterior, adem\u00e1s, revela la reiterada conducta del demandante en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues invocar pretensiones abiertamente improcedentes como sustento de los reclamos, no s\u00f3lo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver los casos, en asuntos carentes de fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n desnaturaliza la finalidad por el cual el Constituyente implement\u00f314 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que se abstenga de incurrir en la conducta descrita como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues, con ello, no hace m\u00e1s que contribuir a la congesti\u00f3n judicial, distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Se le advierte, asimismo que, de continuar, en lo sucesivo, con la presentaci\u00f3n de amparos temerarios y carentes de fundamento legal, se le impondr\u00e1n las sanciones del caso. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, se memora, el inciso 1\u00b0, art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagra: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Actuaci\u00f3n Temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, por su parte, el inciso final del canon del mismo estatuto, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De igual modo, el numeral 1\u00b0 del precepto 79 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en materia de tutela, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, expresa: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci\u00f3n, recurso, oposici\u00f3n o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Como lo ha indicado esta Corte, quien acude a la administraci\u00f3n de justicia, est\u00e1 compelido a <\/p>\n
\u201c(\u2026) acatar los principios que orientan la actuaci\u00f3n procesal, entre los que se encuentra la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia y obrar con absoluta lealtad y buena fe, pues no se compadece con esas directrices promover peticiones infundadas seg\u00fan aconteci\u00f3, entre otros, con las acciones constitucionales impetradas, so pena de incurrir en conductas que den lugar a acudir a facultades correccionales cuyo empleo debe abocarse por los funcionarios encargados del tr\u00e1mite, de perseverar en comportamientos ajenos a la rectitud inherente al ejercicio del derecho (Cfr. CSJ AP 2215-2014) (\u2026)\u201d15. <\/p>\n
Atendiendo a lo esbozado, esta Corporaci\u00f3n, en un caso equiparable, determin\u00f3 que, como el proceder del interesado tocaba <\/p>\n
\u201c(\u2026) los l\u00edmites de la temeridad, previstos en el art\u00edculo 79, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, al hacer peticiones con absoluta carencia de fundamento legal, como previene la norma (\u2026), en evidente perjuicio, no solo de la parte sino tambi\u00e9n de la administraci\u00f3n de justicia, (\u2026) [orden\u00f3] que, por Secretar\u00eda, se compulsen copias de las actuaciones realizadas por aqu\u00e9l en estas diligencias [para las investigaciones del caso] (\u2026)16\u201d. <\/p>\n
Se observa c\u00f3mo la disposici\u00f3n del C. G. del P. es en un todo coherente con las normas especiales que regulan la acci\u00f3n de tutela, especialmente con el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 y el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, como instrumentos para la racionalidad y el buen uso de los medios de protecci\u00f3n dise\u00f1ados por el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
8. Ante la situaci\u00f3n descrita en el numeral anterior, es del caso remitir copias de esta actuaci\u00f3n a la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, para que adelante las investigaciones y actuaciones judiciales que estime pertinentes contra el aqu\u00ed demandante, con el prop\u00f3sito de obtener un resarcimiento patrimonial en favor de la administraci\u00f3n de justicia, dada la multiplicidad de acciones constitucionales, abiertamente infundadas y promovidas por aqu\u00e9l. <\/p>\n
Es pertinente memorar que, si bien en otros resguardos esta Corporaci\u00f3n ha concedido el amparo de sus garant\u00edas superlativas, el marem\u00e1gnum de demandas sin fundamento torna pertinente adoptar las medidas del caso, por ser palmario el h\u00e1bito del promotor en hacer un uso injustificado de este auxilio, al punto de desnaturalizarlo. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, es apabullante el volumen de amparos impulsados por Arias Id\u00e1rraga que, por causa de su actuar abusivo, han sido desestimados. <\/p>\n
Adem\u00e1s, con su proceder reiterativo, no ha hecho sino desatender los continuos llamamientos de la judicatura para que cese la presentaci\u00f3n de auxilios por cuestiones abiertamente improcedentes o ya zanjadas a trav\u00e9s de decursos similares. <\/p>\n
De tal manera que, sus propias actuaciones, las cuales se hallan debidamente registradas en el sistema de consulta de procesos, permiten colegir, sin ambages, el abuso en la interposici\u00f3n de salvaguardas como esta. <\/p>\n
9. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos17 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196918, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d19, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
9.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio20. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
9.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-21, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales22; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas23. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
10. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
SEGUNDO: OFICIAR a la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, para el fin previsto en el numeral 8\u00b0 de la parte motiva de este pronunciamiento. Env\u00edesele la reproducci\u00f3n de esta sentencia <\/p>\n
TERCERO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. ATC de 24 jul. 2007, rad. 00156-01; y ATC, 17 ago. 2011, rad. 2011-00430-01, ATC5961-2014, 30 sep. 2014, rad. 2014-00250-01, entre otros. <\/p>\n
2\u0002 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
4\u0002 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
5\u0002 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
6\u0002 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. STC232-2021 de 21 de enero de 2021, exp. 66001-22-13-000-2020-00308-01. <\/p>\n
9\u0002 CSJ. STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
11\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
12\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
13\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
14\u0002 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
15\u0002 CSJ. AHP1375-2015 de 18 de marzo de 2015. <\/p>\n
16\u0002 CSJ. AL5367-2018 de 10 de diciembre de 2018. <\/p>\n
17\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
18\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
19\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
20\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
21\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
22\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
23\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7995-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7995-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00177-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 27 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55374","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55374"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55374\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}